• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 941/2014
  • Fecha: 15/10/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Real Decreto 772/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría y se fijan sus enseñanzas mínimas. Tras considerar que el Colegio Profesional recurrente ostenta un interés legítimo para recurrir, desestima el recurso contencioso-administrativo, y ello porque, primero, la omisión que se presenta como motivo de impugnación carece del alcance anulatorio que se pretende. Además, se está ante pretensiones de lege ferenda: que el título litigioso pase a ser título universitario de grado. Segundo, no es cierto que el Nivel 1 MECES no tiene correlativo en EQF. Y tercero, porque la demandante no ha razonado ni probado cómo a los efectos del sistema de habilitación o reconocimiento de cualificaciones profesionales en el ámbito europeo para el ejercicio de una profesión, a los titulados españoles en Radioterapia y Dosimetría se les impide u obstaculiza el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Unión Europea, luego el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación de profesionales, luego prestación de servicios y establecimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 943/2014
  • Fecha: 15/10/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. Tras considerar que el Colegio Profesional recurrente ostenta un interés legítimo para recurrir, desestima el recurso contencioso-administrativo, y ello porque, primero, la omisión que se presenta como motivo de impugnación carece del alcance anulatorio que se pretende. Además, se está ante pretensiones de lege ferenda: que el título litigioso pase a ser título universitario de grado. Segundo, no es cierto que el Nivel 1 MECES no tiene correlativo en EQF. Y tercero, porque la demandante no ha razonado ni probado cómo a los efectos del sistema de habilitación o reconocimiento de cualificaciones profesionales en el ámbito europeo para el ejercicio de una profesión, a los titulados españoles en Documentación y Administración sanitaria se les impide u obstaculiza el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Unión Europea, luego el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación de profesionales, luego prestación de servicios y establecimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 5/2015
  • Fecha: 08/10/2015
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Declarada la falta de jurisdicción del orden social para pronunciarse sobre esta materia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo también declaró su falta de jurisdicción. Contra tal resolución cabía recurso de apelación, sin que éste fuera formulado por las partes. El auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo devino firme por no haber presentado recurso las partes y acordó el archivo de las actuaciones. Este Auto del TS lo confirma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 9/2015
  • Fecha: 29/09/2015
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La demanda inicialmente presentada ante un Juzgado de lo Social se interpuso contra la resolución que desestimaba la reclamación previa interpuesta contra una resolución sobre Declaración de Grado I de Dependencia. La Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo parte de la regulación contenida en la Ley 36/2011, de 10 de octubre y del criterio sostenido por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre otras muchas, en la sentencia de 17 de septiembre de 2013 (rcud. 2212/2012) y concluye que, al versar la cuestión litigiosa sobre la Ley 39/2006, resulta competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues aunque el art. 2 o) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), atribuye a los Órganos de la citada Jurisdicción el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se promuevan sobre las prestaciones derivadas de la referida Ley 39/2006; lo cierto es que la Disposición Final 7ª de la LRJS, todavía, excluye del conocimiento de la Jurisdicción Social la atribución competencial contenida en las letras o) y s) del artículo 2 de la LRJS en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, cuya fecha de entrada en vigor se prevé que se fijará en una ulterior Ley, por lo que hasta la entrada en vigor de la atribución competencial referida, las cuestiones litigiosas referentes a la Ley 39/2006 se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con fundamento legal en lo dispuesto en el art. 1.1 LJCA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
  • Nº Recurso: 3167/2013
  • Fecha: 22/09/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No se dan los requisitos para la unificación de doctrina. El recurso aborda cuestiones no tratadas por la Sala de instancia. La aplicación de los criterios de los procedimientos de gestión en materia de interrupción de actuaciones no pueden ser aplicadas a un procedimiento en que, por los actos del mismo recurrente, ni se ha producido la paralización denunciada ni resultan aplicables las normas que regulan los "Conflictos entre las Administraciones Públicas" contemplados en la Ley 7/2001 y no meramente las reguladoras de un procedimiento de gestión. Recuerda la Sala que este recurso no está al servicio del principio de igualdad sino del de seguridad jurídica, razón por la que cuando los supuestos de hecho contrastados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 4150/2012
