• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3179/2017
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma la de suplicación que confirmando la de instancia reconoció el derecho de la actora a la prestación de incapacidad temporal tras sometimiento voluntario en una clínica privada a una operación de ambos ojos consistente en extracción de cristalino con implante de lentes intraoculares al objeto de eliminar la presbicia y la hipermetropía con astigmatismo padecida, aunque dicha intervención no está comprendida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Señala la Sala 4ª del TS que la hipermetropía, astigmatismo y presbicia son, según la OMS, enfermedades de la visión que hasta ahora sólo podían ser tratadas con gafas si bien en la actualidad se pueden tratar con cirugía ocular, sin que el hecho de que el tratamiento quirúrgico no esté incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud impida considerar que se está en presencia de un auténtico tratamiento médico y ante una situación incapacitante que tiene que tener efectos prestacionales conforme al art. 169.1 a) LGSS, que exige que exista una situación incapacitante y que se esté recibiendo tratamiento médico, sin que la referencia a la asistencia sanitaria debe entenderse como la prestada por la propia Seguridad Social de manera directa. Añade que la situación no es comparable con la de la STS 21-02-2012 (Rec. 769/2011), por cuanto allí se trataba de una intervención de cirugía estética
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 216/2018
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma la de la Audiencia Nacional que estimó la demanda de tutela de derechos fundamentales declarando la nulidad de los apartados a) y b) del punto 2.5 del Reglamento del Plan de Ahorro de Futbolistas de 20-12-2016, en la parte que describe los requisitos para ser considerado Asegurado en Activo. Consta que se firmó en 2015 un acuerdo ante la AN conforme al cual un 0,5% de los ingresos obtenidos por la comercialización de derechos audiovisuales revierte a favor de los futbolistas que sigan en activo, pasando los fondos de la LNFP a la AFE y siendo beneficiarios los futbolistas en activo o suspenso que estén afiliados y se encuentren al corriente de pago de cuotas. En la demanda de tutela se cuestionaba que no cabía seguir exigiendo afiliación a la AFE para acceder a los beneficios. Argumenta la sentencia. 1) Que tiene legitimidad el sindicato ON aunque no estuviera creado en el momento del acuerdo conciliatorio ni acredite pertenencia de sus afiliados a categorías profesionales de fútbol, puesto que es un sindicato de ámbito estatal que representa a futbolistas profesionales, existiendo un vínculo con el objeto del pleito. Añade que se vulnera la libertad sindical al suponer una presión indirecta para la afiliación a AFE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: MERCENARIO VILLALBA LAVA
  • Nº Recurso: 626/2019
  • Fecha: 07/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la sentencia recurrida que ha declarado que la demandante se encuentra en situación de incapacidad permanente total, derivada de accidente de trabajo, para su actividad de programador informática por padecer hipersensibilidad química múltiple, grado 2, hipersensibilidad electromagnética y fibromialgia grado 3, síndrome de fatiga crónica grado 3, síndrome seco de mucosas, trastorno ansioso depresivo de larga duración y disautonomía. Han recurrido tanto la entidad gestora como la beneficiaria, y la Sala después de analizar los requisitos de la nulidad de actuaciones y la revisión fáctica, precisa que la incapacidad permanente requiere lesiones definitivas que imposibiliten o bien toda actividad, o la de referencia o un porcentaje superior al 33% de esta, y en este caso concurre exclusivamente el reconocimiento declarado en la instancia porque resta una capacidad residual de trabajo que determina el rechazo de un grado superior al reconocido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MANUEL MARIA BENITO LOPEZ
  • Nº Recurso: 992/2019
