Resumen: Determinación del lugar de localización de las operaciones de reaseguro y de las operaciones de seguro y capitalización cuando el tomador tiene su residencia o domicilio en el extranjero. a calificación realizada por la Junta Arbitral de la operación subyacente para negar la existencia del reaseguro, no resultaba posible atendiendo a la figura que se examina. Constituye una contradicción irresoluble, con peligro de graves consecuencias jurídicas y administrativas para la compañía de reaseguro contribuyente en el impuesto sobre sociedades cuya exacción se cuestiona, que mientras en el tráfico jurídico y asegurador gire como una aseguradora y realice las actividades propias del reaseguro, se prescinda por la Junta Arbitral de una insoslayable realidad jurídica a efectos de determinar la competencia de la Administración tributaria para la exacción por el impuesto sobre sociedades, lo cual en realidad resulta un conflicto extraño al contribuyente,pues gira el problema en torno a la determinación competencial tributaria, no a la obligación tributaria en sí. Las operaciones de reaseguro están comprendidas en la expresión de "operaciones de seguro y capitalización" que contempla el Convenio Económico. En cuanto a las operaciones en las que el tomador del seguro reside en el extranjero, se atribuirán, en su caso, a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones.
Resumen: Resolución de la Junta Arbitral del Convenio Económico con Navarra. Conflicto de competencia positivo entre la Comunidad Foral y la Diputación foral de Vizcaya para establecer el domicilio fiscal, determinado por la residencia, de un contribuyente. Carga de la prueba. Presunciones legales. La valoración de la prueba, en el proceso, corresponde al Tribunal judicial, que no tiene por qué quedar vinculado por las reglas que rigen en el procedimiento administrativo. En este caso, lo decisivo es la pasividad en el despliegue de actividad probatoria por la Hacienda foral vizcaína en el proceso. La valoración sobre los abundantes indicios aportados por la Hacienda tributaria de Navarra que efectúa la Junta Arbitral es razonable y motivada, no fruto del capricho o la arbitrariedad, aun partiendo de la dificultad de una prueba directa determinante de la residencia. Dentro de las presunciones, la fundamental aquí es aquella de que goza la Junta Arbitral autora del acto recurrido. Se desestima, así, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación foral de Vizcaya.
Resumen: Provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de magistrado del orden jurisdiccional social. Desestimación del recurso. El recurrente se hallaba en el turno de discapacidad, como lo estaban inicialmente cinco aspirantes más, siendo el único de todos ellos que superó la fase de baremación, y lo que realmente pretende el recurrente no es el respeto de la reserva del turno de discapacidad, sino una resolución del órgano de selección que permitiera pasar a la entrevista sin haber acreditado los conocimientos suficientes para superar la fase de dictamen. Por otra parte, la recurrente se limita a sintetizar sus respuestas en la fase de dictamen, limitándose a mostrar su discrepancia con la valoración del tribunal calificador, sin que concrete qué valoraciones están insuficientemente motivadas, ni ponga de manifiesto la contradicción de la valoración con las bases de la convocatoria; la parte ni siquiera reitera sus argumentos en el escrito de conclusiones, por lo que se carecen de elementos de juicio suficientes para sustituir el criterio utilizado al valorar el dictamen.
Resumen: Recurre el Abogado del Estado en nombre del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas en casación unificadora a efectos de que se determine si la competencia para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones corresponde al orden laboral o al contencioso-administrativo. El actor reclama el reconocimiento de su derecho al abono de la cantidad correspondiente a la compensación por sustitución del suministro de carbón. La sentencia de suplicación se ha decantado por la primera solución. Sin embargo, la sala IV revoca tal pronunciamiento y declara la competencia del orden contencioso-administrativo por entender que lo que se reclama es el abono de una subvención a cargo del Estado y porque el título jurídico que sustenta la pretensión no es el contrato de trabajo ni un acuerdo colectivo. En definitiva y, dada la naturaleza de la ayuda solicitada, el orden jurisdiccional competente para pronunciarse sobre si su abono resulta o no procedente es el contencioso-administrativo.
