Resumen: ABANDONO DE FAMILIA: pagos parciales, irregulares y muy inferiores a la cuantía adeudada durante un periodo de más de dos años. IMPAGO: los gastos extraordinarios son ajenos a la previsión del tipo. Establecido el incumplimiento, la determinación de la deuda se puede demorar a la fase de ejecución. ESTADO DE NECESIDAD: los pagos parciales revelan capacidad económica, y no pueden considerarse actos de reparación del daño, ya que la deuda forma parte del tipo y no una consecuencia de éste. DETERMINACIÓN DE LA PENA: la opción entre una u otra de las previstas por la ley responderá a la gravedad del hecho a la visia de la entidad del ataque al bien jurídico.
Resumen: Silencio administrativo positivo. Existe, la solicitud se realizó el 8-08-23 y la Administración dictó resolución desestimatoria el 24-11-23 , superando el plazo de tres meses establecido en el art 24.1.1º LPAC y aunque la Administración solicitó la subsanación de la solicitud el 12-09-23 lo que suspendió temporalmente el plazo, la empresa respondió el 22-09-23, reanudándose el cómputo al día siguiente y desde entonces, hasta la resolución final del 24-11-23, pasaron más de 2 meses, que sumados al tiempo transcurrido antes de la suspensión, excede el plazo máximo de 3 meses y una vez operado el silencio administrativo positivo, no se puede dictar una resolución denegatoria posterior que contradiga dicho silencio y solo se puede revisar el acto presunto a través de los procedimientos legales de revisión por ello la resolución desestimatoria carece de validez, pero en todo caso procedería la inscripción del PI procede debido a que la empresa no puede ser responsabilizada por la imposibilidad de constituir dicha comisión, ya que carece de RLT, y los sindicatos no accedieron a integrarse en la comisión negociadora, lo cual está admitido en la resolución del 24-11-23, lo que corrobora la STS de 1-04-24 que considera que en situaciones excepcionales como esta, donde existe un bloqueo negocial debido a la ausencia de representación sindical, la empresa está justificada para elaborar PI de manera unilateral por generar indefensión a la empresa.
