Resumen: RCUD. Pleno. Se estudia cuál es la acción que debe ejercitarse cuando la empresa deniega el reingreso del excedente (empleada de hogar) alegando que no existen vacantes que se ajusten a su perfil. La controversia casacional radicó en si constituía o no constituía despido la decisión empresarial de negar la reincorporación al excedente con base a la inexistencia de vacantes. La modalidad procesal de despido es adecuada para resolver esa demanda de una trabajadora excedente que solicita el reingreso, la empresa niega la existencia de vacante y la trabajadora afirma que sí que había una vacante y sostiene que se produjo un despido tácito, solicitando que se declare improcedente o que debía haber ejercitado la acción de reingreso y no la de despido, lo que debía haberse subsanado al amparo del art. 102 de la LRJS. El Pleno del TS entiende que no deben anularse las actuaciones para que se tramite conforme al procedimiento ordinario. Pero no se suscitó en casación el debate litigioso relativo a si, cuando se ejercita una demanda de despido y se tramita la modalidad procesal de despido, en caso de que no se acredite la voluntad empresarial extintiva de la relación laboral, debe aplicarse el art. 102 de la LRJS, precepto que no se invocó en el precedente STS de 6 de abril de 2022, recurso 200/2021. El Voto Particular afirma que el procedimiento adecuado es el ordinario, sin que la elección de uno u otro procedimiento corresponda a la trabajadora, y debió reconducirse en instancia.
Resumen: Se plantea demanda de conflicto colectivo por los sindicatos reclamando que se aplique la jornada de 35 h. en el ente público Madrid digital, afecta a la totalidad de la plantilla. El TSJ desestimó por no acreditar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. Recurren los sindicatos, la Sala IV confirma la sentencia de instancia. Razonó que la jornada que realizan se implantó por el RD-Ley 20/12, permitiendo suspender o modificar los convenios colectivos que afectan al personal laboral ante concurrencia de causa grave de interés público derivada de alteración sustancial de circunstancias económicas y se trata de un mecanismo establecido en el EBEP. La DA 144ª LPGE/18 permite una jornada distinta a las 37,5 h., en el caso se pide recuperar las 35 h. pactadas en convenio pero exige que en el ejercicio presupuestario anterior se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. Argumentó que el ente es sector público y su convenio colectivo quedó sin efecto, que ello no es una invasión de la NC: las disposiciones legales prevalecen sobre otras fuentes, el D-ley 6/11 no vulnera el derecho de libertad sindical, pudiendo ser modificado el convenio por ley posterior. Concluye que el distinto régimen de la jornada de 37,5 h el legislador lo somete a NC y además impone requisitos (objetivos regulados LO 2/2012), la NC debe fijar la jornada pero requiere previamente acreditar objetivos, y no consta.
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar si el trabajador, tras la formalización válida de varios contratos temporales con Canal de Isabel II , el último de los cuales se suscribió en la modalidad de interinidad por vacante, tiene derecho a conservar los derechos del acuerdo colectivo de garantías individuales suscrito para el supuesto de subrogación, una vez que el demandante, tras la superación con posterioridad a la subrogación de un concurso en turno libre, suscribió un contrato indefinido con "Canal de Isabel II Gestión SA" el 4/5/15. Desde entonces, el actor ha dejado de percibir determinados conceptos salariales previstos en el acuerdo de garantías individuales firmado entre el ente público Canal de Isabel II y los representantes de los trabajadores el 30/04/10, cuyo importe reclama en las presentes actuaciones. La Sala IV, reiterando el criterio sentado en anteriores sentencias, desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el actor razonando que acuerdo colectivo de garantías individuales para el supuesto de subrogación deja de aplicarse a quien era contratado interinamente y, con posterioridad a la subrogación y tras superar el proceso selectivo suscribe contrato indefinido, extinguiéndose el contrato de interinidad. Se trata de un supuesto de novación extintiva y el contrato protegido por el acuerdo de 30/4/10 era el temporal, no el indefinido.
Resumen: PERSONAL LABORAL SOCIEDADES MERCANTILES: RTVE. Contrato interinidad por sustitución destinado a cubrir una plaza por traslado de la trabajadora sustituida a otro centro trabajo de la empresa (de Salamanca a Madrid). Duración excesiva. Su contrato es indefinido ordinario por fraude de ley. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: Se cuestiona si corresponde declarar fraudulento el contrato de interinidad por vacante que unía a la trabajadora con un Patronato Municipal, mediante contrato temporal de interinidad por vacante, y si hay que reconocerle a la trabajadora la consideración de indefinida no fija. La actora llevaba prestando servicios para el Patronato desde el 1/9/2008, en virtud de un contrato destinado a cubrir temporalmente un puesto de trabajo «hasta la realización de pruebas de selección, amortización de plaza, promoción interna o fin de la necesidad de cubrir plaza». Aun cuando el contrato haya cumplido los requisitos, previstos en el artículo 4.1 y 2.b RD 2720/1998, de 18 de diciembre, lo cual comporta que haya identificado la plaza, cuya cobertura legal o reglamentaria se pretende, vinculada al proceso de selección previsto; una duración excesivamente larga del contrato de interinidad debida, exclusivamente, a la falta de actividad dirigida a la cobertura definitiva debe ser tenida en cuenta como elemento decisivo en la configuración de la decisión judicial sobre la duración del contrato. Consideraciones puramente económicas no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Desaparece la razón por la que la anterior doctrina entendía justificada, en concretas circunstancias, la prolongada extensión de los contratos, lo que obliga a rectificarla en ese extremo
Resumen: COMPETENCIA JURISDICCIONAL: la jurisdicción social no es competente para conocer de una demanda de conflicto colectivo por modificación de sustancial y colectiva de las condiciones de trabajo que afecta tanto al personal laboral como funcionarial, en este caso, de la Agencia Vasca del Agua, el competente es el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reitera doctrina: SSTS de 22-01-2019, recurso 235/2017;11-05-2022, recurso 37/2021 y 20-09-2022, recurso 39/2021.
