• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOAQUIN HUELIN MARTINEZ DE VELASCO
  • Nº Recurso: 1570/2013
  • Fecha: 11/05/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actividad de comprobación e inspección por la Administración sobre un crédito tributario nacido antes de la declaración del concurso no muda per se su condición, como lo prueba el hecho de que los créditos litigiosos sigan teniendo después de la intervención liquidadora de la Administración la condición de concursales. Una vez declarado el concurso corresponde a la Administración tributaria liquidar las cuotas del impuesto sobre el valor añadido del concursado, aunque se refieran a obligaciones nacidas con anterioridad a esa declaración y, por ello, afecten a créditos concursales. Si la liquidación girada como consecuencia de las facturas rectificativas recibidas afecta a un período liquidatorio distinto de aquél en que el sujeto pasivo ejercitó su derecho a la deducción de esas cuotas soportadas, se vulneran la prohibición del artículo 58 de la Ley Concursal y el principio concursal par conditio creditorum , desconociéndose de este modo por la Administración tributaria el mandato de la disposición adicional octava de la Ley General Tributaria. Reconocida la competencia de la AEAT para liquidar, resulta indudable que la Administración tributaria no puede, una vez declarado el concurso, compensar el crédito tributario que haya reconocido a la concursada -sometido a las reglas del concurso y al principio par conditio creditorum - con las deudas tributarias que ostente frente a ella -crédito contra la masa de satisfacción inmediata.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 4/2015
  • Fecha: 24/04/2015
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Acción de responsabilidad ejercitada única y exclusivamente contra personas jurídicas privadas (concesionaria y/o aseguradora). Conocimiento atribuido al Orden Jurisdiccional Civil., toda vez que se inadmitió el recurso contra resolución del Ayuntamiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 38/2014
  • Fecha: 20/04/2015
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El presente conflicto se plantea entre órganos de los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social. Se trata de dilucidar cuál es el competente para resolver una controversia en la que la parte actora pretende que se reconozca la situación de dependencia de su hijo y el derecho a que se le abonen las prestaciones pertinentes. Pues bien, el conflicto de competencia negativo se resuelve en el sentido de que el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, pues al versar la cuestión litigiosa sobre la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006) resulta competente dicha jurisdicción. Aunque el artículo 2.o) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) atribuye a los órganos de la citada jurisdicción el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se promuevan sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, lo cierto es que la disposición final 7ª LRJS excluye de tal conocimiento la atribución competencial contenida en las letras o) y s) del artículo 2 LRJS en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, cuya fecha de entrada en vigor se prevé que se fijará en una ulterior Ley. Al no haberse producido la entrada en vigor de la atribución competencial referida, las cuestiones litigiosas referentes a la Ley 39/2006 se han de sustanciar, pues, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOAQUIN HUELIN MARTINEZ DE VELASCO
  • Nº Recurso: 873/2014
  • Fecha: 02/03/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que suscita este recurso resulta, pues, clara y sencilla en cuanto a su planteamiento: ¿se ajusta la liquidación girada por la Administración en concepto de IVA del último periodo del ejercicio 2008 a los principios que presiden y a la normativa que regula los concursos de acreedores o, por el contrario, los vulnera al dar lugar a una compensación de facto de créditos concursales mediante la reducción del importe de la devolución/compensación interesada? Si la liquidación girada, como consecuencia de las facturas rectificativas recibidas, afecta a un período liquidatorio distinto de aquél en que el sujeto pasivo ejercitó su derecho a la deducción de esas cuotas soportadas, como aquí acontece, se vulnera la prohibición del artículo 58 de la Ley Concursal, puesto que, como dijo el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en la sentencia 2/2013, reconocida la competencia de la AEAT para liquidar en los términos que hemos referido, resulta indudable que la Administración tributaria no puede, una vez declarado el concurso, compensar el crédito tributario que haya reconocido a la concursada -sometido a las reglas del concurso y al principio par conditio creditorum- con las deudas tributarias que ostente frente a ella -crédito contra la masa de satisfacción inmediata-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 34/2014
  • Fecha: 17/02/2015
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Reclamación de indemnización de daños y perjuicios contra una sociedad anónima municipal, que presta el servicio de canalización de agua, y contra su aseguradora, por los daños ocasionados por la rotura de la canalización. Regulación como servicio público de la canalización y suministro de agua y normativa que ampara la reclamación al ayuntamiento de la responsabilidad por daños derivados de ese servicio, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, como responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio. La atribución de la gestión directa de ese servicio a una sociedad mercantil local, cuyo capital es de titularidad pública, supone que el perjudicado podrá dirigirse también frente a la sociedad mercantil de capital público que preste el servicio. Empresa privada municipal (su único accionista es el ayuntamiento) con personalidad jurídica propia y distinta de una Administración pública. Competencia de la jurisdicción civil para conocer de las acciones de responsabilidad civil extracontractual dirigidas solo contra la sociedad mercantil local que presta el servicio público de canalización y suministro de agua, aunque los daños se hayan causado con ocasión de la gestión directa de un servicio público. Vis atractiva de la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso de reclamación acumulada frente al ayuntamiento y la sociedad mercantil local.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 33/2014
  • Fecha: 10/02/2015
