Resumen: Demanda de nulidad de varias cláusulas insertas en un préstamos hipotecario por falta de transparencia y por su carácter abusivo. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la audiencia la confirmó. Recurren en casación y en infracción procesal los clientes demandantes y la sala desestima ambos recursos. Respecto de este último, la sala considera que la cuestión planteada es de orden sustantivo y, reservada, por tanto al recurso de casación. Respecto del recurso de casación, la sentencia examina las cláusulas a las que queda circunscrito el recurso, relativas al sistema de amortización del préstamo y a los intereses ordinarios pactados y concluye que superan el control de incorporación, porque los adherentes tuvieron la posibilidad de conocerla, al estar incluidas en la escritura pública y ser gramaticalmente comprensibles, dada la sencillez de su redacción. La sala también considera que se supera el control de transparencia material, al no apreciar alteración subrepticia de condiciones, ni enmascaramiento, ocultación u oscurecimiento de los datos relevantes sobre los elementos esenciales del contrato, ni existencia de cláusulas sorpresivas que alteren la apariencia del precio del contrato o de sus consecuencias económicas, tal y como pudo representárselo mentalmente un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La desestimación de los recursos determina la confirmación de la sentencia recurrida.
Resumen: Condiciones generales de la contratación. Cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante: la apreciación de su carácter abusivo conlleva su inaplicación, si bien, en cuanto a sus efectos, dado que los gastos deberán ser abonados a terceros ajenos a los contratantes, la determinación de cómo deben distribuirse tales gastos debe hacerse, no en función de la cláusula anulada, sino de las disposiciones legales aplicables supletoriamente. Criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes. Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre atribución de los gastos de notaría e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Gastos de gestoría: superación de un precedente jurisprudencial para aplicar un criterio más ajustado a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos de gestoría, no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva.
Resumen: Demanda de nulidad de las cláusulas insertas en un contrato de préstamo hipotecario, en concreto, de aquella que atribuía todos los gastos al prestatario, interesando su devolución y la de vencimiento anticipado, por ser abusivas. En primera instancia, además de declarar la nulidad parcial de la cláusula sobre vencimiento anticipado, en lo que ahora interesa, se declaró la nulidad de la cláusula que atribuía los gastos a los prestatarios, en concreto los gastos notariales, el impuesto de actos jurídicos documentados (en adelante, IAJD), los de gestoría y tasación y condenó al banco a pagar a los demandantes la mitad de los gastos por ellos realizados (gastos notariales y registrales, el IAJD y los gastos de gestoría). Recurrida en apelación por el banco e impugnada por los demandantes, la Audiencia desestima el recurso y estima la impugnación de los demandantes, en el sentido de condenar a la restitución del pago de los aranceles del RP y del IAJD. El banco recurre en casación y la sala estima parcialmente el recurso en lo referente al pronunciamiento sobre la imputación de los gastos tributarios, que deja sin efecto al reiterar la jurisprudencia sobre la imputación de los gastos tributarios contenida en SSTS 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019 de 23 de enero. Desestima el motivo referido a los gastos del RP ya que conforme a la jurisprudencia contenida en STS 48/2019 de 23 de enero corresponde al banco prestamista su pago, siendo procedente su devolución a los prestatarios.
Resumen: Demanda contra la entidad prestamista en solicitud de nulidad de diversas cláusulas del contrato de préstamo hipotecario, nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria y la condena a la devolución de unos gastos indebidamente cobrados a los prestatarios. En primera instancia se estimó en parte la demanda, declaró la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y condenó al banco a devolver a los demandantes los gastos, rechazando la pretensión de nulidad del proceso de ejecución hipotecaria. Recurrida en apelación por el banco e impugnada por la demandante, la Audiencia desestimó la impugnación y estimó en parte el recurso dejando sin efecto la condena a la devolución de los gastos al no haber quedado acreditado su pago. Interpuesto recurso de casación por el demandante, la Sala lo desestima al considerar improcedente plantear la nulidad de un procedimiento de ejecución por la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo cuando en el mencionado proceso de ejecución hipotecaria hubo reiteradas posibilidades de plantear oposición por esa misma causa. También rechaza el motivo sobre la condena de los gastos de la ejecución hipotecaria porque altera la base fáctica ya que la sentencia recurrida no considera probado que los demandantes hayan pagado las cantidades que se reclaman y dicha conclusión probatoria no puede ser revisada en casación.
Resumen: Atribución a determinados juzgados para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Desestimación. No estamos ante una norma de carácter reglamentario. La decisión se encuentra debidamente motivada y ampliamente documentada. No es exigible el informe del Ministerio Fiscal. Sólo es precisa la conformidad del Ministerio de Justicia. La alegación de falta de proporcionalidad es una opinión subjetiva carente de soporte fáctico. La no publicación de los anexos I y II ello carece de transcendencia real. La entrada en vigor de la medida y su duración están perfectamente justificadas. Que el acto impugnado pueda ser tachado de inconveniente o incluso de ineficaz no supone, por sí solo, que vulnere el principio de seguridad jurídica. Las medidas efectivamente adoptadas en cuanto a medios personales y materiales son ajenas al Acuerdo. No se vulneran los principios de igualdad ni jerarquía normativa, y tampoco el derecho a juez natural predeterminado por la ley. La norma no prevé la audiencia en sentido estricto ni la facultad de decisión de los titulares de los órganos judiciales. No ser revisa o establece una nueva planta judicial. El art. 98 de la LOPJ no exige lo que la parte echa en falta en materia de prevención de riesgos laborales para la adopción de los acuerdos impugnados. No existe trato discriminatorio.
