Resumen: Determinar si, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora incluidos en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación tienen o no la consideración de gasto fiscalmente deducible.
Resumen: Liquidaciones firmes y consentidas giradas en concepto de tarifa de utilización del agua y canon de regulación. Aprobación, una vez iniciado el periodo impositivo correspondiente. Declaración de nulidad de pleno derecho del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Vid. RRCA 1506/2020 y 1123/2020.
Resumen: La primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una oficina de farmacia es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro de Bienes Muebles creado en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación. En particular, la cesión o transmisión de la oficina de farmacia puede encajar en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, concretamente, en su núm. 1, Sección 5ª ("Sección de otros bienes muebles registrables"); y no hay ninguna otra norma que impida la inscripción de dicha operación en el Registro de Bienes Muebles, con independencia de cuál sea la eficacia o efectos que se otorgue a la misma.
Resumen: Equiparación salarial, a efectos del reconocimiento del nivel de complemento específico y de destino atribuido a los funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, de los Maestros que prestan servicios en los Centros de Educación Permanente de Adultos en relación a los Maestros que prestan servicios en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por la Junta de Andalucía contra sentencia de juzgado que, estimando la demanda, reconoció el abono de las cantidades reclamadas en concepto de diferencias retributivas correspondientes al complemento del nivel 24, respecto a los maestros que presenten sus servicios en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Y ello en la medida en que los servicios prestados por los Maestros en los Centros de Educación Permanente de Adultos no son equivalentes a los prestados en Educación Secundaria. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la atinente a si es posible la equiparación salarial, a efectos del reconocimiento del nivel de complemento específico y de destino atribuido a los funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, de los Maestros que presten servicios en los Centros de Educación Permanente de Adultos en relación a los Maestros que presten servicios en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria
Resumen: Determinar si la instrucción dictada por la titular de la Dirección General del Agua y dirigida a las distintas confederaciones hidrográficas de cuenca, que tienen la consideración de organismos autónomos adscritos, a efectos administrativos, al Ministerio competente en materia de medio ambiente, tiene naturaleza jurídica de una verdadera instrucción, circular u orden de servicio o, por el contrario, se trata de una disposición de carácter reglamentario, atendidas las circunstancias del caso, su contenido y finalidad, en especial, su repercusión sobre el canon por producción del aprovechamiento hidroeléctrico. En caso de que la referida instrucción no tenga naturaleza reglamentaria, precisar si, de acuerdo con el principio de confianza legítima, los concesionarios pueden exigir a la Administración pública que se les aplique en aquellos supuestos en que comporte un efecto favorable para ellos, dada su vinculación especial con la Administración.Para el caso de entender que se produce el incumplimiento o infracción de esa instrucción, circular u orden de servicio, determinar el alcance o proyección respecto de la validez de los actos dictados o derivados de ese incumplimiento o infracción.
Resumen: Concretar si la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regulada en el artículo 68.1.B) de la Ley 1/1994 de 11 de marzo sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, abarca toda relación jurídica entre la Sociedad y el socio a cuyo favor se hubiere otorgado una garantía. En particular, si la exención alcanza a la «contragarantía» de naturaleza real que el socio-participe avalado constituya a instancia y a favor de la sociedad avalista. La exención fiscal regulada en el artículo 68.1.B) LSGR no comprende toda clase de relaciones jurídicas entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el socio a cuyo favor se hubiere otorgado una garantía o con terceros garantes. En concreto, solo rige, en los términos del artículo 10.2 de la LSGR, para las relaciones directas de afianzamiento de la SGR al socio, y no alcanza a las contragarantías de naturaleza real o personal que el socio-partícipe avalado por aquélla se obliga a constituir, conforme al principio de autonomía de la voluntad, a favor de la sociedad avalista de la que forma parte.
Resumen: Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Liquidación provisional precedida de un procedimiento de gestión (foral) similar al de verificación de datos cuando era procedente el de comprobación limitada, según la normativa foral que resultaba de aplicación. Cabe el recurso de casación estatal cuando el derecho autonómico (derecho foral, en este caso) invocado como infringido reproduzca normativa estatal de carácter básico y cuando se haga valer la vulneración de la jurisprudencia recaída sobre un precepto de derecho estatal que, aunque no tenga carácter básico, su contenido sea idéntico al del derecho autonómico aplicado, puesto que el valor de complementar el ordenamiento jurídico que el artículo 1.6 del Código Civil otorga a la jurisprudencia no desaparece por la existencia del derecho autonómico. Reiteración de la jurisprudencia sobre la utilización del procedimiento de verificación de datos cuando procedía el de comprobación limitada: la anulación de una liquidación practicada como desenlace de un procedimiento iniciado mediante autoliquidación -artículos 119 a 121 y 125 a 126 de la NFGT de Guipúzcoa- y que la Sala de Bilbao considera semejante al de verificación de datos previsto en los artículos 131 a 133 de la LGT, cuando debió serlo en uno de comprobación limitada (artículos 130 a 134 de la NFGT y, en el ordenamiento común, en los artículos 136 a 140 de la LGT), integra un supuesto de nulidad de pleno derecho.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: vulneración del art. 25.1 CE, principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, y jurisprudencia que lo desarrolla; vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24 CE, y jurisprudencia que lo desarrolla, en particular, error en la valoración de la prueba y el principio in dubio pro reo. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90.4 Ley 29/1988, reformada por LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, todo ello sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: infracción del art. 24.2 CE, por vulneración del derecho a la defensa en el expediente disciplinario, a un procedimiento disciplinario con las debidas garantías y a la proposición de prueba; infracción del art. 24.2 CE, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90.4 Ley 29/1988, reformada por LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, todo ello sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
