• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3006/2017
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer del derecho de un trabajador a ser contratado con preferencia a otro que tiene puesto inferior en la bolsa de empleo del Ayuntamiento (de Benalmádena) demandado. Con lo que reitera la doctrina establecida en la STS Pleno 11-6-19, Rec 132/2018, en el sentido de que la doctrina anterior de la Sala sobre las bolsas de trabajo en la Administración Pública ha de entenderse modificada tras la entrada en vigor de la regulación contenida en la LRJS art. 2.n), que atribuye a esta jurisdicción el conocimiento de las "demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional».
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: CATALINA ORDOÑEZ DIAZ
  • Nº Recurso: 2529/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La empresa recurre en suplicación la sentencia del Juzgado que, en el conflicto colectivo planteado por un sindicato, reconoce a los trabajadores con relación laboral sujeta al convenio colectivo el derecho a ver revisada la retribución con el índice de 1.6% desde el inicio del año 2019, y la condena a cumplir con ello. La Sala tras interpretar el art. 28 del convenio que regula las relaciones laborales de 11 de los 17 trabajadores sujetos a convenio, desestima el recurso, ya que carece de consistencia la distinción que efectúa la recurrente entre "IPC previsto fijado por el Gobierno" e "IPC previsto en la LPGE", puesto que el citado precepto convencional introduce una actualización sistemática, que se ha de articular conforma a una previsión formal sobre el IPC anual, de conformidad con la doctrina jurisprudencial que se cita; actualización que se debe realizar conforme al incremento fijado en la LPGE para el año 2019.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: ELENA PEREZ PEREZ
  • Nº Recurso: 888/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre el trabajador la procedencia del despido que alega haberse producido reiterando que la empresa no le comunicó la extinción de su contrato ni tampoco firmó éste su baja voluntaria; advirtiendo que tuvo conocimiento de la existencia de aquél por las resoluciones de IT y de su baja por despido. La Sala, partiendo del inmodificado relato fáctico (según el cual, tras denegarse la IP y agotar la IT, la empresa le remitió dos burofax para que justificase su no incorporación; que no fueron recibidos en su domicilio) advierte que no consta que el actor se comunicase con la empresa desde la fecha de agotamiento de la IT, ni tampoco la existencia de un cambio de domicilio en ningún momento; recordando (por remisión a una consolidada doctrina jurisprudencial sobre la materia) la obligación de reincorporación tras ver denegada el trabajador la IP con agotamiento de la Incapacidad temporal. Para concluir afirmando un claro desprecio por el mantenimiento de su puesto de trabajo por su parte cuando la empresa (que intentó infructuosamente la comunicación en el despido asignado) dilató su baja 19 días después de la denegación de la incapacidad permanente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA DE LAS MERCEDES SANCHA SAIZ
  • Nº Recurso: 790/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las Entidades Gestoras formularon demanda interesando que se declarase que el porcentaje de jubilación parcial, reconocida en la resolución administrativa de 13 de marzo de 2017 y con efectos económicos desde el 1 de dicho mes y año, es del 31,74 % (en lugar del 66,24% reconocido) hasta el 31 de enero de 2018, con condena al reintegro de la cantidad indebidamente percibida de 9.943 euros. En el caso de la actora, consta probado que estaba contratada a jornada completa (con contrato único), pero con dos CCC en función de la actividad concertada y no concertada del centro educativo. Solicitó y obtuvo una pensión de jubilación parcial del Régimen General en un porcentaje del 66,24%, resultado de multiplicar al 72% de reducción de jornada (con lo que pasó a ser del 28%) el 92% por acreditar 31 años de cotización; ahora bien, su jornada no pasó al 28%, ya que en el periodo 1 de marzo de 2017 a 31 de enero de 2018, fecha de su baja voluntaria en la empresa prestó servicios en un 37,5% más, por lo que el porcentaje a aplicar sería el resultado de multiplicar el 34,50% de reducción de jornada el 92% por los años cotizados; por tanto, el porcentaje de parcialidad ha sido correctamente calculado en el 31,74% y no en el 66,24%. Respecto a la pretensión secundaria, cálculos la recurrente parten de un error, la existencia de una jornada de 137,5%. Si como hemos señalado la jornada no puede exceder del 100%, la resta que se realiza en el recurso no es correcta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: MARIA JOSE HERNANDEZ VITORIA
  • Nº Recurso: 613/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que a su vez desestimó la demanda denegándose la prestación por incapacidad permanente total, confirmando la declaración de la Gestora, pues las dolencias que sufre el accionante no presentan en la actualidad una gravedad tal como para impedir al actor desarrollar las tareas fundamentales de su profesión habitual, GRICULTOR AUTÓNOMO.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA DE LAS MERCEDES SANCHA SAIZ
  • Nº Recurso: 784/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre la beneficiaria la sentencia que confirma la impugnada resolución administrativa que declaró, como derivados de enfermedad común, sus procesos de IT por ansiedad; por entender que no ha quedado demostrado que ésta tuviera su causa exclusiva en el trabajo, tal y como sostiene la recurrente al alegar que la misma es fruto de su conflicto laboral con una compañera codemandada. Tras aludir a la hermenéutica jurisprudencial interpretativa del precepto aplicable al caso (y que viene a diferenciar las enfermedades de trabajo y la enfermedad profesional) recuerda la Sala que para que concurra aquélla resulta necesaria una conexión con la ejecución de un trabajo; sin necesidad de precisar su significación mayor o menor, próxima o remota, concursal o coadyuvante. Aun partiendo del fracaso de la revisión fáctica desde la dimensión jurídica que ofrece el relato judicial de los hechos se viene a concluir que sus bajas obedecen a un estado de ansiedad que deriva de una situación de conflicto laboral en la entidad empleadora con una compañera, sin concurrencia de ninguna otra causa determinante del mismo; situación que se agravó con el paso del tiempo, sin que conste que con anterioridad a las datas en que éste se manifiesta la actora sufriera baja alguna motivada por una dolencia psíquica, relacionada con estados de ansiedad, presión o similares.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: ELENA PEREZ PEREZ
