Resumen: Beneficiario de pensión de jubilación no contributiva, que se desplazó a Argelia entre el 31/12/19 y el 24/08/21, habiendo estado en IT del 20/06 al 30/07/21, y permanecido cerradas las fronteras con dicho país por la emergencia sanitaria entre el 14/03/20 y el 1/06/21, impugna la resolución que decreta la extinción de la prestación, y la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada, rechaza dos revisiones fácticas, y, revoca la decisión del Juzgado, dejando sin efecto las resoluciones administrativas impugnadas, basándose en que, descontando los periodos en que el demandante no pudo regresar a España por cierre de la frontera, y aquellos en que estuvo de baja médica, no ha superado los 90 días anuales en el extranjero que constituyen causa legal de extinción de la prestación.
Resumen: Alega el recurso que la alegada falta de carencia por la Mutua no es correcta, pues acredita cotizaciones desde el 1de enero de 2019. Se confunde, sin embargo, cuando razona que la denegación lo fue por no acreditar carencia; pues precisamente se le deniega por reunir el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en la DA 4 del RD 30/2020, o a la prestación de cese de actividad de los art. 327 y siguientes de la LGSS. Y es que no tiene en cuenta que lo que se denegó fue la prestación extraordinaria por cese de actividad. En el preámbulo del RDL 30/2020 se afirma que: El título II se dedica a las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos. El artículo 13 regula una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad de forma similar a la introducida por el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para su aplicación durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que pueda adoptarse al respecto. El apartado 2º es por lo tanto claro; y contiene dos supuestos para acceder a la prestación extraordinaria:no tener derecho a la prestación de la D.Ad. Cuarta, o bien no tener derecho a la prestación por cese de actividad de la LGSS por no reunir los requisitos de carencia previstos en dicha ley. Por ello, la sentencia de instancia contiene la doctrina correcta.
Resumen: La asistencia sanitaria a un titular o beneficiario de ISFAS por contagio de Covid-19 es ajena a una actuación o prestación de "salud pública" del artículo 11.2.a) de la Ley de Cohesión, aun cuando la afección a la salud del titular o beneficiario por razón de esa infección se haya producido en el contexto de la pandemia; y como consecuencia, esa asistencia sanitaria queda comprendida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, luego no en la excepción prevista en la disposición adicional cuarta.1, párrafo segundo, de la Ley de Cohesión. MUFACE y, consiguientemente, ASISA tenían la obligación de garantizar el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud a través de las prestaciones asistenciales directas, y todo ello, al margen de las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y la manera de abordar la epidemia.
Resumen: La asistencia sanitaria a un beneficiario de ISFAS por contagio de Covid-19 es ajena a una prestación de salud pública, aun cuando la afección a la salud de los concretos titulares o beneficiarios traiga causa de esa infección y que esta se haya producido en el contexto de la pandemia ,por lo que no está incluida en la excepción de actuaciones en materia de salud pública prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto por la Administración autonómica contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional por la que se estimó la reclamación sobre rectificación en materia de tasa fiscal sobre el juego durante la pandemia. El Tribunal Económico accede a la devolución de ingresos indebidos durante el periodo de tiempo en que la actividad desarrollada quedó suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Mantiene la Administración autonómica que el devengo de la tasa se produjo durante la vigencia de las restricciones por causas sanitarias durante el primer trimestre de 2020. Sin embargo, la Sala mantiene el criterio que ya ha se ha pronunciado sobre el supuesto en que determinadas entidades se vieron obligadas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID accediendo a la devolución de parte de la cuota nacional del impuesto de actividades económicas, concluyendo que durante la vigencia de medidas que imposibilitaban la actividad, no resultaba exigible dicha tasa.
Resumen: Se solicitó el alta en RETA en marzo de 2020 pero no a través del sistema RED. El alta por dicho sistema se realizó en noviembre del mismo año y no se le reconoció el alta sino a partir de este segundo momento. La sentencia aprecia que venía obligado a incorporarse al sistema RED y que no fue hasta el 4 de noviembre de 2020 cuando tramitó su alta en el RETA a través de la Sede Electrónica, destacando que ya desde el 31 de marzo de 2020 la Administración le había comunicado la necesidad de realizar el trámite a través del sistema RED por su autorizado o a través de la Sede Electrónica. La incorporación al Sistema RED no puede entenderse, por tanto, como opcional o voluntaria en el caso de sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, sino que es de carácter "obligatoria".
