Resumen: La sala estima en parte los recursos interpuestos frente a una sentencia que acogió una acción de cumplimiento de un contrato de préstamo personal y consideró valido el vencimiento anticipado porque el banco había ejercitado esta facultad tras el impago de 13 cuotas. También consideró valida la cláusula de afianzamiento solidario. La cláusula de vencimiento anticipado es en principio lícita, pero para no ser abusiva debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo. Una cláusula que permite el vencimiento anticipado por el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de obligaciones accesorias, es abusiva. A diferencia de los préstamos hipotecarios, en los préstamos personales, la supresión de la cláusula declarada abusiva no compromete la subsistencia del contrato. La abusividad de la cláusula no puede ser salvada porque no se aplicara en su literalidad. Asunción de la instancia: como en la demanda también se invocó el cumplimiento del contrato al amparo del art. 1124 CC y la parte acreedora ha optado por el cumplimiento forzoso del contrato y no por su resolución, se condena al pago de los importes adeudadas a la fecha de demanda. El pacto de fianza accesorio de un préstamo no es necesariamente nulo, sino que es susceptible de los controles de incorporación, transparencia y contenido propios de las cláusulas no negociadas. En el caso, es válido, con remisión a los argumentos de la STS 56/2020.
Resumen: Prohibición de pacto comisorio: el ordenamiento rechaza los pactos comisorios por los que el acreedor, en caso de incumplimiento, pueda apropiarse definitivamente de los bienes dados en garantía, que entrarían en el ámbito del fraude de ley. Doctrina jurisprudencial: la prohibición del pacto comisorio no se contrae a los contratos de garantía típicos, sino que es también aplicable a los negocios indirectos que persigan fines de garantía. De no ser así el principio de autonomía de la voluntad permitiría crear negocios fraudulentos sobre los que, descubierto el fraude, habría de aplicarse la prohibición tratada de eludir. Un préstamo o un contrato simulado que disimula un préstamo, que incluye un pacto comisorio, por el cual si no se devuelve una cantidad determinada (del verdadero préstamo) el contratante (prestamista) hace suya la propiedad de una cosa también determinada, incurre en nulidad ipso iure. Venta a carta de gracia y venta en garantía (tratamiento como negocio simulado o fiduciario). En el caso: no hay compraventa con pacto de retroventa simulada en función de garantía, al no estar acreditado un pacto verbal de retro ni la existencia de una deuda disimulada sobre la que la compraventa actúe en garantía; el préstamo supuestamente garantizado estaba ya vencido a la fecha de la compraventa y su importe fue retenido como parte del precio de la compra, que cumple así una función solutoria y no de garantía. El recurso altera la base fáctica de la sentencia recurrida.
Resumen: Solicitud de nulidad de cláusula suelo en préstamo hipotecario (no consumidor). Estimación de la demanda en ambas instancias por no superar el control de incorporación y abuso de la posición contractual de la prestamista que frustró las legítimas expectativas de la prestataria al contratar un interés variable. Se aduce en el recurso por infracción procesal que la sentencia recurrida declaró la nulidad por causa distinta de la alegada, lo que implica incongruencia. El principio de justicia rogada se suele identificar como la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte y se configura legalmente como una exigencia para el tribunal.La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas (correlación entre el principio de justicia rogada y el de congruencia). En la demanda se ejercitó acción individual de nulidad por falta de transparencia (material) y consiguiente abusividad. Vista la remisión que, en relación con los contratos entre profesionales, hace la exposición de motivos de la LCGC a las normas contractuales generales, es posible su aplicación pero debe pedirse, lo que no se hizo. La AP alteró la causa de pedir. Asunción de la instancia. Prestataria no consumidora: improcedente control de transparencia y abusividad. Se desestima la demanda.
