• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 5646/2018
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Un hospital privado que deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarrollado en el artículo 2.7 y en el Anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre , por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, salvo en aquellas asistencias sanitarias prestadas por el Hospital Público cuya atención corresponda al Hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 240/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las recurrentes reclaman el Incentivo económico por jubilación previsto en el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el capítulo referido a “Previsión social complementaria”, por estimar que es compatible con el Plan de Pensiones que regulaba el art. 31 del Convenio de su anterior empleadora. Estiman las recurrentes que con la negativa empresarial se está produciendo una indebida compensación y absorción, por tratarse de prestaciones heterogéneas. Ha de estarse a la literalidad de la norma convencional aplicable en tanto que los preceptos son de carácter dispositivo, por lo que las partes tienen la posibilidad de establecer otros sistemas de previsión social que sustituyan o complementen el vigente. A falta de acuerdo habrá de estarse a lo pactado en la norma convencional, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición final primera del Acuerdo de 19/11/2002, que mantiene para el colectivo afectado en tanto no exista un nuevo acuerdo, las medidas de previsión social en materia de jubilación de su normativa de origen. La claridad de la Disposición conduce a la inaplicación al caso de la normativa sectorial, sin que por ello pueda estimarse que nos encontremos ante un supuesto de compensación y/o absorción, pues la propia normativa aplicable resuelve el conflicto de normas a favor del acuerdo de empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 6149/2019
  • Fecha: 03/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que confirmó la declaración por la TGSS de la responsabilidad solidaria del administrador, de las deudas de la sociedad. Al igual que en otros asuntos ya admitidos con anterioridad por el TS, que han sido resueltos favorablemente para el recurrente, tiene interés casacional determinar si para acordar la Administración de la Seguridad Social la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital, resulta necesario no sólo constatar una situación fáctica que habla a favor de la insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010), sino, también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA
  • Nº Recurso: 318/2020
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala precisa que se dilucida la competencia de del TSJ para conocer de la pretensión del sindicato articulada en escrito de 31-03-20 sobre medidas cautelarísimas inaudita parte y que dicha pretensión se articula antes de presentar demanda, por lo que se desconoce el contenido pueda llegar a tener, limitándose la resolución a lo que es su estricto objeto procesal, que es la competencia para resolver sobre la solicitud previa de estas medidas. Seguidamente exhaustivamente examina el escrito de solicitud de las medidas, detallando las deficiencias y contradicciones que impedían un pronunciamiento sobre la cuestión las alegaciones realizadas ante la Sala concluyeron con el auto recurrido El recurso por el MF se rechaza porque se entiende que decisión procesal tan relevante como la de elección del procedimiento de conflicto colectivo corresponde solamente a la parte y no puede ser adoptada de oficio. El recurso del sindicato CSIF se rechaza porque no se puede entender que el hecho de que se marcara la casilla de Lexnet correspondiente a conflicto colectivo, tenga alguna eficacia porque se trata de un documento de gestión administrativo sin valor procesal y afirma que CSIF se intenta prevaler de no haber presentado la demanda todavía cundo se trata de medidas cautelares excepcionales, obligando la LEC a presentar la demanda en los 20 días siguientes a su adopción, lo que no ha sucedido y que esa la falta de presentación transcurrido ese plazo dejad a la medida sin objeto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 5036/2017
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Asturias y se declara que, conforme a la reciente doctrina de la Sala (STS de 10.12.2019, RC 1885/2018), a los efectos de baremación de méritos de los demandantes de empleo ante el Servicio de Salud, son equiparables los servicios sanitarios prestados en las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional con los que tienen lugar en los centros privados concertados. Entiende el Alto Tribunal que cuando las bases de la convocatoria solo prevén expresamente estos últimos se están vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y ello por cuanto que la prestación sanitaria realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales forma parte de los servicios integrados en el Sistema Nacional de Salud. No necesitan tales Mutuas de ningún convenio o concierto para desarrollar las prestaciones sanitarias públicas. Las Mutuas ejercen tal actividad por ministerio de la ley de la Seguridad Social y disposiciones reglamentarias de desarrollo. Por tanto, los servicios prestados en las mismas han de considerarse, al menos, como los prestados en los centros privados concertados a fin de no lesionar el principio de igualdad ni el derecho de acceso a la función pública.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN ESCUADRA BUENO
  • Nº Recurso: 2049/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En sentencia se desestima la demanda, en la que se solicitaba pensión de jubilación del RETA. Frente a dicha resolución se alza el demandante solicitando que se revoque la misma por motivos únicamente de orden jurídico. No se dice por el recurrente que el único motivo de recurso lo sea la amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( No obstante, del contenido del motivo se puede concluir fácilmente que lo es con dicho amparo, pues denuncia el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970 y así lo ha interpretado la parte recurrida en su escrito de impugnación). La cuestión litigiosa se centra en determinar si la Entidad Gestora debió invitar al demandante a ponerse al día en el pago de las cuotas no abonadas y así completar la carencia necesaria para ser acreedor de la pensión interesada. El recurrente defiende que así debió hacerse, mientras que las Entidades Gestoras lo niegan. Ha de considerarse que la tesis seguida por el recurrente no es la acertada, compartiendo esta Sala la de la Entidad Gestora, en el sentido de que para que proceda la invitación al pago de acuerdo con el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970 es preciso que concurra la carencia, porque de lo que se trata es un requisito específico y propio de los regímenes por cuenta propia en los que el obligado al pago y responsable de la cuota es el propio trabajador cual es estar al corriente en el pago de esas cuotas en el momento del hecho causante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: EMILIO ALVAREZ ANLLO
