Resumen: Se cuestiona en qué porcentaje adicional procede incrementar la masa salarial del grupo Aena para el año 2018, que los demandantes pretenden sea del 0.3% y las demandadas y la sentencia recurrida entienden que debe ser del 0,2% que fue lo autorizado e informado favorablemente por el Mº de Hacienda. Enaire y Aena tenían superávit presupuestario y pactaron la subida adicional del 0,3%. El informe de la Secretaria de Estado de Presupuestos denegó el incremento debido a que “no existe superávit en el sector público estatal”. El artículo 32 LPGE-18, establece que «Será preciso informe favorable del Mº de Hacienda para determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y el artículo 34 dispone además que todos los acuerdos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de los Departamentos Ministeriales, Organismos, Agencias estatales, Entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda, por lo que nos encontramos ante un incremento adicional que debe ser autorizado; por lo que sólo la pertinente autorización abre paso en, concepto y cuantía concreta, a la posibilidad de establecer un incremento adicional de la masa salarial que, por ley, no puede superar el
Resumen: Se plantea si, en las elecciones de los órganos de representación de los trabajadores de las empresas del grupo RENFE, los trabajadores pueden votar por correo comunicando previamente a la mesa electoral su intención de votar así. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda en la que se solicita se declare la nulidad del último párrafo del punto "9-VOTO POR CORREO" por conculcar lo establecido en el art 10 del Real Decreto 1844/1994, al otorgar funciones que no le corresponden a la mesa electoral. Este precepto exige la previa comunicación del trabajador a la mesa electoral para poder votar por correo y que esta comunicación se realice a través de las oficinas de Correos, quien la remite a la mesa electoral. Asimismo, el reglamento electoral para la celebración de las elecciones de representantes de los trabajadores de del Grupo RENFE, de 4/12/2018, con la finalidad de facilitar el voto, permite que el trabajador comunique personalmente a la mesa electoral su intención de emitir el voto por correo. Y reitera lo acordado en las tres últimas elecciones. Por todo ello se concluye que se facilita el voto por correo, sin merma de garantías ni se pone en riesgo el voto personal, libre y secreto por lo que el Reglamento no vulnera el art. 10 del Real Decreto 1844/1994. Los trabajadores que lo deseen pueden efectuar la comunicación del voto a través de Correos. El reglamento se limita a facilitar el voto permitiendo la comunicación directa del votante a la mesa electoral.
Resumen: La cuestión planteada en conflicto colectivo se centra en decidir si el acuerdo de 08/09/2017 sobre prejubilaciones adoptado en el seno de la comisión mixta prevista en el III convenio colectivo de la empresa Nucleanor, SA, ha sido modificado con posterioridad por los acuerdos adoptados a raíz del despido colectivo por fuerza mayor, acordado como consecuencia del fin de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña decidido por la OM ETU/754/2017, de 1 de agosto. El recurso formulado por UGT-FICA considera que esos acuerdos no se limitan a aclarar o a desarrollar el acuerdo de prejubilaciones sino que lo modifican, defendiendo en particular que los salarios a considerar deben ser brutos (no netos) y que no deben tenerse en cuenta las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores. La sentencia comentada señala que los referidos acuerdos posteriores podían haber modificado dicho acuerdo si así lo hubieran decidido, toda vez que quienes los suscribieron tenían la legitimación y la mayoría para hacerlo, pero llega a la conclusión de que no lo hicieron, desestimando por ello el recurso planteado.
