• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 2364/2016
  • Fecha: 06/03/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por el expropiado contra la sentencia desestimatoria del recurso por él formulado contra la resolución presunta del Jurado que desestimó solicitud de fijación de justiprecio tras la solicitud de iniciación de expediente de expropiación por Ministerio de la Ley, así como contra resolución expresa del Jurado fijando el justiprecio. Acoge los motivos en los que se denuncia la decisión de la sala a quo de confirmar la declaración del Jurado de limitar el ámbito físico de valoración exclusivamente a los m2 que integraban la zona verde, sin incluir los m2 que, según el Registro de la Propiedad, aparecían inscritos a favor del recurrente y de su hermana, ocupados por el Ayuntamiento (y destinados a viales) sin articular su expropiación, motivo por el cual el recurrente solicitó su expropiación por ministerio de la ley. Se recuerda el criterio seguido con reiteración, por ejemplo en STS de 3-12-13 (RC 927/2011), según el cual, incluso en expropiaciones por ministerio de la ley no cabe utilizar el trámite de fijación de justiprecio para hacer una declaración de titularidad municipal de unos bienes, siendo así que la cuestión de la titularidad de la zona discutida sí podía resolverla la jurisdicción contenciosa ex art. 4 LJCA aunque dicha decisión 'no produzca efecto fuera del proceso en que se dicte y pueda ser revisada por la Jurisdicción Civil'. Se retrotraen las actuaciones para que el Jurado fije el justiprecio de toda la finca.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 2794/2015
  • Fecha: 29/01/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso de casación deducido contra sentencia que anuló Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, caprino, avícola y cunícola y por la que se convocan las correspondientes al año 2013. No hay defectos de jurisdicción dado que el acto impugnado constituye una actuación administrativa como recientemente dijo esta Sala en STS a la que se remite. No hay vulneración de los preceptos de la CE ni del estatuto de Cataluña. El recurso no puede prosperar en el fondo pues la sentencia tras exponer las posiciones de las partes, hace un estudio minucioso sobre las cuestiones que se plantean y da una respuesta plenamente acertada, estimando el recurso, con apoyo en doctrina constitucional que, para el TS, desgrana con precisión y acierto, sin que el recurrente llegue a cuestionar con argumentos que combatan la razón de decidir, al hacer únicamente una invocación de sentencias del Tribunal Constitucional que, a su juicio, permitirían una conclusión diferente pero que no considera el TS suficiente para enervarlos, razón por la que se confirma íntegramente la sentencia impugnada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 3055/2015
  • Fecha: 03/01/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Teniendo en cuenta que la sentencia recurrida consideró que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se produjo por causa imputable a la libre voluntad del trabajador, pues no se produjo una inequívoca manifestación de voluntad del mismo para la cesación en el trabajo, es lógica la consecuencia de, además de anular los actos impugnados, declarar el derecho del recurrente a que por la Administración se reconozca la variación de la causa y clave de la baja en el Régimen General de la Seguridad Social de voluntaria a involuntaria, a resultas de su inclusión en el expediente de regulación de empleo. Así las cosas, y conforme a lo expresado ya en la STS de 19 diciembre 2017 -rec. 3052/2015-, no puede considerarse que para la comprobación y, en su caso, alteración de la naturaleza de la baja del trabajador, calificada por el empresario como voluntaria, haya de acudirse necesaria o exclusivamente, por dicho trabajador, a la jurisdicción social, para que sea el Juez de lo Social el que determine si es conforme o no a Derecho la calificación dada por el empresario y asumida por la Administración -despido o baja involuntaria-, pues estamos ante un acto administrativo inserto en el ámbito de actuación de la TGSS y, por tanto, impugnable en esta jurisdicción contencioso- administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ
  • Nº Recurso: 3059/2015
