Resumen: El SEPE 13/06/17 comunica procedimiento de revisión de revocación de prestaciones de desempleo reconocidas 7/01/15 por impugnarse el despido y reconocer el derecho al percibo de salarios de tramitación incompatibles con su percibo. Revocó el 28/08/17 reclamando las cantidades indebidamente percibidas. El despido fue declarado improcedente en 2015 se optó por la indemnización, la asociación estaba disuelta desde 25/06/14. Reclamó al FOGASA, el 18/01/17 reconoció 95 días de salarios de tramitación. El JS revocó la resolución del SEPE sin perjuicio de instar la revisión mediante el procedimiento del art. 146 LRJS. El TSJ confirmó al entender que el SEPE carece de facultad de autotutela para revisar su acto declarativo previo por haberla ejercitado trascurrido más un año desde que se dictó la inicial resolución del reconocimiento de la prestación y debería ejercitarla formulando demanda judicial. La Sala IV recuerda que el art. 146 contiene una regla de excepción a la prohibición de autotutela en materia de desempleo y en el caso, respecto al lapso de un año para su ejercicio, tiene en cuenta que la resolución del FOGASA se activó por el actor, se reconocen salarios de tramitación y cual fue la fecha de su conocimiento por el SEPE. Consideró que acontece una incompatibilidad sobrevenida inexistente cuando se reconoció la prestación, es la resolución FOGASA la que determina la prescripción de un año y desde día en que pudieron ejercitarse las acciones, aplica art. 1969 CC y 55 LGS
Resumen: La cuestión suscitada es la relativa a determinar si la reducción a la mitad de un determinado complemento salarial se ha consolidado porque la recurrente en casación unificadora ejerció la acción nueve años después. La actora ha prestado servicios para las sucesivas mercantiles adjudicatarias del servicio de gestión de escuelas municipales de Burgos. Entre sus retribuciones percibía mensualmente un "complemento cooperativa", que fue reducido a la mitad en 2009. En la demanda reclama a su actual empleadora, 9 años después, las diferencias por dicho complemento. La sentencia de instancia estimó la demanda, siendo revocada tal decisión por la Sala de suplicación por haber prescrito la acción. La sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción entre sentencias, razona que la reducción del complemento no puede calificarse de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por no haberse cumplido los requisitos del art. 41 ET. En consecuencia, no resulta de aplicación el plazo de caducidad contemplado en el art. 138.1 LRJS en relación con el art. 59.4 ET. Y el incumplimiento de la obligación de tracto sucesivo salarial por la empresa supone que la trabajadora puede formular reclamación mientras la obligación subsista, aunque se mantiene la prescripción general del año contemplada en el art. 59 ET. Se estima el recurso de la actora, casando la recurrida y declarando la firmeza de la sentencia de instancia, estimatoria de la demanda de reclamación de cantidad.
Resumen: Se debate en el recurso de casación unificadora si el actor, que fue director general de la empresa demandada hasta su despido objetivo, tiene derecho a percibir el bonus devengado en el año 2016. La sala IV desestima el recurso por no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas. Así, mientras que en la de contraste los objetivos del actor los fijaba el director general y la razón de decidir es que, ante la situación de crisis, la empresa debió acudir al art. 41 ET, en la sentencia recurrida el actor es el propio director general de la empresa y consta que la empresa no tuvo beneficios en el año 2016, por lo que no se daban las condiciones para el devengo del bonus y que, en cualquier caso, el bonus no es un concepto consolidable.
