• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 27/2014
  • Fecha: 30/09/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: No puede admitirse el conflicto de competencia porque no se han seguido los trámites establecidos en el art. 42 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial para promover un conflicto positivo de competencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN SASTRE PAPIOL
  • Nº Recurso: 14/2014
  • Fecha: 24/09/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala declara competente para conocer del proceso a que hace referencia la presente resolución a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deberá dictar sentencia resolviendo el fondo del asunto planteado en el procedimiento ordinario 168/2013 que quedó imprejuzgado por Auto de 9 de diciembre de 2013. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa atribuye a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, entendiendo a estos efectos por Administración Pública las Entidades que integran la Administración Local y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas a las Entidades Locales (arts. 1.1 y 1.2.c y d), no correspondiendo al orden jurisdiccional contencioso- administrativo las cuestiones expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública (art. 3.a). En relación con los convenios de colaboración un instrumento de asistencia y cooperación entre Administraciones Públicas, en este caso entre una comunidad autónoma y una asociación de municipios, el conocimiento y competencia corresponderá al Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo (art. 8.3).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL
  • Nº Recurso: 11/2014
  • Fecha: 24/09/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala inadmite el conflicto negativo de competencia suscitado entre un Juzgado de lo Social y un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, al no haberse interpuesto por la parte actora el preceptivo recurso por defecto de jurisdicción en los términos que exige el art. 50 de la LOPJ. Según reiterada jurisprudencia, nos encontramos ante un conflicto negativo de competencia, en el que primeramente el orden jurisdiccional social apreció su falta de competencia, indicando que era competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y luego en este orden jurisdiccional se declaró también su falta de jurisdicción en un proceso cuyos sujetos y pretensiones eran los mismos. En este supuesto, el conflicto no podía plantearse de oficio. En estos casos, para que la Sala de Conflictos pueda llevar a cabo su función, la única vía que la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza es precisamente la prevista en el artículo 50 LOPJ para los conflictos negativos, de forma que sin esa actuación previa la Sala de Conflictos no puede pronunciarse al faltar el necesario presupuesto procesal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 3791/2013
  • Fecha: 18/09/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No concurre el presupuesto de contradicción válida para fundamentar el recurso de casación para la unificación de doctrina pues, aunque pudiera apreciarse, con base en la aplicación del principio pro actione, la existencia de triple identidad -subjetiva, objetiva y causal-, que exige la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a los efectos de no decretar ad limine la inadmisibilidad del recurso, ya que se trata de resoluciones judiciales que interesan a litigantes que se hallan en una similar situación jurídica, en referencia al ejercicio del derecho de reversión de un bien cedido a la Administración General del Estado por incumplimiento sobrevenido de la carga modal impuesta en el contrato de donación, no cabe eludir, sin embargo, hechos relevantes que hacen inviable la existencia de contradicción. La supuesta contradicción entre los pronunciamientos enfrentados tiene su justificación en la distinción relativa a los presupuestos fácticos y jurídicos que fundamentan las pretensiones deducidas en los procesos judiciales confrontados, en cuanto que mientras que en las sentencias de contraste el reconocimiento de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de la impugnación de las resoluciones de la Administración del Estado, que deniegan el derecho de reversión respecto de bienes inmuebles cedidos gratuitamente por Ayuntamiento, se basa en la calificación del contrato de donación modal de contrato administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 5/2014
  • Fecha: 26/06/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Con carácter previo, la Sala procede a despejar las dudas que se plantean por el Ministerio Fiscal en relación con la improcedencia de planteamiento de conflicto frente a autos, sentencias o resoluciones administrativas firmes, para responder lo cual señala que es el Juez de Primera Instancia y Mercantil quien requiere de inhibición a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por lo que no puede imputarse a ésta un deficiente planteamiento que no ha efectuado, limitándose a mantener su competencia. Por lo demás, el conflicto de competencia negativo se resuelve a favor de la AEAT, como ya hizo la Sala en su sentencia de 31 de marzo de 2014 en el conflicto suscitado entre las mismas partes y en semejantes condiciones. La Sala concluye que, en este caso, lo que se acuerda por el Juez del concurso es la nulidad del procedimiento de apremio iniciado por la AEAT mucho antes de la declaración del concurso y sin mediar pronunciamiento judicial sobre la necesidad del crédito para que la mercantil embargada pudiera continuar su actividad ni sobre la puesta a disposición de dicho crédito para su integración en la masa del concurso. En otras palabras, nada impedía al Juez acordar lo que entendiera necesario para que los bienes y créditos embargados a la concursada, pese a la persistencia formal de los embargos y actuaciones practicadas, fuera puesto a disposición de aquél e integrado en el concurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO
  • Nº Recurso: 4291/2011
  • Fecha: 23/06/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS corrobora la apreciación de la Sala de instancia de que la pretensión que la actora formula sobre la superficie expropiada implica una declaración de naturaleza jurídica privada que queda fuera del ámbito jurisdiccional contencioso administrativo, pues está formulada como si se tratase de una auténtica acción reivindicatoria. En cuanto al fondo, es correcta la aplicación del art. 28.2 de la Ley/98 que obliga a estar al aprovechamiento resultante del ámbito de gestión en que se incluye el suelo expropiado, y aunque este aprovechamiento sea bajo, ello no permite acudir al artículo 29 de dicha Ley como pretende la recurrente, tanto más cuanto la baja edificabilidad atribuida al ámbito es consecuencia de su delimitación y esta delimitación no ha sido impugnada ni directa ni indirectamente por la recurrente. La sentencia no incurre en valoración en valoración ilógica o arbitraria de la prueba pericial judicial pues, en lo que se refiere al aprovechamiento, el perito no aplica el preceptivo artículo 28.2 de la Ley 6/1998 citado y, además, el reconocimiento de un aprovechamiento bajo es una cuestión jurídica no susceptible de actividad probatoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 2038/2013
  • Fecha: 17/06/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre a instancia del Grupo Unión Progreso y Democracia contra el Acuerdo de la Asamblea de Madrid de 10 de diciembre de 2012 por el que se eleva al Pleno de dicha Asamblea la candidatura de D. Pedro Francisco a la Cámara de Cuentas de dicha Comunidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 8ª dictó Auto con fecha 26 de marzo de 2013, que inadmitió en aplicación de los arts. 51.1.a) en relación con el art. 1.3.a) LJCA el recurso por incompetencia de jurisdicción. La ponente cita anteriores sentencias pero que dejan patente que en las mismas se fiscalizó la actuación "del gobierno", cuyos actos si quedan sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuestión distinta es el control de la actividad de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas respecto de las que el art. 1 de la LJCA en su apartado 3.a) restringe exclusivamente al ámbito de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público. Estamos frente a un acto parlamentario, sin valor de ley, no sujeto al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello se desestima el recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN SASTRE PAPIOL
  • Nº Recurso: 8/2014
  • Fecha: 12/06/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se declara la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la reclamación en torno a la ejecución de un contrato (por incumplimiento contractual) presentada contra la Autoridad Portuaria de Bilbao. Dicha Autoridad tenía la naturaleza de organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Fomento a través del ente público Puertos del Estado, y el contrato suscrito tenía por su objeto una clara naturaleza administrativa, al ser su finalidad la ejecución de obras de ampliación del muelle del puerto de Bilbao. Este es el criterio de la Sala de Conflictos, por ejemplo en los AATS de 19 de junio de 2009, conflicto nº 87/2008 y 15 de marzo de 2012, conflicto nº 50/2011 que atienden básicamente al objeto o visión finalista del negocio «de modo que una relación jurídica concreta ofrecerá naturaleza administrativa cuando haya sido determinada por la prestación de un servicio público» , entendido en sentido amplio, esto es, como «cualquier actividad que la Administración desarrolla como necesaria en su realización para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia y por lo mismo correspondiente a sus funciones peculiares», excluyendo de la competencia del orden contencioso si los problemas de ejecución o cumplimiento son ajenos a un contrato de obra administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL
  • Nº Recurso: 3/2014
  • Fecha: 12/06/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se dilucida en el presente conflicto si corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa o a la social entender de una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Se reclamó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que declaró la inadmisibilidad del recurso por entender que la controversia era de naturaleza social al reclamarse "un presunto incumplimiento contractual" de la Administración en su condición de empleadora. En consecuencia, la demandante reclamó ante la jurisdicción Social pero el Juzgado declaró la incompetencia de jurisdicción, en aplicación de la doctrina de la Sala Cuarta del TS contenida en su sentencia de 20/10/2003. La demandante planteó el pertinente recurso por defecto de jurisdicción, cumpliendo los requisitos establecidos en el mismo, por lo que la Sala de Conflictos entró en el fondo del asunto y consideró que la doctrina contenida en la sentencia anterior es correcta y debe mantenerse ya que no estamos ante un incumplimiento por parte de la entidad empleadora de obligaciones contenidas en el contrato de trabajo de la actora sino ante una eventual responsabilidad patrimonial derivada de una actuación de la Administración, al resolver un proceso selectivo, que ha sido judicialmente anulado, lo que ha producido un perjuicio para la demandante, al verse obligada a cesar en su trabajo, del que esta intenta resarcirse, cuestión residenciable ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
  • Nº Recurso: 355/2013
  • Fecha: 04/06/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Determinación de domicilio fiscal teniendo en cuenta criterio de que la persona jurídica tiene en Navarra su domicilio social, su gestión administrativa, la llevanza de la contabilidad y la dirección de sus negocios. La Sala considera que las alegaciones formuladas por el Abogado del Estado no tienen fuerza para cambiar la decisión impugnada.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.