• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARGARITA ROBLES FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 27/2015
  • Fecha: 10/03/2016
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Es competente la jurisdicción contencioso-administrativa y no la social para conocer sobre un acto administrativo en virtud del cual se reduce el régimen de dedicación de un arquitecto que trabaja para una administración pública.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 2002/2014
  • Fecha: 29/02/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que confirma una Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar que declaró forzosamente constituida una Comunidad de Regantes, así como un Laudo de dicha Confederación. La parte recurrente se limita a alegar que las deducciones efectuadas por la Sentencia de instancia no son conformes a derecho y vulneran las normas transcritas, sin añadir mayor razonamiento. No se cuestionan las razones por las que la Administración integra la exigencia de un interés general conforme al art. 81.4 L.A. para proceder a la constitución forzosa de la comunidad de regantes. Tampoco se plantea cuestión alguna sobre la valoración de la prueba, en concreto si esa valoración resulta arbitraria, ilógica, incoherente. En cuanto a la representación asumida por el alcalde, se cuestiona que no hubo apoderamiento ni mandato representativo alguno. Ahora bien, conforme al art. 1.710 CC el mandato puede ser presunto, lo que cabe deducir de los presupuestos fácticos del presente caso. No se ha cuestionado el hecho de que si bien los regantes no fueron requeridos personalmente para constituir una comunidad de regantes, sí hubo gestiones tras el laudo y requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la constitución voluntaria de la comunidad de regantes, lo que se entendió con el alcalde, conduciendo así, a la idea del mandato presunto. Por otra parte, respecto al Laudo, no resulta creíble que se alegue que lo desconocían.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 3513/2013
  • Fecha: 10/02/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Alcance de la STC 200/2009, que anula diversos preceptos del Real Decreto 1916/2008 incide sobre la normativa anterior reguladora de las ayudas públicas vinculadas al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), contemplada en el Real Decreto 721/2005, de 20 de junio, así como sobre los préstamos asociados a dicho Fondo que habían sido otorgadas sobre la base de la regulación precedente a la anulada por dicha Sentencia. Valor vinculante de las resoluciones del Tribunal Constitucional, estando obligados los Jueces y Tribunales a inaplicar los reglamentos o integrar disposiciones contrarias a la Constitución. El Estado carece de un poder general en materia de concesión de subvenciones desvinculado o desligado del objeto, o finalidad o destino de la ayuda pública, en cuanto ello supondría una invasión ilegítima de las competencias establecidas atribuidas a las Comunidades Autónomas. En el ámbito de turismo al Estado le corresponderá ex art. 149.1.13.ª CE la especificación del destino de la subvención y la regulación de sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, pero siempre que deje espacio a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino y para desarrollar las condiciones de otorgamiento y tramitación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIO FRIAS PONCE
  • Nº Recurso: 161/2015
  • Fecha: 03/02/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El primer motivo, relativo a la incompetencia de la Junta Arbitral para conocer del conflicto que planteó la Comunidad Foral de Navarra, al no regular el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad relaciones horizontales entre los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral, debe rechazarse de conformidad con la sentencia de 26 de mayo de 2009 que perfiló como debía entenderse la relación tributaria horizontal entre aquellos, definiendo el sentido de la expresión territorio de régimen común. En cuanto al cuestionamiento de la intervención del vocal ponente de la Junta Arbitral por entender plenamente aplicable la causa de abstención y recusación, acertó el Presidente de la Junta al basar el rechazo del incidente en la circunstancia de que el Consejo de Navarra no es un órgano de la Administración activa de la Comunidad Foral de Navarra, sino un órgano estatutario de carácter consultivo de dicha Comunidad, que actúa con autonomía orgánica y funcional en garantía de su independencia y objetividad. En cuanto al fondo del asunto, no cabe compartir la interpretación que defiende la recurrente sobre el art. 60.4 de la ley 34/1998, en el sentido que el precepto se refiere al momento en el que los comercializadores transmiten la propiedad a sus clientes, no a las adquisiciones realizadas por el comercializador, porque la puesta a disposición de los consumidores se hace en el lugar en el que está sito el contador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 78/2015
  • Fecha: 26/01/2016
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede plantearse un conflicto de competencias para determinar a quien le corresponde el ejercicio del poder tributario, cuando por el sujeto pasivo se había deducido, con carácter previo un recurso contencioso-administrativo contra un acuerdo de liquidación practicado por una de las Administraciones implicadas. No se puede, pendiente el recurso jurisdiccional, entablar un conflicto paralelo para dilucidar el domicilio fiscal de la empresas. No existe indefensión de ninguna de las Administraciones, puesto que tuvo conocimiento del procedimiento de liquidación y del recurso contencioso interpuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 1/2015
