• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL
  • Nº Recurso: 23/2014
  • Fecha: 03/12/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Social 1 de Tarragona y el Juzgado Contencioso-administrativo 2 de Tarragona. El conflicto tiene por objeto determinar a quién corresponde la decisión de un litigio cuyo origen se encuentra en la imposición de una sanción consistente en extinción de la prestación asistencial de desempleo y devolución de las cantidades percibidas impuesta por la Dirección Provincial de Tarragona del Servicio Público de Empleo Estatal, confirmando la propuesta realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; dicha sanción fue confirmada por Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. La Sala declara, reiterando una doctrina ya consolidada, que en las reclamaciones en materia de sanciones de naturaleza laboral impuestas por la administración, la fecha determinante para la atribución competencial es la de la resolución administrativa que "causa estado", es decir, la que pone fin a la vía administrativa y abre la vía a la reclamación judicial; si en esa fecha estaba en vigor la LRJS, que es lo que sucede en el presente caso, la competencia corresponde al orden social porque así se deduce, interpretándolas lógica y sistemáticamente, de la regulación transitoria (Disposición Transitoria 4ª), en relación con la atribución establecida en el art. 2º de la LRJS. Se atribuye, por tanto, la competencia al Orden Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE JUAN SUAY RINCON
  • Nº Recurso: 3756/2012
  • Fecha: 28/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación denuncia la deficiente motivación de la resolución recurrida y la consecuente infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala aprecia que las consideraciones que la resolución impugnada formula se proyectan y hacen referencia precisamente a las circunstancias concretas atinentes al supuesto sometido a la consideración de la Sala sentenciadora por lo que no concurre el defecto de motivación que se denuncia. Plantea a continuación el recurso si resulta de aplicación al Ministerio Fiscal la cláusula prevista en el apartado a) del artículo 19.1 de la Ley Jurisdiccional, de acuerdo con la cual la concurrencia de un interés legítimo habilita al Ministerio Fiscal para tener acceso al ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sala da cuenta de su doctrina según la cual, a efectos de apreciar la legitimación en sede jurisdiccional, no puede confundirse el interés legítimo con el genérico e indeterminado interés por la legalidad, debiendo tener aquel interés una entidad sustantiva real y no meramente formal o abstracta. Analiza la Sala a continuación la legitimación del Ministerio Fiscal desde la óptica de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental para concluir que no ha llegado a acreditarse la requerida conexión de la actuación del Ministerio Fiscal con los supuestos previstos en la Ley 26/2007, esto es, la concurrencia de un daño ambiental o la inminente amenaza de la producción de dicho daño.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 52/2004
  • Fecha: 28/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades. Tras considerar que el recurso no ha perdido su objeto (pues durante la vigencia del Real Decreto impugnado ha podido afectar a un buen número de situaciones jurídicas), se desestima el recurso, que versaba sobre la omisión de la equivalencia de la especialidad de "Procesos y Medios de Comunicación" para los profesores de enseñanza secundaria, pues únicamente cabe apreciar una ilegalidad omisiva controlable jurisdiccionalmente, cuando, siendo competente el órgano titular de la potestad reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de previsión reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación expresamente establecida por la Ley que se trata de desarrollar o ejecutar, o cuando el silencio del Reglamento determine la creación implícita de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOAQUIN HUELIN MARTINEZ DE VELASCO
  • Nº Recurso: 831/2013
  • Fecha: 17/11/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Con respecto al primer motivo de casación, el error en la apreciación de la prueba quedó extramuros de la casación desde que se introdujo en nuestro sistema procesal contencioso-administrativo dicha clase de recurso por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal. Por lo que respecta al segundo motivo, en este caso, en la vía administrativa, tanto durante la fase de comprobación e investigación como en la de revisión, no se suscitó formalmente un conflicto, por lo que las respectivas instancias se pronunciaron legítimamente sobre el repetido reparto, una al examinar si procedía el propuesto por el sujeto pasivo (la Inspección) y la otra al controlar si la decisión de esta última se ajustaba a derecho (el Tribunal Central), por lo que la Sala de instancia, al revisar ex artículo 106.1 de la Constitución la previa actuación administrativa, acierta al concluir que no había ninguna obligación de abstención por parte de los mencionados órganos de la Administración del Estado. No infringió, por tanto, el artículo 66 de la Ley 12/2002. El tema que suscita el último argumento del recurso coincide con el objeto de debate en los recursos contencioso- administrativos acumulados 257/13 y 289/13, por lo que bastará, para desestimarlo, con remitirse a los razonamientos contenidos en la sentencia de 14 de noviembre de 2014, dado que las partes en conflicto en ambos procesos son las mismas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA
  • Nº Recurso: 265/2013