Resumen: El contrato de fianza, aunque es distinto del contrato garantizado, goza de la protección de la Directiva 93/13 y está sometido a los controles de transparencia y abusividad si el fiador es un consumidor (aunque no lo sea el obligado principal, si no hay vínculos funcionales) respecto de sus cláusulas y de las del préstamo, en caso de no haber sido negociadas. También puede ser objeto de control de abusividad en cuanto a la totalidad de la fianza, aunque esta sea un contrato accesorio pero distinto del préstamo garantizado, desde la perspectiva de una posible imposición de garantías desproporcionadas al riesgo garantizado. Criterios para valorar la desproporción: a) importe de las cantidades garantizadas por todos los conceptos mediante la hipoteca; b) tasación del inmueble; c) cantidades no cubiertas por la responsabilidad hipotecaria; d) proporción máxima entre la tasación y el capital prestado; e) solvencia personal de los deudores, f) correlación entre las mayores garantías y el menor tipo de interés remuneratorio pactado como compensación a la disminución del riesgo para el acreedor; g) su ajuste o no a su normativa específica; y h) riesgo de depreciación del inmueble hipotecado. Cabe el control de transparencia y abusividad respecto de la cláusula de renuncia a los beneficios de excusión, orden y división en cuanto afectantes a las obligaciones de pago del fiador en conexión con las normas sobre las obligaciones de información. En este caso, se superan ambos controles.
Resumen: Demanda de juicio ordinario en la que se ejercitó una acción de nulidad de determinadas cláusulas predispuestas. La sentencia de primera instancia declaró la nulidad del interés de demora y de determinadas comisiones, desestimó la abusividad de los intereses remuneratorios y no acordó la restitución de cantidades porque no se había probado que se hubiera realizado algún pago. En apelación, el demandante pidió, entre otras cuestiones, que se declarara de oficio la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que no había sido solicitada en la demanda. La Audiencia desestimó el recurso. La Sala desestima el recurso de casación del consumidor. Recuerda y precisa su doctrina y la del TJUE sobre el alcance del control de oficio, que es imperativo y debe llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento, pero en función de que la validez y eficacia de las cláusulas sea relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes. Esa situación se producirá en aquellos supuestos en los que, para estimar la pretensión del empresario frente al consumidor, hubiera de aplicarse una cláusula que no ha sido impugnada, y también cuando para estimar una pretensión del consumidor sea preciso apreciar el carácter abusivo de una cláusula no denunciada. Sin embargo, en este caso, los demandantes, con asistencia letrada, han decidido impugnar determinadas cláusulas y no otras, y para resolver sobre su pretensión no es necesario valorar si el vencimiento anticipado es o no abusivo.
Resumen: Demanda de nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo contenida en la escritura de subrogación en el préstamo hipotecario al promotor y la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de esa cláusula. El juzgado estimó la demanda pues consideró que los prestatarios no fueron informados sobre la inclusión de la cláusula suelo y sus consecuencias, en un entorno de bajada de tipos de interés conocido por la entidad bancaria y que la cláusula suponía una posición ventajosa para esta y desventajosa para los prestatarios. La Audiencia Provincial estimó el recurso interpuesto por el banco y apreció que la cláusula es clara y sencilla, el contrato se firmó en un contexto de bajada de tipos y mayor conocimiento de estas cláusulas, y la cláusula se inserta en una escritura de subrogación en el préstamo concedido al promotor, en el que había comenzado a surtir efecto, y en la que resultaron modificadas algunas de las condiciones, como es la del tipo de interés aplicable, por lo que "necesariamente los actores debían conocer las cláusulas que se modificaban, máxime cuando mejoraban notablemente el punto de partida de los prestatarios", uno de los cuales tenía amplia experiencia empresarial. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal al no apreciar vulneración de los principios de aportación de parte ni de congruencia ni de las reglas de la carga de la prueba ni cosa juzgada. El de casación, tras exponer la doctrina sobre el control de transparencia, se estima.