Resumen: Recurre el Abogado del Estado en nombre del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas en casación unificadora a efectos de que se determine si la competencia para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones corresponde al orden laboral o al contencioso-administrativo. El actor reclama el reconocimiento de su derecho al abono de la cantidad de 1.290,32 € en concepto de compensación por sustitución del suministro de carbón. La sentencia de suplicación se ha decantado por la primera solución. Sin embargo, la sala IV revoca tal pronunciamiento y declara la competencia del orden contencioso-administrativo por entender que lo que se reclama es el abono de una subvención a cargo del Estado y porque el título jurídico que sustenta la pretensión no es el contrato de trabajo ni un acuerdo colectivo. En definitiva y, dada la naturaleza de la ayuda solicitada, el orden jurisdiccional competente para pronunciarse sobre si su abono resulta o no procedente es el contencioso-administrativo.
Resumen: Recurso de apelación: resoluciones recurribles. Cuantía litigiosa. Interpretación de los artículos 81.1.a) y 81.2.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, concretamente para determinar si es aplicable al recurso de apelación contra los autos que declaran inadmisible el recurso contencioso-administrativo la summa gravaminis; (30.000 euros) o son apelables en todo caso, a pesar de no revestir la forma de sentencia. Son apelables los autos de los órganos judiciales unipersonales que declaren la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo aun cuando la cuantía litigiosa del proceso en el que se dictaron no exceda de 30.000 euros. Así se desprende de una interpretación finalista de la ley, respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva y que evite el absurdo consistente en que, en un mismo proceso, una misma declaración (de inadmisión) pueda ser o no apelable solo en atención a la resolución judicial por la que se adopte.
Resumen: Auto de Admisión. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar el orden jurisdiccional competente para conocer de las impugnaciones relativas a las autorizaciones de actividades formativas inherentes a los contratos de formación y aprendizaje.
Resumen: Declara la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la determinación del orden jurisdiccional competente (civil o contencioso-administrativo) para conocer de la reclamación de las aportaciones de los colegios profesionales de carácter territorial al Consejo General respectivo. Y ello, por cuanto se aprecia contradicción entre las distintas Salas territoriales a propósito de la cuestión litigiosa. Sucede además que la Sala Primera del Tribunal Supremo, en distintos pronunciamientos, declara la incompetencia de la jurisdicción civil para conocer de tales pretensiones y razona la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa al respecto.
Resumen: En caso de que un paciente no acepte el alta hospitalaria, la dirección del centro -previa comprobación del informe clínico correspondiente y con audiencia del paciente-, si este persiste en su negativa, lo ha de poner en conocimiento del juez para que confirme o revoque su decisión de alta, conforme a lo dispuesto en el art. 21.2 de la Ley básica regulagora de la autonomía del paciente. El juez a que se refiere el precepto es el juez civil. Las competencias que se atribuyen al juez de lo contencioso-administrativo en la materia se refieren a la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para proteger la salud pública cuando puedan implicar privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, conforme se desprende del art. 8.6, párrafo segundo LJCA. En el caso, el paciente -cuyo derecho a la salud ya fue plenamente atendido durante su estancia hospitalaria- no presenta cuadro contagioso o infeccioso alguno, pues su negativa a aceptar el alta hospitalaria se basa en las dificultades que tiene para buscar un alojamiento. No se está, en consecuencia, ante ninguna medida urgente que afecte a la salud pública ni que implique privación o restricción de la libertad u otro derecho fundamental. Por lo tanto, ha de resolverse el conflicto atribuyendo la competencia para conocer al juez del orden civil.
Resumen: La gestión recaudatoria comprende no solo las controversias sobre recaudación en sentido estricto, sino también aquellas que tienen por objeto declarar la obligación de cotizar o determinar el importe y alcance de las cotizaciones. Pero el concepto viene limitado a los asuntos que persigan el cobro de los recursos o que se refieran al ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Sin embargo, se está ante un pleito relativo a prestaciones de Seguridad Social cuando se pretende dilucidar, en una controversia surgida entre las partes del contrato de trabajo, si la empresa cotizó adecuadamente por el trabajador en atención a las circunstancias concurrentes en la prestación de sus servicios, ya que se trata de determinar si concurren o no los requisitos de acceso por este a las prestaciones de la Seguridad Social, lo que exige fijar previamente las condiciones de la relación laboral existente entre las partes para, luego, analizar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de cotización. En el caso, el objeto del litigio está motivado por la falta de cotización por parte del empleador, aunque fuera parcial, por lo que lo que se persigue en él, en esencia, es que se reconozcan las condiciones de la relación laboral mantenida entre las partes, en concreto, las horas trabajadas, cuestión propia del conocimiento de los órganos del orden social, al amparo de lo dispuesto en el art. 2.a) LRJS.