Resumen: CNT plantea demanda de conflicto colectivo porque los trabajadores de la Agencia para la modernización informática de Galicia – Amtega- que antes prestaban servicios para la Junta de Galicia perciben un plus de informática y el resto del personal de dicha entidad, no. La Sala IV confirma la STSJ de Galicia desestimatoria de la demanda. El TS, tras rechazar la denuncia de infracción de las normas o garantías del proceso y la solicitud de revisión del relato fáctico, argumenta que no nos encontramos ante un supuesto de doble escala salarial con aplicación de un único convenio ni en una aplicación discriminatoria entre los trabajadores antiguos y los nuevos. Los trabajadores que se integraron en Amtega procedentes de la Administración autonómica venían percibiendo el plus de informática establecido en el Acuerdo de la Junta de Galicia de 28/1/1993, por lo que gozan de una condición más beneficiosa respetada por la empresa sucesora frente a los nuevos trabajadores. Y del personal temporal (incluidos los indefinidos no fijos) que se integraron en la Amtega, 17 tenían reconocido judicialmente el derecho a tal plus y otros 19 trabajadores temporales y 1 fijo, no percibían el plus al habérsele denegado judicialmente. Tampoco lo percibían otros 10 trabajadores indefinidos no fijos. Así, el mantenimiento o no del plus deriva de situaciones jurídicas concretas, lo que constituye una justificación objetiva y razonable para el distinto trato salarial. Se desestima el recurso
Resumen: La sentencia casa y anula la de instancia y desestima la demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba si el personal de ADIF con categoría de mando intermedio y cuadro que accedió a dicha categoría el 01-01-1999 y que ha permanecido en ella más de 20 años, tiene derecho a percibir desde el 01-01-2019 como complemento personal por permanencia de 20 años en el mismo nivel salarial, el salario correspondiente al nivel salarial superior al que ostentan: la banda de referencia mínima o inferior del Personal de Estructura de Apoyo. La decisión se fundamenta en que: 1) El escrito de interposición no adolece de defectos de cita y fundamentación de la infracción legal; 2) El conflicto es jurídico y no de intereses por lo que no debe apreciarse inadecuación de procedimiento; 3) No procede declarar la falta de jurisdicción; 4) Ni el art. 121 de la Normativa Laboral de Renfe, ni la cláusula 18 apartado 1 del XIV CC de Renfe, reconoce el derecho de los Mandos Intermedios y Cuadros que accedieron a dicha categoría el 01-01-1999 y que han permanecido en ella más de 20 años, a percibir desde el 01-01-2019 el complemento por antigüedad de 20 años conforme al salario correspondiente al Personal de Estructura de Apoyo, por cuanto lo que se establece es el derecho al complemento para el nivel salarial superior pero no la categoría superior
Resumen: La Sala IV estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo declarando el derecho de los trabajadores de Avanade desplazados a otra empresa por razón de servicio a no superar el cómputo mensual de horas de la empresa de origen Avanade Spain SLU. Para ello se interpreta el art. 20 del XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. Previamente recuerda los criterios para la interpretación de los convenios colectivos atendiendo a la singular naturaleza mixta de los mismos, así como que se trata de una facultad privativa de los Tribunales de instancia, salvo que la interpretación no se racional ni lógica. Acudiendo a una interpretación literal del precepto se evidencia un parámetro mensual que se convierte en límite y garantía para los trabajadores desplazados. La jornada que están obligados a realizar los trabajadores desplazados será la que resulte de la aplicación del horario correspondiente en la empresa de origen y no la del centro de trabajo en el que se encuentren desplazados. Hay que estar al límite fijado por los negociadores de necesario respeto de la jornada mensual de la empresa de origen, a distribuir según el horario de destino, tal y como diseña en su dicción literal el art. 20 del convenio.