Resumen: Acción de nulidad de una cláusula suelo, estimada en primera instancia y desestimada en apelación, ya que la AP consideró que los prestatarios estaban informados de la existencia y consecuencias de la cláusula suelo, dado que la misma constaba en la ficha de información personalizada (FIPER) que se les entregó con antelación, al igual que una simulación y un cuadro de amortización, en el que ya constaba la aplicación del mínimo del 4%. Transparencia. Información precontractual. Tanto la jurisprudencia comunitaria como la de esta sala han resaltado la importancia que para la transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar. La información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La sentencia recurrida parte de este criterio, por cuanto en su argumentación da especial relevancia a que se entregara anticipadamente a los prestatarios la ficha FIPER, que en la oferta vinculante constara el tipo mínimo o suelo, que también se les entregara una simulación y que en el cuadro de amortización se reflejara expresamente la aplicación del suelo. Con tales elementos no cabe considerar que la valoración jurídica que hace la Audiencia Provincial sobre la transparencia de la cláusula sea errónea, infrinja los preceptos que se citan en el recurso, ni desconozca la jurisprudencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de infracción procesal, dado que el error que se imputa a la sentencia recurrida no es fáctico, sino, en su caso, jurídico, puesto que la calificación de una persona jurídica como consumidora es una cuestión de apreciación jurídica, por más que deba basarse en datos fácticos. El recurso de casación se estima. Quien contrajo el préstamo fue una sociedad mercantil, en el ámbito de su actividad empresarial que, por tanto, no tiene la condición de consumidora. La Audiencia Provincial parece sugerir que se trató de un contrato con doble finalidad (empresarial y de consumo), pero dicha figura tiene cabida cuando se trata de adherente persona física, y no cuando, como es el caso, se trata de una sociedad mercantil con ánimo de lucro. Por ello, la exclusión de la cualidad de consumidora en la demandante hace improcedente la realización de los controles de transparencia y abusividad pretendidos en la demanda. Como consecuencia de la estimación del recurso de casación y consiguiente asunción de la instancia, conlleva por las mismas razones expuestas, la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda, por cuanto no procede realizar un control de transparencia ni de abusividad respecto de una condición general de la contratación inserta en un contrato en que el adherente es empresario.
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario con el que se financiaba una actividad empresarial. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda al entender que la cláusula no superaba el control de incorporación, declaró su nulidad y ordenó la devolución de las cantidades indebidamente cobradas desde el 9/5/2013. La sentencia de apelación desestimó el recurso del banco, consideró que la cláusula sí superaba el control de incorporación, pero hubo un abuso de la posición contractual del prestamista, que frustró la legítima expectativa del prestatario al contratar un interés variable. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación el banco y la sala estima el primero de los recursos. Declara la sala que en la demanda inicial se ejercitó en exclusiva una acción individual de nulidad de una cláusula contractual por falta de transparencia y consiguiente abusividad, sobre la base de que el prestatario era consumidor, pero no se postuló una nulidad basada en un supuesto abuso de posición dominante contractual, ni en la infracción de la buena fe o en preceptos del Código Civil relativos al justo equilibrio de las prestaciones. De este modo, la sentencia recurrida altera la causa de pedir y, como consecuencia de ello, resulta incongruente. Al asumir la instancia la sala, declara que debe estimarse la apelación de la demandada pues se supera el control de incorporación. Desestima la demanda.
Resumen: Cláusula suelo en prestamos hipotecarios, constituyendo el objeto de litigio los tres primeros, suscritos para financiar actividades empresariales (no el último, en la que los prestatarios sí intervinieron como consumidores para financiar la compra de una vivienda). Interpuesta demanda interesando la nulidad de las cláusulas y la restitución de las cantidades cobradas por su aplicación, la sentencia de primera instancia estimó la demanda al considerar que las cláusulas no superaban el control de incorporación, y la Audiencia confirmó el fallo entendiendo que sí superaban el control de incorporación, pero que hubo un abuso de la posición contractual del prestamista, que frustró la legítima expectativa de los prestatarios al contratar un interés variable. Congruencia y principio de justicia rogada en apelación. Ámbito de conocimiento del tribunal de apelación: lo que se postuló en la demanda fue la nulidad de las cláusulas por abusivas, partiendo de la condición de consumidores de los demandantes (que no tenían). No se postuló la nulidad basada en abuso de posición dominante contractual, infracción de la buena fe o en preceptos del CC relativos al justo equilibrio de las prestaciones. La Audiencia apreció indebidamente una causa de nulidad no invocada. Era posible pedir la nulidad por la causa que finalimente apreció la Audiencia, pero debería haberse solicitado así. La sentencia recurrida alteró la causa de pedir. Nueva sentencia asumiendo la instancia
