Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada se ciñe a determinar si es ajustada a derecho la decisión del Hospital Gregorio Marañón de deducir determinadas cantidades de lo abonado en concepto de guardias médicas debido a que, como consecuencia de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, se aumentó la jornada ordinaria, pasando a considerarse parte de las horas de guardia médica como horas de jornada ordinaria. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción. En efecto, mientras en la sentencia recurrida consta que los actores realizaron un número total anual de horas de trabajo en 2014 superior a la prevista con carácter anual de 1657,30 horas, en la sentencia de contraste se consigna que los demandantes no han acreditado que su horario habitual de 8 a 15 horas se vea habitualmente ampliado, ni que lo haya sido en los periodos afectados por su reclamación y, siendo un hecho constitutivo de la pretensión, estaría al alcance del demandante, en todo caso, el pedir al Juzgado que requiriese a la entidad demandada la aportación de cuantos documentos estimase oportuno, atendiendo así al criterio de la mayor facilidad probatoria. Por lo tanto, son diferentes los hechos de los que parten, lo que impide apreciar la contradicción.
Resumen: El recurso pretende que se deje sin efecto el reconocimiento de la indemnización prevista en el art. 63.1.B del Convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid de 2005 para el supuesto de extinción del contrato de trabajo a resultas de la declaración de la actora en situación de Incapacidad permanente total atendida su edad a la fecha de dicha declaración. El núcleo litigioso pivota sobre si las previsiones a las que se refiere el art. 63.B.2 del Convenio Colectivo quedan sin aplicabilidad al estar suspendidas desde el año 2013 por las diversas Leyes de Presupuestos. En la presente Litis es el derecho indemnizatorio como miembro electivo, según el invocado art. 63.1.B) del convenio, el que es objeto del debate acerca de su suspensión o no por mor de aquellas disposiciones presupuestarias. La regulación específica conectada con la proyectada intervención de los órganos de prevención no conlleva la mutación de la naturaleza de la indemnización plasmada en el convenio. Elegida la vía indemnizatoria -una vez cumplimentados los requisitos legales, que aquí no fueron cuestionados-la misma queda sujeta a las mismas incidencias presupuestarias que alcanzarían a quienes teniendo una edad superior a 55 años y una situación de IPT ven extinguida su relación laboral, con la indemnización prevista en ese supuesto, o las que pudieren percibir quienes son declarados en IPA o GI, o en los casos de fallecimiento, y, en fin, cuando se tratare de complementar situaciones de IT
Resumen: ITSS levantó acta de liquidación (falta de alta y afiliación) de los técnicos contratados por el Ayto mediante contrato de arrendamiento de servicios al amparo de Convenio de colaboración con la Diputación durante 2012-15. Consta que realizan informes y firman como técnicos municipales, informan al público, tienen despachos (ordenador, teléfono, impresora), prestan servicio presencial 2 días por semana y horario de 4 h, perciben cantidad fija mensual que facturan independientemente de los informes realizados, sus vacaciones son en agosto, plena disponibilidad para emergencias. Están de alta RETA y también prestan servicios para otro Ayto. El JS estimó la demanda y declaró la existencia de relación laboral. El TSJ estimó el recurso del Ayto apreciando dedicación muy escasa y falta de exclusividad, se está ante un contrato de consultoría. Recurre en cud la TGSS, la Sala IV remite a sus resoluciones previas, los servicios prestados son propios de una relación laboral y concurren las notas de habitualidad, ajenidad, dependencia e integración en el ámbito de dirección. Ni la corta dedicación temporal ni la falta de exclusividad restan su consideración de relación laboral. Ni que presten servicios como profesionales para el Ayto, porque la facturación es distinta. Es irrelevante que la causa sea un convenio entre Diputación y Colegios profesionales, la subvención no predetermina el tipo de relación y los contratos son lo que son con independencia del nomen iuris que den las partes
Resumen: SUBROGACIONES EMPRESARIALES:La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en decidir si resulta de aplicación a los trabajadores demandantes con contratos FACTP de 1.02.2016 la Disposición Transitoria 3ª de la segunda parte del XX Convenio colectivo de Iberia LAE de su personal de tierra. Como la DT 3ª establece un momento temporal en el que se tenía que haber suscrito el contrato de trabajo fijo de actividad continuada a tiempo parcial (FACTP) y ese momento era el de la fecha de la firma del XX Convenio colectivo -15 de abril de 2014-, y como consta acreditado que todos los actore comenzaron a prestar servicios el 1.02.2016, no le es de aplicación. Se estima el recurso de unificación, se revoca la sentencia de suplicación y estimando el de tal clase, se anula la sentencia del Juzgado de lo Social.
