Resumen: Teniendo en cuenta que la sentencia recurrida consideró que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se produjo por causa imputable a la libre voluntad del trabajador, pues no se produjo una inequívoca manifestación de voluntad del mismo para la cesación en el trabajo, es lógica la consecuencia de, además de anular los actos impugnados, declarar el derecho del recurrente a que por la Administración se reconozca la variación de la causa y clave de la baja en el Régimen General de la Seguridad Social de voluntaria a involuntaria, a resultas de su inclusión en el expediente de regulación de empleo. Así las cosas, y conforme a lo expresado en la STS de 19 diciembre 2017 -rec. 3052/2015-, no puede considerarse que para la comprobación y, en su caso, alteración de la naturaleza de la baja del trabajador, calificada por el empresario como voluntaria, haya de acudirse necesaria o exclusivamente, por dicho trabajador, a la jurisdicción social, para que sea el Juez de lo Social el que determine si es conforme o no a Derecho la calificación dada por el empresario y asumida por la Administración -despido o baja involuntaria-, pues estamos ante un acto administrativo inserto en el ámbito de actuación de la TGSS y, por tanto, impugnable en esta jurisdicción contencioso- administrativa.
Resumen: Se confirma una sentencia del TSJ de Andalucía que había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación de la modificación de la causa de la baja laboral, que había sido considerada como voluntaria por la empresa Banca Cívica, antecesora de CaixaBank. Entendió la Sala de Sevilla que la TGSS puede comprobar la exactitud de los datos suministrados por el empresario en relación con la naturaleza de la baja, llegando a la conclusión de que la baja laboral tras un ERE no se ha producido por la libre voluntad del trabajador, sino por una causa ajena al mismo (en detalle, por las causas previstas en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores). El TS descarta que resulte competente la jurisdicción laboral al versar la controversia sobre las competencias de la TGSS. A su vez confirma el criterio de que esta última puede corregir los datos no exactos puestos de manifiesto por el empresario, como es el caso de la naturaleza de la baja del trabajador. Comprobar si se ha producido o no una baja laboral también comprende la determinación de si la misma es voluntaria o involuntaria, pues la solución contraria generaría una suerte de bloqueo al control de la Administración de la Seguridad Social. Así pues, el acto administrativo negando o accediendo a la variación de la baja del trabajador puede ser impugnado, como cualquier acto administrativo relativo al alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Resumen: Se plantea si los arts 8 y 10 del RD Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo puede ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias, concretamente, lo referente a la atribución general a la Administración General del Estado de: I) La verificación de la aplicación de los recursos (artículo 8 del RD-ley 9/2008). II) La tramitación de los expedientes de reintegros de los recursos recibidos con cargo al Fondo Estatal de Intervención Local (artículo 10 del RD-ley 9/2008). La norma sucesora y, en particular, su procedimiento de reintegro -idéntico-, fueron declarados inconstitucionales. Es razonable considerar que, a la vista de la coincidencia no solo del contenido de los preceptos cuestionados y por la coincidencia entre el objeto y finalidad del RD Ley 13/2009, a que se refiere la STC 150/2012, con el RD Ley 9/2008, debe tenerse en cuenta. No obstante ex el artículo 5 de la LOPJ, llegamos a la conclusión de que la norma legal cuestionada en este recurso no supera el juicio de relevancia exigible para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, pues el TC ha repetido que declaró la inconstitucionalidad, pero no la nulidad de los preceptos, sino que estimó que la norma en cuestión, no obstante su inconstitucionalidad, habilitaba al Estado para las actividades de seguimiento y control de las subvenciones ya concedidas.
Resumen: La Sala rechaza, en primer término, la causa de inadmisión concerniente a la cuantía del recurso, dado que la Generalitat de Cataluña consideraba que el recurso era cuantificable. Así, entiende que dado que la Orden recurrida tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones con vigencia indefinida. En segundo lugar, rechaza también que se haya producido un exceso de jurisdicción, ya que el eventual conflicto de competencias carecería de relevancia constitucional y su conocimiento competería a la jurisdicción contencioso-administrativa, que controla la potestad reglamentaria en toda su extensión. En el presente litigio ambas partes reconocen que existe una abundante doctrina del Tribunal Constitucional sobre el enlace entre las competencias atribuidas al Estado y a la Comunidades Autónomas, tanto en materia de subvenciones, como del ejercicio de la competencia invocada por el Estado para dictar la Orden recurrida, por lo que no se trata realmente de discernir el sentido que cabe atribuir a las respectivas previsiones de la Constitución o del Estatuto de Autonomía, sino a la calificación jurídica que, a la vista de dicha doctrina, merecen las previsiones de la disposición impugnada. En tercer lugar, entiende la Sala que la competencia en el caso concreto es autonómica, ya que la Orden versa sobre agricultura, de modo que es conforme a Derecho su declaración de nulidad. En fin, entiende que el recurso no combate la razón de decidir de la sentencia.
Resumen: Recurso de casación contra auto que acuerda no suspender el recurso contencioso-administrativo, manteniendo el levantamiento de la medida cautelar ya acordada referida a las consecuencias económicas de la revocación de la autorización de gestión de demanda de interrumpibilidad, sobre cuyas consecuencias económicas ya había recaído sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 37 de Madrid. Desestimación del recurso de casación. Del incumplimiento de las condiciones que se impusieron en la autorización para prestar el servicio de interrumpibilidad nacen dos consecuencias, cuyo conocimiento corresponde a Jurisdicciones distintas, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la revocación de la autorización administrativa para prestar el servicio y a la Jurisdicción Civil, las consecuencias económicas que derivan del incumplimiento, ya que la relación contractual no se ha establecido con ninguna entidad a la que convenga el calificativo de "Administración Pública". No existe incongruencia extra-petita, además, en materia de ámbito de las jurisdicciones no hay incongruencias posibles: los órganos judiciales deben decidir, incluso de oficio, sobre la concurrencia o no de ese requisito procesal, lo hayan solicitado o no las partes. Por último, las medidas cautelares están en vigor hasta que el procedimiento finalice por cualquiera de las causas previstas en la ley, lo que ocurre cuando la competencia (una vez suscitado problema sobre ella, como aquí) corresponda a otro órgano.
