Resumen: Tras afirmarse la legitimación activa de la asociación recurrente debido a la conexión de los intereses alegados por la parte recurrente, en relación con la propiedad de terrenos deslindados y la existencia de un expediente administrativo abierto de oficio para la conversión en concesión administrativa, se desestima el presente recurso en el que se pide la nulidad de todas las disposiciones transitorias del Reglamento General de Costas sin razonar específicamente sobre las causas de nulidad que concurrirían sobre cada una de ellas, muchas de las cuales no guardan relación alguna con los intereses que dicen sostenerse. Esto es, la invocación, en la impugnación que la recurrente afronta, no va acompañada de una mínima argumentación jurídica encaminada a demostrar su conexión con el caso debatido y, por ende, su transcendencia anulatoria, que es el único propósito a que debe orientarse el ejercicio de una acción jurisdiccional, razón por la que el presente recurso es desestimado.
Resumen: Se desestima este recurso de casación. La sentencia es congruente con las pretensiones formuladas, aunque sea íntegramente desestimatoria, y tampoco incurre en incongruencia omisiva o "ex silentio". La declaración de nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF) se hizo sin reconocer vulneración del derecho de igualdad, con base en que no respetaba el concepto de estimación objetiva. No está claro a quien se imputa la desigualdad, si a la redacción del art. 30 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o a la práctica de la Administración Tributaria Foral que no aplicaría siempre y por igual el apartado 2 de dicho precepto. Este recurso no es equiparable a la situación resuelta por la Sentencia de 23 de octubre de 2014 (rec. cas. núm. 230/2012), que declaró la nulidad del art. 26.2 de la NFIRPF. Además, el Tribunal Constitucional examinó los efectos que pudo tener esta sentencia y rechazó la vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial.
Resumen: Inadmisión parcial, defecto de jurisdicción. Incompatibilidad de motivos. La omisión del procedimiento de comprobación limitada no es determinante [en este caso] de la nulidad de pleno derecho de la liquidación, en la medida en que hubo procedimiento y no se causó indefensión alguna al interesado. Dicho en otros términos, la Sala de instancia reconoce que se siguió un procedimiento distinto al procedente, que potencialmente puede causar indefensión, pero que en el presente caso no se produjo por las particularidades concretas que concurrieron en su desarrollo. El artículo 30.2 NF 10/2006, de 29 de diciembre del IRPF de Guipúzcoa no es contrario a los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad al posibilitar la determinación de los rendimientos por el sistema de módulos con reserva y cautela previamente conocida por quienes se atengan a él, de que no excusará el sometimiento a gravamen de los rendimientos reales, de forma que quien opta por dicho sistema si bien está dispensado del cumplimiento de ciertas obligaciones formales y no será sancionado por su omisión, no está obligado a acogerse a tal sistema de determinación de la base imponible, sabiendo que en caso de comprobación o inspección habrá de tributar por los rendimientos reales, y nada le impide adoptar las cautelas necesaria para acreditar la realidad de los rendimientos.
Resumen: Se desestima este recurso de casación. La sentencia es congruente con las pretensiones formuladas, aunque sea íntegramente desestimatoria, y tampoco incurre en incongruencia omisiva o "ex silentio". La declaración de nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF) se hizo sin reconocer vulneración del derecho de igualdad, con base en que no respetaba el concepto de estimación objetiva. No está claro a quien se imputa la desigualdad, si a la redacción del art. 30 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o a la práctica de la Administración Tributaria Foral que no aplicaría siempre y por igual el apartado 2 de dicho precepto. Este recurso no es equiparable a la situación resuelta por la Sentencia de 23 de octubre de 2014 (rec. cas. núm. 230/2012), que declaró la nulidad del art. 26.2 de la NFIRPF. Además, el Tribunal Constitucional examinó los efectos que pudo tener esta sentencia y rechazó la vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial.
Resumen: La Sentencia de instancia inadmite el recurso contencioso-administrativo por falta de jurisdicción. Estimación del recurso de casación porque: 1) Están sujetos al control del orden contencioso los actos de gestión patrimonial y personal de las Juntas Generales y, en cuanto al resto de sus decisiones y actos sin valor normativo, lo lógico y razonable es entender que el ordenamiento jurídico (que excluye parcelas exentas de control alguno) atribuye al orden contencioso su control, por lo que la interpretación integradora del artículo 1.3 y disposición adicional primera de la LJCA lleva a la extensión del control por los órganos del orden contencioso-administrativos a aquellas zonas excluidas del ámbito sometido ex lege al Tribunal Constitucional, incurriendo la Sala de instancia en defecto de jurisdicción al no efectuar una interpretación integradora. 2) La resolución recurrida (punto 3) encierra la expresión de una actuación con efectos jurídicos y sometido al control de los Tribunales, atendido ese papel relevante de las Juntas Generales de impulso y control de la actuación de la Diputación Foral.