  • Nº Recurso: 349/2020
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor venía siendo asistido por el sistema nacional de salud con controles periódicos y ante la progresiva elevación de la PSA se le realizó una biopsia con resultado negativo. Evidentemente las biopsias no siempre aciertan en sus conclusiones, pues basadas en la recogida de muestras puede darse el caso de que dentro de las escogidas no se encuentre la zona afectada. Al actor se le solicita una RMN con carácter de preferente en el mes de Junio de 2017 y el actor manifestó que llamaría cuando pudiese hacerse la prueba. Poco tiempo después inicia actuaciones en la medicina privada donde obtiene el diagnóstico y es operado robóticamente a los 20 días. En el caso que nos ocupa es evidente que el actor venía siendo asistido por la sanidad pública donde se le efectuaban los controles necesarios y cuando se consideró oportuno, se acordó realizar una biopsia y luego una resonancia; en dicha situación el actor acude a la medicina privada olvidándose de la sanidad pública a todos los efectos, sin comunicar diagnóstico ni tratamientos al servicio de salud e interviniéndose con guía robótica como parece claro que pretendía el actor. Se hace especial hincapié en los mejores resultados de las intervenciones seguidas robóticamente, lo cual puede ser cierto o no, pero es evidente que la sanidad pública se basa en la generalización de servicios y dicho sistema no puede permitirse que, ante la llegada de nuevas técnicas, se implementen de manera inmediata.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: RAQUEL VICENTE ANDRES
  • Nº Recurso: 2211/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso de autos, el recurrente no ha atacado el relato de hechos probados de la sentencia, en que consta que el actor ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa como operario obra civil, instalador de fibra óptica. El 05.09.2018, cuando se encontraba en una nave-almacén recogiendo material para comenzar la jornada laboral, se cayó de frente desde una escalera a una altura aproximada de 2 metros sufrió dolor en muñeca y rodilla derechas, quemaduras por fricción en nariz y frente sin desviación de tabique nasal, iniciando un proceso de incapacidad temporal por accidente de trabajo, con el diagnóstico de "contusión rodilla quemaduras faciales", del que fue dado de alta por curación el 10.10.2018. El 11.10.2018 el Servicio Público de Salud le dio de baja por incapacidad temporal, por enfermedad común, con el diagnóstico de "vértigo periférico". No se ha acreditado la conexión causal entre la patología contusión rodilla y vértigo periférico, más allá de las suposiciones del INSS que lo achaca a un golpe en la cabeza y que, sin otra base, en modo alguno puede desvirtuar la convicción soberana del juzgador de instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN ESCUADRA BUENO
  • Nº Recurso: 2113/2019
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión litigiosa se centra en decidir si la indemnización a tanto alzado reconocida a la actora debe calcularse no sobre la base reguladora que sirvió para el cálculo de la pensión de viudedad, sino sobre la base reguladora de IPA que hubiera correspondido al causante en caso de no haber optado por la prestación de jubilación que percibía al tiempo del fallecimiento por enfermedad profesional. Y para ello se argumenta que la base reguladora de la pensión de viudedad está totalmente desvinculada del Régimen de Minería del Carbón y de la enfermedad profesional que sufría el actor. La Sala comparte en cambio el criterio de la Juzgadora, a la vista de lo que se dispone en el artículo 29.1 de la Orden de 13 de febrero de 1967, en el que se dice que la indemnización especial, a favor de la viuda, o viudo, en su caso, prevista en el número 1 del artículo anterior (indemnización especial por una sola vez) será igual al importe de seis mensualidades de la base reguladora calculada en la forma que para la viudedad se señala en el artículo noveno. Y en el artículo 9º de dicha norma se establece que la base reguladora de la pensión vitalicia de viudedad se determinará de acuerdo con las siguientes normas: ...b) cuando el causante fuese pensionista de vejez o invalidez, la base reguladora será el importe de su pensión. Por tanto, la base reguladora será de la pensión de viudedad y no la de la incapacidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: EMILIO ALVAREZ ANLLO
  • Nº Recurso: 309/2020
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La resolución denegatoria del INSS, en reclamación de prestación a favor de familiares, se basa en tener la actora medios de vida propios y no haber convivido a cargo del causante. Es decir se rechaza la pretensión por falta de convivencia que no de atención y tener medios de vida propios. La revisión fáctica ha conducido a la declaración de probanza de convivencia en el mismo domicilio desde hace muchos años e igualmente se ha dado por probado unos ingresos mensuales de 556,35 euros, cantidad muy inferior a los 735.90 que alcanzaba el salario mínimo en el año 2018, siendo este el módulo que la jurisprudencia viene aplicando para entender que se tienen medios de vida suficientes para el autocuidado.La actora en su recurso reconoce que durante el año 2017 tuvo unos ingresos mensuales de 943,81 euros y el salario mínimo anual con prorrata era de 9906, 40 euros: si la actora reconoce que durante el año 2017 tuvo unos ingresos totales de 11.325,76 euros, es evidente que no se encontraba a expensas del causante ese año y con ello incumple el requisito de estar conviviendo y a expensas del causante durante los dos años anteriores al fallecimiento (artículo 5 del decreto 1646/1972).

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.