Resumen: Recuerda esta sentencia que la competencia funcional para conocer del recurso de suplicación es revisable de oficio, sin que la Sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado al respecto en el propio trámite de suplicación, porque la recurribilidad en casación depende a su vez, de que la sentencia de instancia sea recurrible en suplicación. La aplicación de esta doctrina al supuesto litigioso, determina el acceso al recurso de la sentencia recurrida, toda vez que en el se trataba de decidir sobre el carácter compensable y absorbible de los pluses de transporte y vestuario previstos en el convenio colectivo de la empresa SAGITAL, S.A., por tratarse de una cuestión que afecta a un gran número de trabajadores, habiéndose presentado al menos unas treinta demandas en el juzgado de procedencia, además de en otros Juzgados de lo Social de Madrid, de manera que existe una significativa litigiosidad real - y no meramente potencial - sobre la materia, habiendo sido además admitidos por la Sala otros recursos con el mismo objeto y la misma empresa demandada.
Resumen: El trabajador prestó servicios como informador desde 2004, mediante sucesivos contratos temporales con contrato eventual, mercantiles y de obra o servicio. El JS declaró la relación laboral indefinida. Recurre RTVE, el TSJ desestimó el recurso porque la relación temporal era fraudulenta y a las sociedades mercantiles públicas no le son de aplicación los arts. 23 y 103 CE. La Sala IV reiterando su jurisprudencia considera que la figura de INF resulta también aplicable a las Sociedades Mercantiles estatales, ya que son sector público estatal, figurando en el art. 2 LGP y por aplicación de la DA 1ª del EBEP que dispone que los principios del art. 55 EBEP (de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público, concepto más amplio que función pública) son de aplicación a las entidades del sector público estatal no incluidas en el art. 2 EBEP, incluyendo tanto entidades de derecho público como otras del sector societario. Reitera su doctrina, explicando que su anterior parecer fue objeto de revisión a partir la STS de 18 de junio de 2020; la condición de INF es aplicable a RTVE, y porque el ingreso en situación de fijo según art. 35.4 de su Estatuto sólo podría realizarse mediante las correspondientes pruebas de admisión. La Sala IV descarta plantear una cuestión prejudicial por no existir duda razonable de la normativa interna al derecho de la UE ni en relación a la calificación de INF, ni de la aplicación de la figura a las sociedades mercantiles del sector publico.
Resumen: Se cuestiona la eventual eficacia retroactiva del I Convenio Colectivo del Grupo RENFE respecto del personal incorporado que procedía de FEVE, a fin de decidir si estos trabajadores tienen derecho a percibir la compensación económica por los días de descanso no disfrutados correspondientes al año 2016 al haberles aplicado a la sazón la normativa de FEVE. Tal decisión depende de la interpretación y aplicación de las cláusulas que sobre entrada en vigor del I Convenio del grupo RENFE se disponen en el mismo. La Sala IV reitera doctrina, casando y anulando la sentencia recurrida, desestima la demanda. El art 3 del I Convenio estableció para el personal proveniente de FEVE que la vigencia se iniciará el 1/1/16. Dicha norma colectiva se firmó el 20/9/16. Durante ese periodo los trabajadores habían realizado la jornada de trabajo según la regulación del convenio de FEVE. El exceso de jornada, de haberlo, lo fue con respecto a una normativa que, en el momento de la realización de la prestación laboral, se encontraba plenamente vigente y con absoluto respeto a la misma. El hecho de que, con posterioridad la norma, prevea una regulación del tiempo de trabajo absolutamente diferente no puede resultar de aplicación a los efectos de la consideración de la jornada y sus limitaciones o excesos que se habían establecido de conformidad con el convenio que legalmente estaba vigente para los trabajadores afectados. Lo contrario supondría una retroactividad de grado máximo.