Resumen: La cuestión casacional deducida por la recurrente, auxiliar administrativo, se centra en decidir si le corresponde percibir las cantidades reclamadas por las diferencias salariales existentes entre el salario percibido y el previsto en el convenio colectivo de aplicación del personal del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, es decir, entre lo que le abonan siendo personal temporal y lo que corresponde a los trabajadores fijos según la norma convencional. La Sala IV analiza el cumplimiento de los requisitos formales del escrito de formalización considerando que, aunque no se identifica el motivo de casación, su simple lectura permite discernir su incardinación en el art. 207 e) LRJS, por lo que no provoca indefensión a la contraparte. En cuanto al fondo, declara la vulneración del derecho de igualdad por infracción de la cláusula cuarta de la Directiva/CE 1999/70 y la doctrina fijada por la STJUE de 22/12/2010, sobre discriminación retributivas con el personal fijo en relación con el art. 14 CE, por cuanto ha quedado acreditado que el Ayuntamiento demandado ha retribuido a la demandante en una cuantía muy inferior a los trabajadores fijos que desarrollaban su mismo trabajo sin que se haya acreditado la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen de manera idónea, razonable y proporcionada dicho trato diferenciado.
Resumen: Demanda de MSCT del sindicato ELA-STV solicitando la declaración de nulidad de los acuerdos con el CI sobre modificación horaria y jornada del programa Buenos días Euskadi y vulneración del derecho de LS e indemnización de 21.001€ y subsidiariamente la improcedencia de la MSCT. La ETB convocó al CI estando entre las destinatarias la delegada sindical de ELA, 2 días antes de la reunión la empresa envió su propuesta de jornada y franjas horarias, se pide por dos DS de ELA liberación y horas sindicales para asistir a la reunión, por mayoría se aprobó el acuerdo de incorporación a horario de convenio el nuevo horario del programa, 2 personas de la representación de ELA solicitaron mayor tiempo y no firmaron el acta, sí lo firmo otro miembro. ETB denegó inicialmente corrección de ELA del acta pero en reunión posterior se oyeron aclaraciones solicitadas y manifestaciones de LAB y ETB, reflejadas en acta. El programa no se ha visto alterado ni los cambios se han llevado a efecto. El TSJ desestimó por considerar que las negociaciones no vulneran el derecho a la libertad sindical el en su vertiente de negociación colectiva (NC). La Sala IV desestima la nulidad de actuaciones no apreciando indefensión, recordó la vinculación de la negociación colectiva con el derecho de LS, razonó que en la NC llevada a cabo ni se excluyó a ELA, ni se limitó su participación, ni aprecia mala fe empresarial. El acuerdo con el CI se alcanzó por mayoría sin fraude, dolo, coacción o abuso, art. 41.4 ET.
Resumen: La cuestión planteada se centra en determinar los efectos temporales de la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2016, de 3 de octubre de 2016, (BOE 16/11/2016), que anuló por inconstitucional los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 4/2010, de la Comunidad de Madrid, que imponían la reducción salarial del 5% de todos los conceptos retributivos al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Particularmente, si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se impuso la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La Sala IV, no entra a conocer del fondo de la cuestión, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, al no concurrir la identidad de hechos y pretensiones. En la sentencia recurrida no se produce ninguna reclamación ni extrajudicial ni judicial a partir del momento de la entrada en vigor de la norma autonómica (luego declarada inconstitucional) por virtud de la cual pudiere considerarse interrumpido el plazo de prescripción o reclamadas unas diferencias retributivas que, al cabo, son consideradas ilícitas. Sin embargo, en el supuesto examinado en la sentencia referencial existe una reclamación colectiva oportunamente judicializada mediante la formulación de un conflicto colectivo en el año 2011 y a raíz precisamente de la entrada en vigor de la Ley autonómica.
Resumen: La Sala IV declara que la relación de la actora con la Administración demandada, vinculada mediante contrato de interinidad por vacante, es indefinida no fija, acomodándose a la nueva doctrina, que rectifica la anterior, a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19). Dicha consideración se obtiene por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato, muy superior al de 10 años, y de la falta de provisión de la vacante. El organismo empleador ha dejado transcurrir un periodo de tiempo muy superior al plazo de tres años, sin llegar a convocar un proceso selectivo con el que se pudiere conseguir la definitiva cobertura de la plaza, y sin que conste la concurrencia de ninguna circunstancia excepcional justificativa. Asimismo, se reconoce el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio por la extinción de la relación laboral indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza, en atención a la especial naturaleza de este tipo de relación laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas.
