Resumen: Conviene precisar que la jurisprudencia aprecia la difuminación del nexo causal requerido para acoger la acción del art. 241 TRLSC basada en impago de créditos tras la omisión por el administrador de una ordenada liquidación societaria, cuando se termina por acudir al concurso de acreedores. Como se aprecia, el supuesto al que da repuesta y desde el que elabora su doctrina la jurisprudencia parte de que el concurso de acreedores, tras ser declarado, es tramitado por sus fases correspondientes. Ello implica la identificación de los créditos concursales, su gradación para el pago y la observación de los comportamientos del deudor y sus administradores, tanto en la sección de calificación como bajo acciones de reintegración. La citada STS reitera que, en caso de concurso, todo lo relativo al comportamiento de los administradores que, de algún modo, pudiera haber influido en el impago de créditos de la sociedad deudora, incluso el previo cierre de hecho de la sociedad y desaparición del patrimonio social, se ventilará conforme al duro régimen concursal aplicable a ello. Esa remisión a un control de justicia sobre la actuación de los administradores no se da cuando el concurso es finalizado prematuramente, al tiempo mismo de su declaración, a través de un trámite procesal absolutamente angosto y que, de tal modo, cegaría tanto esta acción del art. 241 TRLSC, por ruptura del nexo causal, como la posibilidad de enjuiciamiento bajo las categorías concursales.
Resumen: Se confirma la sentencia apelada, puesto que las alegaciones de la parte demandada que fundan los motivos del recurso no han quedado acreditadas, pues por un lado se señalaba que ocupaba la vivienda en virtud de contrato de arrendamiento verbal con sus padres, hecho que no puede considerarse probado y en cuanto a la vulnerabilidad, para su apreciación, que en ningún caso daría lugar a una sentencia desestimatoria o a la suspensión del procedimiento y sí solo a la del lanzamiento, se requiere la acreditación de las circunstancias que requiere el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo en su redacción vigente a la fecha de la demanda y en concreto que el propietario sea persona jurídica o que siendo física, sea titular de más de diez viviendas, sin que en este caso lo hubiera probado y tampoco que se encontrase en situación de vulnerabilidad económica de las descritas en el aparado a) del art. 5.1 del Real Decreto señalado.
