Resumen: Admisión. La Sección de Admisión aprecia que el escrito de preparación presentado cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA. Estima además conveniente un nuevo pronunciamiento de la Sala a fin de reafirmar, complementar, matizar y en su caso rectificar o corregir la doctrina jurisprudencial contenida en la STS nº 1439/2020, de 3 de noviembre (RC 2727/2019). Admite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en reafirmar, complementar, matizar y en su caso rectificar o corregir nuestra jurisprudencia sobre si, en caso de inexistencia de una norma que predetermine el VLE (valor límite de emisión) de una determinada sustancia contaminante para un determinado proceso productivo y, siempre que sea legalmente exigible el establecimiento de un VLE (valor límite de emisión) para la citada sustancia, conforme al artículo 14.1.a) de la Directiva 2010/75/UE y el artículo 22.1.a) de la Ley 16/2002 (actualmente, del RDL 1/2016), la autorización ambiental integrada puede o no fijar el VLE (valor límite de emisión) correspondiente conforme a los criterios del Anexo III de la citada Directiva y del artículo 7.1 de la Ley 16/2002 (actualmente, del RDL 1/2016). Serán objeto de interpretación las siguientes normas: artículos 7.1 y 22.1.a) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (actualmente, RDL 1/2016).
Resumen: Dominio público marítimo-terrestre. Régimen transitorio de la Ley de Costas. El TS resuelve el recurso de casación fijando como doctrina jurisprudencial el carácter discrecional de la prórroga de la concesión para la ocupación, por uso privativo, del dominio público marítimo-terrestre derivada del régimen transitorio de la Ley de Costas, pudiendo ser esta denegada por razones ambientales, de protección del litoral o de inseguridad para las personas. De igual forma, la Sala considera que dicha prórroga podrá concederse aunque la edificación no dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Costas, en relación con el artículo 25.1.a) de dicha ley, de forma que constituye una excepción al régimen general previsto en la propia Ley de Costas. La sentencia cuenta con voto particular formulado por la Magistrada Ángeles Huet de Sande.
Resumen: Admisión. Interrupción de la prescripción de la acción de reintegro. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 39.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), a fin de determinar si, a efectos de la interrupción de la prescripción, cabe considerar el mayor o menor lapso temporal producido entre la fecha de presentación de la justificación en su día efectuada por el beneficiario de la subvención y la fecha de requerimiento de subsanación y complemento de la justificación presentada.
Resumen: Dominio público marítimo-terrestre. Régimen transitorio de la Ley de Costas. El TS resuelve el recurso de casación fijando como doctrina jurisprudencial el carácter discrecional de la prórroga de la concesión para la ocupación, por uso privativo, del dominio público marítimo-terrestre derivada del régimen transitorio de la Ley de Costas, pudiendo ser esta denegada por razones ambientales, de protección del litoral o de inseguridad para las personas. De igual forma, la Sala considera que dicha prórroga podrá concederse aunque la edificación no dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Costas, en relación con el artículo 25.1.a) de dicha ley, de forma que constituye una excepción al régimen general previsto en la propia Ley de Costas. La sentencia cuenta con voto particular formulado por la Magistrada Ángeles Huet de Sande.
Resumen: la cuestión controvertida que se suscita en este recurso de casación es la de determinar la adecuación a la legalidad de los artículos 2, 3, 4, 5 y 12.d) de la Ordenanza municipal reguladora de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en la ciudad de Jerez de la Frontera, y si las medidas en ella acordadas se hallan justificadas y resulta compatible con el derecho a la libertad de empresa ( artículo 38 de la Constitución Española), a la luz del artículo 5 de la Ley de garantía de la unidad de mercado y de la STS n.º 921/2018, de 4 de junio; así como de la doctrina constitucional sentada, entre otras, en las SSTC 35/2016, de 6 de marzo; 111/2017, de 5 de octubre y 112/2021, de 13 de mayo, por lo que esta Sala considera oportuno admitir el recurso pues la cuestión planteada es susceptible de afectar a un gran número de situaciones y trasciende al caso objeto del proceso, por lo que también concurriría el supuesto del artículo 88.2.c) LJCA. En definitiva, se plantea una cuestión dotada de generalidad relativa al modo en que los Ayuntamientos pueden regular las condiciones de explotación de los servicios de arrendamiento de vehículo con conductor en el marco de la libertad de empresa y de los principios de necesidad y proporcionalidad que derivan de la Ley de garantía de la unidad de mercado, por lo que se precisa de un nuevo pronunciamiento de esa Sala a fin de aclarar las cuestiones enunciadas.
Resumen: Determinación de la dedicación de los componentes de la carrera judicial a sus funciones a efectos estadísticos. Competencia del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Su determinación no es manifestación del ejercicio de la potestad sancionadora
Resumen: En cuanto al art. 32 del RD, se suscita la cuestión de la legalidad de un reglamento por omisión de un procedimiento específico para decretar la retirada o reducción de las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional, se rechaza la pretensión anulatoria por cuanto no hay norma de superior rango que de manera imperativa imponga al Gobierno la regulación de un procedimiento específico a tal efecto, lo que a su vez se cohonesta con la existencia de un procedimiento administrativo común que limita la proliferación de procedimientos sectoriales. Respecto al examen del art. 38, en cuanto prevé la gestión por acción concertada de los servicios de acogida y establece los requisitos exigidos para la adjudicación de dicha gestión concertada, ello no supone vulneración de los principios de transparencia y no discriminación en materia contractual pues no se trata de que sólo aquellas entidades que ya vengan prestando dichos servicios puedan ser adjudicatarias, sino de garantizar la experiencia y trayectoria acreditada del solicitante. Y por lo que se refiere a la Disp. Adic. 3ª, que extiende al ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el citado régimen de gestión concertada, no implica que se habilite a dicho Ministerio a la adopción de dichos programas de actuación concertada: lo que establece es una mera extensión del procedimiento, en modo alguno de la potestad para la aprobación de dichos programas de actuación.
Resumen: La Sección de Admisión considera que el escrito de preparación presentado cumple los requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA, entendiendo que la parte recurrente ha realizado en su escrito el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, respecto de la concurrencia del interés casacional objetivo invocado en cuanto a la cuestión controvertida, considerándose necesario profundizar en la jurisprudencia de la Sala Tercera relativa a la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos y el principio indemnizatorio derivado de su incumplimiento. Admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar el momento desde el que se devengan los intereses de demora en el supuesto de resolución de un convenio urbanístico de monetarización por incumplimiento de la Administración local. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia pudiera extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, son los artículos 1.101, 1.108 y 1.124 del Código Civil.
Resumen: Se pretende se fije doctrina sobre el momento en que se convierte en indebido el ingreso que se hizo en concepto de ICIO cuando hubo caducidad de una licencia por ausencia de prórroga y posterior renuncia a la misma a efectos de determinación del dies a quo del plazo de prescripción en virtud de lo dispuesto en los art. 66.c) y 67.1 de la LGT. La cuestión ya ha sido resuelta por la Sección de Enjuiciamiento en SSTS de 4 y 11 de noviembre de 2020 (RRCA 1869/2018 y 4421/2019, ECLI: ES:TS:2020:3581 y ECLI:ES:TS:2020:3720)
Resumen: Admisión. Determinación de si la retasación que contempla el vigente artículo 47.2.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, es aplicable a supuestos de procedimientos expropiatorios concluidos antes de su entrada en vigor. Precedente jurisprudencial: STS de 20 de junio de 2016 (RC 621/2015)