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Impugnación de resolución del INSS. Fijación de la base reguladora de la incapacidad permanente total, cuya fijación exigía determinar la existencia o no de la obligación de cotizar por algunos conceptos. Corresponde al orden social las cuestiones litigiosas en materia de prestaciones de Seguridad social y al orden contencioso administrativo los litigios sobre actos de encuadramiento y gestión recaudatoria. La denominada "gestión recaudatoria", no se limita exclusivamente al procedimiento de apremio una vez ya liquidada o determinada la deuda de seguridad social, sino que se ha optado por un concepto amplio. En relación al pago de las cotizaciones se reafirma el criterio general de la Sala que considera que corresponden al orden Contencioso-Administrativo todas las cuestiones relativas a la cotización, no solo en su sentido estricto referido la actividad encaminada a hacer efectivo el cobro de una deuda ya declarada y fijada en su importe, sino también a la declaración de la existencia de la obligación de cotizar y a la determinación de su importe. Lo impugnado en el presente caso no es un acto de "gestión recaudatoria" de la Seguridad Social sino la mera fijación singular de una prestación por incapacidad en favor de un trabajador, lo que en todo caso corresponde al conocimiento del orden jurisdiccional social, siendo indiferente que el motivo de impugnación sea la discordancia con la base reguladora por supuestas incorrecciones de la empresa en la obligación de cotizar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 36/2014
  • Fecha: 10/02/2015
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Orden jurisdiccional competente para conocer de la acción contra resoluciones de la Administración Pública dictadas por autoridades laborales en el desempeño de una facultad sancionadora. Régimen de atribución de competencias tras la reforma operada por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: concentración ante la jurisdicción social de todas las materias que, de forma directa o por conexión, puedan calificarse como sociales, pero mantenido competencia del orden contencioso-administrativo respecto a determinados actos administrativos en materia de seguridad social vinculados con la recaudación de cuotas y actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social; cláusula general que atribuye competencia al orden social para conocer de la impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral; en el régimen transitorio, continuidad intertemporal en la atribución al orden contencioso- administrativo de la impugnación de actos administrativos dictados en materia laboral, limitado a los a los acuerdos que ponen fin a la vía administrativa, anteriores a la entrada en vigor de la modificación legal. En el caso, competencia del juzgado de lo social: en las reclamaciones en materia de sanciones de naturaleza laboral, la fecha determinante para la atribución competencial es la de la resolución administrativa que "causa estado", es decir, la que pone fin a la vía administrativa y abre la vía a la reclamación judicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOAQUIN HUELIN MARTINEZ DE VELASCO
  • Nº Recurso: 340/2014
  • Fecha: 09/02/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Hacienda Tributaria de Navarra tenía conocimiento del criterio de la Administración del Estado sobre la tributación de las entregas de energía eléctrica realizadas por «Hidrocantábrico» en el territorio navarro, y lo tuvo mediante la comunicación de la propuesta de respuesta a la consulta dirigida por dicha compañía, que fue elaborada por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas.Debió, pues, la Junta Arbitral inadmitir íntegramente el suscitado en este caso por la Comunidad Foral de Navarra a causa de la extemporaneidad del requerimiento de inhibición. Al no entenderlo así infringió el marco jurídico que se ha analizado en esta sentencia, por lo que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, procede anular la resolución recurrida y declarar inadmisible por extemporáneo el conflicto seguido ante la mencionada Junta Arbitral con el número 46/12, sin que resulte menester examinar el otro motivo aducido en la demanda para sustentar la pretensión de inadmisión del conflicto (inexistencia de acto o disposición que vulnere los puntos de conexión).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 585/2012
  • Fecha: 09/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Tras establecer la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo su competencia para conocer de los recursos contra los reales decretos de aprobación de los planes hidrológicos de cuencas intracomunitarias, independientemente de que los concretos aspectos de aquéllos que sean objeto de impugnación se hallen entre los susceptibles de control por el Gobierno, se desestima el recurso. 1º) Porque el deber de motivación nunca alcanza a los reglamentos o disposiciones de carácter general. Además, el establecimiento de una dotación de agua para el cultivo de la fresa y similares, no resulta arbitrario, y aunque se aceptase que el adecuado cultivo de la fresa y similares requiere una mayor dotación de agua, ello no significaría que el precepto impugnado incumpla uno de los fines fundamentales de la planificación hidrológica, pues la satisfacción de las demandas de agua no es el único objetivo que debe perseguir el planificador, estando también la protección del dominio público hidráulico, el desarrollo regional y sectorial, el uso racional y económico del agua, y la protección del medio ambiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 10/2014
  • Fecha: 09/12/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala resuelve un conflicto de jurisdicción suscitado entre un Juzgado de lo Mercantil y la TGSS para establecer la competencia en relación con el embargo de esta última, de 20/9/2013, de derechos económicos de la empresa declarada en concurso por auto de 2/1/2012, actuación que se justifica por tratarse de créditos contra la masa (postconcursales) y haberse dictado en el proceso concursal auto de 15/2/2013 abriendo la fase de liquidación, invocando al efecto el art 84.4 LC en la redacción dada por la Ley 38/2011. La Sala realiza una interpretación sistemática de los arts. 84 y 154 LC y concluye que difícilmente resulta compatible, en este marco de actuaciones del juez y la administración concursal bajo su control, una actuación ejecutiva singular de la Administración al margen del mismo, que impediría el adecuado y ordenado desarrollo del proceso concursal e incidiría en el ejercicio de la jurisdicción atribuida al juez del concurso. La posibilidad de iniciar ejecuciones judiciales o administrativas una vez abierta la liquidación, para hacer efectivos créditos contra la masa, se prevé en el marco de la delimitación de esa masa, calificación de los créditos, orden de pago y demás circunstancias propias de un procedimiento concursal cuyo control es del juez del concurso. Se atribuye al Juzgado de lo Mercantil la competencia para decidir en incidente concursal sobre la calificación como crédito contra la masa y su eventual pago mediante ejecución separada.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.