Resumen: Se estima el recurso interpuesto frente a una sentencia que declaró la nulidad de la cláusula de gastos y condenó al prestamista al reintegro de todos los gastos notariales, registrales, los de gestoría y el IAJD. La sala reitera su doctrina que fue confirmada por la STJUE de 16/7/ 2020. El carácter abusivo de esta cláusula que atribuye todos los gastos al consumidor conlleva su inaplicación, pero cosa distinta es que, en cuanto a sus efectos, y dado que los gastos deberán ser abonados a terceros ajenos a los contratantes se determine cómo deben distribuirse tales gastos, no en función de la cláusula anulada, sino de las disposiciones legales aplicables supletoriamente. De acuerdo con esta doctrina, la declaración de nulidad de la cláusula determina la atribución de todos los gastos derivados del IAJD al prestatario, pues, con alguna matización (timbre de las copias) el principal sujeto pasivo obligado al pago, antes de la Ley 5/2019, era el prestatario. El pago de los gastos del registro corresponde al prestamista, los gastos de la matriz de la escritura notarial del préstamo y de la novación se distribuyen por mitad, y los de la escritura notarial de cancelación de la hipoteca se atribuyen al prestatario. Por lo que se refiere al gasto de gestoría, al no existir previsión normativa, no pueden atribuirse al prestatario. Estimada la nulidad de la cláusula, aunque no se reconozcan todos los efectos económicos, las costas de primera instancia se imponen al banco.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo y restitución de prestaciones. La cláusula en cuestión se incluyó en un contrato de préstamo hipotecario que fue modificado, renunciando ambas partes a ejercitar acción frente a la otra. En primera instancia se declaró su nulidad por falta de transparencia, y se negó eficacia a la novación y a la renuncia al ejercicio de acciones. En apelación se confirman estos pronunciamientos. Improcedencia de la suspensión por prejudicialidad penal. No cabe denunciar infracciones procesales en casación. Alcance de la transacción. La sentencia recurrida parte de la consideración de que una cláusula suelo que podía ser declarada nula por abusiva, si no pasaba el control de transparencia, no podía ser objeto de novación ni de una transacción. Pero ello se opone a la jurisprudencia, que admite que una cláusula pontencialmente nula pueda ser modificada por las partes posteriormente. En este caso la novación se llevó a cabo en un contexto en el que los prestatarios ya sabían que podía ser nula. Además conocieron la previa evolución del índice para el cálculo del interés. Por ello, la cláusula de modificación cumplía las exigencias de transparencia. La renuncia de acciones es valida si no se refiere a controversias futuras y si procede de un consentimiento libre e informado, lo que no fue el caso, al abarcar cuestiones ajenas a la validez de la cláusula suelo. Inexistencia de confirmación, al ser un contrato nulo de pleno derecho y no anulable.
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria frente a la sentencia que declaró la nulidad por falta de transparencia de una cláusula suelo y también la nulidad del acuerdo posterior por el que se rebajó el límite mínimo y se introdujo una cláusula por la que el prestatario renunciaba a ejercitar cualquier acción que trajera causa de su formalización y clausulado. Reiteración de la doctrina: la jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado en un momento en el que se había publicado la STS de 9/5/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo, además se valora que los prestatarios realizaron una trascripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual en la que se expresaba el valor del índice, además de su publicación en el BOE. La renuncia de acciones es abusiva por su carácter genérico ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula suelo inicial. Procede la restitución de la cantidad indebidamente cobrada en aplicación del suelo inicial.
Resumen: Vulneración de las reglas de distribución de la carga de la prueba. Se infringen en la sentencia de segunda instancia porque invierte la carga de la prueba, trasladándola a la esposa codemandada, cuando era al demandante al que le correspondía acreditar el presupuesto necesario para la estimación de su demanda: que el préstamo que hizo al esposo se dirigía a financiar las necesidades de la familia. Responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes. Deudas contraídas por uno solo de los cónyuges en el ejercicio de la potestad doméstica: excepción a la regla de separación de responsabilidades; responsabilidad subsidiaria del otro cónyuge; prueba de, al menos, una apariencia razonable del destino familiar y doméstico (habitualmente resultará de la naturaleza de los bienes adquiridos o de los servicios contratados); la carga de la prueba corresponde al acreedor que pretenda exigir responsabilidad al cónyuge no contratante. En el caso, no está acreditado que el préstamo concertado entre el demandante y el esposo de la codemandada se destinara a satisfacer las necesidades de la familia (la firma de la esposa en un documento en el que se expresa que el marido debe dinero al actor y ella solo manifiesta que lo sabe, no es asunción de responsabilidad personal, ni prueba del destino del dinero). Inexistencia de fraude ya que las capitulaciones sometiéndose al régimen de separación de bienes son muy anteriores a la deuda.
Resumen: Litigio en el que se ejercitó una acción de nulidad del contrato de tarjeta de crédito revolving, basada en la Ley de Usura. El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda pues consideró que el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito solo concurrió a partir de la novación efectuada, en el que se elevó el tipo de interés. El demandante apeló la sentencia y la Audiencia estimó su recurso y declaró el carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito desde el momento mismo de su suscripción; no hizo expresa imposición de las costas de primera instancia, pese a la estimación plena de la demanda, por la concurrencia de serias dudas de derecho. Recurre en casación el demandante con ese único objeto y la sala rechaza su recurso. La sala en pleno decide que la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la excepción al principio del vencimiento en la imposición de costas, por razón de las serias dudas de derecho, es aplicable cuando se ejercitan acciones basadas en la normativa sobre cláusulas abusivas, pero no cuando se ejercitan acciones basadas en la Ley 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Señala que cuando la cuestión litigiosa no está regulada por el Derecho de la UE y, por consiguiente, no entra en juego el principio de primacía de este Derecho, el juez no puede dejar de aplicar ninguna norma legal nacional (en este caso, el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se desestima la casación.
