Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar el origen, común o profesional, de las dolencias que han desencadenado la IT de la trabajadora, que presta servicios como auxiliar de ayuda a domicilio. La Sala IV analiza las referencias normativas tomando en consideración el contenido de la profesión de la trabajadora, las tareas o actividades que la conforman y los riesgos de exposición asociadas a las misma. Argumenta que, si bien las tareas de limpieza que realizan estas profesionales son más livianas y menos exigentes que las requeridas a las limpiadoras, la ejecución de las mismas es uno de los aspectos principales de su actividad. A lo que se suman ese otro conjunto de tareas que implican una relevante exigencia manipulativa y la ineludible necesidad de realizar importantes esfuerzos sostenidos y posturas forzadas con las muñecas. Como riesgo de exposición, figuran, entre otras, fatiga física por adopción de posturas forzadas e inadecuadas y movimientos repetitivos propios de las tareas de limpieza, en el aseo y cuidado personal y sobreesfuerzos por manipulación manual. Estas actividades requieren repetidos movimientos de hiperflexión y de hiperextensión de la muñeca y de aprehensión con la mano, que no son residuales en dicha profesión, lo que evidencia la relación de causalidad sin posibilidad de prueba en contrario. Por ello, se acoge la demanda, declarando que el proceso de IT objeto del litigio es derivado de la contingencia de enfermedad profesional.
Resumen: La Mutua solicitó reintegro del 20% del complemento de la IPT cualificada derivada de AT y consumido entre noviembre de 2013 hasta reconocerse la IPA, por desaparecer con la IPA la causa del incremento del 20%, pide la parte proporcional del capital coste no consumido. El JS desestimó la demanda. El TSJ estimó el recurso de la Mutua condenando a reintegrarle el 20% del incremento de la IPT derivada de AT por el periodo solicitado, declarando que el 55% del pago de la pensión corresponde a la Mutua -que ingresó el capital coste- y el 45% al INSS. Recurre en cud el INSS y la Sala IV interpreta, en una doctrina reiterada, que las normas que regulan el reintegro parcial del capital coste constituido para afrontar las obligaciones de las Mutuas en el pago de prestaciones no contemplan la posibilidad de reintegro, salvo en los supuestos expresamente previstos y en el caso, considera que al haberse revisado el grado ante el empeoramiento del estado invalidante (no hubo mejoría), no procede el reintegro parcial. Estima el recurso, casa y anula la sentencia de suplicación, confirmando la SJ
Resumen: El trabajador, conductor desde 2016 fue despedido el 25/01/17. La empleadora realiza para otra empresa transporte de mercancías mediante contrato de arrendamiento para el transporte de mercancías de sus clientes de determinadas zonas. El JS estimó en parte la demanda considerando la contrata como de propia actividad, declarando la improcedencia del despido y el abono de salarios impagados. El TSJ desestimó los recursos del actor y de la comitente que recurre en cud. La Sala IV analiza si la colaboración entre las empresas concierne a la propia actividad, y teniendo en cuenta el tipo de actividad de la auxiliar en beneficio de la principal, resuelve que el hecho de existir un contrato de transporte amparado en la Ley de ordenación de transporte terrestre no descarta el supuesto del art. 42 ET. La principal realiza actividad de intermediación con autorización administrativa, recepciona y distribuye mercancías y es operadora de transporte (art. 119 LOTT), lo que implica o realizarla por sí misma o acudir a empresas, por lo que considera que realiza labores inherentes al transporte, la actividad pertenece al círculo productivo de la comitente y debe aplicarse la responsabilidad solidaria del art. 42.2 ET respecto de las deudas de la contratista con los trabajadores adscritos a la contrata durante su realización. Desestima el recurso y confirma la recurrida.
Resumen: En el marco de un accidente de trabajo en el que se dirime la responsabilidad empresarial, la sentencia anotada no entra en el fondo del asunto, pese a concurrir la necesaria contradicción, porque aquél se articuló con defectuosa técnica procesal, al no contener la fundamentación de la infracción legal cometida por la sentencia impugnada. En efecto, el recurrente se limitó a analizar la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas, para seguidamente reproducir determinados parajes de sentencias relativos al instituto de la cosa juzgada, pero sin incluir un solo motivo de censura jurídica, ni señalar precepto alguno infringido.
Resumen: RCUD. Intereses moratorios del art. 20.6 LCT. No concurre contradicción, la sentencia recurrida por el asegurado desestima la pretensión, porque se acreditó que no constaba la notificación del siniestro a las aseguradoras, mientras que en la de contraste no consta probado dicho extremo, por lo que se desplaza la prueba del hecho negativo a la aseguradora, con base a la mayor facilidad probatoria. Se trata de decidir si corresponde a las aseguradoras la carga de la prueba de que no tuvieron conocimiento de la existencia del siniestro hasta que se les notificó el auto, y no concurre contradicción, aunque el Ministerio Fiscal informe favorablemente.
