Resumen: Acción de nulidad -por abusiva- de la cláusula de atribución de gastos y reclamación de cantidades pagadas de más, que fue estimada en ambas instancias, en apelación en su integridad. En casación el banco defendía la validez de dicha cláusula en lo relativo a los gastos tributarios derivados del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que atribuía su pago a la prestataria. Se desestima el motivo primero, porque el banco solicitaba que se declarase la validez de la cláusula controvertida en cuanto atribuía al prestatario los gastos tributarios que derivasen del otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, sin perjuicio de que se mantuviera la nulidad de la cláusula respecto del resto de su contenido, dado que la cláusula en cuestión era un todo inescindible. Sin embargo, sí se estima el segundo motivo, referido a los efectos de la nulidad de la cláusula abusiva puesto que, al ser nula, ha de tenerse por inexistente y, ante la ausencia de pacto válido, los gastos se deben atribuir según lo legalmente establecido, que en la fecha del préstamo atribuía al prestatario la condición de sujeto pasivo del ITPyAJD.
Resumen: Demanda solicitando declaración de nulidad parcial de la cláusula sexta (gastos a cargo del prestatario) en el sentido de anular los apartados de la cláusula relativos a los conceptos de gastos notariales, registro, impuesto de actos jurídicos documentados y gestoría y la restitución de las cantidades indebidamente abonadas como consecuencia de su aplicación. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y declaró nulos por abusivos los apartados de gastos (notariales, de registro, y gestoría), subsistiendo la vigencia del contrato en todo lo no afectado por la anterior declaración, condenando al banco demandado a pagar las cantidades satisfechas por los mismos. Recurren en apelación ambas partes, la demandante solicitando la reintegración del importe del impuesto de actos jurídicos documentados y la demandada, que se declarara el carácter no abusivo del pacto que obliga al prestatario al pago de los gastos de notaría, registro y gestoría y si se declarase nulo, se modificaran los efectos de esa declaración. La Audiencia estimó en parte ambos recursos y revocó la sentencia en el sentido de declarar que el banco debía restituir las cantidades abonadas en concepto de IAJD, gastos de notaría y gestoría. El banco recurrió en casación por declarar abusiva la cláusula de gastos que hacía recaer el pago del IAJD sobre el prestatario y la sala estima el recurso conforme a SSTS del pleno 44, 46, 48 y 49/2019 de 23 de enero confirmada por STJUE de 16 de julio de 2020.
Resumen: En esta sentencia de Pleno la Sala Primera reitera su doctrina sobre el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, para excluir, en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, la aplicación de la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas basada en la existencia de serias dudas de derecho. La sentencia de segunda instancia impugnada, pese a estimar la demanda de nulidad de cláusulas de un crédito hipotecario multidivisa para la adquisición de vivienda por no superar el control de transparencia, no impuso las costas de la primera instancia a ninguna de las partes al apreciar serias dudas de derecho. El Pleno de la Sala, con estimación del recurso de casación, concluye que si en estos casos el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar parte de las costas judiciales (concretamente las causadas a su instancia y las comunes por mitad), se haría imposible o se dificultaría en exceso la efectividad del Derecho de la Unión Europea, y no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva. Y que, por otro lado, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios por cantidades moderadas.
Resumen: En el recurso se plantea exclusivamente la cuestión de las consecuencias de la declaración de nulidad de una cláusula de gastos en un préstamo hipotecario con consumidores, por lo que se refiere al pago del impuesto de actos jurídicos documentados. En la sentencia recurrida se había condenado a la entidad bancaria, ahora recurrente, a restituir a los prestatarios el pago de dicho impuesto. Se estima el recurso de casación y se reitera la doctrina jurisprudencial que establece que la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula que atribuye todos los gastos al consumidor no comporta que el banco deba restituirle los gastos que, según la ley, le corresponden pagar al consumidor, sino que debe analizarse en cada caso a quién corresponde satisfacer el pago con arreglo a la regulación vigente en el momento de la firma del contrato. En el caso enjuiciado, la declaración de nulidad de la cláusula 5.ª, sobre "gastos a cargo de la parte acreditada", no puede conllevar la atribución a la entidad financiera prestamista de todos los pagos derivados del impuesto de actos jurídicos documentados pues, el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario, con las matizaciones recogidas en las STS 147/2018 y 148/2018, ratificadas por el pleno de la sala en las STS 46, 48 y 49/2019.
Resumen: Contrato de préstamo hipotecario con consumidores. Nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios por abusiva, ya que si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación. La introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato. La apreciación del carácter abusivo de dicha cláusula conlleva su inaplicación y debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. La jurisprudencia de esta sala ha distinguido entre aquellos gastos cuyo pago, conforme a las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula, correspondía al consumidor y aquellos cuyo pago correspondía al banco, doctrina cuya corrección ha resultado plenamente confirmada por el TJUE al resolver la cuestión prejudicial que le fue planteada sobre esta materia. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: la declaración de nulidad de la cláusula no puede conllevar la atribución de este gasto al banco prestamista, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. Gastos notariales: deben repartirse por mitad. Gastos registrales: la obligación de satisfacer estos gastos corresponde al banco prestamista.