Resumen: Proceso declarativo en el que se ejercita la pretensión de vencimiento anticipado por incumplimiento grave y esencial de las obligaciones del prestatario que deja de pagar las cuotas e insolvencia sobrevenida. Es posible resolver el préstamo cuando el prestatario incumple de manera grave sus obligaciones esenciales, como la de devolver el capital en ciertas cuotas o abonar los intereses. Para valorar la gravedad del incumplimiento debe tenerse en cuenta tanto su carácter prolongado en el tiempo como la falta de reparación de la situación por parte del deudor. Entre los supuestos que permiten al acreedor anticipar el vencimiento de la obligación se encuentra la insolvencia sobrevenida del deudor. Para evitar el vencimiento anticipado sería preciso que el deudor ofreciera una nueva garantía, sin que en otro caso resulte exigible al acreedor que espere al término final de la operación para hacer efectivo su crédito. En el caso, el acreedor estaba facultado para declarar el vencimiento anticipado al haberse producido un incumplimiento en el pago de las cuotas vencidas de entidad suficiente como para revelar la falta de seguridad del pago del crédito. La declaración de vencimiento anticipado efectuada por la entidad acreedora con anterioridad a la presentación de la demanda no excluye su posterior petición en un proceso. Excede del contenido propio de la sentencia declarativa de condena el pronunciamiento sobre el procedimiento que debe seguirse para su ejecución.
Resumen: Demanda interesando la nulidad de una cláusula contractual que imputaba a la parte prestataria los gastos y tributos derivados de la constitución de la hipoteca, entre ellos, los de notaría, registro, AJD y gestoría. En las dos instancias se apreció la nulidad de la cláusula y se condenó a restituir las cantidades pagadas por el impuesto de AJD. Reiteración de la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de una cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante. Si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos, por lo que la introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato, que determina su abusividad. La nulidad de la cláusula conlleva su inaplicación, y como efecto de ello, dado que los gastos deben ser abonados en todo caso a terceros (notario, registrador) debe analizarse a quién corresponde legalmente su pago. No se trata de ningún reparto equitativo de los gastos, sino de analizar la normativa aplicable al caso, para constatar a quien le corresponde el pago de cada uno de esos gastos. Se deja sin efecto la condena al banco a pagar a los prestatarios el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: El Pleno de la Sala estima el recurso de casación interpuesto por un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial resolvieron que cada parte debía cargar con sus propias costas porque la demanda se había presentado cuando ya estaba en vigor el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y el demandante no había acudido al procedimiento extrajudicial previsto en dicha norma. La Sala tiene en cuenta que, aunque la reclamación extrajudicial del consumidor tuvo lugar antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, esa actuación fue justamente la prevista en esta norma: efectuar una reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo indebidamente cobrado por su aplicación. La entidad financiera rechazó la solicitud alegando que su actuación había sido correcta y que la cláusula suelo no era abusiva. Sin embargo, interpuesta la demanda, se allanó a la misma. Por ello, el Tribunal Supremo concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial infringe el RDL 1/2017, interpretado a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria frente a una sentencia que había declarado la nulidad por falta de transparencia de dos cláusulas suelo y también la nulidad del acuerdo posterior por el que se rebajó el límite mínimo y se introdujo una cláusula en virtud de la cual el prestatario renunciaba a ejercitar cualquier acción que trajera causa de su formalización y clausulado. La sala reitera su doctrina dictada en supuestos semejantes al litigioso. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado en un momento en el que se había publicado la STS de 9 de mayo de 2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo, además se valora que los prestatarios realizaron una trascripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual en la que se expresaba el valor del índice, además de su publicación en el BOE. La renuncia de acciones es abusiva por su carácter genérico ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de las cláusulas suelo iniciales.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo hipotecario, novado posteriormente en documento privado en el que se rebajó el límite de intereses y se renunció al ejercicio de acciones con causa del contrato así como a las liquidaciones habidas hasta la fecha. En primera instancia se estimó la demanda y, recurrida en apelación, la Audiencia Provincial desestimó el recurso. Afirmó la nulidad de la cláusula suelo inicial contenida en el contrato de préstamo hipotecario y argumentó por qué también es ineficaz la reducción de la cláusula suelo y la renuncia al ejercicio de las eventuales acciones de nulidad contenida en el documento de novación. Declaró la imposibilidad de convalidar la cláusula nula mediante su sustitución por otra que sea más favorable a los intereses del consumidor incluso aunque contenga una renuncia a la acción de nulidad que pudiera corresponderle. La demandada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra dicha sentencia, aunque luego se desistió del primero. En casación se cuestiona la valoración jurídica del documento privado de novación, defendiendo la validez de la transacción y de la renuncia de acciones contenida en el mismo. La Sala, conforme a la STJUE 9/7/20, estima en parte el recurso, declara la validez de la novación de la cláusula suelo y la nulidad de la renuncia genérica al ejercicio de cualesquiera acciones relativas al contrato de préstamo hipotecario.
