Resumen: Recurso ordinario. Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas (20) y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo de 2015. Doctrina de la Sala.
Resumen: Recurso ordinario. Es objeto de impugnación directa, en este proceso jurisdiccional, el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias (BOE 25 de marzo de 2015), por considerarlo no ajustado a derecho. Doctrina de la Sala.
Resumen: Impugnación del RD 681/2019, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el sostenimiento económico y financiero de la estructura central de determinadas entidades del Tercer Sector de Acción Social. Se estima parcialmente el recurso reconociendo el derecho de la entidad recurrente (Foro Español de la Familia) a ser incluida en la relación de entidades beneficiarias y en la determinación del importe de la subvención, reconociendo su derecho a ser beneficiaria de la misma. Falta de motivación de la decisión de la Administración de la no concesión de la subvención correspondiente al año 2019, cuando la misma entidad la ha venido percibiendo años anteriores. Notas caracterizadoras de la subvención como medida de fomento administrativo. Carácter modal de la subvención, naturaleza como figura de Derecho Público generadora de inexcusables obligaciones a la entidad beneficiaria. Imposibilidad de la Administración de excluir discrecionalmente como beneficiaria de una subvención a una entidad que había sido receptora de fondos públicos para mantener la estructura central en ejercicios precedentes por pertenecer al Tercer Sector de Acción Social sin exponer motivación explícita o implícita que justifique tal decisión, aun sin indicios fundados de que la entidad hubiera perdido su carácter de entidad de interés social. Considera la Sala que se ha infringido el derecho al procedimiento debido con quiebra del principio de objetividad.
Resumen: La sentencia confirma la doctrina que para la derivación de responsabilidad solidaria del administrador en una sociedad de capital, será necesario el cumplimiento del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, de manera que se proceda a la determinación de la concurrencia de una causa legal de disolución de la sociedad, además de constatar la situación fáctica que habla en favor de la insolvencia de la sociedad, y verificar, que el administrador no ha incumplido los deberes legales a que se refiere el art.367.1 de La Ley de Sociedades de Capital.
Resumen: Se estima la acción de responsabilidad ejercitada con fundamento en el incumplimiento por el Estado español de la obligación impuesta por el Derecho de la UE consistente en garantizar que los titulares de derechos de propiedad intelectual perciban la compensación equitativa correspondiente derivada de los perjuicios padecidos por las reproducciones realizadas al amparo de la denominada copia privada. El daño reúne el carácter de antijurídico y existe un nexo causal entre la falta de adaptación del derecho interno al europeo (art. 5.2.b) Directiva 2001/29/CE) entre esa omisión normativa -de la que se derivan derechos para los particulares- y el daño ocasionado. Y el incumplimiento de dicha norma europea resulta suficientemente caracterizado pues no deja margen alguno de apreciación a las autoridades nacionales en relación con existencia de la mencionada compensación equitativa: si bien los Estados miembros cuentan con libertad para determinar las personas obligadas al pago de la compensación - e incluso para fijar la forma, modalidades y cuantía- de conformidad con la Directiva citada y la jurisprudencia del TJUE, sin embargo, lo que no ofrece duda es que puedan prescindir del establecimiento de la compensación. Y lo que procede ahora ante un supuesto en el que lo procedente sería la fijación de una exacta indemnización, sino ante la necesidad de señalar una compensación equitativa con arreglo a las bases que establece la propia sentencia.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que declara la procedencia de denegar el registro de la marca "Lar de Duero" para los productos de la clase 33 solicitados. Desestimación. No procede el registro de aquellas marcas aspirantes que utilicen en su composición términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen Protegida siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado, al causar una impresión engañosa o falsa sobre estas características del producto ofrecido; y ello sin necesidad de que resulte acreditado que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida. La marca solicitada en este caso puede inducir a error al público, pues los consumidores pueden creer que los vinos protegidos por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen "Ribera del Duero". La autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca, ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante respecto de la decisión que debe adoptar la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Resumen: El TS considera como gastos de acción social, todas las contribuciones del empresario destinadas a atender situaciones de necesidad -artículos 41 y 50 CE-, y entre ellas, las llamadas mejoras voluntarias al sistema de la Seguridad Social (art. 191 LGSS), entre las que se encuentran los contratos colectivos de seguros y los planes y fondos de pensiones, de conformidad con la sentencia de la Sala de lo Social, de 9 de octubre de 2015 (recurso de casación núm. 58/2015). En virtud de esta previsión concluye que las aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios públicos, tienen la consideración de salario, integrando la masa salarial como una retribución diferida. En segundo lugar, aborda si resulta conforme a Derecho, o no, la suspensión, por parte de la Administración, de las aportaciones al citado plan de pensiones desde el año 2014 con fundamento en las sucesivas leyes de presupuestos para los ejercicios 2014, 2015 y 2016. La Sala tras examinar la naturaleza de las aportaciones a los planes de pensiones como retribución diferida, de manera no exactamente coincidente con los gastos de acción social que se invocan, y la regulación legal inspirada en la congelación y contención presupuestaria que contienen las normas legales presupuestarias (legislación básica), en relación al art. 29 EBEP, avalan la actuación de la Administración, porque la legislación no imponía la realización de las aportaciones a los fondos y limitaba su realización en los citados ejercicios
Resumen: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, modalidad actos jurídicos documentados, documentos notariales. Transmisión de oficina de farmacia. Plantea idénticas cuestiones que los RRCCA 3631/2019, 3873/2019 y 6777/2019. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en tres sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dos, de 26 de noviembre de 2020 (RCA/ 3631/2019; ECLI:ES:TS:2020:3966 y RCA/3873/2019; ECLI:ES:TS:2020:3965) y, una, 18 de febrero de 2021 (RCA/6777/2019; ECLI:ES:TS:2021:613).
Resumen: Promoción a categoría de magistrado de Sala. Estimación del recurso. Sobre el momento de la convocatoria, no hay inconveniente en entender que la vacante se produce con la declaración de la jubilación forzosa en la fecha que corresponda. La omisión de informes preceptivos, no vinculantes, contemplados en la convocatoria, debe conducir a la nulidad del acuerdo, y ello porque el CGPJ consideró conveniente contar con determinados informes relativos a los méritos profesionales de los aspirantes a las plazas vacantes, no tenían ninguna limitación en cuanto a su contenido, y no hay ninguna razón para excluir a priori y de forma inconcusa que tales informes pudieran haber influido en la valoración del órgano decisor en relación con uno o varios de los solicitantes. Se acuerda la retroacción del procedimiento al momento en que la Comisión Permanente decidió los solicitantes que elevaba al Pleno para que éste decidiera a quien promovía, continuando el procedimiento exclusivamente respecto a los candidatos que habían firmado la convocatoria y que habían cumplido todos los trámites previstos hasta ese momento, debiendo recabarse los informes omitidos de manera inmediata tras la retroacción de actuaciones. La propuesta ha de consistir en una terna. Esta sentencia habrá de ser cumplida por el Consejo General del Poder judicial con esta u otra composición personal, y ello aunque el legislador modificara la capacidad del CGPJ para hacer nombramientos antes de su renovación.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que, en grado de apelación, no reconoció a la recurrente, personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud la carrera profesional, farmacéutica. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la atinente a determinar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en los que, una vez adquirida la condición de personal estatutario fijo, no son valorados, a efectos de adquisición de los niveles de Carrera Profesional, los servicios previos prestados como personal eventual.
