Novelties
-
- La Sala de lo Contencioso-administrativo entra a analizar la justificación legal del Pepri de 2018 del barrio viejo de la capital grancanaria. Los propietarios de un inmueble entre las calles Cano y Torres pretendían aumentar la altura o ser indemnizados por la reducción de edificabilidad
-
- El tribunal también impone al procesado una medida de libertad vigilada de 5 años a ejecutar tras la pena de prisión, la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 15 años y el pago de una indemnización de 40.000 euros a la joven, que en la actualidad es mayor de edad
-
- El Tribunal considera que no hay prueba de cargo suficiente
-
- El encausado iba a ser enjuiciado por un jurado, pero el juicio no se celebrará finalmente tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes
-
-
- Los hechos tuvieron lugar en 2015 y 2017 y han podido ser juzgados después de que en 2022 el procesado fuera detenido por un abuso sobre una menor y se comprobara que las muestras de ADN recogidas eran coincidentes con las obtenidas en las ropas de estas dos víctimas
-
- La Sala desestima el recurso de apelación de la defensa al entender que la pena impuesta no infringe el principio de proporcionalidad
-
- La sentencia señala que aún sin éste material probatorio “no existen elementos independientes que permitan acreditar el tráfico de drogas y la asociación y organización entre los acusados, ni el intento de financiación de producciones artísticas derivadas de la comisión de actividades ilícitas”
-
- Se ha reconocido la atenuante de drogadicción y se ha subsumido el tráfico de medicamentos en el delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño
-
- La Sala Tercera estima en parte el recurso planteado contra el Real Decreto por la Comunidad de Madrid, que pidió su nulidad y defendió su interés legítimo para hacerlo como potencial beneficiaria de los fondos distribuidos