Resumen: Recurso de casación que trae causa de la impugnación en la instancia de un acuerdo del Consejo General de Colegios de Enfermería de España sobre reclamación en vía judicial del pago de deuda. Conforme a la Jurisprudencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, que atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las resoluciones dictadas en relación con reclamaciones del Consejo General de pago de aportaciones no realizadas por Colegios de Diplomados en Enfermería, declaran la incompetencia de la jurisdicción civil para conocer de tales pretensiones y razonan la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. El objeto de este recurso se centra en el acuerdo del Pleno del Consejo General para que se ejerciten las acciones que procedan para exigir las aportaciones pendientes. Si en base al mismo se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, esta ha de ser la jurisdicción competente para su conocimiento. En cuanto a la pretensión de que el requerimiento de pago de una deuda ya existente haya de ser anterior al acuerdo para el ejercicio de las acciones procedentes, no existe precepto alguno que diga que para reclamar determinada cantidad el acuerdo debe ser posterior al requerimiento de pago.
Resumen: La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto, relativo a la posible incompetencia del orden social, por razón de la materia, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. La cuestión debatida es la naturaleza de la prestación de servicios, instrumentada como contratación administrativa para Osasunbidea. No hay identidad entre la naturaleza de la prestación de servicios ni tampoco en la normativa de aplicación en uno y otro caso. Además, ambas sentencias aplican una misma doctrina: la contratación administrativa solo es válida si se mantiene dentro de los límites fijados al efecto por la legislación. En la recurrida se aplica Derecho autonómico, y en el de contraste la legislación estatal y en aquella se admite la regularidad de las sucesivas contrataciones administrativas, y en la alegada se parte de que sobrepasan el marco regulador.
Resumen: No cabe desconocer que el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco permite a las Diputaciones Forales ejercer actuaciones de comprobación en su territorio cuando tengan competencias de exacción. Por tanto, al tener por objeto la información solicitada comprobar el volumen de operaciones realizado en el territorio histórico de Gipuzkoa, haciéndose como actuación previa, no cabe mantener que el requerimiento afectaba a todas las operaciones realizadas tanto en Gipuzkoa como fuera de dicho territorio histórico y, que, en consecuencia, implicaba en realidad el ejercicio de competencias inspectoras de las que carecía. En efecto, no cabe defender una extralimitación competencial por parte de la Subdirectora General de Inspección al incluir al grupo de entidades en las actuaciones de verificación y constatación, Programa 11 V 0913, por «incongruencias y rentas no declaradas, valoración operaciones (origen Gipuzkoa), IVA 2011», pues las Administraciones sin competencia inspectora pueden realizar actuaciones consistentes en una simple toma de datos, con lo que el único motivo del presente recurso de casación se rechaza.
Resumen: La cuestión objeto del conflicto positivo de competencia planteado radica en decidir cuál es el órgano jurisdiccional competente para dejar sin efecto una medida cautelar, acordada por un Tribunal del orden contencioso-administrativo, respecto de los bienes de una mercantil declarada, posteriormente, en concurso por un Juzgado de lo Mercantil. La controversia se inicia por la solicitud de la administración concursal al juez del concurso para que cancele la hipoteca, si bien lo que subyace es el mantenimiento o alzamiento de la medida cautelar, puesto que la constitución de la hipoteca no es sino la materialización de dicha medida. Y la Sala Especial del TS declara que la competencia para conocer de la cancelación de la hipoteca cuya constitución fue acordada por la AN, como garantía para suspender la ejecutividad de los actos impugnados, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Se funda esta decisión en el hecho de que la LC no confiere competencia al juez del concurso para alzar o dejar sin efecto medidas cautelares ya adoptadas por otros órganos judiciales o administrativos antes de la declaración del concurso. No en vano los arts 50 y 51 LC atribuyen a los tribunales del orden contencioso-administrativo la competencia para conocer los recursos de tal naturaleza que ya estén interpuestos o se interpongan con posterioridad a la declaración de concurso, y sin perjuicio de que el bien hipotecado se incluya en la masa activa del concurso art. 82 LC.
Resumen: Conflicto de competencia. Juzgado de lo Mercantil y Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Despido colectivo. La sentencia cuya ejecución se pretende apreció la existencia de un grupo laboral de empresas del que forman parte tres entidades condenadas solidariamente. La condición de empleador es del grupo, por lo que la acción ejecutiva había de articularse frente a las tres sociedades, como de hecho se hizo en la primera demanda de ejecución presentada ante la Sala de Social de la Audiencia Nacional. El conocimiento de esa primera demanda ejecutiva no podía atribuirse al Juzgado de lo Mercantil dado que una de las tres entidades condenadas no se encuentra en situación de concurso de acreedores. El ámbito competencial del juez del concurso se rebasa cuando, además de a la entidad concursada, se demanda a otros sujetos que no intervienen en el proceso concursal. La atribución de la competencia a favor de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional respecto de las sociedades del grupo en situación de concurso de acreedores solo es admisible en lo relativo a los pronunciamientos declarativos que puedan recaer en el procedimiento (carácter irregular de la readmisión sobre todo), sin que pueda iniciarse siquiera ejecución singular que afecte a su patrimonio, de modo que únicamente podrá seguirse la ejecución, en su caso, para el cobro de la indemnización frente a la entidad que no se encuentra en concurso. Competencia del orden jurisdiccional social.