Resumen: RCUD. Sanción por infracción grave en grado mínimo de la normativa de salud y seguridad laboral (2046€ por insuficiencia de iluminación en escaleras). Efectos vinculantes de la sentencia firme dictada en procedimiento de recargo de prestaciones; con los mismos hechos y elementos probatorios en ambos procedimientos judiciales, declara no probada la insuficiente iluminación (doctrina constitucional sobre efectos de cosa juzgada positiva STC 16/2008). La sentencia recurrida no contiene ninguna motivación de las razones por las que se aparta del criterio fijado en la anterior. Lo resuelto en la sentencia firme en materia de recargo de prestaciones es vinculante en el posterior procedimiento. Recurribilidad aún no exceder de 18.000€ por invocación de derechos fundamentales ante autoridad laboral. Las discrepancias sobre la valoración de la prueba exceden del ámbito del RCUD, pero el efecto de cosa juzgada se aprecia de oficio por ser cuestión de orden público procesal. Casa y anula la sentencia recurrida, no en orden a unificar la doctrina aplicada por las sentencias comparadas, sino a efectos de dar cumplimiento al mandato impuesto por el art. 222.4 LEC, en relación con los arts. 9.3 y 24.1 CE, y resolver la controversia de acuerdo con lo ya decidido en sentencia firme, para estimar el recurso de suplicación formulado por la empresa Telefónica, revocar la sentencia de instancia, estimar íntegramente la demanda y dejar sin efecto la resolución administrativa impugnada. Sin costas
Resumen: Tres son las cuestiones suscitadas en el recurso de casación unificadora. Con respecto a las dos primeras - valoración del daño y aplicación del factor de corrección- la Sala IV aprecia la falta de contradicción. Finalmente, el tercer motivo se dirige a determinar la fecha desde la que se devengan los intereses que, derivados de la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia del accidente de trabajo fijada en favor de la demandante, corresponden a la aseguradora de la responsabilidad civil de la demandada. La recurrida entiende que se devengan desde la notificación de la sentencia y la de contraste, desde la fecha en que se produjo el accidente. Y el TS, tras considerar que concurre la necesaria contradicción y contra del parecer de la Sala de origen, opta por esta última solución al no concurrir justificación alguna para que no se aplique la mora desde la fecha del siniestro. En efecto, la Sala IV tras repasar didácticamente la doctrina de la Sala 1ª y de la 4ª sobre los intereses por mora del art. 20 de la LC, concluye que en el caso, no puede apreciarse ninguna dificultad para que la aseguradora hubiera avanzado una cuantificación económica mínima del daño, sabedora, como era, de su obligación desde la fecha del siniestro. En consecuencia, debió partirse en todo caso de la indicada fecha del siniestro en los términos prescritos por el art. 20.6 LCS. Se estima dicho motivo de recurso.
Resumen: Se promueve demanda de revisión frente a una SJLS que pretende hacer frente al pronunciamiento desfavorable relativo a la base reguladora, solicitando una revisión parcial de sentencia porque se ha corregido por resolución del INSS y notificado el error de hecho, la razón de pedir fue que la instancia ha considerado unos periodos que no se corresponden con los realmente efectuados, con repercusión en la base reguladora para el cálculo de la prestación. Frente a la sentencia que se recurre no se agotaron los recursos, no siendo recurrida en suplicación, no se ha cumplimentado el requisito y en suplicación pudo solicitar lo planteado en la revisión. La Sala Cuarta recuerda que la revisión en el orden social frente a sentencias firmes y laudos arbitrales firmes se regula en el art. 236.1 LRJS precepto que remite al art. 510 LEC y que debe solicitarse ante la Sala de lo Social del TS. La revisión es un remedio procesal subsidiario y además excepcional, pues no sólo se exige que la sentencia sea firme sino haber agotado los recursos para que pueda ser considerada firme a efectos revisorios. No se acepta como tercera instancia. En el caso además el INSS revisó la pensión reconocida en vía judicial, por lo cual, se produce también la carencia sobrevenida del objeto de la pretensión, art. 22.1 LEC. No se admite que la parte altere ahora la pretensión y en vez de acudir a otra nueva demanda o lo solicite en fase en ejecución acuda a esta vía. Se desestima. Reitera doctrina.
Resumen: La sentencia, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido en el que, el sindicato actor, interesaba que los trabajadores afectados por el ámbito del conflicto, que hayan estado o estén, en situación de IT asimilada a accidente de trabajo, por razón de periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio, como consecuencia del COVID-19, tienen derecho a percibir el complemento de hasta el 100% de la BR del mes anterior a la baja, conforme el art. 96, CCol de aplicación. El TS, en sintonía con el fallo combatido, concluye que: la interpretación del art. 96 del CCol, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, establece el complemento del 100% de la BR de la IT del mes anterior a la baja en caso de accidente laboral. Los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, no son situaciones de IT derivadas de accidente laboral ya que según el artículo 5 del RD Ley 6/2020, dicha situación no es IT derivada de accidente de trabajo sino "asimilada" pero, no a todos los efectos, sino "para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de SS"; y el precepto convencional establece una mejora voluntaria de SS, en concreto la mejora de la prestación de IT, diferenciando la cuantía de la mejora atendiendo a si la IT deriva de contingencias comunes o profesionales, incluida la hospitalización, por lo que no cabe una interpretación extensiva del precepto.
Resumen: Por sentencia de suplicación se confirmó la sentencia de instancia que había estimado la demanda de la trabajadora en materia de recargo de prestaciones, confirmándose la imposición del recargo en porcentaje del 30%. Se plantea en casación unificadora una posible incongruencia omisiva de la sentencia de suplicación, por cuanto no se dio respuesta a la denuncia del art. 110.3 LGSS planteada de modo subsidiario, relativa a que la constitución del capital coste del recargo agota cualquier posible ampliación a otra distinta prestación que duplique el ingreso ya efectuado del capital coste. La Sala 4ª, tras sistematizar la jurisprudencia en relación a la existencia de incongruencia omisiva, rechaza que la sentencia impugnada haya incurrido en dicha incongruencia, teniendo en cuenta que se argumentó que no existía razón alguna para aislar el incremento de la prestación básica que se expande sobre el resto de prestaciones, en el caso, respecto de la prestación de viudedad.
