Resumen: La sentencia apuntada resuelve el RCUD interpuesto por la Diputación Foral de Bizkaia contra la dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que reconoció a una trabajadora un grado de discapacidad del 33%. Se debate si el reconocimiento de una incapacidad permanente total por el Instituto Nacional de la Seguridad Social conlleva automáticamente, a todos los efectos, el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33%, conforme al artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, en su redacción anterior a la Ley 3/2023. El Ministerio Fiscal informó a favor del recurso. El Tribunal Supremo aprecia contradicción y, reiterando la doctrina fijada en las sentencias de Pleno de 29 de noviembre de 2018, declara que dicho precepto incurrió en exceso en la delegación legislativa al sustituir la expresión a los efectos de esta ley por a todos los efectos, modificando sustancialmente el mandato conferido por la Ley 26/2011. En consecuencia, concluye que el reconocimiento de la incapacidad permanente total no determina automáticamente el del 33% de discapacidad. Estima el recurso, casa y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y confirma la desestimación de la demanda, sin pronunciamiento especial sobre costas.
Resumen: El convenio aplicable a personas contratadas temporalmente ésta al amparo de programas autonómicos de fomento del empleo es el propio de la entidad empleadora, de forma que la trabajadora debe percibir igual cuantía que cualquier otra persona que realice las mismas tareas dentro de dicha institución, sin que el hecho de que su contrato sea temporal o tenga como objeto la realización de un trabajo dentro de un programa de actuación subvencionado pueda permitir la exclusión de la aplicación de las normas salariales que tiene establecidas la entidad municipal contratante.
Resumen: La Sala IV estima el recurso de la Junta de Andalucía y en consecuencia desestima la demanda de la trabajadora. Esta solicitaba el derecho a percibir el complemento de antigüedad, siendo que la trabajadora inicialmente prestó servicios para la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) en virtud de un contrato temporal cuyo objeto era el desarrollo del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, en cuya relación laboral se subrogó posteriormente la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), quien concertó con ella un contrato indefinido no fijo. Se reitera doctrina que señala que complemento de antigüedad no es aplicable a la actora aunque haya adquirido la condición de indefinida no fija porque las condiciones de trabajo son las que regían con anterioridad a la integración del personal de la FASS en la ASSDA y tenía un régimen retributivo propio, al estar su tipo de contratación excluida del Convenio Colectivo FASS. De forma que no cabe declarar el derecho de la trabajadora a que se le aplique el complemento de antigüedad que nunca había percibido, al estar excluida de la aplicación del precedente art. 22.4 del convenio FASS, máxime cuando de la equiparación con la retribución de la categoría inmediatamente inferior se excluyó al complemento de antigüedad previsto en el convenio colectivo, reclamando la parte actora la percepción de dicho complemento de antigüedad, además de seguir percibiendo el complemento personal absorbible.
Resumen: Se examina si el orden social es competente para resolver el despido de una trabajadora contratada en virtud de sucesivos contratos administrativos al amparo de la normativa propia de la Comunidad Foral de Navarra, que solicita su improcedencia, previo reconocimiento de su condición de trabajadora fija o indefinida no fija, por entender que ha concurrido fraude en la contratación administrativa al haber atendido a otras necesidades. El JS estimó la excepción de incompetencia de jurisdicción social que confirma el TSJ. La trabajadora recurre en casación unificadora. La Sala IV distingue dos supuestos: aquellos en los que solo se cuestiona la duración inusualmente larga de la contratación administrativa, sin discutir que no se corresponde con la causa legalmente prevista, para los que no es competente la jurisdicción social; otros en los que en la contratación administrativa concurren otras irregularidades a las de su excesiva duración, para los que es competente el orden social. En este último supuesto se enmarca la sentencia recurrida en el que se cuestiona la causa de la contratación, por lo que es competente para el conocimiento de la pretensión la jurisdicción social. Estima el recurso.
Resumen: Se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la sentencia de instancia que había declarado que la falta de subrogación del art. 44 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) constituyó un despido nulo por lo que condenó a la readmisión de la persona trabajadora con la condición de fija. Se postula como sentencia de contraste una resolución que apreció cesión ilegal del art 43 ET y consideró que la readmisión en la AEMPS debía producirse con la condición de indefinido no fijo. Sin embargo, la Sala no aprecia contradicción ya que se trata de supuestos distintos aplicando ambas resoluciones la doctrina de la Sala IV: en el caso de la subrogación de una persona trabajadora que es fija en la empresa saliente, conserva tal cualidad en la entrante aun cuando se trate de una entidad pública; mientras que si se declara la existencia de una cesión ilegal, no puede declararse la fijeza, sino la condición de la relación laboral como indefinida no fija, también en el caso de un ente público. La cuestión de los efectos de cosa juzgada de un despido colectivo quedaba al margen de la discusión. Falta de contradicción.
