Resumen: Cuestión de competencia suscitada entre una Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Penal. El delito por el que la acusación particular formulaba acusación era el de estafa de los artículos 248 y 250.1º del Código Penal y un delito de apropiación indebida y el Ministerio Público exclusivamente como delito de apropiación indebida. El Juzgado de lo Penal rechazó su competencia al entender que la pena en abstracto excedía de los cinco años. La Audiencia Provincial destacaba que la acusación particular no precisaba cuál de los supuestos del artículo 250.1º era aplicable. La determinación de la competencia en cuanto al órgano de enjuiciamiento en el procedimiento abreviado se hace con arreglo al acta de acusación. La Audiencia no puede adelantar el momento de cuestionar su competencia para negarla a la resolución de aspectos que sólo pueden ser objeto de consideración en sentencia. La Audiencia señalaba que el escrito de acusación particular contenía ciertos defectos como no especificar qué apartado del artículo 250 del Código Penal era el que estimaba concurrente. Pero tal ausencia de precisión, que podrá tener sus consecuencias al dictar sentencia, no es determinante, por sí sola, a los efectos de establecer la competencia, una vez que se ha interesado la aplicación del artículo 250.1 del Código Penal , que prevé una pena privativa de libertad que en su máximo abstracto excede de la competencia del Juzgado de lo Penal.
Resumen: La aplicación de una norma comunitaria no impone al Tribunal la obligación de dudar en su interpretación. Sólo si al aplicarla surge la duda se activa la necesidad de elevar la cuestión prejudicial, en particular si se trata del órgano jurisdiccional de última instancia, en el sentido que los describe el artículo 267 TFUE. Lo es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (STJUE de 6 de octubre de 1982-ECLI:EU:C:1982:335- asunto Cilfit ). De surgir dudas sobre el alcance de la normativa europea que condicionen la respuesta a dar al asunto de fondo sería obligado el planteamiento de una cuestión prejudicial para luego aplicar, en su caso, el principio de supremacía. Pero no existiendo ese estado de duda no procede la cuestión prejudicial (vid mutatis mutandi STEDH de 15 de septiembre de 2015 asunto Renard y otros v. Francia). La Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea (BOE núm. 275, de 13 de noviembre de 2014), que entró en vigor el 3 de diciembre de 2015, fija los límites de cumplimiento de las penas en las que se incluya alguna condena impuesta en procesos posteriores seguidos en España por delitos cometidos antes de que se hubiera dictado sentencia de condena por los Tribunales de otro Estado miembro; y de manera genérica, a las condenas dictadas por otro Estado miembro de la Unión europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010.
Resumen: Solo cabe hablar de consumación del lavado y del delito cuando los fondos que son su objeto ingresan y pueden ya operar en la economía real regular, después de haber puesto la distancia necesaria respecto de la fuente ilícita de obtención, ocultándola. El cómputo del plazo de prescripción sugerido no pudo ni puede operar. En efecto, porque sus propios actos relacionados con los bienes objeto de la causa, bien acreditados también en su secuencia cronológica, desmienten con particular claridad las afirmaciones con las que se ha tratado de dotar de fundamento a la alegación. Su desarrollo se prolonga hasta el año 2004, en el despliegue de una estrategia, precisamente dirigida a desfigurar el origen de aquellos bienes y a tratar de dotarlos de un estatuto de normalidad negocial. Modo de proceder acreditativo de que todavía, con la simple "bancarización" que se invoca, no lo tenían, y por eso la interposición de la complejísima trama de actividades de ocultación descritas en los hechos probados, pertenecientes, por lo expuesto, al núcleo de la conducta típica. Se anula la sentencia de instancia en el solo extremo relativo a la absolución de los acusados del delito de revelación de secretos, para que la sala de instancia, reintegrando los documentos de referencia en el cuadro probatorio, los valore y forme convicción al respecto, resolviendo conforme a derecho, según su criterio.
Resumen: La aplicación de una norma comunitaria no impone al Tribunal la obligación de dudar en su interpretación. Sólo si al aplicarla aparece tal duda nace la necesidad de elevar la cuestión prejudicial, en particular los órganos jurisdiccionales de última instancia. La Decisión Marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008, no impone a las legislaciones de los estados miembros la consideración ineludible de las condenas dictadas y cumplidas en otro Estado miembro a efectos de los institutos de sus respectivas legislaciones penales equivalentes a nuestra acumulación de penas del art. 76 CP. La predeterminación legal del juez que debe conocer de un asunto está referida al órgano jurisdiccional y no a las diversas Salas o Secciones de un mismo Tribunal (dotadas ex lege de la misma competencia material), en relación con las cuales basta con que existan y se apliquen normas de reparto que establezcan criterios objetivos y de generalidad.
