• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 179/2018
  • Fecha: 13/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que declaró la falta de competencia objetiva de dicha Sala para enjuiciar el conflicto colectivo promovido por el Comité Intercentros de Euskal Telebista SA, frente a dicha empresa, previniendo a la parte de la posibilidad de presentar la demanda ante la Audiencia Nacional. Y dicho parecer es compartido por el TS. Se funda esta decisión en la constante doctrina jurisprudencial que señala que "la competencia para conocer de una pretensión de conflicto colectivo viene dada por el alcance territorial de los efectos del conficto colectivo planteado". En el caso, partiendo de los hechos acreditados, desde la perspectiva de la afectación del conflicto de la que hay que partir, el conflicto afecta a la totalidad de la plantilla de la empresa demandada; siendo irrelevante a tales efectos la existencia o no de centros de trabajo como tales (art. 1.5 ET), pues lo relevante es que, -con independencia de otros centros o corresponsalías que la empresa tenga- , la empresa tiene delegaciones en Madrid y Barcelona, con cuenta de cotización y domicilio, cuyos trabajadores también van a verse afectados por el conflicto, con lo cual sus efectos, se expanden en todo caso, más allá de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo cual sitúa a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional como competente para el conocimiento de la pretensión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1875/2019
  • Fecha: 07/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada se centra en determinar los efectos temporales de la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2016, de 3 de octubre de 2016, (BOE 16/11/2016), que anuló por inconstitucional los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 4/2010, de la Comunidad de Madrid, que imponían la reducción salarial del 5% de todos los conceptos retributivos al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Particularmente, si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se impuso la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La Sala IV, con voto particular, no entra a conocer del fondo de la cuestión, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, al no concurrir la identidad de hechos y pretensiones. En la sentencia recurrida no se produce ninguna reclamación ni extrajudicial ni judicial a partir del momento de la entrada en vigor de la norma autonómica (luego declarada inconstitucional) por virtud de la cual pudiere considerarse interrumpido el plazo de prescripción o reclamadas unas diferencias retributivas que, al cabo, son consideradas ilícitas. Sin embargo, en el supuesto examinado en la sentencia referencial existe una reclamación colectiva oportunamente judicializada mediante la formulación de un conflicto colectivo en el año 2011 y a raíz precisamente de la entrada en vigor de la Ley autonómica,
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 63/2019
  • Fecha: 21/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la estimación parcial de la demanda en impugnación de determinados preceptos del Código de Conducta del Banco de España por vulneración de derechos fundamentales, declarando la nulidad del art 8, 2 en lo que se refiere a la entrega por parte de los empleados de copia de las declaraciones de IRPF y de los datos fiscales. Se rechaza la vulneración del derecho a la intimidad, al honor, libertad de expresión e información al exigir autorización previa del Banco para realizar determinadas actividades extralaborales: dirigir cursos, conferencias, creación literaria, participación en coloquios, programas, cuando versen sobre situaciones económicas, financieras, bancarias o cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Banco de España; concesión de entrevistas, o suministro de informaciones o valoraciones relacionadas con el trabajo. Dichas exigencias no suponen una injerencia del empresario en la esfera de la intimidad de los trabajadores. La medida es necesaria e idónea para evitar el conflicto de intereses, asegurar el cumplimiento de la obligación de confidencialidad, así como garantizar la independencia e imparcialidad de los empleados. La prohibición de realización de operaciones financieras privadas solo afecta a los empleados que pueden tener acceso a información privilegiada. Finalmente, se declara que no existe habilitación legal para que el Banco pueda solicitar a sus empleados sus declaraciones de IRPF, ni mediando consentimiento de estos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 76/2019
