La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición del empresario William Anthony S.L. a Guatemala, donde se le reclama por formar supuestamente parte de un grupo criminal junto con el expresidente Otto Pérez Molina y la que fuera vicepresidenta Roxana Baldetti para cometer múltiples delitos como la adjudicación irregular de la construcción y gestión de una nueva terminal de contenedores en Puerto Quetzal. 

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera consideran que se cumplen todos los requisitos necesarios para la entrega del empresario con vistas a su enjuiciamiento por delitos que en Guatemala serían constitutivos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude y que en España equivaldrían a pertenencia a organización criminal, cohecho y fraude. 

La Sala rechaza todas las alegaciones planteadas por la defensa del reclamado, entre ellas que se trata de una extradición motivada por motivos políticos. Al respecto, los jueces señalan que la documentación aportada por los abogados no acredita que el proceso penal tenga dichas motivaciones ni que su situación pueda resultar agravada por consideraciones políticas. “No hay prueba de que la persecución de los jueces o fiscales a los que se señala en dicha documentación como denunciados o investigados lo sean por haber tenido una intervención específica en el proceso en contra del reclamado”, señala. 

El Tribunal destaca que el objetivo de perseguir al presidente de Guatemala, durante cuyo mandato se produjeron presuntamente los hechos y, por ende, al resto de autoridades, funcionarios y particulares, atribuidos a dicho proceso por la defensa, cocha frontalmente con el cambio de administraciones gobernantes producido después de haberse dictado la orden de detención, de 14 de abril de 2016, ya que, en la actualidad, con otra administración distinta en el poder, se mantiene la reclamación. 

En relación con el riesgo para la seguridad del reclamado o la posibilidad de ser sometido a tratos degradantes en caso de ser extraditado, la Audiencia advierte de que no se han acreditado riesgos específicos y concretos para su vida y seguridad derivado de la situación del sistema de prisiones. 

Respecto a su colaboración en la pieza 4 del caso Tandem, cuyo principal investigado es el comisario José Manuel V., el Tribunal indica que la concesión de la extradición no constituye un obstáculo para que puedan llevarse a cabo las declaraciones y diligencias oportunas, incluyendo una eventual declaración como testigo en el juicio que pueda celebrarse en España. 

De acuerdo con la documentación extradicional aportada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, se atribuye al reclamado el haberse unido, entre 2012 y 2015, a un grupo criminal, en cuya jefatura estaban el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, con la intención de obtener beneficios económicos ilícitos, derivados de la propuesta efectuada por los representantes de Grup Maritim TCB para la construcción y gestión de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal (Guatemala). 

Dicha propuesta no sólo incluía los aspectos técnicos y jurídicos, sino además el ofrecimiento de una comisión de treinta millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales. Incluía también el pago de dicha comisión al presidente y vicepresidenta de la República, y un porcentaje correspondía al equipo de la Empresa Portuaria Quetzal, identificado como "el equipo del puerto", dentro del cual se encontraba el reclamado.