Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la prestataria, que tiene la condición de consumidora. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. El control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical. El examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Pero, sobre todo, no consta la existencia de una información previa, cuando la información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La falta de transparencia de la cláusula suelo determina su carácter abusivo, al privar al consumidor de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación dimanante de un procedimiento en el que se ejercitó la acción de reembolso respecto del préstamo personal solidario suscrito por ambos cónyuges, casados en separación de bienes, con la garantía hipotecaria de una vivienda cuya propiedad proindiviso pertenecía en 75% a la demandante y un 25% al demandado. El Juzgado entendió que la obligación de cada cónyuge era proporcional a la cuota participativa en la vivienda y desestimó la demanda. En cambio, la Audiencia, según la interpretación que hizo del contrato de préstamo, no tuvo por acreditado un pacto entre los cónyuges que implicara un porcentaje desigual en el cumplimiento de la obligación. Concluyó, por ello, que la deuda se dividía por partes iguales y estimó la demanda. El recurso de casación del demandado no combate por el cauce adecuado la interpretación realizada por la Audiencia, por lo que se limita el debate al ámbito del art. 1145 CC. La solidaridad desaparece con el cumplimiento de la obligación, y desde ese momento, en el ámbito interno, cada deudor se convierte en deudor exclusivo de la parte de deuda en que, a esos efectos internos, se ha fraccionado la inicial. El deudor que paga tiene acción de regreso contra sus codeudores y en el supuesto de pago parcial de la deuda, como es el caso, podrá reclamar de los restantes codeudores el exceso en proporción a la cuota que a cada uno corresponda en la obligación y que, en este caso, se ha entendido que era del 50%.
Resumen: Cláusula suelo en contrato entre profesionales. En la cláusula suelo, el carácter sorpresivo contrario a la buena fe vendría determinado por la contradicción entre el interés variable y la limitación a dicha variabilidad proveniente de una condición general, lo que entronca con la regla de las cláusulas sorprendentes y con la mención de la exposición de motivos de la LCGC al abuso de posición dominante, en el sentido de que el predisponente hace un mal uso de su capacidad de imposición de las condiciones generales para introducir cláusulas que desnaturalizan el contenido del contrato. Para que pueda estimarse que concurren tales circunstancias, habrá que tomar en consideración el nivel de información proporcionado y la diligencia empleada por el prestatario para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo y los posibles efectos futuros de la condición general discutida sobre el coste del crédito, operando a tal fin las reglas generales de la carga de prueba. En este caso, no consta que concurran tales circunstancias y lo ocurrido es que la Audiencia reconduce su argumentación a la buena fe contractual para hacer realmente unos controles de transparencia y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales. El control de incorporación o inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad, que también se supera en este caso. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Recurso de casación admisible: se identifica la infracción denunciada, se justifica el interés casacional y se respetan suficientemente las exigencias de la técnica casacional y la base fáctica del proceso. Efectos de la nulidad, por abusiva, de cláusula de gastos del préstamo hipotecario. En apelación se estimó en parte la demanda y se consideró que, una vez anulada la cláusula del contrato impugnada, los gastos derivados del préstamo hipotecario debían ser distribuidos conforme a las previsiones del ordenamiento jurídico, con el resultado de que la mitad de los aranceles notariales y de gestoría debían ser de cargo del prestatario, mientras que el banco debía asumir la totalidad de los gastos registrales y tributos. La nulidad por abusiva de la cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario conlleva su inaplicación. Pero dado que los gastos han de abonarse a terceros, es preciso determinar la forma de distribución de tales gastos según las disposiciones legales vigentes. El impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios debe asumirlo el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo que es el prestatario.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó una reclamación económica derivada del cumplimiento de un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario, por apreciar conducta dolosa en la asegurada. Estimó probado que fue ella quien contestó al cuestionario antes de firmarlo, aunque no lo cumplimentara materialmente, y consideró que ocultó dolosamente datos relevantes sobre su salud y que faltó a la verdad al afirmar que su estado de salud era bueno. La sala confirma esta sentencia y reitera su jurisprudencia sobre la materia. La eficacia del cuestionario de salud a los efectos del art. 10 LCS no depende, ni de la forma que revista, ni de quien lo cumplimente materialmente, sino de que el cuestionario se redacte con las respuestas facilitadas por el tomador/asegurado. En relación a su validez, para apreciar la existencia de ocultación dolosa o, cuanto menos, gravemente negligente, se ha de comprobar si el tipo de preguntas formuladas al asegurado eran conducentes a que pudiera representarse a qué antecedentes de salud conocidos por él o que pudiera conocer se refería. En el caso litigioso, las patologías que sufría la asegurada y sus antecedentes, se ocultaron a la compañía y por la variedad y continuidad en el tiempo de estos problemas, existían suficientes elementos significativos que la asegurada debía representarse como objetivamente influyentes del concreto riesgo que la aseguradora quería y debía conocer para su valoración.
