Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Las sentencias de ambas instancias habían declarado la nulidad de la cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés remuneratorio (cláusula suelo) por no superar el control de incorporación previsto en los arts. 5 y 7 LCGC, pero la de segunda instancia limitó los efectos restitutorios a las cantidades abonadas desde el 9 de mayo de 2013. La jurisprudencia de la Sala 1ª ya ha declarado que cuando se declara la nulidad de una cláusula suelo por no superar el control de incorporación, no procede la limitación temporal de los efectos de la nulidad. De los arts. 9.2 y 10.1 LCGC se desprende inequívocamente que cuando una condición general de la contratación no supera el control de inclusión debe declararse su nulidad, con la consecuencia de que se restituyan sus efectos desde que se aplicó, conforme al art. 1303 CC. Se estima el recurso de casación, y al asumir la instancia, por los mismos argumentos expuestos, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad prestamista y se confirma la sentencia de primera instancia, que había condenado a dicha entidad bancaria a la devolución de las cantidades cobradas en exceso, con sus intereses legales, desde la firma del contrato.
Resumen: Demanda de nulidad de las cláusulas de determinación del interés variable, intereses remuneratorios, comisiones, intereses de demora, sobre vencimiento anticipado, imputación de pagos y compensación. En primera instancia se desestimó íntegramente la demanda. Recurrida en apelación por el demandante, no se impugnó la desestimación de la pretensión de nulidad de la cláusula suelo. La Audiencia aprecia el carácter abusivo solo de las cláusulas sobre comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas y la de vencimiento anticipado. Se recurre en casación insistiendo en la nulidad de la cláusula de los intereses remuneratorios. No se aprecia la falta de transparencia de la cláusula, sin que el mero hecho de que se trate de una cláusula larga determine por sí su falta de transparencia, si esta extensión, además de venir justificada por la necesidad de aportar una información completa, no sólo no complica su comprensión sino que por su claridad asegura que el consumidor pueda entender mejor sus consecuencias jurídicas y económicas.Y, en segundo lugar, si se hubiera llegado a apreciar la falta de transparencia de alguna información contenida en la cláusula, para juzgar sobre su carácter abusivo debería constatarse en qué medida, conforme a la jurisprudencia expuesta, su inclusión contraria las exigencias de la buena fe y qué desequilibrio importante de derechos y obligaciones entre las partes habría producido, en perjuicio del consumidor. Lo que tampoco concurre en este caso.
Resumen: Demanda en la que se pretendía la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario con restitución de las cantidades indebidamente cobradas. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda pero, recurrida en apelación, la AP la revocó al considerar que la cláusula superaba el control de transparencia. Recurren en casación los clientes demandantes y el banco demandado manifiesta su allanamiento al recurso. A la vista de esta manifestación y de acuerdo con la doctrina de la sala, según la cual, el control de transparencia no puede limitarse a un control de comprensibilidad material sino que debe analizar si el contratante tuvo un conocimiento real de la importancia económica y jurídica de la cláusula, se estima la casación, lo que comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de dicha cláusula y condenó a la entidad demandada a devolver las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de su aplicación desde la celebración del contrato de préstamo, más sus intereses legales desde la fecha del emplazamiento, dado que este pronunciamiento no fue apelado. Se imponen las costas de la apelación a la entidad demandada, pues su recurso debió ser desestimado y se mantiene la condena en costas de la primera instancia, en cuanto que la estimación de la demanda fue total.
Resumen: Demanda en la que una persona física instaba la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario, que se obtuvo para la financiación de la adquisición de un inmueble destinado a taller mecánico. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y, la AP la revocó y estimó, por tanto, dicha demanda; en síntesis, entendió que no había quedado claro que el demandante no actuara como consumidor y que, en todo caso, se trataría de un pequeño comerciante. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación el banco demandado y la sala estima el segundo de los recursos. Respecto del recurso extraordinario por infracción procesal, se desestima al entender que el error que imputa la recurrente a la sentencia recurrida no es fáctico, sino jurídico, pues está referido a la calificación de una persona como consumidora. Sin embargo, se estima la casación ya que, de lo actuado, se desprende inequívocamente que el demandante obtuvo el préstamo para su ámbito empresarial, siendo irrelevante que la empresa fuera pequeña o que la ejercitara a título personal y no bajo un amparo societario; por esta circunstancia, se aplica la reiterada y uniforme doctrina de la sala que impide la realización de los controles de transparencia y abusividad pretendidos en la demanda. La estimación de la casación comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia, desestimatoria de la demanda.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en préstamo hipotecario por abusiva en la que no se reclamaba la restitución de las cantidades pagadas en exceso en virtud de la cláusula nula. En primera instancia se estimó la demanda, declaró la nulidad por abusiva de la cláusula suelo y condenó a la entidad demandada a devolver las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de su aplicación, más los intereses legales desde la fecha del emplazamiento y las costas. Recurrida en apelación se estimó el recurso del banco y revocó dicha resolución, dictando otra que desestimó la demanda al considerar que la cláusula suelo incluida en el contrato de préstamo en el que se habían subrogado era transparente. Interpuesto recurso de casación, el banco se allana al recurso e interesa que no se le impongan las costas.La sala ya resolvió un caso sustancialmente igual en STS 186/2019 de 26 de marzo en el que la parte recurrida se allanaba al recurso de casación que solo pedía la nulidad de la cláusula en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia también en cuanto a los efectos restitutorios por ser los procedentes conforme a la doctrina del TJUE y la jurisprudencia de la sala y carecer de sentido un litigio posterior al respecto.
