Resumen: Se cuestiona la contingencia de la incapacidad temporal que calificada de enfermedad común se pretende sea de enfermedad profesional. El trabajador padece una epicondilitis bilateral y neuropatía cubital lateral la que si bien está encuadrada como enfermedad profesional, sin embargo exige que el trabajo sea el causante del padecimiento, y la Sala declara que no lo es porque el trabajador, cuya profesión habitual es la de técnico de grabación audiovisual, ha de portar la cámara de grabación sobre el hombro, no con los brazos, solamente durante una parte de la jornada, empleando la muñeca girándola sobre el objetivo y pulsar algún botón; por ello, solo una parte de la jornada exige esfuerzos físicos, siendo éstos de escaso alcance y no incidiendo en las zonas anatómicas afectadas, concluyéndose con la contingencia común como causa de la incapacidad temporal. La revisión de los hechos se ha estimado parcialmente.
Resumen: La demandante tiene reconocida prestación no contributiva de invalidez desde el 5.9.1996. El 21.3.2023 la actora presenta la comunicación de variación de datos referida al año 2023, informando que su hija percibía 18.000 euros en concepto de rendimientos de trabajo, declarando percibidos en 2022: 759 euros en concepto de rendimientos de trabajo, otros 31.544,46 euros en concepto de rendimientos de trabajo; y -9862,65 euros en concepto de rendimiento neto por ejercicio de actividad económica. Se revoca la prestación por exceder el límite de rentas, siendo discutido si para el cumplimiento del requisito de carencia de rentas de la unidad de convivencia debe descontarse el rendimiento neto negativo que obtuvo la hija en la segunda actividad, resolviéndose a favor del descuento en el año de que se trata porque lo que hay que tener en cuenta, tanto para el beneficiario como para los otros miembros de la unidad económica de la que forma parte, son las rentas o ingresos de que "disponga o va a disponer" cada uno de ellos, siendo tales aquellos efectivamente disponibles una vez as rentas o ingresos de que "disponga o va a disponer".
Resumen: Se denegó el subsidio de desempleo por superar las rentas de la solicitante, en cómputo mensual, el 75% del SMI; al respecto, se computaron la pensión de incapacidad permanente total de 527,40€ x 14 pagas y los ingresos derivados del rendimiento presunto de bienes inmuebles, excluida la vivienda habitual por 185,72€. La solicitante dispone de dos viviendas, una habitual y otra que manifiesta ocupar para ocultarse de su marido cuando sale de prisión siendo además persona protegida por violencia de género, pero en los hechos probados no consta ni la condición de persona protegida por violencia de género ni que sea cierta la necesidad de ocultarse, circunstancia que tampoco exime de los ingresos derivados de su rendimiento.
Resumen: Se cuestiona si el tiempo durante el que el actor percibió prestación por desempleo por encontrarse en ERTE por causas ETOP ha de ser considerado o no a efectos de lucrar una ulterior prestación por desempleo al haber tenido lugar no una suspensión completa sino una reducción del 70% y posteriormente del 50% de jornada, permaneciendo la prestación de servicios el resto del porcentaje de jornada. Se estima que a efectos de determinación del período de ocupación cotizada se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial, siendo tales las cotizaciones residuales realizadas en el periodo de reducción de jornada por el ERTE ETOP. Sin embargo, la declaración de hechos probados no incorpora los datos necesarios para cuantificar la prestación, lo que no puede suplir el Tribunal, debiendo anular la sentencia para que se dicte nueva sentencia completando tales hechos.
Resumen: Asistencia sanitaria de nacional española que reside en España y percibe pensión de jubilación de Suiza, que reclama el derecho como beneficiaria de su cónyuge pensionista en España. Aunque la beneficiaria pueda percibir una pensión con cargo a la seguridad social de Suiza y pudiera tener derecho en determinadas condiciones a la asistencia sanitaria en Suiza, en la medida en que cumple las exigencias normativamente previstas en la legislación española para la consideración de beneficiaria de asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud: residencia en España y nacionalidad española, tiene derecho a ella sin necesidad de suscribir convenio especial alguno.