  • Fecha: 14/10/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia declara la incompetencia de la jurisdicción social para la impugnación directa de la Resolución de 02-10-2012, del Director General de Relaciones Laborales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía que declara la finalización de la temporada 2012 de determinadas residencias, decisión que afecta a personal laboral y funcionarial. Hay que distinguir entre las actuaciones de la Administración pública; realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones; en materia laboral, sindical y de seguridad social, cuya impugnación corresponde al orden social, con excepciones, y los actos o decisiones de la Administración empleadora cuando afectan conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario que corresponde al orden contencioso-administrativo -salvo prevención de riesgos-. Regla esta última que por analogía debe aplicarse al caso de autos, sin perjuicio de que la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, a través de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse, que afecten exclusivamente al personal laboral corresponda al orden social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ
  • Nº Recurso: 8/2014
  • Fecha: 07/10/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el conflicto de jurisdicción planteado por un Ayuntamiento frente al Juzgado de Primera Instancia, en el seno de un proceso de ejecución dirigida contra dicho Ayuntamiento, avalista de un préstamo hipotecario, y contra el prestatario avalado, una empresa municipal. El Ayuntamiento revisó de oficio el aval, declarándolo nulo después del despacho de la ejecución. La Sala se plantea inicialmente la propia existencia del conflicto; el art. 10.4 LO 2/1987 no puede interpretarse tan literalmente que impida al Juez un cierto margen de decisión para evitar que cualquier requerimiento suspenda la ejecución, pero en este caso no debió inadmitirse el planteamiento del conflicto sin haber oído siquiera al Fiscal, pues la fundamentación del requerimiento que había efectuado el Ayuntamiento no merece ser calificada de temeraria o absurda. Sobre el fondo, la Sala tiene en cuenta el carácter excepcional de la revisión de oficio y los riesgos de su utilización inadecuada y considera que, en este caso, el conflicto planteado por el Ayuntamiento tiene como único objeto suspender la ejecución, oponiéndose a la ejecución del aval por un cauce inadecuado y por una causa no recogida en el art. 559.3 LEC. El requerimiento de inhibición se produjo después de que el Ayuntamiento se hubiera opuesto infructuosamente al despacho de la ejecución. Razones todas ellas por las que se entiende que corresponde conocer de la ejecución al Juzgado de Primera Instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 4821/2011
  • Fecha: 03/10/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aunque las medidas que se adopten para garantizar los servicios mínimos incidan en el ámbito de lo laboral, desde la perspectiva competencial, la determinación de los servicios mínimos esenciales para la Comunidad y la fijación de los trabajadores requeridos para mantener una mínima actividad corresponde a la autoridad gubernativa que tiene atribuida la competencia sobre la prestación del servicio público y por ello, en este caso se aprecia la incompetencia de la Comunidad Autónoma. En estos supuestos resulta evidente que el conflicto laboral afecta a intereses extracomunitarios, referentes a la regularidad de la navegación aérea y marítima de carácter nacional e internacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 9/2014
  • Fecha: 30/09/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala atribuye el conocimiento y resolución de la demanda por responsabilidad derivada de los daños ocasionados en vivienda como consecuencia del proyecto de rehabilitación de un edificio municipal, a la jurisdicción civil. Inicialmente, era competente la jurisdicción contencioso administrativa, pues la demanda se dirigió en origen contra una administración pública (el Ayuntamiento de Banyoles), además de contra sujetos privados (la empresa constructora, el arquitecto autor del proyecto y el arquitecto técnico que dirigió la ejecución de la obra). Sin embargo, la sentencia del juez y la desestimación de la apelación por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, declararon que la reclamación administrativa formula por responsabilidad ante el Ayuntamiento finalizó por resolución expresa que no fue impugnada ante esa jurisdicción en el plazo de dos meses, por lo que al ser inadmisible el recurso contencioso administrativo respecto de la pretensión ejercitada contra la administración, dicha jurisdicción carece ahora de competencia para enjuiciar únicamente la conducta de los demás sujetos privados. Por ello, decae la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, y el asunto debe ser sustanciado y enjuiciado por la jurisdicción civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 27/2014
  • Fecha: 30/09/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: No puede admitirse el conflicto de competencia porque no se han seguido los trámites establecidos en el art. 42 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial para promover un conflicto positivo de competencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN SASTRE PAPIOL
  • Nº Recurso: 14/2014
  • Fecha: 24/09/2014
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala declara competente para conocer del proceso a que hace referencia la presente resolución a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deberá dictar sentencia resolviendo el fondo del asunto planteado en el procedimiento ordinario 168/2013 que quedó imprejuzgado por Auto de 9 de diciembre de 2013. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa atribuye a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, entendiendo a estos efectos por Administración Pública las Entidades que integran la Administración Local y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas a las Entidades Locales (arts. 1.1 y 1.2.c y d), no correspondiendo al orden jurisdiccional contencioso- administrativo las cuestiones expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública (art. 3.a). En relación con los convenios de colaboración un instrumento de asistencia y cooperación entre Administraciones Públicas, en este caso entre una comunidad autónoma y una asociación de municipios, el conocimiento y competencia corresponderá al Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo (art. 8.3).

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.