  • Fecha: 30/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El día 20 de noviembre de 2017 la mutua presto a la actora la asistencia médica de urgencias, no observando sus servicios médicos signos de afectación aguda y derivándola o remitiéndola a la sanidad pública para su tratamiento, dada la existencia de antecedentes patológicos en la rodilla afectada por causas ajenas al trabajo y de conformidad con el artículo 3.2 RD 625/2014, de 18 de julio.Por lo tanto, no puede entenderse vulnerado el artículo 80.2.a) LGSS. En todo caso, de la circunstancialidad que se da por probada no resulta la concurrencia de los requisitos necesarios para el reembolso de gastos que reclama - ex artículo 4.3 del RD 1030/2006, de 15 de septiembre . Y es que ni se acredita la urgencia de la intervención privada a que se sometió ni que no se le hubiera podido realizar en su caso en la medicina oficial; la actora, por no esperar no esperó ni a tener un diagnóstico por el servicio de Traumatología del Sacyl, ni a saber que tratamiento imponía dicho especialista, ni en su caso, de prescribirse la cirugía, si tenía que entrar en lista de espera o se realizaría una intervención urgente, sino que el mismo día que se cursó su baja médica acudió por su cuenta y riesgo a la consulta privada del Dr. Aurelio para valoración y tratamiento, opción sin duda legitima pero que no justifica el reintegro que solicita de los gastos así originados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA
  • Nº Recurso: 1158/2019
  • Fecha: 30/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor sufrió un AT el 16.9.97 y es declarado en IPP en 1998. La lesión se agrava, solicitando revisión de grado en 2013, reconociendo SJS de 18.11.15 una IPT derivada de AT. El criterio jurisprudencial en las prestaciones por Seguridad Social derivadas de AT es que la fecha relevante a efectos del aseguramiento para determinar la legislación aplicable y las responsabilidades inherentes al mismo es el momento del AT -en este caso, 1997-, salvo que otra cosa disponga el convenio colectivo. En este caso los convenios de 2013 y 2015 prevén una prestación por IPT o IPA en el periodo que abarca desde su respectiva firma, el 22-05-13 o 17-12-15 hasta que concluye su vigencia, o sea, durante esos periodos se debe producir una situación de IPT o IPA como consecuencia de un AT, pero no precisa si el AT se ha de producir o no durante la vigencia de los convenios, por lo que habrá de estarse al criterio propio del sistema de Seguridad Social, que remite la determinación de la entidad responsable y el régimen jurídico de la prestación a la fecha en que se produjo el AT y por ello si el mismo se produce durante la vigencia del convenio (y de la correspondiente póliza de seguros) será cubierto en sus consecuencias independientemente de la fecha en que estas se pongan de manifiesto, pero no cubren las consecuencias de un AT producido cuando no estaba vigente la póliza o no se cubría la contingencia, en este caso la IPT y por ello tampoco procede la petición accesoria -intereses-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: ALICIA CANO MURILLO
  • Nº Recurso: 618/2019
  • Fecha: 30/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de la Mutua y se revoca la sentencia de instancia que ha estimado que el proceso de Incapacidad temporal tiene su origen en contingencia profesional, en el sentido de que la responsabilidad es directa de la empresa por no encontrarse de alta el trabajador. La Sala rechaza previamente la revisión de los hechos al tratarse de circunstancias que ya se han valorado, pero estima que la responsabilidad es de la empresa, sin perjuicio del anticipo que debe realizar la Mutua de la prestación, por cuanto el trabajador no se encontraba de alta al tiempo del hecho causante, para obtener tal conclusión se transcribe la sentencia del TS de 18 de octubre de 2011, rec. 686/2011.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MIGUEL ANGEL NARVAEZ BERMEJO
  • Nº Recurso: 139/2018
  • Fecha: 30/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Juzgado desestima íntegramente el recurso contencioso administrativo formulado por la mercantil recurrente contra la TGSS en impugnación de la resolución de derivación de responsabilidades por deudas en materia de Seguridad Social. Considera la Sala que a la vista de estas pruebas facilitadas por el informe realizado por la Inspección de Trabajo, que goza de presunción "iuris tantum" de acierto según comprobaciones e investigaciones realizadas con los trabajadores de las empresas, en el centro de trabajo y con los gestores y personal de las empresas en litigio, pruebas que no han sido desvirtuadas con las aportadas y realizadas por la actora, se llega a la conclusión de que concurren todos y cada uno de los requisitos requeridos para apreciar sucesión de empresas mediante el encadenamiento de contratas realizadas, con sucesión de una empresa que trasmite su actividad, trabajadores, instalaciones y medios a la siguiente dando continuidad al negocio y permitiendo apreciar tal sucesión, pues se trata aquí de la constatación de una única actividad empresarial realizada a lo largo del tiempo a través del mismo sustrato personal y utilizando la misma base laboral, lo que se hace opaco bajo la apariencia formal y jurídica de distintas sociedades que se van sucediendo sin solución de continuidad de manera que las deudas de las antecedentes dejan de abonarse, por lo que el mecanismo de la sucesión de una empresa tras otra no debe beneficiar a la que se coloca en el último escalón.