Resumen: Acumulación. Sentencia dictada por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea. Aplicación de la doctrina de la sentencia del Pleno Jurisdiccional 874/2014. Juez ordinario predeterminado por la ley y art. 197 LOPJ. Condenas impuestas y ejecutadas en otro país, no cabe su acumulación con condenas nacionales a los efectos del art. 76 CP. Se reitera doctrina. Decisión Marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008. Se excluyen, a efectos de acumulación, las condenas dictadas por tribunales de la UE. El principio de asimilación o equivalencia de la condena de otro Estado Miembro a la condena nacional, de la Decisión Marco 675/2008, no es absoluto y acoge excepciones, dejando a las legislaciones nacionales que obtengan las consecuencias del mismo. El cómputo de las condenas a efectos de acumulación es uno de estas excepciones, que se entiende incluida en el artículo 3.5 de la Decisión Marco. Esta excepción ha sido incorporada en la Ley Orgánica 7/2014, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, que ha incorporado a nuestro ordenamiento éste y otros extremos de esta Decisión marco. La Decisión marco, en ningún momento, ha integrado el ordenamiento español, no supone una norma intertemporal, no cabe hablar de una sucesión temporal de leyes. Correcta decisión de no plantear cuestión prejudicial ante el TJUE.
Resumen: Derecho a un Juez ordinario predeterminado por la Ley y art. 197 LOPJ (avocación de un asunto por el Pleno de un órgano jurisdiccional). Condenas impuestas y ejecutadas en otro país, no cabe su refundición con condenas nacionales a los efectos del art. 76 CP. Decisión Marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008. Es interpretación razonable considerar acumulables únicamente sentencias nacionales o sentencias extranjeras que en virtud de mecanismos de cooperación internacional han de ser ejecutadas en España, amoldándolas a nuestro sistema; sin asimilar a estos efectos las condenas cumplidas en otros países con sistemas diferentes. Voto particular.
Resumen: La aplicación de una norma comunitaria no impone al Tribunal la obligación de dudar en su interpretación. Sólo si al aplicarla aparece tal duda nace la necesidad de elevar la cuestión prejudicial; en particular respecto a los órganos jurisdiccionales de última instancia, en el sentido que los describe el artículo 267 TJUE. Entre ellos se encuentra esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La predeterminación legal del juez que debe conocer de un asunto está referida al órgano jurisdiccional y no a las diversas Salas o Secciones de un mismo Tribunal. La Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea incorporó al derecho español la DM 2008/675/JAI. Recoge determinadas excepciones contempladas como facultativas en el art. 5.3 de la Decisión. Específicamente se alude a los autos previstos en el art. 988 LECrim que fijan los límites de cumplimiento de las penas en las que se incluya alguna condena impuesta en procesos posteriores seguidos en España por delitos cometidos antes de que se hubiera dictado sentencia de condena por los Tribunales de otro Estado miembro; y de manera genérica, a las condenas dictadas por otro Estado miembro de la Unión europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010 (Disposición Adicional Única).
Resumen: El TS analiza ampliamente la posibilidad de acumulación de condenas dictadas por otros estados miembros de la Unión Europea, y en concreto las normas provenientes de la LO 7/2014, que no innova sobre la materia sino que consolida una interpretación que ya había sido adoptada por la Sala. Así tratándose de un supuesto en el que la condena en Francia es posterior a los hechos cometidos en España y anterior al enjuiciamiento de esos hechos, procede desestimar los tres primeros motivos de este recurso así como el quinto en cuanto el Auto recurrido dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que declara de oficio la falta de competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer de la pretensión de impugnación de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, previniendo al demandante que puede ejercitar su acción ante el Juzgado de lo Social competente territorialmente. Se impugna a través de una demanda de conflicto colectivo la imposición de una jornada irregular a un grupo de cuatro trabajadores y que afecta a un solo centro de trabajo. Se ha seguido la vía de conflicto colectivo pero sin identificar ni cuantificar el grupo de trabajadores al que se refiere la modificación operada. Tampoco se acredita que se trate de una modificación colectiva según los datos fácticos relatados y tampoco consta que el ámbito de afectación rebase los umbrales exigidos, por lo que los trabajadores afectados debieron, en su caso, ejercitar la acción individual. En definitiva, la acreditación de una afectación de la medida a cuatro trabajadores, y a un solo centro de trabajo, determina que, no sea la Sala Social de la Audiencia Nacional la competente para conocer del mismo por no exceder el ámbito del conflicto de una Comunidad Autónoma.
Resumen: Juez ordinario predeterminado por la ley y art. 197 LOPJ (avocación por el Pleno de un Órgano jurisdiccional). Condenas impuestas y ejecutadas en otro país, no cabe su refundición con condenas nacionales a los efectos del art. 76 CP. Se reitera doctrina. Decisión Marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008. Se excluyen, a efectos de acumulación, las condenas dictadas por tribunales de la UE. El principio de asimilación o equivalencia de la condena de otro Estado Miembro a la condena nacional, de la Decisión Marco 675/2008, no es absoluto y acoge excepciones, dejando a las legislaciones nacionales que obtengan las consecuencias del mismo. El cómputo de las condenas a efectos de acumulación es uno de estas excepciones, que se entiende incluida en el artículo 3.5 de la Decisión Marco. Esta excepción ha sido incorporada en la Ley Orgánica 7/2014, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, que ha incorporado a nuestro ordenamiento éste y otros extremos de esta Decisión marco. La Decisión marco, en ningún momento, ha integrado el ordenamiento español, no supone una norma intertemporal, no cabe hablar de una sucesión temporal de leyes. De seguirse en el momento presente la interpretación que dio la STS 186/2014, nos encontraríamos con un supuesto de interpretación contra legem. En definitiva no existen méritos para plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