Resumen: Se estima el recuso de casación, al considerar que la cláusula multidivisa adolece de falta de transparencia, en la medida que en la sentencia recurrida se ha considerado que, en la fecha de suscripción del contrato, no se había ofrecido a los prestatarios información suficiente sobre los riesgos que conllevaba el préstamo multidivisa, en particular, el posible aumento del capital prestado, en el supuesto de una fluctuación importante del yen, ni tampoco sobre la amortización anticipada obligatoria si se producía la depreciación del euro frente al yen. Se reitera la jurisprudencia sobre la falta de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación en divisa del préstamo y la equivalencia en euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de amortizar, que no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, el consumidor no puede comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de otros préstamos en euros. Esta abusividad también agrava su situación jurídica, puesto que ignora el riesgo de infra-garantía para el caso de depreciación del euro frente a la divisa en que se denominó el préstamo. La nulidad derivada de la abusividad no es subsanable o convalidable.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había rechazado la nulidad parcial de un préstamo multidivisa entendiendo que las circunstancias concurrentes (la iniciativa en la contratación provino del demandante, en atención a la información que había recibido de compañeros de trabajo; en una reunión previa con el director del banco se le hizo una comparativa entre lo que iba a pagar en euros y en francos suizos, y durante los primeros años pagó hasta cinco veces menos de interés) implicaban la superación del control de transparencia. Se reitera la doctrina jurisprudencial sobre el préstamo multidivisa. No es un servicio de inversión, por lo que no resulta aplicable la normativa MiFID. Tampoco cabe anular el contrato por error en el consentimiento, ya que su apreciación viciaría la totalidad del contrato y los demandantes han ejercitado una acción de nulidad parcial que afectaría sólo a la moneda en que se concertó el préstamo y al cambio de divisa. Sin embargo, la sentencia recurrida no ha aplicado correctamente el control de transparencia. El hecho de que fueran los demandantes los que hubiesen solicitado el préstamo por recomendación de unos compañeros, aunque constituye un elemento para ponderar la buena fe del predisponente, no permite presumir que no precisaban de esa información para comprender los riesgos que entrañaba, ni que bastara para ello la mera lectura de la escritura pública. Se estima la demanda.
Resumen: Demanda de nulidad de determinadas cláusulas insertas en un préstamo hipotecario multidivisa. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la de segunda instancia la revocó parcialmente declarando nula únicamente la cláusula de vencimiento anticipado, pero rechazando la pretensión de nulidad del clausulado multidivisa. Recurre en casación la parte demandante y se desestima su recurso. Reiteración de doctrina jurisprudencial: la hipoteca multidivisa no es un instrumento financiero sometido a la Ley del Mercado de Valores. Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el presente caso, la sentencia recurrida no vulnera dicha normativa en la medida en que no resulta de aplicación. Motivo de casación inadmisible, ya que en el mismo no se justifica el interés casacional, tal y como exige la doctrina jurisprudencial.
Resumen: Recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de segunda instancia que, tras mantener la condición de prestatarios de todos los actores, aunque no percibieran todos ellos materialmente el importe del préstamo, confirmó que la acción de anulación por error vicio estaba caducada cuando se interpuso la demanda. En casación se declara, con desestimación del recurso, que asumen el carácter de prestatarios quienes aparecen como tales en la escritura del préstamo hipotecario, aunque el dinero prestado se ingresara en la cuenta bancaria correspondiente exclusivamente a uno de ellos. Caducidad de la acción: tratándose de un producto financiero complejo, a efectos del inicio del plazo de ejercicio de la acción, no puede entenderse consumado el contrato antes de que los prestatarios pudieran conocer los hechos determinantes del error. En el caso examinado, al haber tenido los prestatarios conocimiento de los hechos determinantes del error en el que basan su acción pasados más de cuatro años, procede desestimar el recurso confirmando la resolución impugnada.
Resumen: Acción colectiva de cesación: tiene como presupuesto que en el proceso no se hacen valer derechos o intereses de titularidad del demandante, sino de terceros ajenos, los consumidores. La acción colectiva no se refiere a relaciones contractuales concretas, sino a clausulados genéricos predispuestos, con independencia de su efectiva utilización. Su objetivo no es la declaración de nulidad de las condiciones generales, sino la condena a eliminarlas y la prohibición de volver a utilizarlas. Esta acción opera como si la cláusula enjuiciada tuviera un carácter normativo, autónomo, al margen del acuerdo de voluntades en que se inserta, en cuanto tiene, como condición general, vocación de generalidad. Control abstracto y preventivo: se hace al margen tanto de la información particularizada sobre el alcance y contenido de la cláusula que haya podido recibir el adherente con carácter previo a la suscripción del contrato, como del resultado de su aplicación en la práctica por la entidad financiera. Control de transparencia. Dificultades cuando se trata de contratos complejos como los swaps. No puede negarse que sea posible realizar un control de transparencia con ocasión de una acción colectiva, pero sí cabe advertir que su admisibilidad queda reducida a la concurrencia de prácticas estandarizadas de comercialización muy claras que pongan en evidencia la falta de transparencia y dejen poco margen a concluir que se hayan podido incumplir las exigencias de información previa.
