Resumen: La sentencia anotada resuelve el recurso del INSS deducido frente a la sentencia que reconoció a la demandante el derecho a percibir prestaciones a favor de familiares, causada por la muerte de su madre, dilucidándose si la exclusión de quien era pensionista del SOVI como causante de la prestación solicitada puede ser contraria a la interdicción de la discriminación por razón de género. Y el TS en una cuidada labor argumental, en la que se aparta de doctrina anterior, considera que la aplicación del art. 217.1 c) LGSS/15 debe llevarse a cabo guiada por la perspectiva de género mediante el examen de la transversalidad del principio de igualdad a través de una interpretación normativa acorde con los postulados impuestos por la LOIEMH, a lo que se anuda la doctrina del TJUE que ha consagrado el criterio de que la discriminación indirecta puede ser demostrada incluso por criterios estadísticos. Así las cosas, no solo es incontestable la abrumadora feminización de las pensiones de vejez SOVI, sino que en aplicación del concepto de discriminación por asociación, se evidencia que las prestaciones en favor de familiares, se generan en número significativamente superior por parte de personas beneficiarias del sexo femenino. Por lo tanto, el art. 217.1 LGSS/15 debe ser interpretado conforme a lo expuesto desde una perspectiva de género, y confirmar el acceso a la presentación desde la situación de pensionista SOVI.
Resumen: Por resolución 19-10-2017 en situación de IPT con efectos del 18-10-2017 por presentar: IQ en tres ocasiones de hombro derecho (rotura tendinos supraespinoso). Como limitaciones orgánicas y funcionales se describían: IQ en tres ocasiones de hombro derecho (de desgarro maguitos rotadores (acromioplastia 2009, sutura tendón 2006 y resutura 207/2017. Exploración: cicatrices de anteriores ttos. Quirúrgicos y del actual) en hombro derecho cara anterior. No se objetivan deformidades ni atrofias. Se viste /desviste sin dificultad. No realiza apenas movimientos contra gravedad (refiere haber comenzado rehabilitación hace 5 días). Revisado el estado de la trabajadora en noviembre de 2017 se objetivó: acromioplastía derecha en 2009, sutura ortoscopia del supraespinoso derecho en abril de 2016 y resutura en julio de 2017. Y como limitaciones orgánicas y funcionales: intervención quirúrgica para sutura de supraespinoso derecho el abril de 2016 y julio de 2017 que tras el tratamiento de rehabilitación presenta disminución moderada de balances musculoarticulares BA' 50% y BM 4/5). Realizó rehabilitación hasta febrero de 2018. Concluye el EVI que podría existir limitación para tareas que supongan requerimientos intensos para el hombro derecho, empujar grandes pesos,empujar grandes pesos, manejo habitual de cargas...etc. La comparación de los estados clínicos descritos no permite acoger la posición de la entidad gestora relativa a una favorable evolución de la patología del hombro.
Resumen: Frente a la sentencia desestimatoria de la demanda interpuesta en reclamación de incapacidad permanente total o, subsidiariamente, parcial, se alza en suplicación la parte actora, destinando su recurso tanto a la revisión de los hechos declarados probados como a la censura jurídica. De conformidad con el inalterado relato factico de la sentencia de instancia, la demandante, limpiadora de profesión, sufre discoartrosis C5-C6, C6-C7, L4-L5 y L5-S1, fascitis plantar y espolón calcáneo izquierdo, siendo su única limitación orgánica y funcional, artralgias con funcionalidad conservada. Rechazada la existencia de error en la valoración de la prueba, como se señala en la sentencia, el cuadro descrito se circunscribe a la presencia de dolor articular sin que ello suponga afectación funcional en ninguno de los niveles de movilidad implicados en el desempeño de la profesión habitual antes citada. La trabajadora conserva, por tanto, plena capacidad para un ejercicio habitual y eficaz del mismo, con el rendimiento adecuado, respecto del que no hay datos que permitan considerar que la presencia de dolor (cuya intensidad, en todo caso, no consta) dé lugar a una disminución no inferior al 33% en su capacidad laboral. El recurso, por tanto, es rechazado.
