Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia dictada en procedimiento sancionador de revocación de licencia de autotaxi según datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador. Siguiendo precedentes de la Sala, en unidad de doctrina y seguridad jurídica: si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso. Declara nulos el artículo 6, apartado 3º, párrafo 5º, parágrafos c) y d) del mencionado Real Decreto, así como los apartados 4b.9; 5b.2, 6b-24- 25 y 26 del PRECAT20 que en el mismo se aprueba. Conforme a la delimitación constitucional de la competencia y por lo que se refiere a la responsabilidad ampliada, es indudable que la incidencia que la determinación de este tipo de obligaciones específicas, que exceden de las generales que se imponen a todos los gestores de residuos, debe estimarse incardinada en esa competencia estatal, lo cual justifica que se reserve su imposición a la normativa básica o, si se quiere, que se deban imponer por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, sin que pueda la legislación autonómica imponerlas bajo la habilitación de normas adicionales de protección. Por tanto. ha de estimarse que la exigencia competencial afecta al mismo contenido de la responsabilidad ampliada ya establecida. En relación con el debate suscitado por las partes en orden a la nulidad de la norma reglamentaria impugnada por defectos formales, la doctrina general que rige en nuestro Derecho, acogida por la jurisprudencia, es que los vicios de forma solo son relevantes cuando trascienden en la decisión final, como para los actos administrativos se impone en el artículo 47.1º.c) de la de la Ley 30/92. No cabe acoger la denuncia de arbitrariedad.
Resumen: Se reitera la doctrina sentada en pronunciamientos anteriores sobre la misma cuestión consistente en determinar si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones. Al respecto, declara el TS que asiste la razón a la Administración recurrente porque es exigible haber seguido los estudios de convalidación para obtener la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (y del título español de Grado en su caso), para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones. Por tanto, y en relación al supuesto examinado, es conforme a Derecho la resolución administrativa que acordó que el actor, al simultanear el curso para la convalidación para la homologación de su título italiano y el curso de acceso al ejercicio profesional de la Abogacía, no cumplió los establecidos para la obtención de dicho título profesional de abogado.
Resumen: La cuestión litigiosa ha sido resuelta, entre otras, en las sentencias de 4 de junio de 2018 -rec. 1721/17- y 14 de mayo de 2020 -rec. 8079/18 y 2297/19- y recientemente en SSTS de 24 (rec. 111/20) y 25 de febrero de 2021 (rec. 201/20), a las que se remite la Sala, en el sentido de que la DA 2ª de la Ley 8/12 no contiene una modificación de carácter general y permanente del RD 1427/89 (Arancel de los Registradores de la Propiedad), sino únicamente la moderación en la aplicación del arancel establecido con carácter general en los arts. 2.1 y 2.2 del Anexo I cuando responda a operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de dicha Ley 8/2012. De ahí que las normas contenidas en las DA 2ª referida pierden su sentido si se extraen de su contexto: reestructuración o saneamiento de entidades de crédito. En consecuencia, cuando las inscripciones minutables no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Ley 8/2012, sino a operaciones de carácter ordinario, la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse entonces conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: Atendiendo a la cuestión de interés casacional que se plantea en el auto de admisión de este recurso, ha de concluirse que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: El TS examina la delimitación competencial entre médicos y enfermeros en el ámbito de la Medicina Estética, en concreto, en lo relativo a la planificación y aplicación de tratamientos e intervenciones, y por tanto, si podría el Colegio Oficial de Enfermería ordenar determinados aspectos del ejercicio profesional del enfermero para cuidados corpo-estéticos y prevención del envejecimiento. Al efecto, analiza las profesiones sanitarias y en virtud de los artículos 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las funciones que realizan el personal médico y el de enfermería no son, las mismas, ni siquiera resultan homologables, sin perjuicio de que ambas funciones resultan esenciales por su complementariedad, para la protección de la salud de los pacientes, pues coadyuvan, desde su distinta formación y su diferente función, para alcanzar dicha finalidad. En consecuencia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España no tiene competencia para dictar resoluciones sobre funciones de los enfermeros de forma desvinculada a la actividad asistencial del médico y coordinación médica, siendo una cuestión tangencial el debate, sobre si la especialidad de medicina estética existe como tal.