  • Fecha: 21/12/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma una sentencia del TSJ de Andalucía que había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación de la modificación de la causa de la baja laboral, que había sido considerada como voluntaria por la empresa Banca Cívica, antecesora de CaixaBank. Entendió la Sala de Sevilla que la TGSS puede comprobar la exactitud de los datos suministrados por el empresario en relación con la naturaleza de la baja, llegando a la conclusión de que la baja laboral tras un ERE no se ha producido por la libre voluntad del trabajador, sino por una causa ajena al mismo (en detalle, por las causas previstas en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores). El TS descarta que resulte competente la jurisdicción laboral al versar la controversia sobre las competencias de la TGSS. A su vez confirma el criterio de que esta última puede corregir los datos no exactos puestos de manifiesto por el empresario, como es el caso de la naturaleza de la baja del trabajador. Comprobar si se ha producido o no una baja laboral también comprende la determinación de si la misma es voluntaria o involuntaria, pues la solución contraria generaría una suerte de bloqueo al control de la Administración de la Seguridad Social. Así pues, el acto administrativo negando o accediendo a la variación de la baja del trabajador puede ser impugnado, como cualquier acto administrativo relativo al alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 3051/2015
  • Fecha: 21/12/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Teniendo en cuenta que la sentencia recurrida consideró que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se produjo por causa imputable a la libre voluntad del trabajador, pues no se produjo una inequívoca manifestación de voluntad del mismo para la cesación en el trabajo, es lógica la consecuencia de, además de anular los actos impugnados, declarar el derecho del recurrente a que por la Administración se reconozca la variación de la causa y clave de la baja en el Régimen General de la Seguridad Social de voluntaria a involuntaria, a resultas de su inclusión en el expediente de regulación de empleo. Así las cosas, y conforme a lo expresado ya en la STS de 19 diciembre 2017 -rec. 3052/2015-, no puede considerarse que para la comprobación y, en su caso, alteración de la naturaleza de la baja del trabajador, calificada por el empresario como voluntaria, haya de acudirse necesaria o exclusivamente, por dicho trabajador, a la jurisdicción social, para que sea el Juez de lo Social el que determine si es conforme o no a Derecho la calificación dada por el empresario y asumida por la Administración -despido o baja involuntaria-, pues estamos ante un acto administrativo inserto en el ámbito de actuación de la TGSS y, por tanto, impugnable en esta jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 3058/2015
  • Fecha: 21/12/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Teniendo en cuenta que la sentencia recurrida consideró que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se produjo por causa imputable a la libre voluntad del trabajador, pues no se produjo una inequívoca manifestación de voluntad del mismo para la cesación en el trabajo, es lógica la consecuencia de, además de anular los actos impugnados, declarar el derecho del recurrente a que por la Administración se reconozca la variación de la causa y clave de la baja en el Régimen General de la Seguridad Social de voluntaria a involuntaria, a resultas de su inclusión en el expediente de regulación de empleo. Así las cosas, y conforme a lo expresado en la STS de 19 diciembre 2017 -rec. 3052/2015-, no puede considerarse que para la comprobación y, en su caso, alteración de la naturaleza de la baja del trabajador, calificada por el empresario como voluntaria, haya de acudirse necesaria o exclusivamente, por dicho trabajador, a la jurisdicción social, para que sea el Juez de lo Social el que determine si es conforme o no a Derecho la calificación dada por el empresario y asumida por la Administración -despido o baja involuntaria-, pues estamos ante un acto administrativo inserto en el ámbito de actuación de la TGSS y, por tanto, impugnable en esta jurisdicción contencioso- administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 3057/2015
  • Fecha: 20/12/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma una sentencia del TSJ de Andalucía que había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación de la modificación de la causa de la baja laboral, que había sido considerada como voluntaria por la empresa Banca Cívica, antecesora de CaixaBank. Entendió la Sala de Sevilla que la TGSS puede comprobar la exactitud de los datos suministrados por el empresario en relación con la naturaleza de la baja, llegando a la conclusión de que la baja laboral tras un ERE no se ha producido por la libre voluntad del trabajador, sino por una causa ajena al mismo (en detalle, por las causas previstas en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores). El TS descarta que resulte competente la jurisdicción laboral al versar la controversia sobre las competencias de la TGSS. A su vez confirma el criterio de que esta última puede corregir los datos no exactos puestos de manifiesto por el empresario, como es el caso de la naturaleza de la baja del trabajador. Comprobar si se ha producido o no una baja laboral también comprende la determinación de si la misma es voluntaria o involuntaria, pues la solución contraria generaría una suerte de bloqueo al control de la Administración de la Seguridad Social. Así pues, el acto administrativo negando o accediendo a la variación de la baja del trabajador puede ser impugnado, como cualquier acto administrativo relativo al alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 319/2016