  • Nº Recurso: 868/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor se alza frente a la sentencia de instancia que ha desestimado su pretensión de ser declarado en situación de incapacidad permanente absoluta, entendiendo que la resolución administrativa que le reconoció el grado total de incapacidad no es correcta. Nos encontramos ante un cuadro osteoarticular que afecta a los segmentos lumbar y cervical de la columna vertebral. Además, tiene afectadas las rodillas y el hombro derecho. Como consecuencia de ello, el actor se encuentra limitado para realizar esfuerzos físicos como las cargas repetidas de pesos, desplazamientos de pesos, así como movimientos que impliquen la sobrecarga de las rodillas o la adopción de posturas mantenidas prolongadas. La conjunta valoración del cuadro, en relación al desarrollo de las principales funciones de su profesión habitual, hacen al actor acreedor del grado de incapacidad total reconocido administrativamente, pero no del absoluto, pues no se justifican limitaciones funcionales que comprometan el desempeño de profesiones caracterizadas por su naturaleza liviana y sedentaria. Todo lo anterior permite sostener que el pronunciamiento de la sentencia de instancia no infringe los preceptos legales que se citan. El estado residual del actor es claramente incompatible con el desarrollo de las principales funciones de su profesión habitual, pero no impide el desarrollo de otras de carácter liviano o sedentario, lo que determina la confirmación de la sentencia de instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: RUBEN LOPEZ-TAMES IGLESIAS
  • Nº Recurso: 705/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reconoce el derecho del actor a la jubilación parcial, pero con arreglo a un porcentaje del 25% y no del 50% y se pretende una indemnización motivada por una actitud obstruccionista empresarial respecto a la pretensión de la jubilación parcial del actor. Lo único justificado es que el demandante solicitó a la empresa su deseo de acceder a la jubilación parcial con una reducción de jornada del 50 %, sin especificar fecha y que el 22-3-19 la demandada contestó atendiendo a su petición de pasar a una situación laboral de contrato de relevo, pero, dado que existe una falta absoluta de personal que pudiera realizar las funciones propias de su categoría profesional o categoría equivalente, lo que unido al elevado número de trabajadores en la empresa que se encontraban en situación de contrato de relevo, se le ofrece una reducción de jomada diaria en un 25 % iniciándose de forma inmediata tal y como es su deseo, motivo por lo que cual le requieren para que se persone en las oficinas de la empresa el día 26 de marzo a las 11:00 h para poder formalizar el contrato. Si no se ha acreditada la solicitud en marzo de 2018 y aunque se pretenda justificarla (a través de una prueba, certificado, al que se le atribuye una eficacia indiciaria que debió, en su caso, ser apreciada en la instancia), tampoco puede entenderse que la empresa se haya beneficiado de la prestación de servicios del actor a jornada completa en el período referido, de octubre de 2018 a junio de 2019 incurriendo en moro
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA DE LAS MERCEDES SANCHA SAIZ
  • Nº Recurso: 774/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión controvertida en la presente litis radica en determinar si ha habido fraude de ley por parte de la actora, para conseguir indebidamente la prestación contributiva de desempleo.Pues bien, la resolución recurrida no desestima la demanda por el tipo de vinculación personal entre la actora y el empresario, sino por la existencia de una conducta fraudulenta que deduce de los datos reflejados en el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que "se declaran específicamente probados". De ellos que se desprende lo siguiente:a) la actora y el empresario son hermanos; b) la contratación se formalizó para trabajar dos días, suficientes para tener derechos a la prestación por desempleo y sin que conste una causa justificativa de esa corta duración; c) se afirma que su objeto es el buzoneo de publicidad, siendo la primera vez que se contrataba por el empresario a alguien para repartir folletos publicitarios, que no se aportaron en el momento de la inspección. Todos estos indicios llevan al juzgador de instancia a la conclusión de que existió fraude de ley, lo que comparte esta Sala y determina la confirmación de la sentencia y consiguiente desestimación del recurso formulado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 4865/2018
  • Fecha: 05/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver en el presente consiste en determinar si la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social puede resarcirse de los gastos médicos derivados de la asistencia sanitaria prestada en un primer momento a una trabajadora que, posteriormente, fue derivada al Servicio Andaluz de Salud que cursó baja por contingencias comunes y que la siguió asistiendo. Es recurrible la sentencia, constando la tramitación de más de 8.000 solicitudes de la Mutua demandante ante el SAS. Concurre la afectación general. La recurrente denuncia la infracción del artículo 57.1.a del TRLGSS en relación con el art. 1.1 a) del RD 2583/1996, de estructura orgánica y funciones del INSS y el art. 1.1 a del RD 1300/1995, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de SS la Ley 42/1994. El recurso no puede prosperar. Es el INSS el que ostenta la determinación y calificación de la contingencia. Estamos en presencia de una prestación sanitaria inicial que ha realizado la Mutua, previa a la calificación de la contingencia, y la Mutua reclama los gastos de la primera asistencia que la entidad colaboradora viene obligada a prestarle. El trabajador acudió correctamente, a la Mutua que pertenece al Servicio Nacional de Salud, siendo coherente que pudiera tratarse de una contingencia profesional. Los gastos de la inicial atención sanitaria prestada por la demandante, deben ser satisfechos por el SAS que es la entidad encargada de la prestación sanitaria en cuestión.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.