• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2751/2020
  • Fecha: 25/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de conducción sin carnet, sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 1169/2021
  • Fecha: 25/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito continuado se debe sancionar con la mitad superior de la pena que puede llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado con independencia de la clase de delito de que se trate, patrimonial o no. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica que debe ser incrementada con arreglo al art. 74.1 CP no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. Y, finalmente, la regla contenida en el art. 74.1 CP solo queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración, es decir, aquellos casos en los que la pena ya haya sido incrementada en atención al perjuicio total causado por tratarse de delito continuado. En el caso que nos ocupa es de aplicación la regla penológica del art. 74.1 CP. No hay doble valoración punitiva, pues en el relato de hechos ya consta que al menos dos de las disposiciones ilícitas lo fueron por importe de 10.000 euros cada una, por tanto, superiores a los 400 euros. Sentado lo anterior, a su vez hay que tener presente que la pena a tener en cuenta de cara a computar los plazos de prescripción es la pena en abstracto. Más en concreto, la pena en abstracto máxima posible legalmente. Tratándose de un delito continuado, la pena en abstracto, debe estimarse en toda su extensión y por tanto en su concepción de pena máxima que puede serle impuesta, siendo desde esta perspectiva que debe interpretarse el término "pena máxima" señalada al delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1742/2020
  • Fecha: 23/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los elementos configuradores del delito de deslealtad profesional son: 1) el sujeto activo tiene que ser un abogado o un procurador por tanto es un delito especial. 2) Desde el punto de vista de la dinámica comisiva, que se despliegue una acción u omisión, que en ambos casos derivará en un resultado. 3) Un perjuicio manifiesto de los intereses encomendados. d) Un comportamiento doloso, en el que debe incluirse el dolo eventual, o bien un comportamiento culposo, en el que concurra "imprudencia grave". El daño moral no puede identificarse con secuelas psicológicas, sino que tiene un espacio propio, en el que las situaciones de angustia, frustración, miedo o padecimientos, que soporta quien sufre las consecuencias del delito, y merecen un resarcimiento. Cuando se trata de daños morales, y frente a los económicamente evaluables, la única base para medir la indemnización por esos perjuicios, es el hecho delictivo mismo, del que éstos son sus consecuencia. Únicamente es revisable en casación, cuando la valoración rebase cuando la valoración rebase los límites mínimos y máximos dentro de los cuales resulta razonable esa prudente discrecionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1891/2020
  • Fecha: 20/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La utilización de dispositivos de localización y seguimiento tiene una incidencia directa en el círculo de exclusión que cada ciudadano define frente a terceros y frente a los poderes públicos; la ley subordina la legitimidad del acto de intromisión a la previa autorización judicial. Como regla general, constituye una prueba de cargo válida la comparecencia en el juicio oral de quien ha realizado un reconocimiento fotográfico practicado con todas las garantías durante el sumario, y que ratifica en el juicio lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes. La identificación del sospechoso efectuada por agentes policiales a partir de videograbaciones de los autores recogidas durante la investigación, es insuficiente como prueba de cargo para acreditar la identidad de los autores, si no descansan en una prueba pericial fisionómica o antropomórfica. Se perfila como una actuación pericial la información que extraigan los agentes del material videográfico y que deseen aportar al Tribunal. Dado que el testigo declara sobre hechos pasados relacionados con el proceso y percibidos sensorialmente por él, el perito suministra al Juzgador una concreta información sobre aspectos trascendentes para el enjuiciamiento. La necesidad de contar con la confianza del acusado no permite al Letrado disponer a su antojo el desarrollo del proceso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 2987/2021
  • Fecha: 18/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La modificación agravatoria del fallo supone la vulneración del derecho del recurrente a un proceso con todas las garantías. Cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, el espacio del control casacional se reconfigura y debe contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. La legítima defensa debe situarse en la necesidad de protección individual de bienes jurídicos y de prevalimiento del Derecho. La inexistencia de agresión ilegítima normativamente relevante impide no solo el rechazo de la eximente sino también de las fórmulas de exención incompleta o analógica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2361/2020
  • Fecha: 17/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para establecer el dolo homicida es suficiente con acreditar que, cuando embiste contra el vehículo, sabía que su conductor se encontraba entre éste y la muy cercana pared del edificio, y que, con altísima probabilidad, lo aplastaría contra ella. La mera descripción de las lesiones pone de relieve que por su importancia comprometían la vida del lesionado. La forma de realizar la agresión es claramente alevosa. El ataque se produce utilizando un instrumento de enorme potencia lesiva y de forma totalmente sorpresiva, inesperada para el atacado. El recurrente no podía ignorar que en el lugar de los hechos se encontraban otras personas; que, habiéndose percatado de lo sucedido, lógicamente solicitarían ayuda. La decisión de éste no puede aislarse de esos elementos, lo que suprime el carácter voluntario exigido por el artículo 16.2 del CP para apreciar el desistimiento. Se limitó a consignar la cantidad de 2.100 euros, lo cual es insuficiente a los efectos de la atenuante de reparación del daño. La identificación del recurrente como autor de los hechos resultaba indiscutible desde el primer momento, por lo que su confesión resulta irrelevante. No habiendo avanzado en la mediación se desconoce si se hubiera podido alcanzar algún acuerdo que pudiera valorarse como una aportación a análoga a la reparación del daño. La tramitación de la causa ha presentado algunas complejidades, de manera que ni su duración ni la existencia de algunos retrasos justifican dilaciones cualificadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 20454/2021