Resumen: RCUD.CAM. Clasificación profesional. Encuadramiento inicial. Se trata de una obligación de tracto único, cuya ejecución se formaliza mediante el contrato de trabajo. Su impugnación está sometida al plazo anual de prescripción, previsto en el art. 59.2 ET. Pero se trata de dilucidar si el plazo de prescripción, previsto en el art. 59.2 ET, es aplicable cuando se reclama una determinada categoría profesional, porque la demandante fue indebidamente encuadrada desde el inicio de la relación laboral (1997), y como es obligación de tracto único (sin perjuicio de que, una vez producido se inserte en una relación de tracto sucesivo y de posibles modificaciones ulteriores) estaría prescrito (reclama en 2018).Y no se aborda si es aplicable o no el principio de equivalencia función-categoría en una administración pública, sujeta a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, por estar prescrito. Lo que no impide dar por reconocidas las diferencias salariales. Aplica doctrina STS 12 de abril de 2005, rcud. 1739/2004
Resumen: El actor prestó servicios para una empresa de handling del Aeropuerto de Bilbao mediante contratos temporales sucesivos iniciando la prestación en 2010 con una última contratación indefinida; la fecha de antigüedad reconocida en los recibos de salarios es de 7 de marzo de 2017. Postuló acción declarativa de antigüedad. El JS apreció excepción de falta de acción y desestimó sin entrar a conocer el fondo. El TSJ estimó el recurso declaró la nulidad de la sentencia de instancia con retroacción de actuaciones al momento anterior a ser dictada la resolución judicial para que el juez se pronuncie sobre la fecha de antigüedad solicitada en la demanda. Recurre la empresa en cud, la Sala IV remite a su jurisprudencia, STS 26 de abril de 2020 (rcud. 2290/09) y la del TC (STC 71/91), sobre la admisibilidad de acciones declarativas siempre que exista interés legítimo digno de tutela judicial, por existir una verdadera controversia y la concurrencia de una necesidad de protección jurídica -derecho insatisfecho al que se trata de tutelar mediante la acción que se ejercita-. Aprecia que en el caso la empresa sólo reconoce antigüedad desde 2017 y el convenio colectivo de empresa aplicable atribuye relevancia a la antigüedad a efectos del acceso a curso de formación, excedencia voluntaria, entre otras cuestiones, por lo cual la reclamación tiene incidencia en la esfera de los derechos del trabajador. Desestimó el recurso de la empresa y confirmó la STSJ.
Resumen: No es posible consolidar la categoría superior de técnicos prácticos en control y vigilancia de obras, explotación y carreteras, encuadrada en el Grupo III, categoría 9 del sistema de clasificación profesional del convenio por el desempeño prolongado de funciones propias de dicho grupo y categoría, en la Agencia Gallega de Infraestructuras, encuadrada en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia, cuando el Convenio Colectivo único del personal laboral de la Junta de Galicia, determina que el único proceso válido para consolidar una categoría superior es el de superar el correspondiente proceso en los términos regulados en el Convenio. Reitera la sentencia abundante jurisprudencia anterior en que se determinó que el ascenso de categoría fundado en el desempeño de tareas superiores está supeditado a las exigencias de la norma legal o convencional que la regula, de forma que los trabajadores tienen el derecho a reclamar la cobertura de las vacantes y las diferencias salariales pero no el derecho a ser clasificados en el grupo profesional y categoría pretendidos porque lo prohíbe el art. 15.5 del convenio colectivo. No se discute el derecho a la percepción de las retribuciones correspondientes a la categoría superior.
Resumen: La limpiadora fue subrogada el 15/12/ 2015, la empresa entrante no abonó el plus por trabajos penosos, tóxicos o peligrosos el periodo que reclama comprende desde la fecha de la subrogación hasta 26/09/16 por importe de 630,56€, el plus sí se le abonaba la saliente. El JS desestimó la demanda e indicó que no cabía recurso. El TSJ conoció y estimó el recurso sobre derechos-cantidad, declaró el derecho de la actora al percibo del plus y condenó a la entrante al abono de la cantidad reclamada. Recurre en cud la empresa de limpieza. La Sala IV de oficio examinó la competencia funcional, remitiéndose a su doctrina consolidada: 1.- si reclama derecho laboral depende de sus consecuencias económica, 2.- si la acción declarativa es insuficiente y se ejercita conjuntamente con la condena es elemento determinante del recurso la cuantía, 3.-ante acciones sin contenido dinerario para fijar su valor cuantitativo debe estarse a los efectos económicos que pueda alcanzar el cumplimiento de la declaración, y 4.- se excepciona la regla cuando el valor es indeterminado o indeterminable. En el litigio apreció que versa sobre un plus de periodicidad mensual que ha de ser cuantificado en cómputo anual, en el caso, no cabe recurso por razón de la cuantía al no alcanzar los 3.000 € en aplicación del art. 192.3 LRJS. Recuerda que la sentencia de instancia ya indicó la irrecurribilidad en suplicación, casa y anula la sentencia de suplicación y declaró la firmeza de la sentencia de instancia.
Resumen: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD:la cuestión que se plantea en este recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar los efectos temporales de la STC 164/2016, de 3 de octubre de 2016, que anuló por inconstitucional los apartados 1 y 2 de la DA primera de la Ley 4/2010, de la Comunidad de Madrid, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de dicha Comunidad. En concreto, se somete a la decisión de la Sala si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se impuso la medida por la empresa. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: La Sala IV desestima el recurso de casación unificadora formulado por la empresa que tiene por objeto resolver si la aplicación del principio non bis in idem impide que pueda imponerse a la empresa una sanción administrativa por infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales contempladas en la LISOS, derivada del mismo accidente de trabajo por el que han sido condenados en vía penal dos trabajadores de las empresas subcontratadas. La sentencia reitera pronunciamientos anteriores sobre la misma cuestión, y declara que, cuando se produce la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos, no cabe la doble sanción penal y administrativa. No hay identidad subjetiva cuando el condenado en vía penal es una persona física y la sanción administrativa se impone a la persona jurídica. Y esa falta de identidad implica que no sea de aplicación el principio non bis in ídem. El art. 3 de la LISOS recoge el principio non bis in idem y ordena la suspensión del proceso administrativo hasta la resolución del penal; suspensión para la que no se exige la triple identidad aludida. Ahora bien, sólo cuando la empresa haya sido condenada penalmente procede la aplicación del principio non bis in idem. En el supuesto analizado la sentencia penal sólo condena a 2 trabajadores de las empresas subcontratadas y la sanción administrativa afecta a la empresa recurrente, por lo que la aplicación del principio citado supondría una injustificada exoneración de la responsabilidad de ésta.
