Resumen: Demanda en la que varios clientes de una entidad bancaria solicitaban la nulidad de varias cláusulas de sus préstamos hipotecarios, en concreto las relativas a las cuotas de amortización, tipos de interés y forma de cálculo y diversos gastos a cargo del prestatario. El préstamo es el denominado "hipoteca tranquilidad", que consiste en un préstamo de cuota creciente, en el que el prestatario comenzaba pagando una cuota que cada año se incrementaría en un porcentaje; esta distribución creciente provoca que las cuotas iniciales sean más bajas que las que, en iguales circunstancias, corresponderían a otros modelos como el francés puro, porque se dedican fundamentalmente al pago de intereses y apenas a amortización de capital, por lo que en cierta medida supone una modalidad de préstamo que, económicamente, se aproxima a los préstamos con un periodo de carencia al principio. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero la audiencia la revocó y estimó en parte la demanda, respecto de la mayoría de los demandantes. Recurre en casación la entidad bancaria y la sala estima su recurso, confirmando la doctrina contenida en dos resoluciones anteriores en las que examinó el producto "hipoteca tranquilidad"; en esencia, se mantiene que las cláusulas litigiosas son transparentes pues el funcionamiento del interés remuneratorio está claramente explicado en la documentación y las reglas de amortización e intereses ordinarios son claros. Se confirma la sentencia de instancia.
Resumen: El préstamo comercializado como ?hipoteca tranquilidad? es un préstamo con sistema mixto de interés (fijo los diez primeros años y variable en el resto), con cuota creciente (la cuota inicial se incrementa cada año en un 2,5%) y duración relativamente indeterminada, con un máximo de cuotas. El sistema de amortización difiere del sistema francés en que la variabilidad del índice de referencia del interés remuneratorio no se traduce en un incremento de las cuotas, sino en un incremento del número de cuotas y en la posibilidad de llegar al final del préstamo sin haber devuelto todo el capital, en cuyo caso habría que abonar la parte pendiente junto con la última cuota. Las cláusulas sobre el interés remuneratorio forman parte del objeto principal del contrato y están sometidas, como tales, al control de transparencia material. En el caso, el funcionamiento del interés remuneratorio está claramente explicado en la documentación contractual. Los prestatarios conocían desde un primer momento, y durante toda la vida del préstamo, tanto en el periodo de interés fijo como en el de interés variable, la cantidad que iban a pagar durante la vida máxima del contrato. Las reglas sobre la amortización están claramente fijadas sin redacciones ambiguas u oscuras, ni remisiones a cláusulas distintas. Como las cláusulas sobre el interés remuneratorio son transparentes, resulta improcedente realizar el control de abusividad. Se estima el recurso de casación.
Resumen: La sala estima el recurso de casación frente a una sentencia que rechazó la pretensión de nulidad parcial del clausulado multidivisa de un préstamo al considerar que se satisfacían las exigencias de transparencia, en cuanto que los prestatarios podían conocer que el riesgo provenía de la oscilación del valor de las divisas, que fueron ellos los que acudieron a la entidad bancaria, que la demandante es abogada, y que durante la vigencia del préstamo los prestatarios cambiaron de divisa. La sala reitera su doctrina jurisprudencial. El préstamo multidivisa no es un instrumento de inversión y por esta razón no se sujeta a la normativa del mercado de valores. El incumplimiento de los deberes de información exigibles a las entidades bancarias es relevante a los efectos de realizar el control de transparencia. En el caso litigioso, banco no informó al cliente sobre la carga económica que en caso de fluctuación de la divisa le podría suponer, en euros, tanto el pago de las cuotas de amortización, como el pago del capital pendiente de amortizar al que debería hacer frente en caso de vencimiento anticipado del préstamo, o la trascendencia que ese incremento de capital le supondría en caso de que pretenda cambiar desde la divisa al euro, así como la necesidad de prestar nuevas garantías en ciertos umbrales de devaluación. El hecho de que la prestataria fuera abogada no demuestra que fuera experta en este tipo de productos, salvo que se hubiera probado lo contrario, lo que no consta.
Resumen: Se estima el recurso de casación en un supuesto en el que Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque, en la escritura, el notario había hecho constar que "se han establecido límites a la variación del tipo de interés" y porque se trata de cláusulas cuya comprensión no exige, según la Audiencia, esfuerzo denodado ni desmesurado. La Sala Primera del TS no comparte dicha valoración jurídica, pues el examen de la escritura pública revela que la cláusula suelo no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Además, la sentencia recurrida no ha dado trascendencia al déficit de información precontractual (no se había proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas). Por tanto considera que la cláusula suelo no supera el control de transparencia y que esa falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, incompatible con las exigencias de la buena fe, que le impide hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondría obtener el préstamo con cláusula suelo en caso de bajada del índice de referencia y le priva el poder comparar con otras ofertas existentes en el mercado.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: noción de decisión judicial irrazonable en la doctrina del Tribunal Constitucional. Recurso de casación admisible: se cuestionan solo valoraciones jurídicas. Falta de transparencia de la cláusula multidivisa: cláusulas abusivas en contratos con consumidores e importancia de la información precontractual; concreción de las obligaciones de información en los préstamos en divisas (información suficiente sobre los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de la moneda del Estado del domicilio del prestatario y de un aumento del tipo de interés extranjero; exposición a un riesgo de tipo de cambio que le será difícil de asumir al prestatario si se devalúa la moneda en la que percibe sus ingresos en relación con la divisa extranjera; posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherente. Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre los especiales riesgos de este producto y; información exigible a las entidades financieras. Control de transparencia: conocimiento por el consumidor de la carga económica y de la carga jurídica; plus de información sobre las condiciones generales relativas a elementos esenciales del contrato; información adecuada sobre las consecuencias de la materialización de este riesgo (incremento de cuotas de amortización y del saldo financiero de la deuda, riesgo de insuficiencia de la garantía que pudiese generar el vencimiento anticipado).
