Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso. Ambas partes plantean la cuestión de la Administración responsable en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimiento del Derecho de la Unión, en razón de que el perjuicio invocado deriva del ejercicio del "ius puniendi" por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias y es quien percibe la sanción económica impuesta. Sin embargo y siguiendo el criterio expuesto en numerosas sentencias, como la de 19 de marzo de 2018 (rec. 4777/16) que cita otras sobre la misma materia (incumplimiento del Derecho comunitario en relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones), con dicho planteamiento no se tiene cuenta que la prohibición general de venta a pérdida que la sentencia del Tribunal de Justicia contempla para apreciar la vulneración del Derecho comunitario, se imputa directa y únicamente a la norma estatal, el art. 14 de la LOCM, y es esa previsión de la norma estatal la que desencadena y permite que la Comunidad Autónoma, pueda ejercitar el " ius puniendi" en relación con las previsiones de la Ley estatal en el marco de sus competencias autonómicas. De manera que el incumplimiento del Derecho comunitario apreciado por el Tribunal de Justicia se atribuye únicamente a la norma estatal, sin ninguna consideración sobre una posible contribución al mismo de la actividad de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, incumplimiento que constituye la imputación de la responsabilidad
Resumen: No aplicación de las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, en las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet.
Resumen: Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas.
Resumen: La Sala se remite íntegramente a lo resuelto en las sentencias de 27 de abril de 2021 (RRCA/484/2018 y 2793/2018), al ser idénticas las pretensiones que se ventilan, precisamente entre las mismas partes procesales -Ayuntamiento de Alcobendas y Orange-. En ambas, la Sala responde que las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal y como han sido interpretados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, asunto Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de Internet , tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas, como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula resolución sancionadora en materia de defensa de la competencia. Desestimación. No ha existido en realidad controversia sobre la interpretación que debe darse a los artículos 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101.3 TFUE, ni sobre la jurisprudencia que los interpreta y aplica. Más bien al contrario, la sentencia recurrida en casación hace diversas referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo en relación con tales preceptos, sin que los recurrentes en casación hayan manifestado discrepancias con las nociones y categorías jurídicas a que se refiere la sentencia. Donde las recurrentes discrepan de la sentencia recurrida es en la valoración que en ella se hace de los datos y elementos de prueba disponibles, y, en definitiva, en la delimitación de las circunstancias fácticas concurrentes en el caso concreto que se examina, quedando las cuestiones de hecho excluidas del recurso de casación.
Resumen: Sanción por emisiones radioeléctricas no autorizadas. Desestimación. El artículo 40.4 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, no permite prescindir de la obligada obtención del correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico que impone con carácter general la Ley General de Telecomunicaciones. El hecho de que el artículo 40.4 Ley 7/2010 contemple la posibilidad de la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una Comunidad o Ciudad Autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales, siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad, no excluye que, en tanto que ello comporta el uso del dominio público radioeléctrico, aquella emisión requiera el otorgamiento del título habilitante que para el uso de tal dominio público exige el artículo 62 de la Ley 9/2014.
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso-administrativo. Atendiendo a la cuestión de interés casacional que se plantea en el auto de admisión de este recurso, ha de concluirse que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario. Y en cuanto a la argumentación de la recurrida, no estamos en un supuesto de valoración probatoria, sino en una cuestión de infracción sustantiva del ordenamiento jurídico, pues en la instancia no se efectúa una apreciación de hechos, que en ningún momento se cuestionan, sino una valoración jurídica de los mismos, entendiendo que toda fusión o absorción de entidades bancarias y subsiguiente transmisión de activos, entre ellos los créditos hipotecarios de los que eran titulares, deben enmarcarse en un proceso de saneamiento y reestructuración bancaria, valoración que es precisamente el objeto de impugnación en este recurso.
Resumen: Un hospital privado que deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarrollado en el artículo 2.7 y en el Anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, salvo en aquellas asistencias sanitarias prestadas por el Hospital Público cuya atención corresponda al Hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria.
Resumen: Desestimación del recurso de casación, fijándose como jurisprudencia que el transcurso de los plazos estipulados en el artículo 27.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, tras la aprobación de un plan técnico nacional de un servicio de radio o televisión, sin que la Administración haya solicitado la afectación al servicio público de radio o televisión de que se trate de la reserva de dominio prevista en el citado plan o se haya convocado concurso para el otorgamiento de licencias, y sin que ningún interesado hayas solicitado dicha convocatoria, provocará el decaimiento de la reserva y su correspondiente afectación al servicio público de radio o televisión. La aplicación en el caso de autos del párrafo 2 del artículo 27.4 LGCA no constituye un supuesto de retroactividad auténtica prohibida. Normas de desarrollo o modificaciones parciales no equivalen a la aprobación de un nuevo Plan Técnico Nacional.
Resumen: Nulidad de la disposición transitoria segunda, así como de la disposición adicional primera, segundo párrafo, del Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
