Resumen: La sentencia de suplicación declaró la procedencia del despido disciplinario del actor, que recurre en casación para la unificación de doctrina, alegando entre otros motivos, la nulidad de actuaciones por archivo penal. Se ha admitido la incorporación de un auto que confirma el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa penal. La Sala examina la trascendencia que, en orden a la identidad de hechos de las sentencias comparadas, podía tener la incorporación de la certificación de la sentencia penal firme y concluye que concurrente la necesaria identidad esencial en la trascendencia que pueda tener la modificación de la relación de hechos probados, en virtud de la incorporación documental acordada. La solución pertinente, para satisfacer el derecho de la parte a la tutela judicial efectiva y evitar la indefensión, es la de decretar la nulidad de actuaciones, al amparo de lo establecido en el artículo 240.2 LOPJ, tal y como ha postulado en este supuesto la parte recurrente, a fin de que se incorpore a la crónica de hechos la documental admitida, y, a la vista de la nueva relación de probanza, resolver acerca de la calificación de despido. En cuanto al alcance de la nulidad, la solución pertinente será la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia de suplicación a fin de que por aquella Sala se dicte nueva sentencia en la que se integren los hechos probados con el contenido de la resolución penal.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si es ajustada a derecho la negativa de la empresa a reconocer el crédito de horas sindicales a dos representantes de los trabajadores que cambiaron su adscripción sindical en un supuesto en el que dichas trabajadoras prestaban servicios en la empresa concesionaria del servicio de vigilancia del sector de estacionamiento regulado de superficie del Ayuntamiento de Madrid y que fueron subrogadas por la empresa que se hizo cargo de tal concesión al amparo del convenio colectivo aplicable. Con motivo del cambio, se firmó un acuerdo entre las empresas entrante y saliente, y los sindicatos, en el que, respecto de los trabajadores de la saliente, y hasta que se convocaran nuevas elecciones sindicales, por parte de las empresas entrantes se reconocería una bolsa de horas sindicales adicionales. La Sala IV confirma la estimación de la demanda, al considerar que el art 12.3.3. del Real Decreto 1844/1994 establece que el cambio de afiliación del representante de los trabajadores, durante la vigencia del mandato, no implicará la modificación de la atribución de resultados. Añade que el mandato de los representantes sólo cesa por las causas previstas legalmente y ex 67.3 ET el representante de los trabajadores sigue manteniendo su condición aunque cambie su adscripción sindical. Por ello, las actoras mantienen su condición de representantes de los trabajadores y su derecho a disfrutar el crédito horario que fue concedido.
Resumen: RCUD. El trabajador estuvo en situación de IT y tras expediente de IP se le declaró en situación de IPT para la profesión habitual. El demandante no ha disfrutado de las vacaciones de 2015 y 2016 . La empresa le dio de baja y el actor reclama una cantidad en concepto de compensación económica de las vacaciones no disfrutadas correspondientes a esos años. La cuestión litigiosa quedó centrada en determinar si un trabajador en situación de IT que le imposibilita para trabajar de forma continuada durante varios años, y no ha disfrutado vacaciones anuales , tiene derecho a su disfrute o a una compensación económica a partir del momento de la extinción de la relación laboral. También se cuestiona el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción. Existió causa de fuerza mayor; ha de reconocerse el derecho a una compensación económica a partir del momento de la extinción de la relación como consecuencia de su declaración de IPT, momento en el que ha de fijarse el dies a quo para el ejercicio de la acción. Costas en cuantía de 1500. Reitera y aplica doctrina: SSTS de 14.03.2019, rcud. 466/2017, y de 28.05.2013, Pleno, (rcud. 1914/12).
Resumen: La Sala IV reitera doctrina relativa a determinar cómo se computa la antigüedad de la trabajadora, fija discontinua, a efectos de devengar el complemento salarial por antigüedad, señalando que a tales efectos debe computarse todo el tiempo transcurrido desde que se inició la prestación de servicios, aunque haya intervalos de tiempo en que no se trabajara, y no sólo el tiempo de prestación de servicios efectivos durante las sucesivas campañas a las que fue llamada, vinculado al trabajo desarrollado. Tras rectificar doctrina previa, se ha entendido que la exclusión de los periodos no trabajados por los trabajadores fijos discontinuos para adquirir el derecho a un trienio va contra la normativa europea, sin que sea una razón objetiva la existencia de una norma general y abstracta que así lo prevea. En este caso, el Convenio Colectivo aplicable tan solo dispone que, a efectos de trienios para los trabajadores fijos discontinuos, se reconocerán los servicios previos prestados sin que, en esos generales términos puedan entenderse excluidos los periodos en los que no existe actividad, no constituyendo estos términos una razón objetiva que permita mantener un trato diferente para este colectivo de trabajadores.
