• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: GONZALO MOLINER TAMBORERO
  • Nº Recurso: 1286/2013
  • Fecha: 14/05/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Dependencia. El actor tenía reconocida un grado III nivel I de Dependencia por resolución del ICAA y pretende que se le reconozca un grado III nivel II. El TSJ declara la incompetencia del Orden Social, por entender competente el Orden Contencioso. EL TS, reiterando doctrina, considera que hasta la entrada en vigor de la LRJS 36/2011, la competencia para conocer sobre las cuestiones relativas a asistencia y protección social pública, y en concreto la aplicación de la ley 39/2006 corresponde al Orden Contencioso. Y a partir de la LRJS, la competencia será del Orden Social, si bien hasta que se cumplan las previsiones de la DF 7ª, que requiere el desarrollo por ley posterior, la competencia sigue atribuida al Orden Contencioso. Existe Voto Particular de un Magistrado de la Sala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 800/2012
  • Fecha: 14/05/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula la Orden del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón desestimatoria del recurso de reposición contra la anterior Orden de 10 de abril de 2003, por la que se aprobaba el expediente en el que se declaraban de utilidad pública los montes propios Churinos, Cerzaneta y Barcerún, para su agrupación con los montes de utilidad pública nº 224-H Atalanes de Mola, nº 224-C Churinos de Mola, nº 224-B Churinos de Almárcegui y nº 224-A La Carbonera, en un solo monte de utilidad pública, en el extremo relativo a la descripción del límite norte del monte agrupado. Desestimación, pues el control de legalidad del acto aprobatorio de un Catálogo de Montes de Utilidad Pública es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque haya cuestiones reservadas a otros órdenes jurisdiccionales, como sucede con el derecho de propiedad en particular, y los derechos reales en general, y en el presente caso la Sala de instancia fundó su sentencia en la afirmación de la jurisdicción civil de que en todo caso la Cañada Real de Peña en todo su discurrir se sitúa claramente "bien alejada de la divisoria de aguas".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 256/2012
  • Fecha: 05/05/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para la Sala: - El incumplimiento del plazo de dos meses para que la Administración requerida manifieste su conformidad o disconformidad con el traslado del domicilio interesado por la otra Administración no es causa de nulidad de pleno derecho. Se precisa para que tal incumplimiento produzca efectos invalidantes que se haya generado indefensión. - Desde el 29 de septiembre de 2006, fecha en que los Servicios de Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia informan sobre la improcedencia del cambio propuesto, hasta el planteamiento del conflicto por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el 22 de mayo de 2008, había transcurrido con creces el plazo de dos meses para que el conflicto entre ambas Administraciones se resolviera de forma amistosa. - En cuanto a la fecha en que finalizó el procedimiento, ha de estarse al día en que se manifestó por la Diputación Foral de Bizkaia su disconformidad con el cambio de domicilio. A partir de entonces, la Administración requirente disponía del plazo de un mes para promover el conflicto. Sin embargo, como no se había constituido la Junta Arbitral, este plazo no empezó a correr sino hasta el 4 de abril de 2008. Por tanto, como desde esta fecha hasta la del planteamiento del conflicto, en 22 de mayo de 2008, había transcurrido más de un mes, dicho planteamiento resultó extemporáneo, lo que determina la estimación del presente recurso contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 1797/2013
  • Fecha: 14/04/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resuelve esta sentencia el recurso planteado por el Ayuntamiento de Parla frente a la sentencia de suplicación que confirma la de instancia que declaró la nulidad del despido del actor, trabajador indefinido no fijo, al que se extinguió el contrato por Acuerdo del Ayuntamiento, de amortizar los puestos de la relación de puestos de trabajo cubiertos por trabajadores indefinidos no fijos de plantilla e interinos por vacante. Se plantean tres motivos, los dos primeros sobre incompetencia del orden social para modificar la RPT y competencia de la Junta de Gobierno Local para aprobar la amortización de puestos de trabajo, respecto de los que se aprecia falta de contradicción, razón que impide entrar en el tercero, en el que se ataca la consideración de la sentencia recurrida de que no resulta ajustada a derecho la decisión de la Junta de Gobierno Local de amortizar el puesto de trabajo del actor, por haberse tomado por órgano no competente. Un pronunciamiento sobre el tercer motivo exigiría aceptar, como formalmente válido, el acuerdo administrativo de amortización de plazas tomado por la Junta, para luego determinar los requisitos laboralmente exigibles para proceder a la amortización de puestos de trabajo desempeñados por trabajadores indefinidos no fijos al servicio de la Administración municipal demandada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 688/2012