Resumen: Nulidad de swap. Caducidad de la acción: cómputo del plazo desde consumación del contrato. No debe confundirse el perfeccionamiento del contrato con su consumación al tratarse de realidades jurídicas distintas. La consumación del contrato tiene lugar cuando se produce la realización de todas las obligaciones. Inexistencia de nulidad de pleno derecho por incumplimiento normativa MiFID. Error como vicio del consentimiento. En esta clase de acciones la excusabilidad del error habrá de ser apreciada, ponderando la posición prevalente de quien cuenta con la información para ofertar tales productos contractuales en el tráfico jurídico frente a quien carece de tales conocimientos, ocupando una posición subordinada o debilitada, que le hace merecedor a una indiscutible protección jurídica. La entidad bancaria tiene la obligación de informar al cliente sobre la naturaleza del producto y sus riesgos. La carga de la prueba sobre la información dispensada le corresponde a la entidad financiera. Este deber de información constituye una obligación activa y no de mera disponibilidad. La formación del contratante necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto de inversión complejo es la del profesional del mercado de valores o la del cliente experimentado en productos complejos. No hay confirmación del contrato por la percepción de liquidaciones positivas. La falta de información puede hacer presumir el error en quien contrató con dicho déficit informativo.
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación contra una sentencia que, tras apreciar la nulidad de unos contratos financieros en los que la firma de la demandante había sido falsificada por su marido (que consiguió que se firmaran fuera de la entidad bancaria con el pretexto de que ella no podía acudir por su trabajo y que se cambiara la dirección donde se enviaban los extractos para que no se enterara) ordenó la restitución de las prestaciones y rechazó eximir a la demandante de su obligación de devolver las cantidades dispuestas al existir dudas de que con el dinero de los contratos se hubieren atendido gastos familiares. La sala aplica la regla del art. 1306 CC (causa torpe de uno de los contratantes) y declara que la demandante no tiene que devolver cantidad alguna, debido a la participación relevante de los empleados del banco y a que la actuación fraudulenta del marido fue posible gracias a la inobservancia por la propia entidad de sus normas internas sobre evitación de fraude a los clientes. La adaptación del art. 1306 a casos de inexistencia contractual como este se justifica para desincentivar conductas como la del banco, que tuvo una participación significativa en lo ocurrido. Las dudas sobre el destino del dinero no pueden perjudicar a la actora. En cambio, los daños morales padecidos, en cuanto pudieran atribuirse a la negligencia del banco que permitió la actuación fraudulenta del marido, no pueden imputarse a la demandada, cesionaria del crédito ajena a esos hechos
Resumen: Demanda en la que se ejercitaba una acción de retracto de crédito litigioso. Los demandantes obtuvieron un préstamo que, ante su impago, fue reclamado judicialmente por la prestamista; la sentencia firme fue objeto de ejecución y, en la misma, se llegó a un acuerdo para el pago de la deuda en ochenta y ocho mensualidades; posteriormente, el crédito fue cedido a un tercero y los prestatarios ejercitaron la acción de retracto de crédito litigioso de la que dimana este pleito. La demanda fue estimada en ambas instancias y recurre en casación la entidad a la que le fue cedido el crédito por la prestamista inicial. La sala estima el recurso de casación pues, de acuerdo con su jurisprudencia, el crédito cedido no tenía el carácter de litigioso cuando fue cedido a la demandada, puesto que su existencia, exigibilidad y cuantía ya habían sido determinados en sentencia firme dándose, además, la circunstancia de que en la ejecución de la sentencia tampoco había contienda cuando se produjo la cesión, puesto que las partes habían llegado a un acuerdo sobre el pago fraccionado de la deuda, que se estaba cumpliendo. La estimación de la casación comporta la desestimación de la demanda.
Resumen: Efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado: en aplicación de los criterios facilitados por el TJUE, se entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). No puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato. Esa nulidad total expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, y para evitarlo, se aplica la doctrina del TJUE, que ha admitido que la cláusula abusiva se sustituya por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado, en referencia al art. 693.2 LEC en su redacción del año 2013. No obstante, se considera más lógico tener ahora en cuenta la nueva LCCI, como norma imperativa más beneficiosa para el consumidor. Se facilitan orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso en los que no se ha producido entrega de la posesión, en función de si el vencimiento del préstamo se produjo antes o después de la Ley 1/2013 y de si el incumplimiento del deudor reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigibles. Es abusiva la cláusula de gastos y la imposición de un visto bueno del banco a la aseguradora elegida el prestatario.
Resumen: La Sala desestima los recursos formulados en un litigio en el que se plantea si el cambio del marco regulatorio permite extinguir o modificar las garantías de los préstamos hipotecarios suscritos para financiar un proyecto fotovoltaico. Los actores, fiadores del préstamo y accionistas o interesados en la prestataria, invocaron la aplicación de la rebus, que fue rechazada en las dos instancias. Recurso por infracción procesal: se mezclan indebidamente incongruencia y falta de motivación, cuando además no concurre ninguno de estos defectos procesales. La prueba solicitada e inadmitida versaba sobre un hecho no controvertido. Recurso de casación: la alteración de las circunstancias que puede provocar la modificación o resolución de un contrato (rebus) ha de ser imprevisible y de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la propia finalidad del contrato. La incidencia del cambio legislativo que habría determinado, según el recurso, la insolvencia del deudor principal, es un riesgo que debe recaer en los fiadores, porque la causa del contrato de fianza es aumentar la seguridad de cobro del crédito del acreedor. En el conflicto entre las demandadas que financiaron la actividad y el deudor principal y sus fiadores todo el riesgo regulatorio, que fue solo uno de los factores del fracaso empresarial, es ajeno al acreedor que se limita a financiar y no debe soportar los riesgos de la actividad del deudor principal ni sufrir el daño de su insolvencia