Resumen: La cuestión que se suscita consiste en determinar la naturaleza mercantil o laboral de la relación de una persona que, bajo la fórmula de un contrato mercantil, prestaba servicios para la entidad demandada -una agencia de seguros-, consistentes, básicamente, en el cobro domiciliario de recibos y esporádicamente intervenía en la captación de clientela. En el caso, las partes celebraron un contrato mercantil de nombramiento de auxiliar externo, siendo la función esencial del actor el cobro de recibos y, ocasionalmente, la captación de clientela para la agencia de seguros, siendo calificada tal relación como mercantil por la sentencia recurrida. Sin embargo, tal parecer no es compartido por la Sala Cuarta que declara la existencia de una relación laboral. Razona al respecto que pese al nombre que se le ha dado al contrato, la relación no es mercantil porque no tiene por objeto una actividad de mediación entre los tomadores de seguros y las entidades aseguradoras, sino que el trabajo concertado es con carácter principal el relativo al cobro de recibos, aunque con carácter complementario se desarrollen otras tareas (aclaración de dudas, gestión de incidencias en pólizas vigentes y suscripción de otros productos con los mismos clientes -es decir, con los afectados por el cobro-, sus familiares o vecinos). No se trata, por lo tanto, de una actividad de mediación de seguros.
Resumen: La sentencia anotada confirma la dictada por la Sala de suplicación que estimó la demanda presentada por el actor, en que solicitaba se le reconociera la jubilación anticipada que le fue denegada tras acogerse al plan de prejubilaciones de Banca Cívica, al sostener el INSS que en el momento del hecho causante no acreditó cotizaciones anteriores al 1-1-1967 y, específicamente, porque la extinción de su contrato fue voluntaria. Reitera lo dispuesto en las STS 10-3-2021 R. 317/2019 y13-64-2022 R.394/2019, en que se concretaron los requisitos de los apartados b) y d) del art. 161 bis 2 LGSS, de tal suerte que, en el caso, el actor estaba incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 22-1-2-2010, puesto que cumplió 55 años durante 2011, habiéndose ofertado por la empresa la prejubilación, conforme a dicho acuerdo. Así las cosas, tenía 61 años al momento de la solicitud, había cotizado más de 30 años a la SS y su contrato se extinguió con base al acuerdo colectivo mencionado, habiéndosele abonado por Banca Cívica las prestaciones contributivas por desempleo, así como las cotizaciones a la SS desde la desvinculación de la empresa hasta la fecha de solicitud de la jubilación anticipada, lo cual permite concluir que la extinción de su contrato de trabajo no fue voluntaria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 161.bis. 2, y no le eran aplicables los apartados b y d del citado precepto.
Resumen: Se discute la naturaleza jurídica de la relación mantenida entre un Ayuntamiento y varios técnicos, amparada en convenio de colaboración suscrito por la Diputación Provincial de Valencia con diversos Colegios Profesionales. La Sala IV, siguiendo doctrina previa establecida para supuestos similares, concluye que concurren las notas que caracterizan la relación laboral, habiendo desarrollado los citados trabajadores sendas prestaciones de servicios voluntarias, dependientes, ajenas y retribuidas. Así, concurre la dependencia pues estaban sujetos a un horario y realizaban y firmaban los informes obrantes en los expedientes del Ayuntamiento relativos a licencias de aperturas, infraestructuras de alumbrado público y suministro de agua, licencias de obra y de ocupación, además de informar al público, incorporándose su trabajo a la base informática del Ayuntamiento. Además, concurre la ajenidad, pues percibían una retribución fija independiente del número de informes y dictámenes, proporcionándoles el Ayuntamiento el lugar y los medios de trabajo. Sin que la percepción de sus retribuciones por medio de facturas y la suscripción del contrato de arrendamiento de servicios desvirtúe la concurrencia de las notas características de la relación laboral.
Resumen: Se discute la existencia de cesión ilegal entre la empresa principal y la empleadora del actor, habiendo suscrito ambas empresas un contrato de suministro de contenidos para programas informativos. La sentencia resuelve que, a pesar de las evidentes similitudes entre los fallos enfrentados, no concurre la triple identidad exigida por el art. 219 LRJS ya que en la sentencia recurrida se ha acreditado que el actor estuvo bajo el poder de dirección y organización de su empresa; mientras que en la de contraste se probó que el trabajador recibía órdenes directas de los redactores jefes y editores de la empresa principal que distribuía su trabajo, organizaba y le encomendaba tareas.