Resumen: PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:la extinción del contrato de interinidad por reincorporación del trabajador sustituido cuando este se formalizó para cubrir un puesto de trabajo mientras su titular estuviere desarrollando funciones de categoría superior -supervisora-, es un contrato indefinido no fijo por fraude de ley debido a su execesiva duración (5 años) y su terminación le da derecho a la actora a percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. El Juzgado de lo social estimó la demanda. El TSJ resolviendo la suplicación confirmó la sentencia de instancia. Ahora la Sala de unificación después de rechazar la excepción de inadecuación de procedimiento, no entra a resolver el fondo, por FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: COMPETENCIA-JURISDICCIÓN:la cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la jurisdicción social es competente para conocer de la reclamación de daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo sufrido por quien era un trabajador autónomo. Previamente la sala de lo Social del TSJ, declara la incompetencia de la jurisdiccional social señalando que el orden jurisdiccional civil el competente. Ahora la Sala IV del TS no entra a examinar la anterior decisión por FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: Se cuestiona la corrección jurídica de la calificación de improcedencia de una decisión extintiva basada en causa objetiva por la finalización de la contrata. El trabajador, con categoría de escolta, prestaba servicios para Prosegur para el cliente Adecco, en virtud de contrato de prestación del servicio de dos escoltas. Adecco comunicó a Prosegur la voluntad de resolver ese contrato y Prosegur entregó al trabajador carta de despido por causas organizativas/productivas. Prosegur publicó ofertas de trabajo como escolta y el trabajador demandó por despido a Prosegur. Como sintetiza la STS 247/2022, 22 de marzo de 2022 (rcud 51/2021), con cita de anteriores pronunciamientos: la pérdida de una contrata puede constituir causa objetiva, productiva y organizativa, y justificar la extinción de los contratos de trabajo adscritos a dicha contrata si la medida es razonable y proporcionada por producirse un desajuste entre los medios de que dispone la empresa y sus necesidades, sin que la empleadora esté obligada a agotar todas las posibilidades de recolocación en la empresa. En este caso la pérdida de la contrata le supuso a Prosegur un desajuste entre los medios de que dispone y sus necesidades, concurriendo así una causa objetiva, productiva y organizativa, para extinguir el contrato de trabajo del trabajador con amparo en el artículo 52 c) ET y el que en la empresa pudieran existir otros puestos análogos no desdice la existencia de causa ajena a la voluntad de la empresa.
Resumen: Se recurre la sentencia que reduce la indemnización de daños y perjuicios consecuencia de la enfermedad profesional contraída por el trabajador, debida al contacto con el amianto, fijándola en 148.746'61 euros. En el caso se trata de una reclamación de daños y perjuicios por parte de herederos de trabajador fallecido tras 40 años de actividad profesional con amianto. La Sala IV no entra a conocer del fondo ninguno de los recursos presentados por ambas partes ante la falta de contradicción entre las sentencias comparadas al existir diferencias relevantes entre unas y otras. En cuanto al recurso de los herederos, relativo a la determinación del baremo y a la denuncia de incongruencia, no concurren las identidades del art 219 LRJS. Por lo que se refiere al recurso empresarial, en el que cuestiona el nexo de causalidad, la concurrencia de causa en la enfermedad profesional y la eventual deducción de las cantidades abonadas por la SS, tampoco se dan los presupuestos exigidos por falta de contradicción.
Resumen: En la demanda de la que trae causa la sentencia anotada, se solicita la revisión de una sentencia que declaró la improcedencia del despido de las trabajadoras demandantes, apreció la existencia de grupo de empresas y condenó solidariamente al administrador persona física, con fundamento en posterior Auto del Juzgado de lo mercantil dictado en el concurso de una de las dos empresas que lo declara fortuito. El administrador acude en revisión al amparo del art. 510.1 LEC, pero la demanda se desestima porque si el auto del que pretende hacerse valer la parte para la revisión es de fecha 13-10-2017 (única fecha de la que se dispone) y la demanda de revisión se interpone el 26-11-2018, es claro que ha transcurrido en exceso el plazo de tres meses. Asimismo, se aprecia el incumplimiento del requisito de agotamiento previo de los recursos exigido por el art. 236.1 LRJS, dado que el actor no interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social cuya revisión pretende. Es más, ni siquiera intenta justificar las razones de dicha falta de recurso, habiéndose limitado a indicar que la sentencia impugnada es firme. Y, finalmente, tampoco la demanda determina de forma inequívoca la causa de revisión que se alega, y dicha exigencia no se cumple si el demandante se limita a efectuar una referencia genérica a la revisión de sentencias.
Resumen: La trabajadora mantenía una relación laboral, mediante contrato de interinidad por vacante, con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Toda vez que el contrato de interinidad fue muy superior a tres años y su causa de extinción fue la provisión reglamentaria del puesto, se le reconoce el derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio al no apreciarse ninguna razón justificativa de la falta de provisión de la vacante durante tan largo periodo de tiempo y haber adquirido la condición de indefinida no fija en el momento de la extinción de su contrato. Aplica doctrina de la sentencia 649/2021, 28 de junio de 2021, dictada por el Pleno de la Sala en el rcud 3263-2019 y de las demás sentencias deliberadas en el Pleno de 22 de junio de 2021.
