Resumen: Swaps contratados por una entidad instrumental del Colegio de Registradores, encargada de construir su nueva sede, con el fin de cubrir los riesgos de tres préstamos suscritos para la financiación de la construcción. Por parte del colegio intervino en la negociación su director. Los términos y condiciones en que se pactaron las permutas financieras fueron fruto de una intensa negociación, que se prolongó muchos meses. Dicha entidad pidió la anulabilidad de los swaps por error vicio en el consentimiento, y subsidiariamente, que se declarase la responsabilidad de las entidades prestamistas así como la resolución de los contratos. La demanda fue desestimada en ambas instancias. Inexistencia de error patente en la valoración de la prueba porque la realizada, pudiendo discutirse, entra dentro de la lógica, al ser una de las posibles. La consideración de la demandante como inversor profesional o no es irrelevante para la razón decisoria, que radicó en que fue informada debidamente para comprender los productos y riesgos inherentes. Conflicto de intereses: está inserto en las características propias del producto contratado y los concretos riesgos asumidos, respecto de todo existió información precontractual. El cumplimiento de las exigencias de información se modulan en función de la condición del cliente, aunque no se le atribuya formalmente la condición de inversor profesional. Petición de principio por presuponer el incumplimiento de los deberes de información.
Resumen: Por la sociedad limitada demandante se interpone recurso de casación contra la sentencia desestimatoria de su pretensión en apelación. Se estima el recurso de casación, con nulidad de los contratos suscritos, al considerar que, de acuerdo con los hechos probados, no puede apreciarse que la entidad financiera cumpliera los deberes de información que establecía la legislación aplicable en la fecha de celebración de los contratos litigiosos, por lo que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial. En concreto, se declara que en la sentencia recurrida no se fija como hecho de manera clara y terminante a que el banco informara a los clientes de los riesgos de los productos complejos contratados, como elemento determinante para la formación del consentimiento en este tipo de contratos, sin que constara la existencia de información precontractual.
Resumen: Dies a quo del plazo de las acciones de anulación de swaps por error vicio. En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. De esta doctrina no resulta que el cómputo del plazo de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento de este. La consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. La incorporación de la normativa MiFID al Derecho español acentuó las obligaciones de dichas entidades con respecto a sus clientes, pero no supuso una regulación realmente innovadora. El déficit informativo puede hacer presumir el error. La obligación de informar es activa, no de mera disponibilidad. No es suficiente el contenido de la documentación contractual ni el aviso genérico sobre los riesgos. Para excluir el error son necesarios conocimientos especializados. El error no se convalida por la percepción de liquidaciones negativas.
Resumen: Contrato marco de operaciones financieras (CMOF) y contrato de swap ligado a inflación. Demanda de nulidad del contrato por ausencia de consentimiento, subsidiariamente, nulidad por error vicio del consentimiento por falta de información, por falta de objeto y causa, subsidiariamente, resolución de contrato por incumplimiento del deber de información, vencimiento anticipado del contrato y nulidad por infracción de las normas reguladoras de las condiciones generales de la contratación. Estimada la demanda en cuanto a la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento, el banco demandado recurrió en apelación alegando la caducidad de esa acción y negando el incumplimiento de los deberes de información. La sentencia de apelación declaró caducada la acción de anulabilidad por error vicio. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se examina primero el de casación en el que se cuestiona la interpretación que hace la sentencia recurrida en cuanto al momento en que el cliente tuvo conocimiento de la existencia del error, momento de consumación del contrato y dies a quo del plazo de ejercicio de la acción de nulidad. Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo del plazo de la acción de nulidad por error vicio del consentimiento den los contratos de swap. Inexistencia de caducidad. Estimación del recurso de casación y confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: Acción de nulidad de la orden de suscripción de determinados productos de inversión por error en el consentimiento e incumplimiento de los deberes de información, con restitución recíproca de prestaciones. En apelación se desestimó la demanda apreciándose la caducidad de la acción. No se infringe la carga de la prueba cuando la sentencia se apoya en la prueba practicada. Inexistencia de error patente en la valoración de la prueba. Además, la influencia que el desempeño del cargo de administrador tenga en el conocimiento de los riesgos de una determinada inversión es una valoración jurídica más que fáctica. A los efectos del ejercicio de la acción de anulabilidad, la consumación del contrato no ha de quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia del error. Sobre esa base, a efectos del cómputo de este plazo, la contratación de un producto como el litigioso (bonos necesariamente convertibles en acciones) no puede entenderse consumada con su adquisición, sino que la consumación coincide con la fecha de conversión obligatoria, que es el momento en que se materializa el riesgo y la inversión cumple su finalidad económica. No resulta adecuado adelantar el día inicial del cómputo a una fecha anterior a la conversión. Conforme al criterio expuesto, si la fecha de conversión obligatoria prevista en el contrato era noviembre de 2015 y la demanda se presentó en octubre anterior, es patente que la acción no estaba caducada.
