Resumen: Se desestiman los recursos frente a una sentencia que desestimó una demanda de reclamación de las cantidades entregadas a cuenta por la compra de dos viviendas de una misma promoción. Recurso por infracción procesal: no es viable un motivo que pretenda desarticular la valoración conjunta de la prueba para que prevalezca un elemento probatorio sobre otros o intente plantear cuestiones que impliquen la total revisión probatoria y menos aún mediante la cita de normas de prueba no tasadas. Recurso de casación, reiteración de jurisprudencia. Ha quedado constatada la adquisición de las viviendas para una finalidad no residencial. El banco avalista señaló diferentes indicios de la finalidad especulativa de las compraventas, uno de los cuales fue la supuesta compra de una tercera vivienda y, además, otros que la jurisprudencia considera relevantes para apreciar una finalidad no residencial, como que los compradores tuvieran su residencia en una ciudad distinta de la localización de las viviendas, la obtención de una rebaja significativa en el precio a cambio de pagos en metálico y, sobre todo, la inclusión en los dos contratos de una estipulación negociada que permitía a la parte compradora ceder el contrato a terceros. Por otro lado, los pactos entre comprador y vendedor no obligan al avalista colectivo a responder de los anticipos no garantizados mediante aval individual cuando la compraventa, por su finalidad no residencial, no se incluye en el ámbito de la Ley 57/68.
Resumen: Reclamación de deudas a propietario moroso. La comunidad interpuso demanda de tercería de mejor derecho en la ejecución hipotecaria que se seguía contra el moroso, al considerar que su crédito, derivado del incumplimiento de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas impagadas de la anualidad en curso y los tres años anteriores, tenía carácter preferente por disposición de la LPH. La demanda fue desestimada en ambas instancias al considerar que, atendiendo a las fechas de la deuda, no se cumplían los requisitos temporales del art. 9.1 e) LPH que limitaba dicha preferencia a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores, y que la tesis mayoritaria era situar el dies a quo en la presentación de la demanda de tercería de mejor derecho, lo que limitaba la preferencia a las deudas de los tres años anteriores, excluyendo de ella las deudas que eran objeto de reclamación. La acción ejercitada no se funda en la afección real del inmueble por la que debe responder un nuevo adquirente, que no era propietario cuando se devengaron las cuotas adeudadas, sino en el derecho de preferencia que la ley otorga a esos créditos comunitarios por deudas de gastos comunes y que se encuentra "atemperado por unos concretos límites temporales que deben ser estrictamente observados", sin que puedan ser objeto de aplicación extensiva.
Resumen: Acción de cumplimiento de acuerdo comunitario (de desafectación como elemento común de una porción de terreno para convertirse en elemento anejo), que la CP demandante consideraba cumplido solo en parte. La demanda fue estimada en ambas instancias, razonándose, en cuanto al fondo, que los términos del acuerdo eran claros en cuanto a la imposición de su destino como sala de conferencias, fitness y recepción, estando presente en la junta el representante de la sociedad propietaria del hotel afectado. Deber de motivación: no impone ni una argumentación extensa ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones. La sentencia permite conocer las razones fácticas y jurídicas del fallo. La mal llamada incongruencia interna: no existe incoherencia entre el fallo y su fundamentación. Deber de congruencia: lo pretendido es disponer de una recepción independiente, solo en el edificio construido sobre el terreno que fue desafectado para convertirse en privativo y anejo a la parcela y la sentencia se pronuncia sobre esta cuestión. Interpretación de los estatutos: función del tribunal de instancia, solo revisable si es ilegal o ilógica, lo que no es el caso. Acción no personal sino real, que pretende la entrega, en el edificio construido como módulo común, de un espacio para su utilización como recepción de las viviendas. La acción nace de una modificación del régimen jurídico de la mancomunidad, y está sujeta al plazo de prescripción de treinta años.
