Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que, en grado de apelación, reconoció efectos económicos en la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria en virtud de nombramiento de personal estatutario sustituto con carácter temporal. Siguiendo precedentes en la Sala, tiene interés casacional determinar: (i) si, es o no necesario seguir los trámites del procedimiento de revisión de oficio de actos nulos en la hipótesis de que exista un acto consentido y firme que pudiera dar lugar a una situación jurídica consolidada, dejados sin efecto a raíz de una infracción jurídica avalada por un pronunciamiento judicial firme; y (ii) en el supuesto de que sea innecesaria dicha acción de nulidad, si el cambio jurisprudencial subsiguiente al reconocimiento de la referida infracción jurídica ha de producir efectos pro futuro o efectos retroactivos.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional -SMI- para el año 2020. El TS se remite a recientes pronunciamientos que ya han validado la disposición impugnada, decisión que en sí tiene carácter de acto y que se incorpora a un texto normativo, por lo que no es necesario el dictamen del Consejo de Estado porque la parte demandante ciñe su pretensión anulatoria exclusivamente al contenido decisorio de fijación anual del Real Decreto impugnado, que considera que constituye un reglamento ejecutivo, confundiendo la potestad reglamentaria o normativa con la atribución legal al Gobierno de la potestad ejecutiva de fijar el SMI, además en toda la serie histórica de decretos y reales decretos fijando el SMI nunca se haya interesado el dictamen del Consejo de Estado ni se le haya considerado preceptivo, ni tal omisión ha suscitado litigio alguno. En cuanto a la petición de entrada en vigor tmabién se desestima porque la demanda aplica el artículo 23.1 de la Ley 50/1997, referida a la vigencia de las normas, al aspecto decisorio de la fijación de SMI al que otorga carácter normativo
Resumen: La Sala de Admisión plantea el examen sobre si puede considerarse suficiente a los efectos de entender acreditada la representación, subsanada vía electrónica, en procedimiento administrativo, la presentación de escritura de acuerdos sociales en la que se designa como Consejero Delegado y se le atribuyen todas las facultades del Consejo de Administración, al firmante del recurso en vía administrativa.
Resumen: Función pública docente. Interinos. Retribuciones durante julio-agosto-septiembre. Discriminación. Asunto similar: RCA 4283/2019, 1809/2019, 1812/2019, 793/2018, 6469/2018, 5007/2019, 5069/2019, 4509/2019, 5368/2019. El TS sigue la doctrina fijada en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de 16 de julio de 2020 (recurso de casación núm. 793/2018), estimando el recurso de la Comunidad de Madrid al entender que la relación de servicio había sido extinguida válidamente al final del periodo lectivo de cada curso escolar, sobre la base de razones objetivas y predeterminadas, sin que proceda reconocer el devengo de retribuciones cuando no traiga causa de una relación de servicio existente, dada la extinción legítima y consentida de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado cuyo auto de admisión fija como cuestión de interés casacional objetivo a establecer determinar si la anulación íntegra de un plan urbanístico (disposición general según jurisprudencia de esta Sala) por sentencia que no es firme, obliga al órgano jurisdiccional que la anuló - y conoce de otro recurso en el que se impugna la misma disposición, pero por motivos distintos- a estimarlo, apreciando la referida nulidad, y, en tal caso, si para ello ha de proceder, previamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la LJCA. La Sala aprecia la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.3.a) LJCA, que se aduce en relación con la primera infracción denunciada, pues, si bien el artículo 72.2 de la LJCA ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal Supremo. En concreto, respecto de la proyección de los efectos de las sentencias no firmes que declaran la nulidad de una disposición general a otros procesos en los que se enjuician disposiciones derivadas o actos dictados en su aplicación, no consta que el Tribunal Supremo se haya pronunciado, con carácter general, sobre esta cuestión cuando se trata de resolver un recurso contra una disposición general ( es la naturaleza jurisprudencialmente atribuida a los planes) que ya ha sido anulada ,en un proceso anterior, por una sentencia que todavía no es firme y por motivos impugnatorios distintos, siendo aconsejable un pronunciamiento de esta Sala.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que inadmitió por defecto de cuantía el recurso de apelación contra sentencia en materia de encuadramiento en el Régimen Especial del Mar como estibador portuario. La cuestión en la que, en principio, se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si los procedimientos sobre cambio de un grupo de cotización son de cuantía indeterminada, y por ende, susceptibles de apelación.
Resumen: La Sala reitera lo declarado en asunto análogo por la STS de 23/11/2020 (RC 7220/19) en cuanto a la delimitación de la cuestión de interés casacional apreciada -determinar si es posible que un plan urbanístico, por su propio contenido, pueda invadir la competencia exclusiva estatal en materia de legislación penal-, que a su vez hace referencia a la doctrina de la Sala Segunda del TS (sentencia de 8 de julio de 2020 -rec. 4006/18-) en la que se pone de manifiesto el problema de la delimitación de esoots clubs y el ipo penal del art. 368 CP. Y así, la determinación preliminar de si la actividad que se desarrolla en los llamados clubs sociales de cannabis puede o no ser lícita, comporta ya la invasión de las competencias estatales. Por tanto, la respuesta a la cuestión casacional objeto del recurso que se reitera declara que "la indeterminación, con la consiguiente necesidad de estar al caso concreto, de si un club social de cannabis es o no ilícito penalmente, impide considerar competente a un Ayuntamiento, para regular, aunque solo sea desde la óptica urbanística y ambiental, los clubs de cannabis, en cuanto esa regulación, aun cuando fuera estrictamente urbanística y ambiental, tiene una incidencia innegable sobre la delimitación del tipo penal, en cuanto puede llevar al error de la atipicidad absoluta de la actividad desarrollada por los clubs sociales de cannabis".
Resumen: En las circunstancias del caso, ha de reputarse indebido el ingreso efectuado en la liquidación provisional del ICIO, a efectos de su devolución, en aquellos supuestos en que las obras no se pueden realizar porque la licencia de edificación ha sido anulada judicialmente y se acordó la suspensión cautelar de su ejecutividad en el seno del proceso en el que se dictó la sentencia anulatoria correspondiente, de manera que deben computarse los intereses de demora en favor del contribuyente desde el ingreso del importe de dicha liquidación.
Resumen: Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C- 764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet , tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas.
Resumen: Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet , tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas.
