El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relacionadas con una de las piezas separadas de la operación Pokemon remitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Además, ha acordado dejar sin efecto las medidas preventivas adoptadas respecto a los once investigados. La causa se abrió por presuntas irregularidades cometidas por concejales y personal funcionario del Ayuntamiento de Santiago durante la pasada legislatura.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago asegura en el auto que, tras examinar la documentación, le resulta imposible “determinar con exactitud qué hechos delictivos se atribuye a cada uno de los sospechosos”, así como “conocer la línea de investigación” llevada a cabo en Lugo. La magistrada recuerda en el auto que recibió la causa en mayo de 2018, cuatro años después de que la instructora de Lugo se inhibiese a su favor. Entonces rechazó hacerse cargo del caso, pero en febrero de 2020 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le atribuyó la competencia.

La magistrada de Santiago explica que durante los cuatro años que pasaron desde que se decretó la inhibición de la causa hasta que la recibió, en Lugo se continuaron practicando diligencias. Por ello, considera que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago “se encuentra imposibilitado para conocer cuál es el objeto de la causa, pues tanto los hechos como los delitos pueden haberse descartado o confirmado o incluso añadido otros nuevos, así como el número e identidad de los posibles sospechosos, aunque no habían sido formalmente imputados”.

La jueza insiste en que procesalmente “se actuó con el criterio contrario a la lógica de tramitación”, pues sostiene que en lugar de llevar a cabo una breve instrucción e inhibirse al juzgado de Santiago, lo que se hizo fue dictar un auto de inhibición, pero se siguió instruyendo la causa cuatro años más en Lugo.

En el auto también resalta que a los denunciados se les causó una “total indefensión”, al tiempo que recuerda que estuvieron sometidos “a medidas preventivas que restringieron su libertad personal”. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago afirma que se les ocasionó “incertidumbre y angustia” a los investigados “por encontrarse inmersos en un proceso judicial del que resulta imposible determinar con exactitud qué hechos delictivos se les atribuye a cada uno de ellos”.