  • Fecha: 16/12/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conflicto de jurisdicción promovido por la Generalitat de Cataluña en la ejecución provisional de una sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia que declaró la nulidad de las compraventas realizadas por la Generalitat sobre bienes procedentes del Monasterio de Sijena. La Administración no cuestionó en su momento la competencia del Juzgado de 1ª Instancia. La fase de ejecución de sentencia no es el momento oportuno para plantear el conflicto. La adopción de medidas concretas contra la Generalitat para la restitución de los bienes dimana del previo pronunciamiento condenatorio de la sentencia. Es cierto que esa decisión jurisdiccional incide de manera directa en el régimen de la titularidad de los bienes, pero la competencia de los tribunales para hacer ese pronunciamiento debió ser cuestionada en la fase declarativa del procedimiento, planteando declinatoria por defecto de jurisdicción o, en su defecto, conflicto de jurisdicción. Concurre causa de inadmisibilidad del conflicto, que se convierte en causa de desestimación, porque la Administración no pone en cuestión la competencia de la jurisdicción para conocer del asunto (que es la ejecución de una sentencia) sino los términos en que esa sentencia resolvió la controversia. Se reitera la jurisprudencia sobre la inadecuación de la vía del conflicto de jurisdicción para evitar o demorar el cumplimiento de un fallo judicial. En todo caso, la ejecución de la sentencia corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARGARITA ROBLES FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 720/2014
  • Fecha: 06/11/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras poner de manifiesto el TS la defectuosa formulación del motivo primero por razones formales, aborda la cuestión que suscita relativa a la pretendida incongruencia de la sentencia en cuanto a su decisión de inadmitir el recurso en la instancia por ausencia del acuerdo corporativo del art. 45.2.d) LJCA, entendiendo la recurrente que el mismo fue admitido por Decreto del Secretario Judicial al admitir la demanda. Sin embargo, confirmando la sentencia recurrida, el TS recuerda el alcance de la exigencia que se impone en el mencionado artículo 45.2º.d) de la Ley Jurisdiccional en el sentido de que la representación ha de vincularse al poder para interponer el recurso y, a este respecto, se requiere la concreta autorización para el ejercicio de acciones en nombre de la persona jurídico-privada por quien se acciona, pues el simple nombramiento como Consejero delegado, aunque no tenga limitadas sus facultades, no presupone la capacidad para entablar acciones. Por otra parte, el Secretario Judicial se limitó a admitir a trámite la demanda, con las consecuencias a ello inherentes, pero no corresponde al fedatario público pronunciarse si el documento presentado cumple las exigencias necesarias a los efectos del art. 45.2.d) de la Ley Jurisdiccional. Si se alega que la sentencia contradice elementos de prueba, ello no comporta incongruencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 16/2015
  • Fecha: 03/11/2015
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo resuelve un conflicto negativo de competencias entre un juzgado de lo social y otro de lo contencioso administrativo, en relación a una demanda planteada frente a una resolución denegatoria de dependencia dictada por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. La sala considera que al, versar la cuestión litigiosa de la que deriva el recurso por defecto de jurisdicción sobre la Ley 39/2006, resulta competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues aunque el art. 2 o) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, atribuye a los órganos de la citada Jurisdicción el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se promuevan sobre las prestaciones derivadas de la referida Ley 39/2006, lo cierto es que la Disposición Final 7ª de la LRJS, todavía, excluye del conocimiento de la Jurisdicción Social la atribución competencial en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, cuya fecha de entrada en vigor se prevé que se fijará en una ulterior Ley que no ha entrado en vigor. Por esta razón, estas cuestiones litigiosas se sustanciarán ante la jurisdicción contencioso administrativa con fundamento en el art. 1 LJCA, de acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2006, que prevé que el procedimiento para el reconocimiento de la dependencia y sus prestaciones se ajustará a la Ley 30/1992.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 268/2014
  • Fecha: 21/10/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Orden ESS/1744/2012 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes. La Orden impugnada derogaba la Orden TIN/2158/2008 y ésta fue objeto del conflicto positivo de competencia en el que el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 26/2013 estimando en parte dicho conflicto y declarando la nulidad de determinados artículos de la Orden TIN/2158/2008. Se rechaza la alegada incongruencia de la sentencia de instancia pues la misma responde a la pretensión formulada por la entonces recurrente, pronunciándose implícitamente sobre alguno de los argumentos aducidos por el recurrido. Igualmente se rechaza la falta de motivación de la sentencia. Además, en lo referente al orden constitucional de distribución de competencias en la materia, la sentencia recurrida se ha limitado a trasladar tal doctrina al caso concreto, pues la STC 26/2013, al plantearse la pérdida de objeto del conflicto positivo por razón de haberse derogado la Orden TIN/2158/2008 por la Orden ESS/1744/2012, declara que ésta «reproduce, aun con una redacción diferente, las mismas cuestiones objeto de controversia», por lo que concluye que ese conflicto de competencia mantenía vivo su objeto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 1041/2013
  • Fecha: 19/10/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Legitimación activa del denunciante para recurrir la resolución de archivo. El denunciante de una conducta contraria a la defensa de la competencia ostenta legitimación para impugnar en sede contencioso-administrativo la resolución administrativa que acuerde el archivo del procedimiento por no apreciar indicios de infracción, siempre que se aprecie en aquel un interés legítimo en que se investiguen los hechos denunciados y eventualmente se aprecie la existencia de una infracción y la imposición de una sanción que puede reportarle un efecto positivo en su esfera jurídica o puede eliminar una carga o gravamen que sobre él pese. Capacidad competitiva en relación con las posibilidades de financiación de los Concesionarios de Opel en España. Los Tribunales no incurren en extralimitación de sus competencias cuando ordenan la continuación del procedimiento para que se practiquen nuevas actuaciones de investigación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.