Resumen: Demanda ejercitando acción negatoria de servidumbre de luces y vistas, alegando que los demandados desde la terraza realizada sin licencia tienen vistas directas sobre el interior de su propiedad, por lo que interesa la demolición de la construcción ilegal, y subsidiariamente, que se les prohíba la utilización de la terraza, debiendo retirar la pérgola instalada y cualquier otro elemento y especialmente la barandilla perimetral, de forma que no pueda ser utilizada por personas. El juzgado de primera instancia desestimó íntegramente la demanda al apreciar la falta de legitimación para obligar a la demolición, la obra tiene una antigüedad de más de 30 años y siempre se usó como terraza sin requerimiento o ejercicio de acción alguno para evitar ese uso, por lo que la acción estaba prescrita y los demandados adquirieron por prescripción ese derecho de servidumbre. Recurrida en apelación se estimó en parte y acordó que la finca de la actora no está gravada con servidumbre de luces y vistas y condenó a la demandada a realizar las obras necesarias para impedir las vistas sobre la finca colindante. Los demandados recurren en casación. La sala lo desestima. Califica en el caso de autos la servidumbre de luces y vistas como aparente, continua y negativa, susceptible de prescripción por el transcurso de 20 años computados desde la ejecución del acto obstativo, sin que quepa apreciar la prescripción extintiva postulada por la recurrente.
Resumen: Demanda de tutela del derecho al honor interpuesta por un comunero frente al presidente de la comunidad de propietarios como consecuencia de una nota de este y del vicepresidente, buzoneada y publicada en el tablón de anuncios, en la que se ponía de manifiesto la existencia de un enganche eléctrico ilegal de un contador comunitario, del que se beneficiaba parte de la comunidad. Las sentencias de primera y segunda instancia desestimaron la demanda, recurrió en casación el demandante y la sala desestima el mismo. La sala parte de que el enganche existía en realidad y declara que el demandado optó por ponerlo de manifiesto a la Comunidad, no con intención de denigrar, sino como explicación, en orden a la convocatoria de la junta general, en la que se trataron las referidas cuestiones, con equilibrio y mesura. Así, concluye que no concurre violación del derecho al honor sino un ejercicio ponderado de la libertad de expresión del demandado en cuanto informó a la Comunidad de hechos veraces (utilización anormal del fluido eléctrico) con notable trascendencia para los intereses comunitarios, por lo que no se infringen los arts. 1 y 7.7 de la LO 1/1982, no violándose tampoco el art. 18 de la Constitución. Se desestima el recurso.
Resumen: Los compradores de una vivienda en construcción después de resolver el contrato de mutuo acuerdo con la promotora reclaman de la avalista colectiva las cantidades entregadas en su día a la promotora a cuenta del precio. En primera instancia se estimó la demanda aunque fijó el devengo de los intereses en la fecha del requerimiento de pago a la avalista. En apelación, se estimó en parte el recurso del banco (redujo su condena a responder solo de los anticipos ingresados en una cuenta de la promotora en dicho banco) y la impugnación por los compradores (para que se fijara el día inicial del devengo del interés legal en la fecha de cada anticipo). Interpuesto recurso de casación por los demandantes, la controversia se reduce a determinar si la entidad avalista debe responder del total de las cantidades anticipadas sin que pueda depender de que los anticipos se ingresen en una cuenta de la promotora. La sala estima el recurso. Aplicando la doctrina contenida en resoluciones anteriores, probada la condición de avalista colectiva de la demandada, la razón decisoria de la sentencia recurrida consistente en condicionar la efectividad de la garantía colectiva a que los anticipos se ingresaran en una cuenta de la promotora en dicha entidad infringe dicha doctrina pues solo se requiere que se hayan hecho entregas a cuenta del precio de cantidades previstas en el contrato y que el promotor haya incumplido su obligación de entregar la vivienda para que el avalista responda (STS 140/2022)
Resumen: Acción de división de cosa común y de reclamación de gastos satisfechos en vivienda común por parte de uno de los cónyuges tras el divorcio. Reconvención solicitando indemnización por ocupación exclusiva de la vivienda. El juzgado estimó parcialmente la demanda y desestimó la reconvención. En apelación la exesposa pidió la estimación de la reconvención y el exmarido impugnó la sentencia para que se estimara la acción de reembolso de las cuotas ordinarias y derramas correspondientes a la vivienda. La AP estimó el recurso de apelación y desestimó la impugnación. El exmarido recurre en casación interesando su estimación porque las cuotas comunitarias gravan la vivienda que era propiedad de ambos, y no las debe soportar solo el usuario. Es el propietario el obligado al pago de las cuotas de comunidad, y en este caso lo eran los dos esposos, sin que existiera pronunciamiento del juzgado de familia atribuyendo su pago solo al exmarido. Está permitido el uso de la cosa común por cada comunero respetando los límites del artículo 394 CC, sin que el otro o los otros comuneros puedan impedírselo por el mero hecho de que aquél la use el sólo o de que lo use más que el otro u otros. En este caso la exesposa requirió al exmarido, no para hacer uso de la vivienda también, sino como si se tratara de un arrendamiento, para que el exmarido le pagara una especie de renta por venir usándola solo.