  • Fecha: 17/09/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos casacionales. El primero sobre que la cuestión excede de la competencia de la Sala de instancia, pues lo que determina la competencia de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa es la naturaleza administrativa del órgano del que emana el acto objeto de impugnación y el propio contenido del acuerdo impugnado. El examen que lleva a cabo la Sala sentenciadora de la cuestión debatida lo es con carácter prejudicial, lo que supone, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 LJCA, que esas valoraciones contenidas en la sentencia no producirán efectos fuera del proceso que se resuelve, ni vinculan al orden jurisdiccional correspondiente. El segundo, pues la sentencia recurrida expresa que en caso de impago de cuotas la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba puede o bien reclamar las cuotas debidas, con intereses y daños y perjuicios, o bien enajenar las acciones del socio moroso para su adquisición por los demás socios en proporción a sus respectivas participaciones, pero que no puede ejercitar simultáneamente ambas opciones. Y las valoraciones que la Sala de instancia hace con carácter prejudicial, por ser necesarias para el enjuiciamiento del acto administrativo impugnado no producen efectos fuera del proceso que se resuelve ni vinculan al orden jurisdiccional correspondiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 4010/2012
  • Fecha: 23/07/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos casacionales. El primero, pues no hay exceso de jurisdicción, ya que la sala de instancia no anula ningún acuerdo de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Avilés. Lo que determina la competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es la naturaleza administrativa del órgano del que emana el acto objeto de impugnación y el propio contenido del acuerdo impugnado. Los razonamientos de la sentencia recurrida no suponen una extralimitación del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, ni pueden llevar a afirmar que se hayan invadido las competencias de los juzgados de lo mercantil. El segundo, pues a sentencia recurrida explica que en caso de impago de cuotas la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba puede o bien reclamar las cuotas debidas, con intereses y daños y perjuicios, o bien enajenar las acciones del socio moroso para su adquisición por los demás socios en proporción a sus respectivas participaciones, pero que no puede ejercitar simultáneamente ambas opciones. Las valoraciones que la Sala de instancia hace lo son con carácter prejudicial, por ser necesarias para el enjuiciamiento del acto administrativo impugnado, pero que no producen efectos fuera del proceso que se resuelve ni vinculan al orden jurisdiccional correspondiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 183/2014
  • Fecha: 29/06/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Falta de jurisdicción de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para conocer del recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitencias, que desestimó la petición formulada por el recurrente, concerniente a la exclusión de la base de datos del Fichero de Internos de Especial Seguimiento, FIES, sobre la base del artículo 94.1 LOPJ, por corresponder a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, y, en su caso, a la Audiencia Provincial, por vía de recurso, el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias y el amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios, así como según el artículo 76.2 a) de la Ley General Penitenciaria, para acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos. Aplicación de la doctrina fijada en la STS de 17/03/2009 (RC 9576/2004) los efectos de determinar la antijuridicidad de la Instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 12/2011, que regula el FIES.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 328/2014
  • Fecha: 26/05/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las reglas de localización de determinadas prestaciones para su tributación establecidas en el Convenio resultan similares en la imposición directa y en la indirecta a pesar de la diferente naturaleza de ambas. La regla general de Convenio: en los servicios de transportes el domicilio fiscal del sujeto pasivo determina la Administración competente. En el sector eléctrico liberalizado, generación, transporte, distribución y comercialización, reflejan una realidad básica, la energía eléctrica producida debe ser trasladada desde el punto de generación al de su consumo, por lo que resulta indudable que existe una actividad de transporte, pues fácticamente es una realidad insoslayable, de un bien que jurídicamente tiene la consideración de bien corporal. La tarifa de acceso cubre los costes regulados establecidos reglamentariamente e incluye la totalidad de los gastos asociados al uso de la red, como los subsidios a los generadores (las antiguas primas), el déficit eléctrico, la compensación extrapeninsular etc., entre los que se cuenta, los generados a la distribuidora por el transporte de la electricidad, que son calculados por el regulador sectorial. La tarifa de acceso tiene mero carácter instrumental dirigido a hacer posible la libre competencia. La actividad de las distribuidoras se centra en la la transmisión de energía eléctrica desde la red de transporte hasta los puntos de consumo, lo que constituye una actividad de transporte. Competencia: domicilio fiscal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO
  • Nº Recurso: 1349/2013
  • Fecha: 25/05/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Planteándose en primer lugar la discrepancia relativa a que la Sala de instancia debió resolver la cuestión de la propiedad con el carácter de prejudicial, no se advierte infracción de la sentencia pues la Sala de instancia expresamente se refiere a esta cuestión para corroborar la actuación de la Administración en el sentido de que al haberse firmado por los reclamantes las correspondientes actas de expropiación y los acuerdos de cesión de sus inmuebles al Ayuntamiento, ha de entenderse que existe una realidad jurídica posterior que contradice a la realidad registral del inmueble, documentos administrativos estos que tienen virtualidad para alterar la inscripción registral existente, aunque dichos documentos no tuvieran finalmente acceso al Registro de la Propiedad. Por otra parte, además de no existir la vía de hecho denunciada, no cabe reconocer justiprecio alguno pues se originaría un enriquecimiento injusto derivado del cobro del justiprecio y de la recepción en permuta de una vivienda social.

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