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: como regla las normas sobre costas no pueden ser invocadas en este recurso, sin perjuicio de que, al ser la imposición de costas una de las consecuencias o condiciones que pueden incidir en el derecho de acceso a la jurisdicción o que puede actuar en desfavor de quien actúa jurisdiccionalmente, cabe controlar si la resolución judicial ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva cuando incurra en error patente, arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o resulte inmotivada; imposición de costas en caso de estimación sustancial de la demanda (equiparación de la estimación sustancial a la total); la regla general del vencimiento favorece la aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea y, por el contrario, la salvedad a esa regla general supone un obstáculo para la aplicación de ese mismo principio. Nulidad de la cláusula de gastos y sus concretos efectos. Gastos de tasación: doctrina jurisprudencial aplicable; normativa relativa a los gastos de tasación; ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, el consumidor tiene derecho a la devolución de las cantidades abonadas; cuando es aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los gastos de tasación corresponderán al prestatario, por así estar previsto. Inexistencia de enriquecimiento injusto.
Resumen: Acción de cumplimiento de contrato de apuesta en reclamación del importe ganado, tras anularse por la empresa de apuestas la apuesta realizada por el demandante alegándose haber detectado un error en el cálculo de la cuota ofertada. La sentencia recurrida estimó la demanda al considerar abusivas las condiciones generales que permitían invalidar la apuesta. Cosa juzgada material en sentido positivo: por razón de las cuantías, dos reclamaciones de apuestas ganadas se siguieron, una en verbal y otra en ordinario, y lo resuelto en el primero de forma firme no vincula para resolver el segundo. Congruencia. Las cuestiones jurídicas no son revisables en infracción procesal. Sólo cabe el control de abusividad de los elementos esenciales del contrato por ausencia de transparencia. En este caso, las cláusulas litigiosas no definían el objeto principal del contrato ni regulaban elementos esenciales. Que la normativa sobre apuestas regule las garantías mínimas no impide el control de abusividad de una cláusula que permitía anular las apuestas por errores humanos o informáticos, como era el caso. Control de contenido: la cláusula no distinguía el momento en que podía anularse la apuesta (antes o después del evento deportivo). Abuso de derecho: el apostante advirtió el error de cálculo que eliminaba prácticamente la aleatoriedad esencial en el contrato y realizó 78 apuestas en cuatro días.
Resumen: El concepto de consumidor debe interpretarse en relación con la posición de la persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona. Al no tener los prestatarios la condición de consumidores, pues los préstamos se destinaron a financiar la compra del local en el que desarrollar el negocio de farmacia, no cabe el control de abusividad, sino únicamente del de incorporación. A diferencia de los controles de transparencia y abusividad, reservados a los contratos celebrados con consumidores, el control de incorporación o de inclusión es aplicable a cualquier contrato en que se utilicen condiciones generales. Se trata de un control de cognoscibilidad que requiere que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de las cláusulas suelo, en principio y salvo prueba en contrario, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso, por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. En el presente caso (subrogación en un préstamo anterior, con novación de algunas condiciones) no consta la inclusión, aún por mera referencia al préstamo inicial, de la cláusula suelo. Se estima el recurso.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo en préstamo hipotecario con restitución de cantidades cobradas en exceso. El banco se allanó y la sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, estimó la demanda pero sin condenar al banco al pago de las costas porque consideró que no concurría mala fe dado el corto tiempo transcurrido entre el requerimiento extrajudicial y la demanda. Inexistente error en la valoración probatoria del documento consistente en la carta que envió el abogado del demandante al banco reclamando la anulación de la cláusula y la devolución de lo indebidamente cobrado. Cosa distinta a la valoración probatoria son las consecuencias jurídicas que cabe extraer de esos hechos en orden a imponer las costas al banco. El requerimiento previo que indica el art. 395 LEC debe ser apto para evitar el litigio, para obtener una satisfacción previa al proceso. Un requerimiento efectuado en representación de veintiséis prestatarios con un término para respuesta de dos días, siendo presentada la demanda a los seis días, no resulta idóneo para justificar la imposición de costas a la entidad allanada.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de cláusula suelo inserta en préstamo hipotecario. El juzgado de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la revocó, desestimando la demanda; la audiencia, en esencia, considera cubiertas las exigencias derivadas del control de incorporación de las condiciones generales. Recurre el demandante y la sala estima el recurso. Recuerda la sala que existe una consolidada línea jurisprudencial que señala que la mera superación de la normativa de incorporación, aplicable en la contratación con cualquier sujeto de derecho, es distinto del control de transparencia que rige exclusivamente en la contratación con consumidores, deber que comporta que el consumidor disponga "antes de la celebración del contrato" de información comprensible acerca de las condiciones contratadas y las consecuencias de dichas cláusulas en la ejecución del contrato celebrado. En el presente caso el documento que contiene la propuesta de préstamo, por sí solo, no cubre las mínimas exigencias de transparencia antes expuestas, sin que sea de fácil comprensión para un consumidor medio, tal y como está redactado, de manera que le permita conocer la transcendencia económica y jurídica que la cláusula cuestionada tiene para el compromiso contractual a asumir. Además, no consta la existencia de una información previa facilitada por el banco, que es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar con plena conciencia. Se estima el recurso.
