Resumen: Se discute el derecho a percibir la prestación por desempleo en una situación de jubilación parcial. Los actores accedieron a la jubilación parcial con 262,80 horas anuales. La empresa y los actores acordaron acumular su jornada parcial en jornadas completas que realizó en determinado período. En la empresa se acordó la suspensión colectiva de contratos de trabajo y el SPEE denegó a los trabajadores la prestación por desempleo. La suspensión colectiva se produjo desde el 15 de agosto de 2016 al 30 de diciembre de 2016. La sentencia de instancia desestimó la demanda de los trabajadores y fue confirmada en suplicación. El T. Supremo recuerda su sentencia de 11 de noviembre de 2020, recurso 3247/2018, cuyos argumentos reitera ahora y se concluye que no ha habido cese de la prestación de servicios porque la actividad laboral la habían realizado los trabajadores íntegramente entre determinado período, por lo que no concurre el requisito de la prestación por desempleo exigido por el art. 203.2 de la LGSS de 1994 consistente el cese de la actividad del trabajador. Los trabajadores han desarrollado su actividad íntegra y la empresa se ha beneficiado de dicha prestación de servicios y abonado el salario en un momento en el que no estaban afectados por el ERTE, por lo que no existe la suspensión de la relación laboral y, por lo tanto, no puede hablarse de situación legal de desempleo.
Resumen: La cuestión a resolver es la de interpretar el art. 215.1.1 y 3 LGSS (actual art. 275.1.2 y 3 LGSS 2015), a los efectos del reconocimiento del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, para determinar si el beneficiario carece o no de rentas propias de cualquier naturaleza que superen el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y, en su caso, de qué forma habrían de ser consideradas las cargas familiares, si deben o no incluirse en el divisor la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Se estima el RCUD del SEPE; para causar derecho al subsidio, el primer requisito consiste en que el beneficiario carezca de rentas propias de cualquier naturaleza que superen aludida cuantía, y sólo cuando este requisito ha sido superado, es cuando pueden acreditarse cargas familiares. Reitera doctrina, entre otras, SSTS 30-mayo-2000 (rcud. 2717/1999), 27-julio-2000 (rcud. 1894/99), 28-octubre-2002 (rcud. 957/2002), 26-abril-2010 (rcud. 2704/2009), 2-marzo-2015 (rcud. 712/2014); 20-julio-2016 (rcud. 2234/2015) y 13-7-2017, rcud. 3634/2015, invocada de contraste.
Resumen: RCUD.CAM. Clasificación profesional. Encuadramiento inicial. Se trata de una obligación de tracto único, cuya ejecución se formaliza mediante el contrato de trabajo. Su impugnación está sometida al plazo anual de prescripción, previsto en el art. 59.2 ET. Pero se trata de dilucidar si el plazo de prescripción, previsto en el art. 59.2 ET, es aplicable cuando se reclama una determinada categoría profesional, porque la demandante fue indebidamente encuadrada desde el inicio de la relación laboral (1997), y como es obligación de tracto único (sin perjuicio de que, una vez producido se inserte en una relación de tracto sucesivo y de posibles modificaciones ulteriores) estaría prescrito (reclama en 2018).Y no se aborda si es aplicable o no el principio de equivalencia función-categoría en una administración pública, sujeta a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, por estar prescrito. Lo que no impide dar por reconocidas las diferencias salariales. Aplica doctrina STS 12 de abril de 2005, rcud. 1739/2004
Resumen: La actora es profesora de religión y cuestiona desde cuándo debe computarse el efecto interrruptivo que tiene el inicio de procedimiento de conflicto colectivo sobre las acciones individuales sobre el mismo objeto, y que se ejercitan con posterioridad a haberse dictado la sentencia de conflicto. La recurrente subraya que el hecho de haber iniciado la acción a posteriori de haberse dictado la sentencia de conflicto colectivo no influye en sentido negativo a la interrupción de la prescripción. El núcleo debatido ha sido enjuiciado por la Sala IV en precedentes y reiterados pronunciamientos en los que se ha recordado que «la tramitación de un proceso de conflicto colectivo no solo paraliza los procedimientos individuales ya iniciados sobre el mismo objeto, sino que sirve para interrumpir la prescripción de las acciones pendientes de ejercitar. Así, los efectos que, sobre el instituto de la prescripción, pudiera tener la tramitación de procesos de conflicto colectivo exige la toma en consideración de su especial naturaleza en cuanto afectan a intereses comunes de un grupo genérico de trabajadores por versar sobre la interpretación y alcance de una norma a ellos atinente. Ello implica que la acción individual para reclamar, interrumpido su plazo por la presentación del conflicto colectivo, está sujeta a un renovado periodo anual que comienza a discurrir en cuanto alcanza firmeza la previa sentencia de conflicto colectivo.
Resumen: La beneficiaria no comunica a la entidad gestora, temporáneamente, la percepción de ganancia patrimonial por explotación de un bien inmueble. Argumenta la sentencia que tal circunstancia no debe considerarse tempestiva teniendo en cuenta que, la explotación del bien inmueble, que implicó para la beneficiaria una ganancia patrimonial superadora del salario mínimo interprofesional durante determinado periodo, debió ponerla en conocimiento de la entidad gestora cuando se produjo esa situación (determinante en su caso de la suspensión o extinción del derecho). La obligada comunicación debió acaecer, por tanto, cuando se produjo el referido ingreso y no más de un año después, en la declaración anual de rentas. La sentencia resuelve, pues, la extinción por sanción al incurrir en falta grave, ex arts. 25.3 y 47.1) de la LISOS.
