Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto por una aseguradora que cubre la atención a mutualistas (en este caso de MUFACE) frente a la liquidación de precio público por la atención médica prestada a un mutualista por Covid en dependencias de un servicio autonómico de salud. Discrepancia entre los motivos utilizados en el escrito de demanda y el de conclusiones al no recoger en el primero que debiera haber sido notificado a la aseguradora el ingreso del paciente para que pudiera haberse hecho cargo de él como mutualista. En cuanto al fondo, reitera la doctrina del Tribunal Supremo al respecto: por la asistencia sanitaria prestada la sanidad pública a un paciente afectado por la enfermedad denominada COVID-19 que es beneficiario de MUFACE, procede la liquidación de un precio público a fin de reclamar a la compañía aseguradora, que colabora por medio de concierto con la mencionada mutualidad, el gasto generado por la asistencia,
Resumen: El Tribunal considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito consumado de agresión sexual (sin penetración) y no acepta la calificación de los hechos realizada por el Ministerio Fiscal, el cual defendió que se trataría de un delito intentado de violación. Por otra parte, analiza si resulta procedente aplicar, para descartar dicha posibilidad, el subtipo agravado por ser la víctima especialmente vulnerable por razones de discapacidad. También descarta la posibilidad de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. Individualiza la pena teniendo en cuenta para incrementar la pena que el acusado utilizó la violencia para lograr su propósito. Acuerda fijar una indemnización de daños y perjuicios de cinco mil euros. Finalmente, acuerda sustituir la pena de prisión impuesta por la medida de expulsión del territorio español.