Resumen: Cláusula suelo. Control de inclusión. Control de transparencia material. El control de inclusión es un control de cognoscibilidad, lo que requiere que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer, al tiempo de la celebración del contrato, la existencia de la condición general controvertida y que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de las denominadas cláusulas suelo, salvo prueba en contrario, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. En la práctica solamente no superarían el control de inclusión cuando se considere probado que el adherente no pudo tener conocimiento de su existencia porque no se incluyó en la escritura pública, sino en un documento privado anexo que no se le entregó, o porque el notario no leyó la escritura, supuesto no concurrente en el presente caso. Respecto del control de transparencia material, la claridad de la redacción de la cláusula incluida en la escritura y su comprensibilidad gramatical no es suficiente por sí sola para cumplir con las exigencias del control de transparencia, que requiere de una adecuada información precontractual. En el presente caso el consumidor tuvo una información adecuada sobre la existencia y trascendencia del "suelo" con antelación suficiente a concertar el contrato. Se desestima su recurso.
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula suelo del préstamo hipotecario a interés variable, originariamente concedido a la sociedad mercantil promotora, en el que se subrogó cuando compró la vivienda el demandante. En primera instancia se estimó la demanda y declaró la nulidad de la cláusula limitativa del tipo de interés inserta en la escritura de compraventa con subrogación, manteniendo la vigencia del contrato sin aplicación de los límites suelo y techo, condenando a la demandada a devolver las cantidades cobradas en exceso y al pago de los intereses y costas, al entender que la entidad financiera no había cumplido los deberes de transparencia material respecto de dicha cláusula. El banco apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó el recurso al considerar que antes de firmarse el contrato de subrogación en el préstamo, se le ofreció al adherente una información comprensible acerca de las condiciones contratadas y, en especial, de la existencia de un tipo mínimo que fue precisamente el que se modificó con ocasión de subrogarse en el préstamo lo que necesariamente le permitió conocer con sencillez tanto la carga económica como la carga jurídica del mismo. Interpuesto recurso de casación, la sala lo desestima al confirmar que el cliente, con la información dada por el banco con antelación suficiente, pudo tener una comprensión efectiva de la existencia de la cláusula suelo y de las consecuencias que comportaba.
Resumen: Demanda en la que se instaba la nulidad de la cláusula de imputación de gastos contenida en una escritura de préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, anuló la cláusula y ordenó la devolución por el prestamista de las cantidades indebidamente abonadas. La audiencia confirmó la sentencia de primera instancia. Recurre en casación el banco demandado y la sala estima su recurso. La sala reitera su doctrina según la cual, una vez declarada nula y dejada sin efecto por abusiva la cláusula que atribuía todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debe entrar a analizar a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, corresponde satisfacer cada uno de los gastos cuestionados; en este caso, el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y los gastos notariales. Así, declara que a estimación del recurso de casación supone modificar la sentencia de apelación, en el sentido de dejar sin efecto la condena al banco a pagar a los prestatarios el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; y, respecto de los gastos notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se fija la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
Resumen: Recurso de casación. Allanamiento. Nulidad de tres cláusulas predispuestas en un contrato de préstamo hipotecario. La sentencia de apelación declaró la nulidad de la cláusula quinta del contrato, atinente a los gastos a cargo del prestatario, y condenó a la entidad bancaria demandada a reintegrar a la actora lo abonado por ésta por razón del Impuesto sobre actos Jurídicos Documentados que gravó la constitución de la hipoteca. La entidad bancaria demandada interpuso recurso de casación y el demandante-recurrido se allanó a dicho recurso. La posibilidad del allanamiento se extiende también al recurso de casación. La consecuencia será la estimación del recurso de casación y, al asumir la instancia, la estimación parcial del recurso de apelación y, por ende, la estimación, también parcial, de la demanda. Y todo ello, a los efectos restitutorios aquí planteados, sin entrar en otro tipo de consideraciones que, a causa del allanamiento al recurso, no es preciso tratar. Se deja sin efecto la condena de la sentencia recurrida a la entidad demandada en orden a reintegrar a la actora el importe abonado por ésta en concepto del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: Cláusulas abusivas. Control de incorporación: para que puedan considerarse incorporadas al contrato, las condiciones generales han de ser claras, concretas, sencillas y comprensibles directamente en atención al producto que se comercializa. En el caso, la cláusula supera el control de incorporación (está redactada en términos comprensibles, aparece en la oferta vinculante de forma sencilla y directa y se expresa en términos que resulta sencilla su lectura y comprensión, toda la información financiera se ofrece en una sola hoja, aislada, en la que de un golpe de vista puede reconocerse la información más importante sobre las condiciones financieras del préstamo hipotecaria, entre la que se encuentra la cláusula suelo). Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el control de transparencia: cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente; tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez la "carga económica" (onerosidad) que realmente supone para él el contrato y la "carga jurídica" (posición jurídica); importancia para el consumidor de disponer, antes de la celebración del contrato, de la suficiente información; valoración de la intervención del notario. En el caso, la inclusión de la cláusula suelo en la escritura de préstamo y la oferta vinculante no basta para entender cumplidas las exigencias de que el consumidor sea informado sobre la incidencia de esa cláusula en la economía del contrato.