Resumen: Auto de admisión; La Sección de Admisión considera que el escrito de preparación cumple las exigencias del artículo 89.2 LJCA, apreciando, en relación específicamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), que la parte recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia de los supuestos del art. 88.2.b),c) y g) LJCA. En consecuencia, admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de una sentencia -respecto de todo lo que ya ha sido construido- cuando, en otro caso, se verían seriamente afectados intereses de carácter socioeconómico o de otra índole, siempre que quede debidamente garantizada la integridad ambiental. Y, en consonancia con esta cuestión, las normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación en sentencia, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otra/s si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, son: el art. 105.2 LJCA; los arts. 12.2 a) y 13.4 del RDL 2/08, de 20 de junio (actuales arts. 3, 13.1, y 21.2.a) del RDL 7/15, de 30 de octubre); los arts. 6.2 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992 y 4.4 de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, así como el art. 46.2 de la Ley 42/07 de 13 de diciembre.
Resumen: La Sala estima parcialmente ambos recursos de casación. Respuesta a las cuestiones de interés casacional. 1ª) La regulación contenida en la Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, no contraviene lo dispuesto en el art. 6 del Convenio de Aarhus cuando la modificación y actualización de la Autorización Ambiental Integrada de una instalación industrial no tiene carácter sustancial según lo dispuesto en el art. 14 del Reglamento aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. 2ª) Sí era exigible en el caso enjuiciado que la resolución de 16 de julio de 2015 considerará, desde el prisma del principio de precaución, y adoptara, si ese mismo principio lo hacía aconsejable, mayores medidas de protección -ex arts. 6 de la Directiva Hábitats y 46.2 de la Ley 42/2007 - en relación con la actualización de aquella AAI, al autorizar el vertido de aguas residuales a un río, el Nalón, declarado como ZEC por Decreto 125/2014, de 17 de diciembre. 3ª) los VLE autorizados en la resolución de 16 de julio de 2015, incluido el referido a NOx, no podían dejarse sin efecto en el proceso al que pone fin la sentencia de casación, pues el IIDMA no puso en tela de juicio que la resolución impugnada hubiera aplicado correctamente el PNRE; cualquiera que sea nuestro parecer sobre si el PNRE se aplicó correctamente en la resolución impugnada, no cabe anular ésta por haber fijado unos VLE de 650 mg/m3 para NOx; y, porque la resolución es anterior a la entrada en vigor del PNT.
Resumen: La sentencia reitera la doctrina fijada en precedente, recaído respecto el mismo recurrente, en sentencia de 25 de febrero de 2021 (recurso de casación núm. 4207/2019), donde se analiza la disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, para los PGE de 2007. El precepto legal relativo en su conjunto, a la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ordena la utilización de la CNAE para determinar el tipo de cotización. Y con arreglo a dicha norma, el código de la CNAE a atribuir a cada empresa ha de ser el correspondiente a la actividad económica principal de la misma. La TGSS es la competente para determinar esa actividad económica, sin que se conste en la citada disposición, el carácter vinculante de la información que obre al efecto en el Instituto Nacional de Estadística. Considera correcto el código 4639 aplicado a la empresa por la TGSS, "comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco", aunque no conste en el Cuadro I. Finalmente la sentencia concluye, que la empresa no acreditó que fuese emprendedora, por lo que no se entiende infringido el artículo 20 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, sobre el único código de la CNAE que utilizan este tipo de empresas en las relaciones con las Administraciones Públicas.
Resumen: Sanción por emisión de programa con contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad y con una calificación por edades inadecuada. Protección del menor en la emisión de contenidos audiovisuales. Estimación del recurso del Abogado del Estado: consideración de que el incumplimiento de los contenidos del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia vulnera el artículo 7.6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual puede ser subsumido en el tipo de infracción grave descrito en el artículo 58.12 de esa norma. Desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIONES S.A. contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
