Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, a juicio de la Sala Tercera, consiste en reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, la jurisprudencia sobre la condición de interesado en el procedimiento administrativo, y, en concreto, determinar si quien constituye la garantía en la Caja General de Depósitos, a los efectos de lo previsto en el artículo 9 del Real decreto 1578/2008, tiene o no la condición de interesado en el procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas. Y ello, al igual que se ha acordado en dos precedentes admitidos por la Sala, considerando que concurre el supuesto de interés casacional previsto en el artículo 88.2.c) LJCA.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, a juicio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, consiste en determinar si el profesorado asociado de las universidades contratado a tiempo parcial tiene derecho a acceder al procedimiento de evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión a fin de obtener el complemento retributivo correspondiente (los denominados quinquenios), en igualdad de condiciones con el personal funcionario y el personal contratado laboral a tiempo completo. Y ello en virtud del supuesto de interés casacional contemplado en el artículo 88.2.c) de la Ley Jurisdiccional.
Resumen: Gestión indirecta de servicio público. Concesión de la gestión de servicio de estacionamiento y posterior negativa al suministro de datos para el servicio de pago mediante app. Infracción del artículo 2 de la Ley de defensa de la competencia. El ayuntamiento actúa como poder adjudicador. Aunque la concesión de la gestión implica la atribución de derechos la actuación de la Administración se incardina en el ejercicio de competencias propias, jurisdicción contenciosa. Imposibilidad de calificar una actuación pública municipal, como abuso de posición de dominio, cuando consiste en el ejercicio de una potestad pública de adjudicación de una actividad económica, con sujeción al derecho administrativo que no implica en cuanto tal adjudicación, una actuación contraria al derecho de la competencia. Conformidad a derecho de la negativa del Ayuntamiento en este asunto, a proporcionar datos que afectan al desarrollo de la actividad económica del concesionario. Sujeción al derecho de la competencia determinada por la capacidad de la conducta realizada para incidir en el mercado y restringir la competencia.
Resumen: Función Pública. Personal estatutario. Abono de diferencias retributivas de personal estatutario temporal, por el concepto de carrera profesional. Los actos administrativos consentidos por no haber sido objeto de recurso en el plazo establecido y cuya nulidad de pleno Derecho se afirme, solamente podrán ser removidos mediante el procedimiento de revisión de oficio previsto por el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común. Los efectos de la declaración de nulidad de las resoluciones afectadas por ella han de producirse desde el momento en que fueron dictadas sin perjuicio de los límites establecidos por la Ley en materia de prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública y de los sentados por el apartado 4 de la disposición derogatoria de la Ley castellano-manchega 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales.
Resumen: La Sección de Admisión propone el examen como cuestiones de interés casacional relativas a si con base en una sentencia firme de la Jurisdicción Social por despido improcedente, que determina la existencia de relación laboral y el salario que debería haber cobrado el trabajador a efectos de fijar el importe de la indemnización, puede la Administración declarar lesivos para el interés público los pagos efectuados por los servicios prestados bajo la relación jurídica anulada y que excedan de ese salario y, posteriormente, acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para obtener la nulidad o si, por el contrario, está obligada la Administración a plantear cualquier cuestión relativa a aquel salario ante la Jurisdicción Social, incluso la declaración de lesividad, debiendo someterse a los plazos de prescripción de las acciones previstos en la normativa laboral; en caso de considerarse viable la declaración de lesividad, la revisión jurisdiccional de la misma es competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de la Jurisdicción Social (ex Artículo 151.10 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social). Y por último, si, en caso de considerarse viable la declaración de lesividad y competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo lesivo y que, por tanto, podría ser objeto de dicha declaración de lesividad y estaría sometido al plazo de prescripción de 4 años (ex artículo 107.2 de la Ley 39/2015) es el contrato celebrado en fraude de ley.
Resumen: Auto de admisión. Incautación de garantía constituida en inscripción en el Registro de preasignación de retribución. Precedentes: AATS de 25 de mayo y 29 de junio de 2022 (RCA 1725/2022 y 2966/2022), entre otros. la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, nuestra jurisprudencia sobre la condición de interesado en el procedimiento administrativo, y, en concreto, a fin de determinar si quien constituye la garantía en la Caja General de Depósitos a los efectos de lo previsto en el artículo 9 del Real decreto 1578/2008, tiene o no la condición de interesado en el procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que confirmó la baja en el ejercicio de la profesión de procurador por impago de cuota colegial variable. Las cuestiones que revisten interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son las siguientes: (i) Si la publicación del Reglamento de la cuota colegial del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de 1 de julio de 2004 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid es un requisito esencial para su eficacia en relación con los art. 9.3 de la CE, art. 52.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común (actual art. 131.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común); (ii) Si la validez del Reglamento de cuota colegial del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de 1 de julio de 2004 debe estar sujeto al requisito del art. 9.1 c) de la Ley 2/1974, de Colegios profesionales, debiendo estar visados por el Consejo General de Procuradores, a efectos de su validez; (iii) Si la naturaleza de las cuotas colegiales es pública o privada a los efectos del art. 2.1 y 9.2 a) y b) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, en relación con los art. 9 y 10 de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que anuló el Pleno del Ayuntamiento por el que se informó desfavorablemente la solicitud de revisión de tarifas presentada del servicio de abastecimiento de agua potable, así como acordó elevar dicho informe a la Comisión de Precios. Tiene interés casacional determinar si el informe de la Entidad local en los supuestos que se solicita la revisión de tarifas de concesiones de agua en Cataluña tiene carácter de acto de trámite cualificado o no, a efectos del art. 25 de la LJCA.
Resumen: Covid-19. Determinar si, ante la constatación de un contagio de Covid-19 en un alumno de centro docente, la imposición de cuarentena durante 10 días al resto de alumnos del aula no vacunados frente a la Covid-19, acordada en cumplimiento de protocolos sanitarios previamente adoptados, afecta a los derechos contemplados en los artículos 17 y 19 CE y si en el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales en el orden contencioso-administrativo, si apreciada la infracción del ordenamiento jurídico relativa a la competencia del órgano autor del acto administrativo o actividad administrativa impugnada, cabe deducir directamente de la misma la infracción de derecho fundamental o, por el contrario, tal infracción requiere de motivación adicional.
Resumen: Determinar si, a efectos del artículo 19, apartados 3 y 5, de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT), el "mínimo de percepción" de las concesiones del transporte de viajeros se encuentra anudado al precio tarifario y, por tanto, la Administración está obligada a actualizarlo, o si su revisión es facultativa por ser un concepto independiente al devenir del precio tarifario.