Resumen: Doctrina jurisprudencial relativa a la caducidad de la acción de anulabilidad por error vicio en la contratación de productos financieros. En casación, tras declarase que la acción ejercitada no estaba caducada, con reiteración de la doctrina jurisprudencial, estima el recurso formulado por la entidad bancaria respecto de la impugnación de la valoración realizada por la sentencia de segunda instancia, según la cual no era suficiente la información suministrada y existió error esencial y excusable. En el caso examinado, se declara que consta acreditada la existencia de varias reuniones previas para la presentación del producto al cliente, que se deriva de la documentación contractual la advertencia de forma clara y precisa del riesgo de pérdida total o parcial de la inversión, y que la presentación del primer producto estructurado contenía una simulación de escenarios que permitían comprender cómo operaba y los riesgos de pérdida. La valoración jurídica realizada por la sentencia de segunda instancia según la cual, con estos elementos fácticos, el cliente adquirió los productos con error excusable sobre el riesgo de pérdida total o parcial de la inversión provocado por la insuficiencia de información, es errónea y determina la casación de la sentencia.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de deuda subordinada. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la sentencia de segunda instancia la confirmó; en estas sentencias, para fijar el importe de los perjuicios, no se descontaron los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, se estimó el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño y una ventaja, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia, la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio; de la documentación aportada se desprende que el importe de los rendimientos obtenidos por las subordinadas durante el periodo de vigencia más el capital rescatado tras la intervención de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) , es superior al importe de la inversión realizada con la adquisición de las obligaciones de deuda subordinada.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de deuda subordinada. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la sentencia de segunda instancia la confirmó; en estas sentencias, al fijar la cuantía del perjuicio, no se descontaron los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, se estima; declara el tribunal de casación que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, y han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. Asunción de la instancia: estimación del recurso de apelación y, en el caso, desestimación de la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio; consta en la documentación aportada, que el importe de los rendimientos obtenidos por las subordinadas durante el periodo de vigencia más el capital rescatado tras la intervención de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es superior al importe de la inversión realizada con la adquisición de las obligaciones de deuda subordinada.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación frente a una sentencia que había rechazado la pretensión de nulidad, por existencia de error en el consentimiento, en la contratación de dos productos financieros estructurados. La sala reitera su jurisprudencia en la materia. Lo que vicia el contrato por error es la falta de conocimiento del producto contratado y sus riesgos, no el incumplimiento por parte de la entidad financiera de sus deberes de información, que solo permite presumirlo. En el caso concreto, se constata que el banco demandado efectuó la oferta de un producto de inversión complejo, que no era acorde con la calificación otorgada al cliente a través de los test efectuados. No obstante, se ha acreditado que las demandadas tenían experiencia en productos similares, a través de su administrador principal y único. También se acredita que contaron con información previa y completa a través de los precontratos suscritos once días antes, por lo que no concurre el error pretendido. Que sus expectativas inversoras no hayan fructificado es consecuencia de la evolución del mercado y no pueden hacerla recaer en el banco demandado, dado que conocieron previamente los riesgos que conllevaba.
Resumen: Nulidad de la adquisición de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes. Los títulos adquiridos resultaron afectados por el proceso de resolución de Bankia, por lo que se produjo un canje obligatorio y el demandante recuperó parte de la inversión, además de cobrar rendimientos durante la vigencia de la misma. Las sentencias de primera y segunda instancias desestimaron la demanda. La demandante interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. Se estima este último, pues la sentencia de segunda instancia incurrió en un rigorismo excesivo al considerar que solo se había recurrido una parte de la sentencia, cuando del conjunto del recurso se deducía que se recurría la totalidad. Asunción de la instancia: inexistencia de caducidad; no hay falta de legitimación pasiva de Bankia por el canje obligatorio y la venta posterior de las acciones. Error vicio del consentimiento: no consta que el demandante fuera informado sobre la naturaleza, características y riesgos de los productos adquiridos, en particular, no consta que se le advirtiera de los riesgos de falta de liquidez, ni de la posibilidad de pérdida de la inversión. Estimación de la demanda: nulidad de los contratos y restitución recíproca de las prestaciones (la comercializadora del importe de la inversión efectuada por el adquirente, menos la cantidad obtenida por el canje, más el interés devengado desde que se hicieron los pagos, el comprador de los rendimientos percibidos más intereses).
