Resumen: Solicitante de pensión de incapacidad no contributiva impugna la resolución 13/05/21 denegatoria de la solicitud presentada el 29/01/20, por superar el límite de acumulación de recursos. El Juzgado de lo Social estima la demanda. La sentencia comentada estima el recurso y revoca en parte la resolución recurrida en el sentido de disminuir el importe mensual de la pensión y decretar la suspensión de su devengo durante el periodo de percepción de la RAI, con los siguientes argumentos: Siendo incompatible la pensión de incapacidad no contributiva y la renta activa de inserción, durante el periodo de percibo de esta última prestación, procede suspender la primera. Aunque los ingresos de la solicitante en el año anterior a la solicitud no alcanzaron el límite de acumulación de recursos, al superar el 35% de la cuantía anual de la pensión, su importe debe fijarse en el 25% de la prestación asistencial.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia desestimatoria de la acción de desahucio por precario. Señala que el objeto del recurso se concreta en determinar la procedencia procesal o adecuación de la acción de desahucio por precario en aquellos casos, como aquí acontece, en que el ocupante del inmueble ha sido parte en el previo procedimiento de ejecución hipotecaria del que trae causa el título de la parte actora. En principio, no cabe negar a quien es dueño, usufructuario o persona con derecho a poseer la finca, la posibilidad de instar su recuperación posesoria mediante el juicio de precario cuando se trate de un tercero que adquiere fuera de la ejecución hipotecaria. Ahora bien, cuando dicha pretensión sea ejercitada por el acreedor ejecutante o por cualquier otra persona física o jurídica adjudicataria de la vivienda en el juicio de ejecución hipotecaria, estos deberán interesar el lanzamiento del deudor en el propio procedimiento por cuanto el título del derecho, que faculta al acreedor ejecutante y/o adjudicatario de la vivienda a solicitar su entrega, proviene del propio procedimiento de ejecución hipotecaria, evitando así acudir al juicio de precario, con la intención de liberarse o dificultar la aplicación del régimen tuitivo que establece la Ley 1/2013 y sus sucesivas modificaciones, del que se benefician los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, quienes deben ser debidamente tutelados en sus intereses legítimos.
Resumen: INSS y TGSS recurren en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que declara la responsabilidad directa de la empresa en el abono de la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común por falta de alta, con responsabilidad subsidiaria del INSS en caso de insolvencia de la empresa. La Sala de lo Social estima el recurso, siguiendo doctrina unificada, y declara la responsabilidad del INSS solo para el caso de insolvencia de la Mutua, pues el incumplimiento patronal de la obligación de dar de alta a su empleado previamente al inicio de la prestación de servicios, conllevaría que la responsabilidad en el pago de la prestación recayera exclusivamente sobre la empresa incumplidora, sin que entrase en juego el principio de automaticidad de las prestaciones, ni la responsabilidad subsidiaria del INSS para el caso de insolvencia.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