  • Fecha: 21/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona el alcance de la interpretación del Acuerdo de 16/2/04, Grupo Viesgo, para la aplicación del seguro médico y si avala reconocer a todos los trabajadores la totalidad de las prestaciones médicas establecidas en tal pacto o, si por el contrario, las prestaciones de recetas y de gastos de viaje para asistencia médica únicamente se reconoce a los trabajadores que se habían incorporado a la empresa con anterioridad al 25/10/2000. La Sala IV reitera que cuando en el recurso se reclama una interpretación distinta, la labor casacional consiste en verificar que la interpretación efectuada por el órgano de instancia se adecúa las reglas hermenéuticas legales y que, por tanto, no es ni irrazonable ni arbitraria. Se estima, con voto particular, que la sentencia recurrida ha aplicado correctamente las reglas hermenéuticas, combinando los distintos criterios interpretativos. Así, para desestimar la demanda, la sentencia se ha atenido en 1er lugar a la interpretación literal que se desprende del sentido gramatical del acuerdo, reseñando que el sentido propio de las palabras impide una interpretación diferente a la postulada por la empresa. Tal canon se refuerza acudiendo a la interpretación finalista del acuerdo, así como al examen de los actos coetáneos, anteriores o posteriores al acuerdo a fin de averiguar la real intención de las partes, concluyendo que las prestaciones controvertidas sólo son reconocidas a aquellos colectivos que las venían disfrutando con anterioridad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 31/2019
  • Fecha: 18/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida, desestimando la demanda en impugnación de convenio, en la que se solicita se declare la nulidad, del apartado g) DA 1ª, exclusión de los trabajadores contratados desde la firma del Convenio, y la DA 2ª, respecto a la derogación del artículo 207 de la Normativa Laboral, únicamente para los incorporados desde el 1/1/16, del I Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas. Respecto a la DA 1ª, y tras recordar la doctrina en materia de igualdad de trato y convenio colectivo con doble escala salarial, concluye que existe una justificación objetiva y razonable para la regulación al mantener el derecho a la compensación por festivos suprimidos a los trabajadores de Telefónica de España, sin extenderlo a los de las otras mercantiles vinculadas ni a favor de los que a partir de 1/1/16 sean contratados por las empresas afectadas por el Convenio, dado que pretende mantener derechos adquiridos. Respecto a la DA 2ª sostiene que se está derogando el premio servicios prestados y garantizando el derecho en proceso de consolidación de quienes estaban bajo la cobertura de la norma convencional que así lo establecía, acudiendo a un régimen que no podría calificarse de doble escala salarial, motivadora de un trato retributivo desigual. Esta conserva una determinada cuantía retributiva ya generada o consolidada por aquellos que la tenían establecida, sin que con ello se esté perpetuando una diferencia retributiva por la fecha de ingreso en la empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 67/2019
  • Fecha: 16/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso se dirige exclusivamente a la parte del fallo que declarara la nulidad de la normativa interna de las demandadas sobre el personal de fuera de convenio que contempla “los aspectos básicos” de los empleados fuera de convenio, no sujetos al “Estatuto Directivo. El Convenio define su ámbito personal de aplicación con una regla general de integración y específicas exclusiones. En ningún caso cabría imponer a las demandadas obligaciones reconocidas en el convenio respecto de relaciones laborales excluidas del mismo. La existencia de vínculos contractuales laborales que no se rigen por las normas del convenio se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado (art. 3.1 a) ET), por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo (art. 3.1 c) ET) y por los usos y costumbres locales y profesionales (art. 3.1 d) ET); comportando el sistema de fuentes unos límites a la voluntad de las partes que vienen marcados por las fuentes normativas de rango superior (art. 3.1 c) ET) no pudiendo establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos. Sólo cabe examinar si existe, por parte de la empresa, alguna práctica o actuación que, en relación con el grupo de personas trabajadoras fuera del convenio, pueda ser tachada de contraria a la ley. La sentencia recurrida hace un análisis en relación con una eventual desigualdad pero nada se plantea en el recur
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 80/2019
  • Fecha: 15/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV se pronuncia sobre un litigio de corte estrictamente interpretativo en el que se discute sobre el alcance subjetivo de un Plan de Desvinculaciones pactado antes de su incorporación al convenio colectivo del Grupo Renfe. En particular si el personal de "Estructura de Dirección" puede acogerse al "Plan de desvinculaciones", pese a que el mismo se haya incorporado al convenio colectivo y este no incluye en su ámbito aplicativo a tales trabajadores. Se confirma la desestimación de la demanda en base al acierto de la interpretación asumida por la AN cuanto por la aplicación de los habituales criterios que deben presidirla (histórico, gramatical, sistemático). Para ello examina el tenor tanto del Plan de Empleo (dentro del cual se encuentra el Plan de Desvinculaciones) cuanto del posterior Convenio Colectivo que lo incorpora, poniendo de relieve que la clara voluntad de quienes lo firmaron (empresa y comité de empresa) era abarcar a cuantas personas prestan servicios en régimen laboral, que su tenor aboca a la misma conclusión y que desde que se firmara han venido admitiéndose ese tipo de bajas incentivadas. La eventual contradicción entre el Convenio Colectivo (que excluye de su ámbito personal al personal directivo de estructura) y el Plan de Desvinculaciones (que no realiza reserva alguna) ha de salvarse haciendo prevalecer el tenor de lo acordado, máxime cuando se acomoda a lo querido por quienes lo suscribieron inicialmente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 34/2019