Resumen: Se debate en la sentencia comentada el periodo de devengo de salarios de tramitación derivado de la declaración de nulidad del despido de una empleada de hogar que, estando embarazada, vio extinguido su contrato por desistimiento de la empleadora. La sentencia de suplicación, con revocación de la de instancia, declaró la nulidad del despido, con devengo de salarios de tramitación. Recurre la demandada a efectos de que se declare la improcedencia del despido; recurso que es inadmitido por la sala IV por falta de contradicción. Recurre la trabajadora a efectos de que se declare el derecho al devengo de salarios de tramitación hasta la fecha de notificación de la sentencia que declara la nulidad del despido y no hasta la de la sentencia de instancia que lo calificó de improcedente. Y la sentencia comentada estima dicho motivo de recurso por entender que, conforme al art. 297.2 de la LRJS la empleadora está obligada al pago de salarios de tramitación durante la tramitación del recurso, sin que a ello obste que fuera la demandante la que recurrió la sentencia de instancia a efectos de obtener la declaración de nulidad del cese. Se funda tal decisión en el principio de igualdad de trato de las empleadas del hogar familiar.
Resumen: El demandante es perceptor de prestación de incapacidad permanente total (conductor - cobrador, base reguladora de 1.540,83 euros) desde el 15- 11-2005 y desde este reconocimiento pasó a prestar servicios para su empresa como peón de taller.El 30-11-18 el INSS reconoció al demandante la jubilación parcial de conformidad con un porcentaje del 75 % (44 años y 188 días cotizados). Tramitado el oportuno expediente administrativo, el INSS resolvió que las pensiones por la incapacidad permanente total y por la jubilación parcial eran incompatibles. Si se entendiera que las dos prestaciones en cuestión son compatibles y que para computar el porcentaje de la de jubilación parcial han de computarse únicamente las cotizaciones verificadas a partir de la prestación de servicios del actor como peón tras su declaración como incapaz total, el porcentaje de la prestación por jubilación parcial ascendería al 32,50 %. Pero no nos encontramos ante un supuesto de incompatibilidad de prestaciones, por posible cómputo recíproco de cotizaciones, de conformidad al art. 5 del RD 691/1991, de 12 de abril sino ante una norma específica que es la regulada en el Reglamento que desarrolla la prestación generada ( art. 14 del RD 1131/2002). En el presente litigio, es claro que hubo una separación del trabajo desarrollado por el actor hasta el año como conductor cobrador, en que se le declaró en situación de Incapacidad Permanente Total para la aludida profesión y el efectuado como peón
Resumen: Frente a la Sentencia del juzgado de lo Social n 2 de Salamanca que desestimó la demanda de sacerdote diocesano jubilado, que fue catedrático en la Universidad Ponticificia de Salamanca, que interesaba base reguladora superior a la reconocida, se alza el letrado del mismo.Sostiene el recurrente que no se está en el supuesto de aplicación porque el demandante en la instancia impartió clases en una universidad privada obviando que dicha Universidad es eclesiástica que se rige por el derecho canónico con independencia de que parte de sus alumnos sean seglares que no le priva de tal condición. Lo cierto es que la situación de los clérigos docentes en universidades eclesiásticas no era pacífica y que por ello la Conferencia Episcopal - según consta en el HP décimo no rebatido- planteó consulta a la TGSS y su Dirección general de Ordenación dictó Resolución en la que se indicaba que " se considerarán integrados en el campo de aplicación regulado en el artículo 1 de la Orden de 19 de diciembre de 1977". Y la universidad ha cotizado conforme a dicha orden hasta 2011, cumpliendo expresamente con las previsiones de la citada orden ministerial. Sostiene el recurrente que la relación laboral es ordinaria, sin tener en cuenta que la condición de clérigo del ahora beneficiario y la de universidad eclesiástica en la que ejerció su docencia hace que no estemos ante una prestación de servicios con las notas de la relación laboral ordinaria. La UPSA cotizó por el clérigo de forma correcta.