Resumen: Dies a quo del plazo de las acciones de anulación de swaps por error vicio. En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. De esta doctrina no resulta que el cómputo del plazo de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento de este. La consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. La incorporación de la normativa MiFID al Derecho español acentuó las obligaciones de dichas entidades con respecto a sus clientes, pero no supuso una regulación realmente innovadora. El déficit informativo puede hacer presumir el error. La obligación de informar es activa, no de mera disponibilidad. No es suficiente el contenido de la documentación contractual ni el aviso genérico sobre los riesgos. Para excluir el error son necesarios conocimientos especializados. El error no se convalida por la percepción de liquidaciones negativas.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por los demandantes-prestatarios por incurrir en causa de inadmisión, ya que carece de encabezamiento y no se identifica cuál es la norma jurídica que se denuncia infringida. Se estima el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria y se reitera la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios, así como la jurisprudencia sobre a quién corresponde satisfacer los gastos notariales y registrales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a falta de acuerdo entre las partes. En consecuencia, se deja sin efecto la condena al banco a pagar a los prestamistas el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario; se mantiene la condena al banco a reintegrar a los prestatarios los gastos registrales, dado que la obligación de satisfacer estos gastos correspondía al banco prestamista; y respecto de los notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se mantiene la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la nulidad de una cláusula suelo al considerar que no se podía exigir a la entidad bancaria que informara sobre las características del préstamo hipotecario, porque se trataba de una subrogación en un préstamo previamente concedido a los vendedores, y porque en la escritura se incluyó una cláusula en la que los compradores declararon conocer y aceptar el contenido del préstamo inicial. La sala considera aplicable su doctrina sobre el control de transparencia de las cláusulas suelo en los casos de subrogación del comprador en un préstamos al promotor al caso litigioso, en el que el vendedor no se dedicaba a la actividad inmobiliaria. Aunque para este caso no son aplicables las normas que garantizan el deber de información en la subrogación de préstamos al promotor, sí son aplicables las normas sobre transparencia. En los casos en que la compraventa con subrogación se hace con intervención del banco, a los efectos de consentir la sustitución de un deudor (vendedor) por otro (comprador), liberando de responsabilidad a aquél, y en su caso novando alguna/s de las condición/es del préstamo, no hay razones para eximir al prestamista del deber de proporcionar a quien, en virtud de dicha subrogación, va a quedar vinculado con él en una relación jurídica relevante y de larga duración, toda la información pertinente a fin de que conozca la carga jurídica y económica que el contrato va a suponerle.
Resumen: Nulidad por error en la contratación de un producto financiero (préstamo hipotecario que para el cálculo del interés incluía un derivado implícito). El plazo de caducidad de 4 años empieza a correr desde la consumación del contrato y no antes, sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos puede ser que al tiempo de la consumación todavía no hubiera aflorado el riesgo congénito cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento (en esos casos, el dies a quo es aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error). En el caso, la demanda se ha puesto a tiempo, pues el contrato que incluyó el derivado se consumó con la cancelación del producto. Se estima el recurso de casación y, al asumir la instancia, se tiene en cuenta que las partes no han discutido sobre la improcedencia de la nulidad parcial que afectara únicamente al derivado implícito, por lo que esta cuestión ha de ser obviada por la Sala. En la normativa pre-MiFID quien comercializa el producto debe acreditar que, en atención a los conocimientos y experiencia de los clientes, se explicó cómo funcionaría el derivado y sus riesgos; no es suficiente que el derivado se hubiera concertado en un préstamo hipotecario y constara, por ello, en escritura pública. No está probado que se explicara el funcionamiento y riesgos del producto. El hecho de optar por la cancelación anticipada y de pactar con el banco el importe de la liquidación no supone una confirmación del contrato.
Resumen: Control de transparencia en contratos de consumidores. Cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. El control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública no basta con la simple claridad gramatical. El examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Pero, sobre todo, no consta la existencia de una información previa cuando la información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La falta de transparencia de la clausula suelo determina el carácter abusivo de la cláusula al privar al consumidor de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.