Resumen: Demanda de reclamación de las cantidades entregadas a cuenta para la compraventa de una vivienda que no llegó a construirse. La misma se dirige frente a la entidad bancaria que emitió un aval colectivo. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó. Recurren en casación los compradores y la sala estima su recurso; en primer lugar, confirma el fin residencial de la vivienda, por lo que resulta de aplicación el régimen tuitivo de la Ley 57/68; tiene en cuenta los hechos probados en la instancia tales como la compra de una sola vivienda, la no acreditación de que los compradores tuvieran otras propiedades o que obtuvieran una rebaja del precio, sin que pueda deducirse la finalidad especulativa por la existencia de una cláusula de cesión de la vivienda a terceros. Así, conforme a la doctrina jurisprudencial de la sala al resolver recursos sobre la responsabilidad de Caixabank S.A. como avalista colectiva de la promotora del residencial "Trampolin Hills Golf Resort", dicha entidad debe responder frente a los compradores de las cantidades previstas en el contrato y anticipadas por ellos aunque no se ingresaran en una cuenta de la promotora. Se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acordó la nulidad de un acuerdo comunitario consistente en abrir una puerta de acceso al patio de luces. La comunidad demandada opuso el incumplimiento del requisito impuesto en el art. 18.2 LPH, según el cual el comunero impugnante deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas, habida cuenta que era deudor de la derrama destinada precisamente a la apertura de la puerta que constituía el objeto del proceso. La sala confirma, en primer lugar, que esta impugnación tiene acceso al recurso de casación, al tratarse de una vulneración de una norma de derecho sustantivo. En segundo lugar, recuerda su doctrina sobre el art. 18.2 LPH. El comunero impugnante debe estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas, sin embargo, no es preciso ni el previo pago o la consignación cuando se trate de la impugnación de acuerdos relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación del art. 9 LPH entre los propietarios. En el caso litigioso, no concurre esa excepción pues el acuerdo versa sobre la apertura de una puerta cuya derrama no se cuestionó ni en cuanto a la determinación de su importe ni porque alterara el régimen de contribución a los gastos comunes según su cuota de participación.
Resumen: Acción contra avalista colectiva en reclamación de cantidades anticipadas por compradores de viviendas en construcción. La sentencia recurrida limitó indebidamente la responsabilidad de la avalista colectiva a las cantidades ingresadas en cuenta de la promotora en la propia avalista. Reiteración de la jurisprudencia según la cual la avalista, aunque sea colectiva a falta de avales individuales, debe responder frente a los compradores de las cantidades previstas en el contrato y anticipadas por ellos aunque no se ingresaran en una cuenta de la promotora, sea de la avalista o de otra entidad. Al constar que todas las cantidades reclamadas que se entregaron a la promotora a cuenta del precio se correspondían con el calendario de pagos pactado, incluyendo la cantidad entregada en concepto de reserva, se estima el recurso de casación y se confirma la sentencia de primera instancia, íntegramente estimatoria de la demanda, incluidos sus pronunciamientos sobre intereses (devengo desde las respectivas entregas) y costas.
