Resumen: La cuestión litigiosa ha sido resuelta, entre otras, en las sentencias de 4 de junio de 2018 -rec. 1721/17- y 14 de mayo de 2020 -rec. 8079/18 y 2297/19- en el sentido de que la DA 2ª de la Ley 8/12 no contiene una modificación de carácter general y permanente del RD 1427/89 (Arancel de los Registradores de la Propiedad), sino únicamente la moderación en la aplicación del arancel establecido con carácter general en los arts. 2.1 y 2.2 del Anexo I cuando responda a operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de dicha Ley 8/2012 . De ahí que las normas contenidas en las DA 2ª referida pierden su sentido si se extraen de su contexto: reestructuración o saneamiento de entidades de crédito. En consecuencia, cuando las inscripciones minutables no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Ley 8/2012, sino a operaciones de carácter ordinario, la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse entonces conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: Auto de admisión; determinar: 1) sí la devolución de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero indebidamente asignados, cuando no existen derechos suficientes en la cuenta de haberes del titular, debe, necesariamente, efectuarse en especie; o, sí es conforme a la normativa aplicable al caso, la devolución por el equivalente según el precio de dichos derechos en la fecha del dictado de la resolución administrativa; y, 2) sí la obligación de su devolución en especie -cuando el titular no tiene ya los derechos de emisión en su cuenta de haberes y el precio de tales derechos en el mercado se ha elevado notablemente, desde la fecha de la asignación, hasta la fecha en que se ha de hacer efectiva la devolución- vulnera el principio de proporcionalidad y supone la imposibilidad de ejecución material de la sentencia.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que rechazó la pretensión de la asociación recurrente sobre la ratio alumnos/profesor en centros concertados. La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si a tenor del artículo 16 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, para fijar la ratio mínima necesaria que los centros concertados deben tener, es o no relevante el número de profesores que estén adscritos al centro en el nivel educativo correspondiente.
Resumen: Denegación medida cautelar de suspensión de resolución que deniega la regularización de vivienda. Desestimación del recurso de casación. En la adopción de medidas cautelares, en aquellos supuestos en que se pretende la suspensión de una resolución administrativa que deniega la solicitud de regulación de la posesión de una vivienda de carácter social en que habiten menores de edad, que no comporte que deba ejecutarse de forma directa o inmediata la orden de desalojo forzoso, al resultar insoslayable la tramitación de un procedimiento ulterior para proceder a la ejecución forzosa de dicha resolución en que se haría efectiva la puesta en riesgo de los derechos e intereses de los menores, el juzgado o tribunal del orden jurisdiccional contencioso- administrativo decidente deberá resolver el incidente cautelar atendiendo a las circunstancias concurrentes del caso, la existencia de perjuicios irreparables que hagan perder su finalidad al recurso contencioso-administrativo, así como ponderar los intereses públicos y privados afectados. Es en el proceso en que se enjuicie la legalidad de la decisión de desalojo efectivo de la vivienda familiar donde el órgano judicial, al resolver el incidente cautelar, deberá valorar de forma pormenorizada la prevalencia de los intereses públicos referidos al derecho de acceso a una vivienda digna y el derecho a la protección de la vida familiar y la infancia.
Resumen: Auto de admisión. Determinar sí las concesiones administrativas sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre cuya transmisión se solicita constituyen una unidad indivisible, de modo que el incumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 22/1988 por parte de una de las solicitantes en proindivisión, determina la extinción de la concesión en su totalidad. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 70.2 y 78 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el artículo 132 apartados 1 y 2 CE, y el artículo 5.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la primera copia de una escritura notarial en la que se documenta un contrato de compraventa de negocio de supermercado es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro de Bienes Muebles creado en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en tres sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2020 (RRCA 3631/2020 y 3873/2020) y de 18 de febrero de 2021 (RCA 677/2019) , si bien referidas a la transmisión de oficina de farmacia.
Resumen: Se admite a trámite, siguiendo precedentes en la Sala, el recurso de casación preparado contra sentencia que confirmó la denegación de reconocimiento de la prestación de servicios a la Administración sanitaria del Principado de Asturias. Tiene interés casaciona determinar si se ha producido o no, en el caso examinado, una utilización abusiva de nombramientos de personal estatutario temporal de carácter interino ex artículo 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; En caso de respuesta negativa -inexistencia de abuso-, cuáles serían las consecuencias, laborales y/o económicas, para el recurrente que se anudan a tal declaración; Si, constatada una utilización abusiva de los sucesivos nombramientos de personal estatutario temporal interino, debe adoptarse como única solución jurídica aplicable la de conversión de su relación de servicios en una de carácter indefinido no fija, aplicando de forma analógica la jurisprudencia del orden social, o bien, si cabe afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico existen otras medidas de aplicación preferente e igualmente eficaces para sancionar los abusos cometidos en dicha relación; Con independencia de la respuesta que se ofrezca a la cuestión anterior, si el afectado por la utilización abusiva de esos nombramientos tiene o no derecho a indemnización en caso de cese, por qué concepto y en qué momento.
Resumen: Considera la Sección de Admisión de la Sala Tercera que revisten interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia las siguientes cuestiones: (i) si inadmitida una solicitud de revisión de oficio en vía administrativa, una posterior sentencia estimatoria permite a la Sala sentenciadora conocer sobre el fondo de la misma o bien remitirla a la Administración para que resuelva sobre lo procedente; y (ii), si en la hipótesis de que jurisdiccionalmente se acuerde la revisión del acto como consecuencia de un cambio de criterio jurisprudencial, los efectos derivados de la misma han de desplegarse con carácter pro futuro o con carácter retroactivo. El interés de esta cuestión viene dado, como se ha declarado en anteriores autos de admisión similares o idénticos, por la afección al interés general que reviste su esclarecimiento, al tratarse de problemas de evidente relevancia desde la perspectiva de los derechos de contenido económico del colectivo del personal estatutario temporal y de las situaciones de interinidad en la función pública.
Resumen: Precisar quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en relación con los inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero adscritos o transferidos a una Comunidad Autónoma en virtud de los distintos Reales Decretos sobre traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, si las Comunidades Autónomas o la mencionada Tesorería. Suscita las mismas cuestiones que los autos de 19 de septiembre de 2019 (RC/2977/2019; ECLI:ES:TS:2019:9028A) y 5 de diciembre de 2019 (RRCA/4166/2019; ECLI:ES:TS:2019:12945A y 4174/2019; ECLI:ES:TS:2019:12941A).
Resumen: Precisar quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en relación con los inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero adscritos o transferidos a una Comunidad Autónoma en virtud de los distintos Reales Decretos sobre traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, si las Comunidades Autónomas o la mencionada Tesorería. Suscita las mismas cuestiones que los autos de 19 de septiembre de 2019 (RC/2977/2019; ECLI:ES:TS:2019:9028A) y 5 de diciembre de 2019 (RRCA/4166/2019; ECLI:ES:TS:2019:12945A y 4174/2019; ECLI:ES:TS:2019:12941A).