Resumen: Por resolución del Alcalde de Montcada y Reixach se impusieron al agente de policía local concernido tres sanciones. La Sala recuerda su doctrina en los recursos de casación en interés de la ley y considera que no se han detectado o, al menos, no se han puesto de relieve anomalías de tal calibre que impliquen o sugieran caos organizativo o un estado de inseguridad jurídica de la gravedad reclamada por el artículo 100.1 de la Ley de la Jurisdicción con motivo de la aplicación a los cuerpos de Policía Local de Cataluña del régimen disciplinario previsto en la Ley 16/1991. Por tanto, para apreciar el cumplimiento de este requisito, el recurrente tendría que haber ofrecido datos concretos que reflejaran el grave perjuicio real que resulta de la interpretación realizada por la sentencia. Sin embargo, no se encuentran. El posible error en la aplicación de los preceptos legales o cualquier infracción del ordenamiento jurídico del Estado o de la Unión Europea no es suficiente para franquear el paso a este remedio singular sino que ha de justificarse, además, ese grave daño al interés general. Por último, tampoco cabe tachar de errónea la solución alcanzada por el Tribunal de instancia, siendo la clave cuál es el Derecho aplicable en este proceso, si la normativa estatal o la autonómica. Se trataría de la materia "seguridad pública".
Resumen: La Sala IV, tras desestimar el recurso del trabajador por no citar sentencia contradictoria en el escrito de preparación, declara la legitimación del Ministerio Fiscal para interponer el recurso de casación unificadora al amparo del art. 219.3 de la LRJS. La cuestión suscitada consiste en determinar el orden jurisdiccional competente para conocer de la pretensión de condena al FOGASA en concepto de intereses por el retraso en la resolución del expediente sobre indemnización por despido objetivo y pago de salarios de tramitación. El TS reitera doctrina estimando que las reclamaciones de intereses que se formulan frente al FOGASA derivados del dictado de una resolución tardía en reconocimiento de prestaciones, que por silencio administrativo positivo se entienden reconocidas con anterioridad, han de ser conocidas por el Orden Jurisdiccional Social y no por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Razona que estaríamos ante una interpretación puramente formal del art. 142 de la L 30/92, si se entendiera que la reclamación de los intereses correspondientes a una prestación que corresponde abonar al FGS, y que este abona tardíamente, hubiera de desgajarse del tronco principal, pues tiene la misma naturaleza y forma parte del capital total adeudado, a semejanza de los intereses procesales. Los intereses correspondientes a una deuda constituyen los frutos civiles del importe principal, lo que conduce a declarar la competencia del orden social.
Resumen: Demanda contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación formulada frente a una Mutua, en materia de responsabilidad patrimonial, por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la deficiente atención médica prestada por dicha Mutua a raíz de un accidente de trabajo. El conflicto se resuelve declarando la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con base en el artículo 80-4 LGSS, dada la naturaleza pública de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y su integración en el sector público estatal por las funciones que realizan y los recursos económicos que gestionan, resultando obligada su inclusión en el sistema público de salud y la consiguiente aplicación de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Dicha competencia ya ha sido mantenida por la Sala de Conflictos de Competencia interpretando en tal sentido la DA 12ª de la Ley 30/1992.
Resumen: Se solicita el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a los artículos 119 a 121 y 125 a 126 de la Norma Foral General Tributaria de Guipúzkoa 2/2005, que regulan el denominado procedimiento iniciado mediante autoliquidación. Impugnabilidad en sede contencioso-administrativa. Normas susceptibles del recurso y de cuestión de inconstitucionalidad. No así en casos de recursos indirectos: cuando el juez no duda de la constitucionalidad de la Norma Foral Fiscal, debe aplicarla para decidir el recurso indirecto sin tener que plantear cuestión prejudicial de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Resumen: La Sala declara la pérdida sobrevenida del objeto del recurso. El escrito de demanda formulado en este procedimiento tuvo por objeto el mismo acuerdo que ha sido objeto de declaración de nulidad por esta Sala, sin embargo y con independencia de otros argumentos impugnatorios, el motivo principal de la impugnación descansaba en la consideración de que los terrenos sobre los que se había declarado la reserva demanial, no era dominio público marítimo terrestre, sino dominio privado de los recurrentes, por lo que consideraban que "El acuerdo recurrido es nulo de pleno derecho porque su contenido es jurídicamente imposible (art. 62.c de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común)", dado que el presupuesto necesario para constituir una reserva demanial es que un bien sea de dominio público, siendo así que, según se defiende en la demanda, el Estado no es titular del mismo. Esto es, la parte ataca el mismo acuerdo del Consejo de Ministros declarado nulo, si bien lo hace por un motivo diferente, basado en un pretendido derecho de propiedad privada, cuya declaración, además, incorpora como petición declarativa a su suplico. La Sala concluye que una vez desaparecido el objeto del litigio, la jurisdicción competente para resolver el litigio referido a la propiedad de los terrenos es la jurisdicción civil.