Resumen: La sentencia anotada desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Iberia y confirma la sentencia del TSJ de las Islas Baleares que ordenaba computar, a efectos de complemento de antigüedad, toda la duración de la relación laboral del trabajador iniciada el 30/9/1998 incluidos los periodos de inactividad propios de la fase de fijeza discontinua, salvo la suspensión colectiva pactada entre el 15 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. El Alto Tribunal concluye que no opera la preclusión del art. 400.2 LEC ni la cosa juzgada pues la demanda previa de 2009 se limitó a reclamar que los días efectivamente trabajados se contaran íntegros con independencia de la jornada, mientras que la acción de 2021 presentada tras el ATJUE de 15-10-2019 (C-439/18 y C-472/19) y la STS 790/2019, que cambiaron la doctrina, persigue por primera vez que se tome en consideración todo el tiempo de vinculación contractual. Dado que las pretensiones son distintas y el nuevo fundamento jurídico no pudo invocarse útilmente en 2009, el Tribunal aprecia que no se vulnera el principio de seguridad jurídica; ratifica el derecho del empleado al complemento de antigüedad en los términos señalados. Así, el fallo consolida que el cómputo de antigüedad del personal fijo discontinuo abarca la totalidad de la relación laboral y no solo los servicios efectivos conforme al art. 16.6 ET y la jurisprudencia derivada de la Directiva 97/81/CE.
Resumen: Se estima el recurso de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y en consecuencia se desestima la demanda al entender que las trabajadoras, que prestan servicios como Monitoras de Educación Especial, no han estado sometidas a cesión ilegal entre las diversas empresas contratistas del servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos de la provincia de Granada y la Junta de Andalucía. La Sala IV reitera doctrina señalando, con arreglo a los datos del caso, que se trata de un supuesto de descentralización productiva en la que la empresa contratista posee suficiente infraestructura organizativa, mantiene la organización, dirección y control de la actividad laboral, asumiendo las funciones inherentes a su condición de empresario. Las empresas contratistas ejercieron como empresarias reales de la trabajadora -aun con la lógica intervención del centro- sin que exista razón para considerar que se apartaran de los condicionados de su contrato de prestación de servicio en cuanto a la forma de llevar a cabo éste, todo ello en el marco de una contrata administrativa en la que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, había subcontratado la atención de los alumnos con necesidades especiales con diferentes empresas contratistas.
Resumen: Conflicto colectivo que tiene por objeto determinar si es contraria a derecho la práctica de la empresa FREMAP que para abonar la compensación por comida en jornada partida, que contempla el convenio de la empresa por remisión a otro convenio, exige a los trabajadores aportar factura o ticket. La AN estima la demanda. La Mutua FREMAP interpone recurso de casación ordinaria. Se trata de un conflicto que se centra en la interpretación de determinados preceptos convencionales del Convenio colectivo interprovincial de Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61 (BOE nº 288 de 30 de noviembre de 2009) y en lo no previsto en el Convenio sectorial de Seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. La Sala IV, previa exposición de los criterios sobre interpretación de los convenio, afirma que la sentencia recurrida ha aplicado las reglas hermenéuticas que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. del CC y sus conclusiones no se alejan de la lógica jurídica ni conducen a una solución irrazonable o absurda. Asimismo, no considera acreditado la vulneración del art. 19.3 de la Ley de presupuestos para 2023, que establece que los gastos de acción social no podrán incrementarse, por estar incluido el gasto por comida dentro del gasto social, al desconocerse el aumento que supondría esta obligación y no haberse probado tal extremo. Desestima el recurso.
Resumen: El trabajador reclama el derecho a percibir el plus tóxico-penoso que tras ser subrogado la empresa entrante le ha dejado de abonar pese a que la empresa saliente lo pagaba en la nómina bajo la denominación de «plus TP». JS desestima la pretensión y el TSJ confirma la sentencia de instancia. El trabajador recurre en casación para la unificación de doctrina, La Sala IV afirma que el escrito de recurso no cumple mínimamente con las exigencias formales legalmente exigibles por omitir toda fundamentación de la infracción legal que denuncia. Desestima.
Resumen: La cuestión por resolver en la sentencia anotada consiste en determinar el "dies a quo" para el ejercicio de la acción de impugnación de la sanción cuando en la comunicación de la sanción al trabajador no determina ni el inicio ni el fin del periodo de cumplimiento, y si se produce o no indefensión para el ejercicio de acciones que legítimamente le correspondan. El juzgado desestimó la demanda del trabajador y confirmó la sanción, siendo dicho parecer compartido por la Sala de suplicación. En el recurso de casación para la unificación de doctrina, el trabajador recurrente denunció la infracción del art. 58.2 del ET, para sostener que de su contenido se desprende que la empresa no puede dejar indeterminada la fecha de cumplimiento de la sanción de suspensión de empleo y sueldo a expensas de su unilateral voluntad. El TS da lugar al recurso de su razón por considerar, que la determinación del "dies a quo" para el ejercicio de la acción de impugnación de la sanción, no es el mismo formalmente que el establecido para impugnar una sanción de despido. El "dies a quo", vendrá determinado por el día en que la acción pudo ejercitarse, por tanto, dicho momento será el que se le comunicó al trabajador dicha sanción, sin que sea necesario ni relevante que en la carta de sanción se determine el momento del inicio ni el fin del periodo de cumplimiento o su correlativa ejecución. Se declara la nulidad de la sanción de suspensión de empleo y sueldo objeto del litigio.