Resumen: Debiendo ser adecuada la indemnización y proporcionada o suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales), derivados del accidente sufrido, en las esferas personal, laboral, familiar y social. Acudiendo, analógicamente, al sistema para la valoración de daños y perjuicios ocasionados a las personas en accidentes de circulación que propone el recurrente.Estamos ante una conducta, imputable al propio empleado que también contribuye a los daños sufridos. Pero, siempre, en concurrencia con la empresa; y, por ello, se estima parcialmente el recurso. En menor proporción imputable al empleado, en el marco de un deber genérico y específico de evaluación y prevención del concreto riesgo, que debería haber llevado la empresa, con obligación de control y vigilancia de tales hechos en la forma adecuada y correcta. Imprudencia profesional, no temeraria del empleado, que impide, también, atender a la pretensión de responsabilidad exclusiva de la empresa de los daños causados y acreditados del recurrente.
Resumen: La cuestión planteada es la de determinar el alcance del requisito de encontrarse al corriente en el pago de las cotizaciones en el momento del hecho causante en el caso de un trabajador encuadrado en el RETA, que pretende la concesión de una IPA, cuando la TGSS le ha concedido un aplazamiento para el abono de las que tiene pendientes de pago, si bien la solicitud y la concesión de ese aplazamiento tiene lugar después de ese hecho causante. La Sala de suplicación concedió al actor la prestación por IPA, sin embargo tal parecer no es compartido por el TS que, reiterando doctrina, declara que los aplazamientos de cuotas obtenidos con posterioridad al hecho causante son ineficaces, ya que en dicha fecha el beneficiario carecía del requisito de estar al corriente de pago. Por tanto, la situación de impago no queda subsanada por el hecho de haber obtenido un fraccionamiento del pago con posterioridad al hecho causante de la prestación.
Resumen: No puede coincidir la Sala con el parecer mantenido en la sentencia de instancia al concluir afirmando que el beneficiario no conserva aptitudes físicas suficientes para el desempeño de su actividad laboral en los términos demandados por el mercado de trabajo, pero lo cierto es que el trabajo de conductor de camión aunque precisa prolongados períodos de sedestación no tiene exigencias de sobrecarga de columna pues según consta es conductor de camión portacoches, luego ninguna exigencia de carga de pesos tiene ya que él no va cargar lo transportado. Se indica que no hay radiculopatía aguda y los síntomas dolorosos son de difícil objetivación, y el tratamiento farmacológico tampoco se indica en dosis que afecten a la conducción. No cabe perder de vista que no constan déficits funcionales ni signos de afectación radicular aguda ello sin perjuicio de que eventuales episodios de agudización por contractura muscular podrán dar lugar a fases de IT, por lo que se ha de concluir que la sentencia recurrida incurre en la infracción legal denunciada por cuanto esta Sala en patologías de columna en que no hay hernias ni signos de afectación radicular se viene manteniendo que se mantiene la capacidad laboral para trabajos sin gran demanda física.
Resumen: Se recurre en casación unificadora la sentencia de la sala de suplicación desestimatoria de la demanda en la que se reclamaba la indemnización complementaria por riesgo de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. Reclamó el actor a la entidad que cubría el riesgo de incapacidad permanente como mejora de las prestaciones de seguridad social, la indemnización establecida en convenio; reclamación que fue rechazada por preverse en la resolución de la concesión de la prestación de la IPT la revisión de la incapacidad en el plazo de 2 años. La Sala IV, tras apreciar que concurría el requisito de la contradicción entre sentencias y repasar la doctrina previa sobre la materia, concluye que, tratándose de incapacidad derivada de accidente de trabajo y teniendo en cuenta que el convenio sólo hace referencia a la ?incapacidad permanente para la profesión habitual? así como que la póliza de seguro concertada no contiene referencia alguna al carácter irreversible de la incapacidad, debe reconocerse el derecho del actor a la indemnización reclamada. Por todo ello, se casa y anula la sentencia de suplicación y se confirma la de instancia estimatoria de la demanda.