  • Fecha: 30/11/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea si los arts 8 y 10 del RD Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo puede ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias, concretamente, lo referente a la atribución general a la Administración General del Estado de: I) La verificación de la aplicación de los recursos (artículo 8 del RD-ley 9/2008). II) La tramitación de los expedientes de reintegros de los recursos recibidos con cargo al Fondo Estatal de Intervención Local (artículo 10 del RD-ley 9/2008). La norma sucesora y, en particular, su procedimiento de reintegro -idéntico-, fueron declarados inconstitucionales. Es razonable considerar que, a la vista de la coincidencia no solo del contenido de los preceptos cuestionados y por la coincidencia entre el objeto y finalidad del RD Ley 13/2009, a que se refiere la STC 150/2012, con el RD Ley 9/2008, debe tenerse en cuenta. No obstante ex el artículo 5 de la LOPJ, llegamos a la conclusión de que la norma legal cuestionada en este recurso no supera el juicio de relevancia exigible para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, pues el TC ha repetido que declaró la inconstitucionalidad, pero no la nulidad de los preceptos, sino que estimó que la norma en cuestión, no obstante su inconstitucionalidad, habilitaba al Estado para las actividades de seguimiento y control de las subvenciones ya concedidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 2287/2015
  • Fecha: 27/11/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala rechaza, en primer término, la causa de inadmisión concerniente a la cuantía del recurso, dado que la Generalitat de Cataluña consideraba que el recurso era cuantificable. Así, entiende que dado que la Orden recurrida tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones con vigencia indefinida. En segundo lugar, rechaza también que se haya producido un exceso de jurisdicción, ya que el eventual conflicto de competencias carecería de relevancia constitucional y su conocimiento competería a la jurisdicción contencioso-administrativa, que controla la potestad reglamentaria en toda su extensión. En el presente litigio ambas partes reconocen que existe una abundante doctrina del Tribunal Constitucional sobre el enlace entre las competencias atribuidas al Estado y a la Comunidades Autónomas, tanto en materia de subvenciones, como del ejercicio de la competencia invocada por el Estado para dictar la Orden recurrida, por lo que no se trata realmente de discernir el sentido que cabe atribuir a las respectivas previsiones de la Constitución o del Estatuto de Autonomía, sino a la calificación jurídica que, a la vista de dicha doctrina, merecen las previsiones de la disposición impugnada. En tercer lugar, entiende la Sala que la competencia en el caso concreto es autonómica, ya que la Orden versa sobre agricultura, de modo que es conforme a Derecho su declaración de nulidad. En fin, entiende que el recurso no combate la razón de decidir de la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE YAGÜE GIL
  • Nº Recurso: 3798/2015
  • Fecha: 21/11/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra auto que acuerda no suspender el recurso contencioso-administrativo, manteniendo el levantamiento de la medida cautelar ya acordada referida a las consecuencias económicas de la revocación de la autorización de gestión de demanda de interrumpibilidad, sobre cuyas consecuencias económicas ya había recaído sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 37 de Madrid. Desestimación del recurso de casación. Del incumplimiento de las condiciones que se impusieron en la autorización para prestar el servicio de interrumpibilidad nacen dos consecuencias, cuyo conocimiento corresponde a Jurisdicciones distintas, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la revocación de la autorización administrativa para prestar el servicio y a la Jurisdicción Civil, las consecuencias económicas que derivan del incumplimiento, ya que la relación contractual no se ha establecido con ninguna entidad a la que convenga el calificativo de "Administración Pública". No existe incongruencia extra-petita, además, en materia de ámbito de las jurisdicciones no hay incongruencias posibles: los órganos judiciales deben decidir, incluso de oficio, sobre la concurrencia o no de ese requisito procesal, lo hayan solicitado o no las partes. Por último, las medidas cautelares están en vigor hasta que el procedimiento finalice por cualquiera de las causas previstas en la ley, lo que ocurre cuando la competencia (una vez suscitado problema sobre ella, como aquí) corresponda a otro órgano.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.