  • Fecha: 15/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida confirma la de instancia desestimatoria de la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato CGT, en la que se solicita la declaración del derecho de los trabajadores de Ferrovial Servicios SA que viajan en trenes AVE y LD sin prestar servicio activo a que se les asigne una plaza concreta. La demandada es adjudicataria de los servicios de restauración y atención a bordo de los trenes AVE y LD. A los trabajadores que viajan en situación de pasivo no se les asigna plaza en el tren. La sala IV, tras desestimar la pretensión de modificación del relato fáctico, razona, con respecto al fondo de la cuestión litigiosa, que no existe norma que prohíba a los trabajadores viajar de pie y que no existen datos que avalen que los trabajadores que viajan en pasivo soporten mas riesgos que los que hacen en activo. Además, las ocasiones en que los trabajadores en pasivo deben viajar de pie son excepcionales, sin que consten incidencias de ninguna clase en relación con la seguridad de los trabajadores. Y la empresa nunca se ha cerrado a encontrar una solución al problema planteado en el recurso, sino que se admite que el trabajador viaje en el siguiente tren que disponga de plazas, con lo que se suprimen los riesgos genéricos que pudieran derivarse del hecho de viajar sin plaza. En conclusión, no hay norma legal ni convencional que obligue a la empresa a facilitar a los trabajadores de billetes con plaza asignada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 98/2019
  • Fecha: 15/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se debate si en las elecciones de los órganos de representación de los trabajadores de ADIF, los trabajadores pueden votar por correo comunicando previamente a la mesa electoral su intención de votar así. El Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, aprobó el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa y su art. 10 establece que la votación por correo exige previa comunicación del trabajador a la mesa electoral. El art. 10.6 del Real Decreto 1844/1994 permite que vote presencialmente el trabajador que había votado anticipadamente, manifestándolo ante la mesa, y emitido su voto se le entregará el que hubiese enviado por correo, que en caso de no haberse recibido se incinerará. En el Acuerdo de Elecciones Sindicales de ADIF 2019. se añade otra forma de votar por correo haciendo la comunicación personalmente ante la mesa electoral. El Acuerdo no vulnera la norma reglamentaria. No impide que pueda acudirse a la oficina de Correos. Los trabajadores que lo deseen, pueden efectuar la comunicación del voto a través de Correos, facilitándose el voto al permitir la comunicación directa del votante a la mesa electoral, lo que supone una ampliación de la garantía del derecho al voto que no puede considerarse contraria al marco normativo ni comporta perjuicio alguno para el proceso electoral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 22/2019
  • Fecha: 15/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre el sindicato demandante, contra la sentencia desestimó la demanda de conflicto colectivo en la que solicita que se declare la nulidad del acuerdo sobre jornadas y horarios de trabajo. Entienden los demandantes que el acuerdo supone la inaplicación y descuelgue del régimen de horarios de trabajo establecido en el art. 27 del Convenio sectorial de la banca, por lo que debería de haberse seguido el procedimiento previsto en el art. 82.3 ET, en lugar del establecido en el art. 41 ET. La sentencia recurrida considera que el personal afectado se encuentra comprendido en el supuesto que contempla el art. 27.4 del Convenio Colectivo supone una habilitación para negociar sin necesidad de acudir al procedimiento de descuelgue del art. 82.3 ET. Se desestima el recurso en su integridad puesto que no hay elementos de juicio que permitan admitir que el colectivo de trabajadores a los que afecta el acuerdo impugnado sea diferente al contemplado en el art. 27.4 del Convenio Colectivo cuya infracción se denuncia. La modificación del horario de trabajo de ese colectivo podrá suponer una MSCT, que deba sujetarse el procedimiento del art. 41 ET, pero no supone la inaplicación del convenio que contempla expresamente esa posibilidad. No se trata de una decisión unilateral de la empresa, sino de un acuerdo con sindicatos legitimados, tras seguir el oportuno procedimiento del art. 41 ET, en el que participó igualmente el sindicato demandante.

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