Resumen: La sentencia analiza la legalidad de la revisión de oficio realizada por la Tesorería General de la Seguridad Social respecto a la tarifación aplicada a determinados trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. La cuestión central es si dicha revisión, que afecta a actos declarativos de derechos, puede realizarse sin acudir a la jurisdicción social cuando se basa en omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. El Tribunal Supremo concluye que, conforme al artículo 55.2 del Reglamento General de Inscripción y Afiliación, la Tesorería puede revisar de oficio estos actos si se constatan tales omisiones. La Sala reitera su doctrina jurisprudencial, afirmando que la revisión es válida cuando se fundamenta en datos incorrectos aportados por el beneficiario, sin necesidad de acudir a la vía judicial. En este caso, la Agencia no comunicó adecuadamente la actividad de prevención y extinción de incendios forestales desempeñada por parte de su personal, lo que justificó la asignación de un código de cotización distinto con un tipo superior. La Sala concluye que la actuación de la Tesorería se ajustó a derecho y desestima el recurso de casación interpuesto por la Agencia.
Resumen: Estima el recurso de casación declarando que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está facultada para revisar de oficio sus propios actos de encuadramiento, como altas, bajas y afiliaciones, cuando se constate que no se ajustan a la legalidad, sin necesidad de acudir a la vía judicial. Esta competencia se fundamenta en el artículo 16.4 de la Ley General de la Seguridad Social y en los artículos 54 y siguientes del Reglamento General de Inscripción de Empresas y Afiliación. La Sala modifica su doctrina anterior con base en el Auto 7/2023 de la Sala de Conflictos de Competencia, que atribuyó la competencia para conocer de estas impugnaciones al orden contencioso-administrativo. Se casa la sentencia recurrida y se ordena la retroacción de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que resuelva los restantes motivos de impugnación no examinados, con la salvedad de que no podrá cuestionar la facultad de la TGSS para realizar esta revisión de oficio.
Resumen: El recurrente argumenta que el SOVI es un régimen residual que se aplica a aquellos trabajadores y sus derechohabientes que, reuniendo los requisitos exigidos por la legislación del extinguido régimen, no tengan derecho a la pensión del actual sistema de Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios. Y de acuerdo con los artículos que se estiman infringidos de las Órdenes que cita, de 1939 y 1940, así como la disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluye dentro de su acción protectora las pensiones de vejez, invalidez y viudedad, pero no la prestación en favor de familiares. Sin embargo, la jurisprudencia permite el acceso a la prestación desde la situación de pensionista SOVI a partir de un criterio de unificación de doctrina aplicable también a nuestro caso, en que el hijo del causante, pensionista también del SOVI, convivió con el finado, sin percibir ingreso alguno en el año 2022 y cumplía las restantes condiciones establecidas en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (lo que no se discute) para ser beneficiario de la prestación.
Resumen: Desde el 27-2-20 percibe el demandante subsidio por desempleo. Al venir percibiendo desde el 5-1-2018 una pensión de incapacidad permanente total se revoca el subsidio y se reclama la prestación indebidamente percibida. Se cuestiona si el beneficiario cumplía con los requisitos de carencia especifica de cotización de dos años dentro de los últimos quince, al haberse tomado aquellas cotizaciones para el reconocimiento de un pensión de incapacidad permanente en el RETA. Se advierte que los requisitos para acceder a la prestación interesada, no se limitan únicamente a los 6 años cotizados a lo largo de la vida laboral, sino que aquella ha de completarse con la denominada carencia genérica y la carencia específica a los que el articulo 274 remite al artículo 205 referente a la pensión de jubilación; y siendo incompatibles las prestaciones de incapacidad y desempleo no es posible tener por cumplido el requisito de carencia especifico (2 años dentro de los 15 inmediatamente anteriores) pues el computo de los mismos se realiza tomando en cuenta las cotizaciones al RETA por el que cobra la IPT.
Resumen: La Sala desestima el recurso de la empresa y confirma la imposición del recargo de prestaciones de Seguridad social, en cuantía del 40 %, por accidente de trabajo causado con infracción de medidas de seguridad por la empresa, concurriendo imprudencia del trabajador que no supone la exclusión de la responsabilidad de la empresa, a causa falta de medidas de seguridad o de prevención de riesgos, y declarando la responsabilidad solidaria de las dos empresas intervinientes.