  • Fecha: 04/04/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación relativo a la Impugnación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Zaragoza.Se produjo una prejudicialidad general, pues el tribunal de instancia suspendió el recurso contencioso administrativo, "dada la conexión que tenía el actual objeto procesal con el del procedimiento civil ordinario", cuando la cuestión relativa a la propiedad de los terrenos ya había sido suscitada ante la jurisdicción civil y estaba pendiente de resolución el recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. Esta decisión de suspensión del procedimiento resultaba adecuada, ya que la determinación de la propiedad de los terrenos no era una cuestión medial o accesoria a la decisión central del recurso contencioso-administrativo, ni era una cuestión "directamente relacionadas con un recurso contencioso administrativo". Se trataba, por el contrario, de la misma cuestión, en ambas jurisdicciones, relativa a la fijación de la propiedad de los terrenos, y localización de la vía pecuaria Cañada Real de Peña, afectados por la delimitación del Catálogo, pues la declaración sobre la propiedad resultaba determinante del sentido del fallo de la sentencia que ahora se recurre. Tan es así que sentado que los terrenos en cuestión eran propiedad privada de los demandantes ante la jurisdicción civil, y que los linderos fijados resultaban, por tanto, erróneos, la delimitación que sobre la vía pecuaria Cañada Real de Peña establecía el Catálogo de Montes de Utilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 4429/2011
  • Fecha: 28/03/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación que trae causa de un expediente de Regulación de Empleo. La cuestión que se plantea es la relativa a la Aplicación del artículo 51.5 ET, que ha sido interpretado por la Jurisprudencia en el sentido de que el tribunal de este orden al enjuiciar la actividad de la Administración, ostenta facultades para determinar si aquélla obró correctamente al no ejercer la facultad de remisión del acuerdo a la jurisdicción social, pudiendo la sentencia de instancia incluir, entre sus pronunciamientos la retroacción de las actuaciones administrativas al momento de dictar resolución, para que la autoridad administrativa someta la cuestión al juzgado de lo social por medio de la correspondiente demanda de oficio, al haber apreciado prejudicialmente que existen indicios de dolo, coacción o abuso de derecho en el acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51.5 ET. La remisión del acuerdo a la jurisdicción social debe sustentarse en la concurrencia de indicios sobre "fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo".Al amparo del art. 51.5 no puede suscitarse un enjuiciamiento global sobre el contenido del expediente de regulación, ni sobre la regularidad del procedimiento, salvo en la medida que avalen la concurrencia de abuso de derecho, dolo, fraude o coacción para alcanzar el acuerdo entre los trabajadores y el empresario, situación que no se ha acreditado en este caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN SASTRE PAPIOL
  • Nº Recurso: 2/2014
  • Fecha: 27/03/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Interposición y tramitación del recurso por defecto de jurisdicción: debe formularse ante el órgano que declara su falta de jurisdicción, que deberá acordar la audiencia de las partes si las hay y remitir las actuaciones ante la Sala Especial de Conflictos; no puede interponerse directamente ante dicha Sala Especial. Presupuesto para la existencia del conflicto negativo de competencia: es ineludible que sobre un mismo asunto los tribunales de dos órdenes diferentes declaren su falta de jurisdicción, dejando al interesado sin ningún órgano judicial ante el que hacer valer su pretensión. En el caso: la promotora del conflicto ha prescindido del cauce legal; además, no existe conflicto negativo (la demandante -que reclamó daños y perjuicios por una negligente asistencia sanitaria en el Servicio de Salud foral ante la jurisdicción contencioso-administrativa- ha intentado remediar las consecuencias de la caducidad provocada por su inactividad en esa vía, intentando reformular su reclamación como si fuera de naturaleza civil, dirigiéndola solo frente a la aseguradora de la Administración sanitaria, pero solicitando la "declaración de responsabilidad civil" del Servicio de Salud, e intentando provocar sucesivas declinatorias de jurisdicción, cuando en realidad el juzgado contencioso-administrativo no excluyó su competencia para conocer del asunto, sino que se limitó a declarar el archivo por no haberse subsanado los defectos procesales existentes). Inadmisión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL
  • Nº Recurso: 1255/2013
  • Fecha: 26/03/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión debatida en la sentencia anotada es la de determinar la naturaleza administrativa o laboral de la prestación de servicios del actor, que ha trabajado durante casi siete años como Profesor Especialista en un Instituto de Enseñanza dependiente de la Consejería de Educación y Cultura de una determinada CC.AA, en virtud de sucesivos contratos "administrativos temporales" coincidentes con la duración del curso académico a partir del curso 2003-2004 y hasta el curso 2009-2010 inclusive, no siendo contratado para el curso 2010-2011 en que sí fueron contratados otros profesores especialistas pero no él, siendo desestimada la demanda por despido en las instancias judiciales precedentes. El TS no comparte tal parecer y tras efectuar un somero recorrido por la doctrina de la Sala, afirma que el contrato de servicios de carácter administrativo regulado en la L 30/2007, no se adecua a la relación de prestación de servicios del demandante, a la vista de la regulación contenida en los arts. 277 y ss de la citada Ley. Pero además, la LO 2/2006 (LOE) en su art. 95.2 señala que el contrato de los Profesores Especialistas ya no será necesariamente administrativo sino que será laboral o administrativo según la normativa que resulte de aplicación, y dicha normativa es el art. 1.1 ET, pues no existe duda de que en dicha relación concurren las notas definidoras de la laboralidad. Tampoco existe norma de rango legal que permita hacer jugar la excepción de la laboralidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
  • Nº Recurso: 1272/2013
  • Fecha: 17/03/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras presentarse demanda en impugnación de la resolución administrativa que declaró la incompatibilidad de la prestación económica para la contratación de cuidador no profesional con cualquier otra prestación análoga del sistema público de servicios sociales, el Juzgado estimó la misma. Sin embargo, en suplicación se declara la incompetencia del orden social, y la competencia del orden contencioso-administrativo, por entender que la DF 7ª LRJS otorga la competencia en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia -art. 2 o) LRJS- al orden social, pero sólo en la fecha en que se fije en una ulterior ley. La Sala IV confirma dicha sentencia, con remisión a anterior resolución, y tras apreciar que concurre el requisito de la contradicción entre sentencias, por entender que hasta la entrada en vigor de la LRJS, la competencia para conocer cuestiones relativas a asistencia y protección social públicas, incluidas las relativas a la dependencia, se atribuía al orden contencioso-administrativo, siendo igualmente de su competencia el conocimiento de dichas cuestiones tras la entrada en vigor de la LRJS, hasta que no se cumplan las previsiones de la DF 7ª LRJS, momento en que pasarán a ser competencia de la jurisdicción social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 4/2014
  • Fecha: 17/03/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia. Recurso por defecto de jurisdicción. Requisitos de admisibilidad. Firmeza de las resoluciones judiciales que declaran la incompetencia de los órdenes jurisdiccionales en conflicto. Circunstancia que no opera en el caso de autos, al estar pendiente de admisión el recurso de casación interpuesto frente al auto dictado por la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que se declaraba la falta de jurisdicción del Tribunal para conocer del recurso interpuesto, al entender que la competencia correspondía a la Jurisdicción Social. Exigencia de firmeza de las resoluciones que no lo es arbitraria o desproporcionada y en todo punto acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido constitucionalmente. La cuestión litigiosa objeto de conflicto versa sobre una reclamación de responsabilidad en la que, además de resarcimiento pecuniario equivalente a los salarios dejados de percibir, se insta la reincorporación del demandante a su puesto de trabajo. Posteriormente se insta la misma petición ante la Jurisdicción Social a través de procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, declinando ambos órganos jurisdiccionales su competencia a favor del orden social y contencioso administrativo, respectivamente.

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