“El enjuiciamiento jurídico de las controversias que afectan a la megapolitica puede y debe contribuir a la realización del principio de paz jurídica en el que sustenta el contrato social y se construyen, cotidianamente, las bases de la convivencia democrática” ha manifestado Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV durante su intervención en la Apertura del año Judicial celebrada hoy en Bilbao

Pero para que esa aspiración se realice – ha manifestado - “es preciso concertar dos compromisos indeclinables: el de la asunción de responsabilidad, por parte de nuestros jueces, en hacer reales y efectivas las garantías propias del derecho a un proceso justo y, por parte de los demás poderes que integran nuestro sistema político, a la correlativa asunción del compromiso, sincero y sin reticencias, de trasladar a la ciudadanía el mensaje de que la confianza en la actuación de la Justicia es un presupuesto y no un resultado de la calidad de nuestra democracia”.

Al llegar a este punto, Juan Luis Ibarra ha alertado, también, sobre la conjugación entre el principio de legalidad, el principio democrático y el llamado “derecho a decidir” al que se refiere la ponencia para la actualización del autogobierno de Euskadi.

La propuesta – subrayó el presidente del TSJPV - equipara el principio democrático, del que extrae el valor relevante y primario de las decisiones refrendarias, con “(L)a voluntad popular como único límite de las decisiones políticas”. Siguiéndose de lo anterior, a juicio de los proponentes, que “(E)l principio de legalidad no será límite para el despliegue del principio democrático…”. Como resultado de esta concepción, la Ponencia sitúa la

fuente “del nuevo haber competencial” en la decisión política y no en la Constitución. De lo que habrían de seguirse las dos consecuencias que motivan esta reflexión: la atribución a la mayoría política en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz de la competencia para hacer efectiva la diferenciación entre los ciudadanos vascos y quienes accedan a la nacionalidad vasca. Y, así mismo, la autoatribución competencial, extramuros de la Constitución, de la creación ex novo “de las instituciones del Poder Judicial de Euskadi”.

No resulta preciso subrayar – dijo - que la legitimidad del poder judicial que represento se residencia en la decisión del poder constituyente que la vincula al exclusivo y excluyente sometimiento de los jueces y tribunales al imperio de la ley: a la Constitución con vinculación más fuerte que el resto del ordenamiento jurídico.

En esa misma medida, la invocación de un “derecho a decidir” de la ciudadanía como fuente extraconstitucional primaria y limitante del principio de legalidad resulta incompatible, de raíz, con el elemento constitutivo del poder judicial.

Los europeos sabemos – dijo el presidente para concluir el primer apartado de su intervención – que “la relegación del imperio de la ley como delimitador del ámbito de lo jurídicamente indecidible por los poderes constituidos y su sustitución por cualquier forma, aún la más atenuada, de decisionismo político, nos aleja, no solo de la tradición normativista kantiana, sino, sobre todo, del camino al que se comprometieron los aliados en el Tratado de Londres de 1949. Un compromiso que reconocía y ponía en valor el patrimonio común europeo de ideales y principios sobre los que encauzar el progreso económico y social al servicio de tres grandes objetivos: el pleno restablecimiento del Estado constitucional de Derecho, la consolidación de la democracia liberal y la eficaz salvaguarda de los Derechos Humanos y Libertades Públicas”.

La segunda parte de la intervención del presidente Ibarra, ya centrada en la situación de la Administración de Justicia en el País Vasco y en los tres objetivos fijados por la Sala de Gobierno, tuvo que ver con la mejora en la respuesta a una situación coyuntural derivada del fuerte incremento de asuntos relacionados con las “clausulas suelo” y de reclamaciones retributivas de funcionarios de la Comunidad Autónoma en dos juzgados de lo Contencioso –administrativo.

La suma de estos dos “picos de sierra” se tradujo en 2017 en 14.246 asuntos ingresados. A falta de medidas legislativas que puedan mejorar la respuesta a esta situación, el presidente reclamó con urgencia “una reflexión sincera, dirigida a las partes procesales concernidas, en orden a evitar que se siga lastrando injustificadamente al sistema de Justicia con una litigiosidad evitable, que consume enormes recursos públicos.”

También con el carácter de objetivo prioritario –señaló - la Sala de Gobierno ha acordado promover un Plan integral de mejora en la dotación y en la calidad de la respuesta desde los juzgados especializados en materia de violencia sobre la mujer. Al llegar a este punto, Juan Luis Ibarra reiteró, como lo expresó el pasado septiembre tras la muerte de Maguette Mbeugou, víctima de la violencia de género, que “nos queda un margen importante para la mejora en la coordinación institucional y en la eficacia del sistema de Justicia con mayúsculas.” Y lo tenemos que recorrer con urgencia, apostilló.

Así, en el ámbito de la Administración de Justicia, inicialmente para el Territorio Histórico de Bizkaia, proponemos aumentar a cuatro el número de juzgados especializados de violencia sobre la mujer, así como ampliar al ámbito provincial la jurisdicción de estos juzgados cuya sede reclamamos para el partido judicial de Bilbao; y, muy singularmente, promovemos el compromiso con este plan integral por parte de los Departamentos de Justicia y de Seguridad del Gobierno Vasco.

Del Departamento de Justicia para que estudie la forma de concentrar los servicios forenses y sicosociales, dotándolos de unas infraestructuras adecuadas a la calidad de las prestaciones propuestas; y del Departamento de Seguridad para que resuelva satisfactoriamente los problemas de protección en la movilidad de las mujeres denunciantes.

El presidente finalizó su intervención anunciando que, en breves fechas, el Departamento de Trabajo y Justicia pondrá en marcha la nueva oficina judicial de Donostia – San Sebastián en la que la Sala de Gobierno se ha propuesto redoblar los esfuerzos que conduzcan a la inclusión en la carta de servicios del partido judicial, para su prestación en el espacio físico del palacio de justicia, de dos iniciativas respectivamente referidas al Servicio de Justicia Restaurativa y al Servicio de comparecencias apud acta.