  • Fecha: 17/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La decisión recurrida por la que se considera que la regla especial de internamiento preceptivo del artículo 10.2 b) LORPM resulta aplicable a formas intentadas de los delitos expresamente mencionados en la norma, se ajusta, en términos incuestionables, a las exigencias de los principios de estricta legalidad y taxatividad. El delito intentado y el consumado comparten el contenido esencial del injusto -que lo suministra la acción disvaliosa en que consiste el segundo, justificando, a la postre, la punición del primero- y el elemento intencional de lesión, siendo el tipo subjetivo de la forma intentada coincidente con el de la consumada. Cuando el legislador ha querido la exclusión de la forma intentada lo ha dispuesto expresamente en la norma. La conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial sobre que el régimen de internamiento preceptivo del artículo 10.2 b) LORPM, debe imponerse a supuestos como el que nos ocupa, en el que el menor fue declarado responsable de una violación intentada, se ajusta de forma impecable a los cánones generalmente aceptados de interpretación sistemática y teleológica de nuestro modelo penal. Y muy en particular, a las implicaciones que se derivan de la consideración de la tentativa como una forma de ejecución del correspondiente delito de la parte especial y no como un tipo objetivo independiente. La duración del proceso ha supuesto que la medida deba ejecutarse cuando ya es adulto el acusado, por lo que deberán adoptarse medidas de ajuste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 5926/2020
  • Fecha: 12/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de apropiación indebida no puede reputarse cometido hasta sobrepasado el llamado "punto de no retorno", es decir, a partir del momento en el cual resulta ya evidente el propósito de no reintegrar las cantidades poseídas a su verdadero titular, quedando consumado cuando se dispone del dinero con una finalidad distinta a la pactada. A pesar de que la prescripción de la acción civil se interrumpe, entre otros supuestos, por la reclamación extrajudicial, la prescripción del delito obedece a razones y fundamentos muy distintos de los que pueden predicarse cuando de acciones civiles se trata. Declarada la prescripción del delito y extinguida en consecuencia la responsabilidad criminal, ningún pronunciamiento procede acerca de la eventual responsabilidad civil derivada del delito, sin perjuicio de que la misma pudiera resultar declarada en el marco de la jurisdicción civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10738/2021
  • Fecha: 11/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Deben excluirse las sentencias relativas a los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, esto es, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación; y, en segundo lugar, también han de ser excluidas las sentencias relativas a hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación. Y ello porque en ninguno de ambos casos los hechos podían haber sido enjuiciados en el mismo proceso. Ha de estarse a la fecha de las sentencias iniciales y no a la de la firmeza que eventualmente podría alcanzarse días, semanas o meses después. Cuando la sentencia inicial es absolutoria y la condena se produce ex novo en apelación o casación entonces, sólo entonces, esta segunda fecha será la relevante a efectos de acumulación. Cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito cronológico elegido. No cabe la acumulación pretendida, pues de ella deben excluirse las sentencias relativas a los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, esto es, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación; y, en segundo lugar, también han de ser excluidas las sentencias relativas a hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 10/2022
  • Fecha: 11/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Como resultado del razonable proceso deductivo del tribunal sentenciador, el relato de hechos probados concluye que no se produjo la situación de acoso sexual y laboral denunciada, así como que el propósito de la denuncia era enmascarar ante su marido la relación sentimental mantenida por la recurrente con el denunciado. No resultó afectado el deber de motivación en lo que atañe a la determinación de la cuantía de la responsabilidad civil, habida cuenta de la dificultad para identificar las bases indemnizatorias cuando se trata de compensar el daño moral. Además, dicha cuantía no puede revisarse en casación, salvo que incurriese en error notorio, arbitrariedad o notable desproporción. El tribunal de instancia valoró a través de una inferencia razonable y no arbitraria el conjunto de pruebas documentales y testificales de cargo practicadas con todas las garantías. En el inamovible relato de hechos probados concurren todos los elementos precisos para integrar el tipo aplicado, pues se atribuyeron al denunciado, ante funcionario administrativo obligado a su averiguación, hechos falsos que, de ser ciertos, eran constitutivos de infracción penal, con conocimiento por la denunciante de la falsedad de la imputación. Procede la imposición de las costas generadas a la acusación particular por la teoría de la relevancia, ya que el tribunal sentenciador acogió las tesis de esta tanto para la adecuada subsunción de los hechos como para la procedencia de las responsabilidades civil.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.