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JESUS RENTERO JOVER
  • Nº Recurso: 1536/2018
  • Fecha: 30/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta acreditado que el actor sufrió un accidente de trabajo, a consecuencia del cual inició un proceso de incapacidad temporal derivado del mismo. El convenio colectivo de aplicación establecía a favor de los trabajadores una mejora voluntaria para la situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. La empresa abonó al demandante el equivalente al complemento durante 120 días, ante una situación de incapacidad temporal derivada de accidente laboral. El convenio disponía que se tendrá ese derecho durante un total máximo de 85 días de incapacidad temporal al año, en que haya podido estar el trabajador o trabajadora por varios procesos derivados todos ellos de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, salvo que exista un proceso ininterrumpido de la misma que alcance o sobrepase los 120 días, en cuyo caso se abonará el complemento convencional debatido, no hasta 85 días, sino hasta esos 120 días. En su consecuencia, habiendo abonado la empleadora dicho complemento durante 120 días, por una situación ininterrumpida de una incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, cumplió con su obligación convencional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: ALICIA CANO MURILLO
  • Nº Recurso: 582/2019
  • Fecha: 30/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la desestimación de la demanda que instaba la indemnización de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la enfermedad profesional contraída, y que ha motivado el reconocimiento de una incapacidad permanente total para la profesión habitual de carnicera. La Sala recuerda la doctrina de la culpa empresarial que se ha mitigado, pasando de la exclusivamente subjetiva a la necesaria acreditación de la adopción de medidas de prevención por parte del empresario; y partiendo de ello en este caso entiende que la empleadora no incurrió en ninguna infracción de medida de seguridad o salud laboral porque desconocía la lesión de la epicondilitis contraída por la actora como consecuencia del trabajo desempeñado en carnicería; de forma que no era posible según ello el que se adoptasen medidas de prevención. Previamente se han desestimado las revisiones fácticas propuestas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: JESUS RENTERO JOVER
  • Nº Recurso: 1591/2018
  • Fecha: 30/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se declara al actor afecto de gran invalidez, por padecer trastorno bipolar tipo I y episodio depresivo resistente, ya que no puede llevar a cabo las actividades fundamentales de la vida, como asearse, comer, vestirse y análogos, precisando que le den la medicación para su enfermedad. La gran invalidez es la situación en la que el afectado precisa de la asistencia de tercera persona para realizar los actos más elementales de la vida diaria (vestirse, desplazarse, comer, lavarse, etc.). Por acto esencial para la vida diaria hay que entender todo aquel que sea preciso para la satisfacción de una necesidad primaria e ineludible, para poder fisiológicamente subsistir o, para ejecutar aquellos actos indispensables en la guarda de la seguridad, dignidad, higiene y decoro fundamentales para la humana convivencia. La enumeración de los actos esenciales es meramente enunciativa y basta la imposibilidad de realizar uno de ellos para que se pueda calificar la gran invalidez. Basta con no poder satisfacer una necesidad primaria , como el hemipléjico que requiere la ayuda de tercera persona sólo para algunos actos de la vida cotidiana (vestirse, desvestirse y deambular de manera prolongada) o, el enfermo obligado a mantener gran reposo. Tampoco es preciso que la necesidad de ayuda sea permanente y continuada.

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