Resumen: Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de El Espinar (Segovia), reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a través de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica constituidas sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal. Tipo de gravamen en los supuestos de aprovechamiento especial 5% o 100%. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en cinco sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3, 10, 11, 16 y 17 de diciembre de 2020 (RRCA/3690/2019, ECLI:ES:TS:2020:4402; 3100/2019, ECLI:ES:TS:2020:4298; 3909/2019, ECLI:ES:TS:2020:4372; 3103/2019, ECLI:ES:TS:2020:4296 y 3099/2019, ECLI:ES:TS:2020:4162), respectivamente, en un sentido coincidente al que aquí propugna la parte recurrente.
Resumen: Entiende la Sala Tercera del TS que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en la delimitación de los supuestos en los que las omisiones e inexactitudes constatadas en las declaraciones del beneficiario permiten la revisión de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, y, en particular, en los casos de simulación de relaciones laborales. Y ello por cuanto, primero, resulta preciso reafirmar, reforzar o matizar la doctrina jurisprudencial existente, y, segundo, por cuanto que la cuestión de si la Tesorería puede revisar de oficio sus actos de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores puede afectar a un gran número de situaciones,
Resumen: Instrucción dictada por el titular de la Dirección General del Agua dirigida a las distintas confederaciones hidrográficas de cuenca. Ausencia de carácter normativo. Principio de confianza legítima. Imposibilidad de que los concesionarios exijan a la Administración pública que se les apliquen en aquellos supuestos en que comporte un efecto favorable para ellos, dada su vinculación especial con la Administración.
Resumen: Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Salamanca reguladora de la tasa por aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros. Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización, tal como han sido interpretados por la STJUE de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas.
Resumen: Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública a favor de empresas de empresas de suministros. Telefonía fija. Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización, tal como han sido interpretados por la STJUE de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet.
Resumen: Inadmisión, por falta de legitimación activa, del recurso de alzada interpuesto contra solicitud de rectificación del informe emitido por el Presidente del TSJ de Castilla-La Mancha con ocasión de visita de inspección cursada a Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Desestimación del recurso. El acta de inspección constituye un documento al que sólo pueden realizar alegaciones el titular del órgano inspeccionado, pero no, como ocurre en el presente caso, los integrantes de la plantilla del mismo, aunque aparezcan expresamente mencionados. Esta conclusión no significa dejar desprotegidos los intereses de aquellos que aparecen mencionados con un juicio o valoración negativa, dado que el acta de inspección sólo les afectará y contra tales medidas podrán reaccionar, cuando como consecuencia del mismo, se adopten las medidas concretas en el ámbito de sus atribuciones, medidas que no constan se hayan adoptado en el presente caso.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en aclarar, matizar, concretar o, en su caso, corregir la jurisprudencia sentada, entre otras, en la STS de 26 de mayo de 2016 (recurso de casación n.º 1488/2015) en relación con la suspensión cautelar de una prohibición de contratar en el ámbito de defensa de la competencia; en particular, se trata de interpretar el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo, en relación con el artículos 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a fin de aclarar si la prohibición de contratar que incluye la resolución sancionadora dictada por la CNMC ha de entenderse inmediatamente ejecutiva a los efectos de su eventual suspensión cautelar o, por el contrario, la ejecutividad de dicha medida se produce en un momento posterior tras la tramitación del procedimiento correspondiente ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Resumen: Función pública docente. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Interpretación de la disposición adicional Quinta del RD 687/2010, de 20 de mayo. Titulación superior de técnico de cocina. Titulación requerida para la convocatoria de 27 de febrero de 2018. Asunto repetitivo: RRCA 7315/2019 y 7981/2019.
Resumen: Resolución que acuerda no incoar expediente disciplinario frente a Magistrado. Desestimación. Aun admitiendo, a efectos puramente dialécticos, que la intención del recurrente es que el CGPJ realice una más amplia labor de investigación, nos encontramos que tal labor, tal y como la identifica la parte, incide claramente en aspectos de la actividad jurisdiccional, formando parte del núcleo de la potestad jurisdiccional, y quedan por ello fuera de las atribuciones del Consejo, todas aquellas situaciones en las que el Juez debe efectuar una mínima operación valorativa fáctica o jurídica para la adopción de las decisiones que puedan resultar procedentes en el marco de una actuación procesal. Y, en el presente caso, lo el recurrente imputa al Magistrado denunciado es la errónea valoración de la prueba practicada. Olvida el recurrente, sin embargo, que tal valoración fue confirmada por la Sala Segunda de este Tribunal, al rechazar el recurso de casación contra la referida sentencia y que la estimación del recurso de revisión, tal y como resulta de la resolución de 31 de mayo de 2018, tuvo su causa en la aportación de nueva documentación que permitió concluir, por incompatibilidad horaria, la ausencia de participación en los hechos delictivos.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación, cuyo Auto de admisión fija como cuestión de interés casacional objetivo determinar si los Estudios de Detalle -sobre la base del artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental- han de someterse a Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, y en caso afirmativo, si ésta, de conformidad con la referida normativa estatal, puede ser excepcionada en supuestos determinados. El auto identifica como normas jurídicas que, en principio, deben ser objeto de interpretación: artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental , ello sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado.