Resumen: Se cuestiona si la empresa está obligada a facilitar a los representantes legales de los trabajadores información y copia de los pactos de horas complementarias entre empresa y trabajadores a tiempo parcial, una vez formalizado el contrato de trabajo. La empresa informa de las horas complementarias que se han realizado durante el mes anterior, desglosado por trabajador y cumple con la obligación de entrega de la copia básica de los contratos. Las horas complementarias de los contratos a tiempo parcial se encuentran reguladas en el artículo 12.5 ET. Se trata de horas ordinarias que pueden adicionarse a las que constituyen el objeto del contrato y que están sujetas a múltiples exigencias o cautelas que se incorporan en el precepto citado y que deben ser vigiladas por los representantes de los trabajadores, en cumplimiento del artículo 64.7 a) ET. Resulta obvio que, para la plena efectividad de dichas competencias resulta vital el conocimiento del pacto sobre horas complementarias. La recta interpretación del artículo 16 del Convenio Colectivo aplicable exige que las empresas entreguen a la representación de los trabajadores un acuerdo posterior que implica una modificación del contrato inicial. Modificar es transformar o cambiar algo y resulta evidente que un nuevo pacto de horas complementarias cambia el contrato inicial por lo que el convenio obliga, también, a la entrega de la copia del pacto de horas complementarias que se produce con posterioridad al contrato.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo interpuesta por Comité de Empresa de Vuelo de Iberia Líneas Aéreas, S.A., Operadora Unipersonal, en la que solicita que se declare que la facultad de la que dispone la empresa conforme al art. 20.4 ET la necesidad o exigencia de que el mecanismo de control del absentismo cuente con la aprobación de los representantes de los trabajadores. La empresa comunicó a todos sus empleados, que a partir del día 22 de diciembre de 2017 se iniciaría "un nuevo servicio de apoyo y seguimiento médico, a cargo de personal cualificado, destinado a TCP en situación de baja médica en caso de ausencias al trabajo producidas por procesos de enfermedad común o accidente no laboral. La Sala, tras analizar el art. 3 del XVII Convenio colectivo Iberia, distingue dos ámbitos jurídicos diversos: el atinente a la gestión de los complementos en caso de enfermedad y el de dirección y control de la actividad laboral facultado por el art. 20.4 ET. El plano regulatorio articulado por el empleador para supervisar el absentismo, incardinado en aquel art. 20.4 ET, es distinto al que estableció el convenio colectivo (con la correlativa vinculación del art. 82.3 ET) para percibir las cantidades complementarias pactadas como seguridad social de naturaleza de mejoras voluntarias.
Resumen: Se suscita cual es la retribución adecuada para quienes son contratados en virtud de contratos temporales de interinidad por el Banco de Sabadell S.A y que son adscritos a un nivel salarial inferior al de quienes son titulares de los puestos interinados. La Sala IV confirma la estimación de la demanda de conflicto colectivo declarando que los contratos de interinidad que se celebran en la empresa deben realizarse con el nivel profesional y salarial que corresponde al trabajador sustituido. La equiparación retributiva se estima en concordancia con el art 15.6 ET y de las normas equiparadoras de derechos en cuanto que, si existe identidad de funciones, ello debe conllevar necesariamente la identidad entre los niveles salariales de ambos colectivos de trabajadores. Por otro lado, el convenio sectorial y el acuerdo colectivo de empresa aplicables no permiten amparar las diferencias retributivas entre el trabajador sustituido y el trabajador sustituto. En definitiva, el nivel retributivo de quien desempeña un puesto interinamente ha de ser el propio de ese puesto cuando es desempeñado por quien sea su titular.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que estimando la demanda de conflicto colectivo declaró la nulidad del Proyecto Tracker que supone obligación repartidores aportar móvil con conexión a internet para instalación aplicación geolocalización, y nulidad cláusulas contractuales. Considera la sentencia que se vulnera el derecho de información y consulta del art. 64 ET y 67 CC sector elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio, al ser información genérica y afectar el proyecto al sistema de organización y control del trabajo aunque su finalidad vaya dirigida a facilitar a cliente seguimiento del pedido, al obligar al trabajador a aportar herramienta de trabajo con repercusión sobre datos personales y exigiendo cláusulas contractuales que afectan a causas suspensión y extinción del contrato y régimen disciplinario. Añade que la medida no cumple criterio de proporcionalidad, puesto que conforme a normativa comunitaria sobre qué debe entenderse por datos personales y su tratamiento, la información es confidencial (número de teléfono o dirección correo electrónico) pudiendo la empresa adoptar medidas menos invasivas, sin que compensación económica permita superar criterio proporcionalidad. Por último, concluye que existe abuso de derecho que influye en la ajenidad, puesto que se traslada al trabajador la responsabilidad pudiendo incluso perder el trabajo cuando no ponga a disposición empleador medios de trabajo.