Resumen: RCUD. Relación laboral especial de penados en instituciones penitenciarias. Se discute si un penado que realiza actividades laborales en un taller penitenciario tiene derecho a percibir el salario mínimo interprofesional en caso de que el empleador no haya acreditado cuál es el módulo retributivo aprobado por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (en adelante OATPP) según el art 15 del RD 782/2001, para los años 2015 y 2016 (en 2017 si lo acredita). Prescripción: niega el TSJM que sea aplicable el plazo de prescripción anual del ET. Falta de contradicción.
Resumen: RCO. CONFLICTO COLECTIVO. SERVEIS PERSONALS TRANSVERSAL FCLP SL. ERTE FM Suspensión y reducción de jornada de parte de la plantilla debido al COVID-19.Mejora voluntaria de la prestación de desempleo durante el tiempo de duración del ERTE por fuerza mayor, consistente en abonar la diferencia entre la citada prestación de desempleo y el salario que le hubiera correspondido percibir al trabajador. Supresión de dicha mejora por decisión unilateral de la empresa. La decisión empresarial no es ajustada a derecho: suprimir el complemento de prestación de desempleo fijado en el ERTE por causa de fuerza mayor autorizado el 30-3-2020, y prorrogado posteriormente; condenando a la empresa demandada a abonar a los trabajadores afectados por este conflicto colectivo el complemento de prestación de desempleo consistente en la diferencia entre la prestación de desempleo percibida y el 100% del salario que hubieran debido percibir en el supuesto de no haber sido afectados por el ERTE, desde el 28-9-2020 y durante la vinculación al citado ERTE, que se hayan individualizados en los Listados aportados. La cláusula "rebus sic stantibus" habría de invocarse como causa justificativa de la modificación en el procedimiento previsto en el art. 41 ET, pero nunca alcanzaría a justificar la supresión o modificación por unilateral voluntad de la Empresa. Pleno
Resumen: La cuestión debatida se centra en determinar si las guardias no presenciales de los trabajadores dedicados al transporte sanitario, deben computarse como tiempo efectivo de trabajo a efectos de la jornada anual. Se desestima el primer motivo de recurso, dirigido a la modificación del relato fáctico, por no darse los requisitos para su prosperabilidad. Se declara, con remisión a lo recogido en la STS de 17/2/2022 (R. 123/20), que la doctrina sentada en la STS de 21/4/16 (R. 90/15) debe ser rectificada a la luz de lo recogido en la directiva 2000/34/CE y partiendo de que a la actividad de transporte de enfermos en ambulancia no le es de aplicación el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. Se concluye, por tanto, que la sentencia recurrida aplica una doctrina que ha sido rectificada por la sentencia de esta Sala IV antes referenciada. Por ello, se estima el recurso, declarando que las horas de presencia, en las que los trabajadores se encuentran a disposición del empresario sin prestar servicio efectivo, deben ser calificadas como tiempo de trabajo efectivo.
Resumen: Conflicto colectivo en interpretación del art. 39 del convenio de limpieza de edificios de Alicante en relación al plus de transporte que se percibe 11 meses al año exceptuando las vacaciones, que debe abonarse en atención a la jornada y en la cantidad de la tabla anexa. Se insta su declaración como salarial. El TSJ desestimó la demanda. Recuren en casación las dos asociaciones empresariales y la Sala IV recordando la actuación de la ITSS que requirió el abono del plus sin tener en cuenta el porcentaje de parcialidad de los trabajadores y por día efectivamente trabajado, como la precedente demanda presentada por los sindicatos parcialmente desestimada por la Sala, se remite a doctrina previa -STS de 1/04/22 (rcud. 60/20)- que ha declarado expresamente la naturaleza no salarial del plus, calificándolo expresamente como extrasalarial y concluye afirmando que por respeto a la cosa juzgada debe partirse de la naturaleza extrasalarial del plus de transporte dado que de de su cuantía fija no puede deducirse de forma automática la naturaleza salarial. Abona gastos ocasionados por desplazamientos y el precepto convencional diferencia una cuantía fija (tablas) y otra de gastos (art. 39.3) y la DA 5 del convenio, confirma su abono por desplazamiento y no proporcional a la jornada realizada. Desestima.
Resumen: La cuestión planteada se centra en determinar los efectos temporales de la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2016, de 3 de octubre de 2016, (BOE 16/11/2016), que anuló por inconstitucional los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 4/2010, de la Comunidad de Madrid, que imponían la reducción salarial del 5% de todos los conceptos retributivos al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Particularmente, si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se impuso la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La Sala IV, no entra a conocer del fondo de la cuestión, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, al no concurrir la identidad de hechos y pretensiones. En la sentencia recurrida no se produce ninguna reclamación ni extrajudicial ni judicial a partir del momento de la entrada en vigor de la norma autonómica (luego declarada inconstitucional) por virtud de la cual pudiere considerarse interrumpido el plazo de prescripción o reclamadas unas diferencias retributivas que, al cabo, son consideradas ilícitas. Sin embargo, en el supuesto examinado en la sentencia referencial existe una reclamación colectiva oportunamente judicializada mediante la formulación de un conflicto colectivo en el año 2011 y a raíz precisamente de la entrada en vigor de la Ley autonómica.
